Al presentar ante las familias de los 43 normalistas desaparecidos y los estudiantes el informe de balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento (MES) para el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Onudh) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazaron que el Gobierno federal pretenda revivir la «verdad histórica», que ya ha sido desacreditada científicamente.  (…)

Más de 20 personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas –entre ellos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa– fueron objeto de ataques con el malware Pegasus, el cual es comercializado exclusivamente a gobiernos. En México, se tiene como único cliente documentado a la Procuraduría General de la República, dependencia que reconocido públicamente dicha compra. (…)

El prestigiado Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) reiteró ayer que, tras 18 meses de recolección y examen multidisciplinario de la evidencia física proveniente del basurero de Cocula, en Guerrero, “no se encontraron elementos científicos objetivos que sustenten la incineración de 43 cuerpos en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en ese lugar”. (…)

En redes sociales, multitud de tuits y comentarios acusaron de cinismo al jefe del Ejecutivo Federal y le recomendaron leer los documentos de organismos internacionales sobre el caso. Las familias y sus acompañantes también le reprocharon que omitiera deliberadamente en su mensaje los señalamientos negativos que existen sobre la investigación. (…)

Con 10 años de búsqueda incansable de sus cuatro hijos desaparecidos, habiendo fundado dos de las iniciativas más importantes de familiares en búsqueda en México y acompañando a miles de personas que no encuentran respuesta en las instituciones del Estado mexicano, María Herrera le pide perdón a sus muchachos por no haberlos encontrado aún. (..)

La ONU-DH consideró preocupante la información sobre la insuficiencia de recursos financieros en el fideicomiso del «Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, que podría llevar al agotamiento de dichos recursos en las próximas semanas. El mencionado fondo financia algunas de las medidas otorgadas por el Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y, por tanto, que se termine supondría un riesgo para las 959 personas actualmente beneficiarias del Mecanismo; también ocasionaría que nuevas personas en riesgo no pudieran recibir protección. (…)