Tras una serie de reuniones entre autoridades y representantes del Refugio para Personas Migrantes “La 72” en el estado de Tabasco, las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de dicha institución siguen sin cumplirse, en un contexto en donde la violencia contra migrantes y amenazas a sus defensores se agudiza.
Mediante un comunicado, diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) señalaron que un ejemplo paradigmático de lo vivido diariamente por las personas defensoras de migrantes en “La 72”, ocurrió el pasado 15 de julio en Tenosique. Ese día, pasó el tren por la tarde y las y los voluntarios del refugio acompañaron las personas migrantes las cuales fueron víctimas de extorsión por parte de delincuentes que les decían: “… para subirse a la bestia se tiene que pagar, al que no pague… lo aventamos. Yo sé lo que les digo, tengo tiempo en esto…”.
Ante esta situación, Fray Tomás González informó a la policía municipal y federal, cuyo acompañamiento se prevé dentro de las medidas cautelares. La policía municipal detuvo a una persona que fue señalada por las y los defensores.
Las personas migrantes agraviadas intentaron denunciar lo ocurrido en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tabasco, sin embargo, un asesor jurídico del Ministerio Público les dijo que no valía la pena que pusieran la denuncia, ya que el detenido después de una multa quedaría libre.
Ante esta situación, las organizaciones de la sociedad civil señalaron que la persona detenida habrá quedado en libertad, representando un riesgo para las personas migrantes y para el personal de “La 72” que identificaron al agresor. “La violencia vivida por personas migrantes y el enriquecimiento que obtiene el crimen organizado y autoridades coludidas de ésta, no son temas ajenos al resto de la población tabasqueña, sino que aumentan el clima de inseguridad para todas y todos”, apuntaron las OSC.
Las medidas de seguridad se siguen postergando
A pesar de este contexto de riesgo extremo que se suma a una serie de amenazas por parte del crimen organizado, las medidas cautelares ordenadas por la CIDH desde abril, así como las medidas de protección dictadas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos desde marzo, siguen pendientes de cumplirse cabalmente.
En la reunión de seguimiento celebrada el pasado 8 de julio en Villahermosa, las autoridades postergaron nuevamente la implementación de medidas de seguridad y seguimiento a denuncias penales hasta la presente semana (22 y 23 de julio), cuando se trataba de medidas cuya implementación en muchos casos se comprometió para mayo del presente año.
En la nueva reunión sostenida el 22 de julio, las autoridades federales y estatales de procuración de justicia presentaron información sobre las denuncias penales relacionadas con delitos cometidos contra migrantes. La Procuraduría General de la República (PGR) presentó nueve casos, en los cuales, principalmente o no tienen elementos o requieren alguna actuación de parte de migrantes o de defensores, situación que se dificulta debido a que las personas migrantes agraviadas suelen continuar su camino hacia el norte.
Por su parte, la PGJE presentó 49 casos, en los que sólo uno cuenta con sentencia, e informó que se encuentra realizando un mapeo de actores del crimen.
Por otra parte, en la reunión sostenida el 23 de julio, a la que estaban citadas autoridades policiacas de los tres niveles de gobierno, no llegó el representante de la policía estatal de Tabasco. En dicha reunión la Secretaría de Gobernación (Segob), pretendió señalar el cumplimiento de todos los acuerdos, cuando esto no es verdad.
“Las organizaciones que acompañamos al albergue La 72 reiteramos que para cumplir con lo ordenado por mecanismos tanto internacionales como nacionales, es necesario priorizar el avance en las investigaciones penales y una verdadera procuración de justicia con capacidades de desarticular las bandas del crimen que operan en la zona con permisividad de autoridades, además de la garantía irrestricta de la integridad de migrantes y defensores bajo la presencia policiaca permanente en un esquema de coordinación”, finalizaron las OSC.