Advierten de riesgo inminente de represión contra el pueblo nahua de Ostula

*Piden organizaciones que se respete derecho a la protección autónoma de las comunidades

Regina López | Subversiones
Regina López | Subversiones

Ciudad de México, 16 de noviembre de 2016. La Red TdT, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas advirtieron de una agudización de la criminalización contra el pueblo nahua de Ostula, en la Sierra Costa de Michoacán, y de un riesgo inminente de represión por parte de las fuerzas de seguridad federales, estatales o grupos delictivos.

«A las organizaciones de derechos humanos firmantes nos preocupa que a pesar de existir medidas cautelares a favor de Santa María Ostula dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, éstas no han tenido ningún efecto debido a la falta de voluntad del Estado mexicano para atender de manera integral las exigencias de la comunidad en materia de seguridad y justicia, lo que ha puesto en riesgo la vida y la integridad de los habitantes», señalaron len una misiva, que además de dirigirse a las autoridades mexicanas se envió a la CIDH y a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Las organizaciones acompañantes de la comunidad detallaron que los ataques contra el derecho a la protección autónoma comunitaria vienen especialmente mediante el anuncio público de órdenes de aprehensión contra miembros de las policías comunitarias de Santa María Ostula, Aquila, Pómaro y San Juan Huitzontla; y los grupos de autodefensa de la Sierra Costa de Michoacán en los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila. «Particularmente existe preocupación por el riesgo de que sea atacada la libertad personal del comandante comunitario Germán Ramírez y por la consumada detención del policía comunitario Aristóteles Flores Chávez», detallaron.

En la Acción Urgente, las organizaciones relataron que las acciones de criminalización motivaron que las asambleas indígenas y populares de la región bloquearan la carretera federal 200 y tomaran las presidencias municipales de Coahuayana, Aquila y Chinicuila. «Tenemos conocimiento de las descalificaciones públicas que ha realizado el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona Martínez, lo que consideramos que de ninguna manera abona a un entendimiento de la realidad que se vive la región», lamentaron.

 «Recordamos que precisamente con motivo de la detención de Cemeí Verdía, uno de los líderes de la policía comunitaria, el 19 de julio de 2015, en el marco de un operativo conjunto entre el Ejército mexicano, la Policía Federal y la Policía Estatal, se llevaron a cabo acciones que resultaron en una intromisión violenta en la comunidad de Santa María Ostula que dejaron un saldo de un niño privado arbitrariamente de la vida presuntamente por elementos castrenses, varias personas lesionadas y múltiples víctimas indirectas», indicaron.
Las organizaciones recordaron que a pesar de múltiples denuncias por ejecuciones arbitrarias y desapariciones que han elevado las comunidades de la región no se han encontrado respuestas efectivas por parte de las autoridades competentes, incluyendo la petición de que sean detenidos Federico González y Mario Álvarez López, a quienes los habitantes ubican como responsables de estos hechos.
«Hacemos un llamado al gobierno del estado de Michoacán y al Gobierno Federal a privilegiar el diálogoatendiendo la problemática que es de máxima urgencia, desde un enfoque que parta del reconocimiento pleno del derecho de los pueblos originarios para ejercer sus propias formas de protección y justicia; así como la innegable y fundamental aportación de los grupos de autodefensa de los municipios de Chinicuila, Coahuayana y Aquila, mediante una organización ejemplar para recuperar la paz y la seguridad violentadas por la delincuencia y la corrupción.  En el mismo sentido, llamamos al Estado mexicano a garantizar la seguridad, integridad personal y la vida de miles de personas en la región Costa Sierra, así como que se asegure un clima en el que los mecanismos del diálogo prevalezcan y los acuerdos comunitarios sean respetados», finalizaron.
*Encuentra aquí la Acción Urgente