«Cabe recordar que la República Mexicana se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, tal y como ponen de manifiesto los datos ofrecidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México», dijo la Federación de Asociaciones de Periodistas de España en un comunicado a propósito de la violencia en México.

Al referir su opinión sobre el debate de los presidenciables, Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, consideró: «Las organizaciones diviles sostenemos que debe haber ya un proceso definitivo para que los militares vuelvan a sus tareas, y que las labores de seguridad pública sean ejecutadas por los cuerpos policiales, y para ello se deben depurar todas las corporaciones y capaictar a todos sus integrantes, pero eso debe hacerse en el corto plazo».

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Rogelio Cerda Pérez, del PRI, señaló que en el análisis de la reforma al fuero militar se debe actuar con cautela: “No podemos pedir que haya tribunales especiales civiles para juzgar a los militares, ya que eso está prohibido en la Constitución, pero sí podrían señalarse que sean magistrados y jueces especializados en la vida castrense los que participen en el proceso».

Para Jorge Castañeda, ex Secretario de Relaciones Exteriores, el presidente Calderón tendrá que salir de México al finalizar su sexenio: «Se puede quedar si él quiere, él sabrá cuáles son los niveles de peligro que enfrenta como consecuencia de las políticas que puso en práctica seis años (…) pero así como que qué buena idea quedarse aquí, pues no».

Respecto al debate del debate, el consejero del IFE Marco Antonio Baños señaló:»Es un asunto de obligaciones legales; la obligación de transmitir los debates está a cargo de los permisionarios, no de los concesionarios, pero por supuesto que la actitud de una televisora que programa un partido de futbol a la misma hora del encuentro entre candidatos es un asunto del compromiso con la democracia».

«Los militares y el gobierno federal presionaron para que no saliera el dictamen que ya habían aprobado en comisiones. Los militares no están de acuerdo en que se les juzgue por las violaciones a derechos humanos que han cometido contra civiles en tribunales ordinarios; quieren mantener la impunidad, como en la denominada guerra sucia, donde desaparecieron, ejecutaron y asesinaron a inocentes», dijo el perredista Carlos Sotelo.