* El proceso, “mero trámite” para imponer proyectos, alertan organizaciones.
México, DF, 18 de marzo de 2015. La consulta a las y los habitantes de Juchitán, Oaxaca, sobre la instalación del proyecto de la empresa Eólica del Sur no puede pasar a la fase deliberativa por sus deficiencias y por la falta de información hacia los afectados, consideró la activista binnizá Bettina Cruz Velázquez, al dar a conocer las observaciones que hizo el exrelator para pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), James Anaya, a dicho ejercicio.
En conferencia de prensa, las organizaciones civiles Fundar, Centro de Análisis de Investigación; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), así como los especialistas Magdalena Gómez y Rodrigo Gutiérrez, expusieron que el exrelator, invitado por el gobierno mexicano para observar la consulta, señaló deficiencias en el proceso y manejos poco transparentes de la empresa Eólica del Sur, y demandaron que dichas fallas sean subsanadas.
Las y los activistas mostraron su preocupación “por el cúmulo de omisiones, errores y actos de mala fe que ponen en entredicho la legitimidad del proceso de consulta”; destacaron que la información presentada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre los impactos del megaproyecto “ha sido superficial y reducida a aspectos meramente formales”, además de que ya se emitió una Autorización de Impacto Ambiental a la empresa desde junio de 2014, “sin contar con la participación y consulta de las comunidades afectadas. Por tanto, ¿qué sentido tiene que reflexionemos acerca de los referidos impactos si el permiso ya está otorgado?”, cuestionaron.
Los especialistas recordaron que la consulta debe ser previa, libre e informada, de acuerdo con los estándares internacionales. El informe de James Anaya cuestiona que se pueda caracterizar como previa, pues ya hay permisos y contratos con posesionarios de tierras; los activistas complementaron que tampoco es libre, pues quienes se oponen son objeto de presiones y difamación, ni informada, pues los datos entregados son insuficientes y, además, complejos de entender.
Entre otras observaciones hechas por el exrelator se encuentran: que las características del proyecto ya fueron definidas de antemano, no puestas a discusión; que no se contempla distribuir los beneficios equitativamente, ni se prevé la conformación de alguna empresa indígena para participar; y que la empresa ha sido omisa en sus deberes para con la consulta, además de que sus empleados consideran como inferiores a los dueños del territorio.
Las organizaciones sostuvieron que hay una intención evidente de acelerar el proceso y cerrar etapas lo más rápidamente posible, “a modo de trámite, sin importar que se garanticen las necesidades de información de la comunidad”. Bettina Cruz señaló que esto se debe a que la empresa, por acuerdos con sus financiadoras, debió haber iniciado la obra en 2014.
Magdalena Gómez cuestionó que los pueblos deban someterse al proceso aún si viola sus derechos, y recordó que la consulta es un medio de defensa del territorio, “no un fin en sí mismo”. Gutiérrez sostuvo que mientras no haya consentimiento de los pueblos, los megaproyectos no deben avanzar.