El día martes 29 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestros, misma que, de ser promulgada por el Presidente de la República, instauraría en el país la pena de prisión vitalicia a quienes sean sentenciados por secuestro y mutilen, asesinen o torturen a sus víctimas. Ante esta situación, el Centro Prodh emitió un boletín de prensa donde manifestó su preocupación por la postura de los legisladores, quienes en una actitud poco prudente y demagógica, han dejado de lado la obligación de respetar los derechos humanos por encima de cualquier acusación o posible conducta.
El aumento de penas en un sistema de justicia como el de Mèxico, en donde la creación y promulgación de leyes no implica la vigencia cotidiana del derecho, es sumamente peligroso, pues conlleva a la práctica sistemática del abuso de las policías investigadoras y los ministerios públicos, quienes configuran delitos y falsean pruebas con la intención de encontrar rápidamente culpables. Está demostrado que el incremento exponencial de sanciones no se traduce en la reducción de la incidencia delictiva y también que actualmente existe un porcentaje elevado de personas injustamente presas que son criminalizadas por su condición social. En un país en el que domina la ausencia del debido proceso legal estas medidas punitivas implican la criminalización de la pobreza y privar de por vida de la libertad a grupos sociales que siendo inocentes son procesados con el objeto de demostrar la eficacia institucional en la persecución de los delitos.
Muestra de lo dicho son los casos litigados por el Centro Prodh de las indígenas de Querétaro Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes fueron acusadas del secuestro de seis agentes federales de investigación y sentenciadas a prisión, aún a pesar de las graves irregularidades que integraban el expediente. Hoy en día, el Centro Prodh se encuentra a la espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el caso del joven indígena Hugo Sánchez Ramírez, a quien le fue fabricado el delito de secuestro por policías ministeriales del Estado de México y quien, a pesar de no tener prueba alguna en su contra, fue condenado injustamente a casi cuarenta años de prisión.
Atendiendo a la emergencia nacional, el Centro Prodh señaló que es necesario que reformas como la planteada se desechen y, en su lugar, se construyan programas políticos y sociales tendientes a eliminar la impunidad y la corrupción en las instituciones, quienes hasta ahora parecen estar únicamente preocupadas por mostrar al público el éxito de sus operativos, sin cuidado alguno por preservar los derechos humanos.