Desde hace nueve años Reyna Escalante no sabe de su hija Irene Narcisa Rugama Escalante, quien abandonó Nicaragua para migrar a Estados Unidos. La última vez que ambas hablaron por teléfono fue en 2003, cuando la joven –en ese entonces de 21 años de edad– le pidió a su madre que le depositara dinero y que no la buscara porque se iría a vivir a otro lugar.

La memoria colectiva en este país se parece al viento. Su tiempo de duración varía de minutos a semanas. En algunas ocasiones, por meses. “A las palabras se las lleva el viento”, mencionan los dicharacheros, pero las acciones se quedan aunque no se les quiera ver.

El día de ayer, la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, de Oaxaca, emitió un boletín de prensa urgente, en el que manifiesta su inconformidad por la actitud de las autoridades de los tres niveles de gobierno, que no han garantizado seguridad para la comunidad después de la serie de atentados que han sufrido quienes contribuyen activamente a la defensa de los derechos de su comunidad.

En la entrega anterior, se nombró a Raúl Régulo, Javier Moya, Héctor Javier Salinas Aguirre y Regina Martínez como periodistas asesinados en el año 2012. Sin embargo, no han sido los únicos. Tal y como lo señalamos con oportunidad, el recuento de hostigamientos y graves violaciones a derechos humanos cometidas contra periodistas sigue y parece no tener una pronta línea conclusiva.

Varias organizaciones han salido a denunciar públicamente la forma como el PVEM, principalmente, el PRI y la coalición de ambos han cedido posiciones importantes en las candidaturas al Congreso a representantes y personas vinculadas con los intereses de los consorcios televisivos.

La voz de los periodistas se encuentra amenazada y la sociedad mexicana corre el peligro de vivir bajo la opacidad y el silencio. El asesinato de periodistas es preocupante en el contexto que vive el país, pues los comunicadores están sufriendo en carne viva la violencia de Estado.