Piden a Peña Nieto instalar mecanismo de seguimiento sobre el caso Iguala

*El mecanismo debe incluir los elementos mínimos señalados por la CIDH

Padres y madres Ayotzinapa
Padres y madres Ayotzinapa

Ciudad de México, 14 de julio de 2016. Doce organizaciones civiles internacionales enviaron ayer una carta a Presidencia de la República, en la que piden establecer el mecanismo de investigación sobre la desaparición forzada de estudiantes en Ayotzinapa, a más de dos meses del final del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En una carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto exhortaron al gobierno mexicano no sólo a instalar este mecanismo a la brevedad, sino también a que cuente con los elementos mínimos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las organizaciones enfatizan que el mecanismo debe incluir lo señalado por la CIDH: 1) el mandato expreso de dar seguimiento a todas las recomendaciones del GIEI en sus dos informes y a las medidas cautelares otorgadas por la CIDH; 2) un equipo operativo de tiempo completo de al menos dos personas quienes deberían poder ingresar y permanecer en México sin limitaciones de tiempo; 3) visitas periódicas por parte de la CIDH; 4) la difusión de información que dé cuenta del estado de cumplimiento; y 5) el acceso pleno del equipo del mecanismo y la CIDH a la información del caso.

“Exhortamos a las autoridades para que se construya un mecanismo que cuente con la plena cooperación y coordinación del Estado mexicano de manera que no se repitan los obstáculos que enfrentó el GIEI durante su mandato. El mecanismo es una nueva oportunidad para que el gobierno mexicano demuestre a la comunidad internacional y principalmente a su ciudadanía, que está comprometido con la garantía efectiva de los derechos humanos y con el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales”, finaliza la carta abierta.

Firman Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales de Paz (PBI), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Conectas Direitos Humanos, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF), JASS (Asociadas por lo Justo), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI) y Robert F. Kennedy Human Rights