El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque parece que el Estado mexicano está perdiendo terreno en uno de los campos donde tradicionalmente se había posicionado positivamente en materia de derechos humanos: el internacional. Después de que ayer organismos civiles dieron a conocer los severos cuestionamientos que formuló al Estado mexicano el Comité de DH de la ONU, hoy la agencia CIMAC da a conocer en el texto que reproducimos en nuestra portada que también en el Parlamento Europeo se está criticando a México.
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México, 10 mar 10 (CIMAC).- Por primera vez después de 15 años, el Parlamento Europeo (PE) se pronunciará contra las violaciones a Derechos Humanos (DH) en México y la escalada de violencia, en particular la que se ejerce contra las mujeres, por lo que llamará al gobierno mexicano a combatir el feminicidio “por ser su responsabilidad”.
En la resolución que será discutida mañana jueves (de la cual Cimacnoticias tiene copia) tras considerar a México “como un punto de urgencia”, el PE condenó “toda clase de violencia” en México y enfatizó la situación de las mujeres, que reconoció, son las que la sufren “de forma más dramática”.
Esta es la segunda ocasión durante la administración de Felipe Calderón, en que el PE se pronuncia contra el feminicidio luego de que en 2007, el eurodiputado de los Verdes, Raül Romeva i Rueda, presentó un informe detallado sobre la situación.
Dicho informe fue elaborado gracias a una misión de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y a una audiencia sobre feminicidio en México y América Central, realizada en abril de 2006 en el PE por la Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de la que Romeva era vicepresidente, y en la que participaron funcionarias y ONG mexicanas y guatemaltecas.
Tras un polémico debate de cuatro meses al interior de la Eurocámara luego de que los parlamentarios europeos conservadores ligados al gobierno de Calderón, querían evitar a toda costa dar una imagen negativa del gobierno mexicano, finalmente en octubre de 2007, el PE aprobó el Informe que condena la impunidad en torno al feminicidio.
Militares y feminicidio, el lastre de Calderón
Fuentes cercanas al PE señalaron que durante la discusión de mañana en esta instancia, se prevé que los diputados Verdes y de la sección de Amnistía Internacional Alemana, darán la batalla para que la Eurocámara se pronuncie de forma más enérgica por las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares y por la impunidad, ya que la resolución preliminar es “muy suave”.
Lo anterior, toda vez que el tema ha causado polémica y nuevamente, como en 2007, no se quiere “ensuciar” la imagen del gobierno calderonista, por el contrario, hay un intento por “hacer heroica” su lucha contra el narcotráfico.
Aunque Felipe Calderón ha insistido en su discurso en el exterior que en México “se respetan los derechos humanos” y se rehúsa a reconocer el feminicidio, además de que rechaza que estén documentadas las violaciones a DH cometidas por militares, las instancias internacionales evidencian lo contrario.
En diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por el feminicidio del Campo Algodonero. En la sentencia lo obliga a reconocer los homicidios de mujeres por razones de género (feminicidio) en Ciudad Juárez, y lo acusó de no otorgar medidas para proteger la vida de las mujeres de la entidad ni para las víctimas.
En esta ocasión, la resolución de la Eurocámara que se discutirá mañana, enfatiza que es “responsabilidad” del gobierno mexicano combatir el feminicidio y asegurar que los responsables y cómplices de él sean llevados ante la justicia, por lo que lo llamó a implementar medidas efectivas para prevenirlo.
Recordó que la asociación estratégica de México con la Unión Europea incluye una “mayor cooperación” en el tema de derechos humanos, compromiso que fue asumido por ambas partes.
En 2008, dice, se puso en marcha, el Programa de Cooperación UE-México, en materia de derechos humanos en el marco del programa de cooperación bilateral 2007-2013, cuya prioridad es la prevención de la violencia contra las mujeres y la promoción de sus derechos con programas específicos al respecto.
Cabe recordar que también en esta semana, el Estado mexicano es cuestionado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU que sesiona en Nueva York, donde una de las principales preocupaciones de esta instancia ha sido el incremento de violaciones a DH cometidas por militares y del feminicidio.
Condena violencia contra defensores de DH y periodistas
El resolutivo del PE, que consta de 13 puntos, reconoce también que las causas de la violencia e inseguridad en México tienen que ver con un problema estructural de pobreza, desigualdad y marginación en los que hubo un retroceso con la crisis económica global.
Condena la violencia, amenazas y hostigamiento contra activistas y defensoras y defensores de derechos humanos y pide al gobierno intensificar la defensa y blindaje jurídico y personal de quienes promueven y defienden los derechos humanos en México mientras que a la UE le pidió implementar de manera efectiva “las líneas directrices de protección de defensores de derechos humanos”.
El PE condena también la violencia contra las y los periodistas y pide castigo para los responsables de los asesinatos cometidos contra el gremio periodístico.
Recomienda al gobierno mexicano trabajar para fortalecer el Estado de derecho con el “objetivo de atajar algunos de los problemas estructurales que están en el origen de las violaciones de derechos humanos, en concreto, las relativas a la reforma del sistema judicial”.
En este punto, el PE destacó la importancia de que exista un poder judicial independiente, con el fin de garantizar la imparcialidad y que luche con determinación contra la impunidad.
Este texto ha sido publicado originalmente por Cimac Noticias, a quien agradecemos las facilidades para su publicación.
Compartimos con ustedes el video de la rueda de prensa en la que distintos organismos civiles mexicanos (que acudieron a la sesión donde se examinó al Estado mexicano en Nueva York por parte del Comité de DH de la ONU) presentaron sus posturas en dicho espacio, así como información sobre la posición del Estado mexicano.
El día de hoy tenemos alerta roja porque la actitud del Estado mexicano ante los fundados cuestionamientos en materia de derechos humanos sigue siendo evasiva y tramposa. Ante un Comité de derechos humanos de la ONU conformado por expertos independientes, la comparecencia de México fue caracterizada por el hecho de que la audiencia se haya ampliado en su horario ante la cantidad y dimensión de los cuestionamientos. La parte positiva del asunto es la presencia cada vez más consolidada de la sociedad civil como un contrapeso necesario.
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• Organizaciones civiles mexicanas dieron a conocer en rueda de prensa sus posiciones y las respuestas oficiales a los cuestionamientos en NY.
Los días 8 y 9 de marzo se llevó a cabo la sesión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que los expertos que conforman este órgano, cuestionaron al estado mexicano sobre la implementación del contenido del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. La delegación del gobierno mexicano estuvo representada por funcionarios y funcionarias por una amplia delegación que contempló 15 dependencias.
Las principales preocupaciones expresadas por el Comité incluyeron: militarización, fuero militar, arraigo, delitos del pasado y desaparición de la FEMOSSP, tortura, condiciones carcelarias, jerarquía de los tratados internacionales, violencia contra la mujeres, marco normativo que regula el aborto, periodistas y defensores de derechos humanos, derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) y situación de los derechos de los pueblos indígenas y la aplicación del artículo 33.
Tortura El Comité expresó en reiteradas ocasiones, sin recibir una respuesta clara, su alarma por el uso de la tortura para obtener confesiones, el que el sistema penal dé valor probatorio a declaraciones obtenidas sin control judicial y que la tortura quede en la impunidad.
Feminicidios El Comité fue insistente en preguntar cómo el estado mexicano dará cumplimiento a la sentencia de Campo Algodonero emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo que la respuesta sólo se concreto en decir que se están analizando los mecanismos de cumplimiento. Mientras tanto la FEVIMTRA reportó como avance 2 sentencias de 308 investigaciones realizadas.
Arraigo El Comité recomendó al estado mexicano desaparecer la figura del arraigo. Consideró que esta es una forma de detención arbitraria y que viola las disposiciones del Pacto. Con las preguntas del Comité y las respuestas por parte del estado mexicano se evidenció la falta total de regulación de esta medida.
Militarización y fuero militar El Comité deploró el saldo de violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Algunos de los expertos indicaron que se configura una suspensión de facto de los derechos humanos en algunas zonas del país. Expresaron que el Estado no puede justificar de manera alguna proporcionar un trato diferencial a los elementos castrenses mediante la aplicación del fuero militar a casos de abusos.
Situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos El Comité también expresó su profunda preocupación por la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos y la criminalización de la protesta social. En particular retomó el caso de las mujeres indígenas Alberta Alcántara y Teresa González de Querétaro, expresando su rechazo al que fueran sentenciadas a 21 años de prisión tras un proceso “sin intérpretes, sin debido proceso, y la prueba es una foto”. Se pidió al Estado que revise este caso. Igualmente retomó y pidió una explicación por el caso del también preso de conciencia Raúl Hernández en Guerrero.
Sobre este tema una de las expertas del Comité expresó que México tiene “un problema grave y que la palabra mágica programa no basta para solucionarlo”.
Armonización legislativa de la LGAMVLV El Comité preguntó por la armonización legislativa de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en los estados y mencionó como preocupación especial el caso de Guanajuato.
El Comité se consternó ante la información recibida acerca de la sobrepoblación en las cárceles mexicanas y en especial sobre la situación de las mujeres en las mismas.
FEMOSPP y Delitos del pasado Por otra parte el Comité expresó un rechazo total del cierre de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y la impunidad por los delitos graves de la guerra sucia. Una experta observó con gran consternación que no se trata de delitos cometidos “hace 100 años” sino de crímenes de las décadas recientes y que se siguen dando casos de desapariciones hoy en día, por lo cual el Estado debe restablecer una fiscalía para los delitos del pasado. Marco normativo que regula el aborto Con respecto al cumplimiento de la obligación que tiene México para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en las 32 entidades del país, el Comité mostró su severa preocupación por la falta de aplicación de la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM-046), así como por las reformas constitucionales en 18 estados que, por proteger la vida desde la concepción, vulneran los derechos humanos de las mujeres. El Comité enfatizó la necesidad de que el Estado mexicano se comprometa a aplicar la NOM 046 en todos los estados, puesto que todos los estados tienen la causal de aborto por violación.
Es importante resaltar que el Estado Mexicano fue muy claro al señalar al Comité que se compromete a vigilar que ninguna reforma penal afecte en el futuro los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Violencia y discriminación contra las mujeres El Comité de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la persistente discriminación y violencia contra las mujeres en el país por lo que le señaló al estado mexicano que aún falta mucho por hacer para combatir esta problemática, como impulsar acciones que deriven en un cambio a fondo de la mentalidad misógina.
También llamó la atención sobre la falta de una legislación de género en extenso, la falta de información en el informe sobre la participación de las mujeres en la vida política, asimismo sobre la existencia de tradiciones que perpetúan la situación de marginación y discriminación de las mujeres indígenas.
Derechos de las personas LGBT El Comité también resaltó su preocupación por la discriminación por orientación sexual y de género en los ámbitos en las escuelas y lugares de trabajo y las medidas efectivas para proteger los derechos de personas de la diversidad sexual.
Insto al cumplimiento de las sentencias de la COIDH: caso Campo Algodonero y caso Rosendo Radilla. El Comité expresó gran preocupación por el cumplimiento de la sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Rosendo Radilla. En diversas ocasiones, los miembros del Comité cuestionaron al Estado sobre la forma en que daría cumplimiento a esta sentencia. Se cuestionó de forma reiterada al gobierno sobre cuándo y cómo se llevaría a cabo la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar ordenada por la CoIDH, con el fin de impedir que la justicia militar conozca de casos de violaciones a los derechos humanos. A estos cuestionamientos, la delegación mexicana respondió de forma general que se cumplirían totalmente con las sentencias, sin especificar los mecanismos.
Libertad de expresión El Comité señaló su preocupación por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en México. Particularmente, los miembros del Comité cuestionaron el hecho de que no se han despenalizado las figuras de difamación, calumnias e injurias en la totalidad de las entidades federativas. La mayor atención se centró en la violencia contra quienes ejercen el periodismo y la falta de protección personal.
En este sentido, el Comité reconoció la “grave distorsión” de la información sobre la gestión y atribuciones de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) dependiente de la Procuraduría General de la República. Finalmente, los miembros del Comité afirmaron que la sola aprobación por la Cámara de Diputados para incluir en el Código Penal Federal el delito contra la libertad de expresión de quienes ejercen la actividad periodística no otorga facultades a las autoridades federales para investigar y sancionar estos crímenes.
Pueblos Indígenas Los expertos que integran el Comité cuestionaron al estado mexicano sobre la falta del derecho a la consulta.
Article 19 Asilegal Católicas por el Derecho a Decidir Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Centro de Derechos Humanos Victoria Diez Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-México) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 68 organizaciones)
• Intervención del Centro Prodh ante el Comité de DH de la ONU.
El sistema de justicia en México, en vez de enjuiciar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, con frecuencia castiga a las víctimas, mientras los responsables casi universalmente gozan de impunidad. Ofrece incentivos para el uso de la tortura para obtener confesiones; se presta a la manipulación como herramienta para criminalizar la protesta social; discrimina a los grupos vulnerables, como los miembros de las comunidades indígenas; y no respeta el principio de la presunción de inocencia.
Pese a la prohibición legal de la tortura referida por el Estado en sus respuestas a la lista de cuestiones elaborada por el Comité, en México se concede valor probatorio de manera rutinaria a confesiones rendidas ante autoridades distintas a la judicial, lo que incentiva el uso de la tortura por dichas autoridades y propicia la condena de personas cuya culpabilidad no haya sido demostrada. Es común que la carga de la prueba para demostrar que hubo tortura recae en la víctima, y existen certificados médicos y otras diligencias oficiales que asientan información incompleta o falsa al respecto. Si bien durante 2008 fue adoptada en México una reforma constitucional que podría contribuir a revertir las prácticas referidas, aún no entra en vigor. Por lo tanto, instamos al Comité a recomendar que el Estado implemente reformas inmediatas para impedir que se conceda valor probatorio a las declaraciones rendidas ante autoridades distintas a la judicial.
Las diversas fallas estructurales del sistema penal son sufridas con mayor intensidad por grupos vulnerables como los pueblos indígenas y los pobres. Ejemplo de ello es el caso de las mujeres indígenas Alberta Alcántara y Teresa González del estado de Querétaro, sentenciadas el mes pasado a 21 años de prisión por el supuesto secuestro de 6 agentes federales armados, un delito fabricado como represalia a la protesta que su comunidad realizó por los abusos cometidos por las autoridades. No se les garantizó el derecho a un intérprete. El juez, después de avalar las declaraciones contradictorias presentadas por los agentes federales, quienes fungían como supuestas víctimas, testigos e investigadores al mismo tiempo, resolvió que “Alberta y Teresa no han podido desvirtuar las acusaciones que pesaban en su contra”, es decir, presumió su culpabilidad. La única prueba en contra de las mujeres: una foto en donde aparecen junto con otras personas, ninguna de la cual está cometiendo acto ilícito alguno. El mensaje: basta con exigir pacíficamente un alto a los abusos de las autoridades, basta con ser una mujer indígena, para ser encarcelada por 21 años, siendo inocente. Invitamos al Comité a preguntar al Estado sobre este caso.
Mientras el sistema de justicia no duda en presumir la culpabilidad de los grupos vulnerables en casos como el descrito anteriormente, para los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura, hay impunidad. La impunidad no es una novedad en México. La Fiscalía Especial para los crímenes del Estado de la guerra sucia, o Femospp, inició más de 500 averiguaciones previas en sus 5 años de existencia, de las cuales no se ha derivado ninguna sanción penal. Las averiguaciones previas que quedaron bajo la responsabilidad de la Coordinación General de Investigación no han avanzado, ni tampoco se han otorgado reparaciones. La impunidad por los delitos del pasado se traduce en una cultura arraigada de impunidad hoy. De acuerdo con la información proporcionada por el Estado 80 personas compurgaron penas por tortura entre 1992 y 2006; si fuera precisa la cifra, quiere decir que, en promedio, el Estado sancionó la tortura en 0.2 casos por estado anualmente, siendo la tortura una práctica sistemática en el país. El Estado no señala ningún caso de sanción a la tortura en los últimos 3 años, ni siquiera en los casos más reconocidos y bien fundamentados. Tenemos el ejemplo de la tortura sexual de decenas de mujeres en San Salvador Atenco en 2006, documentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Suprema Corte; ninguno de los numerosos perpetradores ha sido sancionado. Pedimos al Comité que recomiende que el Estado sancione este y todo caso de tortura, y que restablezca una fiscalía para investigar los crímenes del Estado del pasado reciente, con el fin de revertir el patrón de abusos que se vive hoy en el país.
El día de hoy tenemos alerta amarilla porque la OACNUDH en México ha decido conocer de primera mano el testimonio de Alberta y Teresa a través de una visita de la cual se desprendió el interés del organismo internacional por revisar más detenidamente el caso de las dos mujeres indígenas. Pero mientras tanto el drama de Ciudad Juárez no parece tener fin y ayer víctimas de la violencia en aquella ciudad fueron cobijados por la comunidad actoral que dio lectura a varios testimonios de abusos. Paralelamente en Nueva York el Estado mexicano sigue defendiendo su política.
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Una delegación encabezada por Liliana Valiña, representante Adjunta de la OACNUDH en México, visitó a las mujeres indígenas en el penal de San José El Alto en Querétaro.
Confía en que se hará una revisión objetiva del caso.
8 de marzo de 2010/ OACNUDH.- En el marco del día internacional de la mujer, Liliana Valiña, Representante Adjunta en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), visitó a las mujeres indígenas Alberta Alcántara y Teresa González en el Reclusorio Femenil de San José del Alto Querétaro, según informó la OACNUDH en un comunicado de prensa. El 19 de febrero de 2010 Alberta y Teresa fueron sentenciadas por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro a 21 años de prisión por el delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Desde agosto de 2006 Alberta y Teresa se encuentran privadas de su libertad al ser acusadas, junto con Jacinta Francisco Marcial, de haber secuestrado a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Al respecto la OACNUDH señaló que no obstante que la determinación de la responsabilidad de Alberta y Teresa es una tarea que corresponde exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales, la Representante Adjunta de la Alta Comisionada llamó la atención sobre el caso de Alberta y Teresa debido a que refleja los retos en materia de inequidad y discriminación que las mujeres, y con mayor intensidad las mujeres indígenas, enfrentan en algunas parcelas del sistema de justicia. Al igual que en el caso de Jacinta, Alberta y Teresa han tenido que enfrentar obstáculos institucionales para que les sean reconocidos sus derechos como mujeres indígenas.
El caso invita también a una reflexión sobre inequidad de herramientas en la defensa, sobre el carácter aparentemente desproporcionado de la pena y sobre las irregularidades procesales que organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, así como organismos públicos encargados de la defensa de los derechos humanos -la CNDH- y de las mujeres –INMUJERES- han documentado, mismas que han puesto en entredicho el respeto al derecho a un juicio justo y el principio de presunción de inocencia.
La OACNUDH manifestó su confianza en que el sistema de justicia realizará una revisión objetiva del caso de Alberta y Teresa y que adoptará las medidas necesarias para que puedan contar con las garantías suficientes de un juicio imparcial y equitativo. Exhortó a las autoridades a asegurar en este caso que se incluya la perspectiva de género, así como se considere la condición de indígenas de Alberta y Teresa.
Actrices y actores prestaron su voz a víctimas de la violencia en la ciudad fronteriza.
El día de ayer se llevó a cabo un evento en contra de la militarización en Ciudad Juárez en un foro poco usual para este tipo de convocatorias: la Casa del teatro en Coyoacán. Se trató de un acto solidario de la comunidad teatral para con las familias de Ciudad Juárez que están viéndose vulneradas en medio de un contexto de mayor violencia, tanto por parte del crimen organizado, como del gobierno federal.
Participante destacada en el evento fue Luz María Dávila, quien acompañada por Guadalupe Méndez, denunció la ineficacia de las medidas oficiales. Dávila es madre de dos jóvenes que fueron asesinados en Villas de Salvarcar y se hizo famosa por dar la espalda a Felipe Calderón en un foro oficial en Juárez; Méndez es madre de un joven inculpado por esa matanza. Juntas exigieron evitar que se profundice el Estado de sitio que se vive en Juárez. Por su parte, patricia Dávila, hermana de Luz maría, afirmó “tenemos mucho miedo, pero el dolor, el coraje y la impotencia nos hicieron levantar la voz. A lo mejor hablamos de más, sin embargo, estoy segura de que lo que expusimos fue porque lo sentimos”.
Durante el evento diversos miembros de la comunidad artística como José María Yaspik, Silvia Navarro y Cecilia Suárez entre muchos otros, dieron lectura a testimonios de víctimas de la violencia en Juárez que prefirieron permanecer en el anonimato. El día de hoy será presentada ante Senadores la Declaratoria del Foro en donde, entre otras cosas, exigen el inicio de lo que llamaron un verdadero proceso de reconstrucción basado en 6 ejes: Justicia, derechos humanos, educación. desarrollo social, economía y cultura.
El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque en el contexto de la conmemoración del 8 de marzo tenemos más que motivos de celebración, razones para alarmarnos. Ello porque además de la histórica discriminación que sufre el sector mayoritario del mundo, compuesto por las mujeres, en casi todos los ámbitos, en el caso del acceso a la justicia encontramos una situación en la que las mujeres son instrumentalizadas como ejemplo de escarmiento para sus comunidades. Ejemplo de esto, como lo señala hoy el Centro Prodh, son los casos de las nujeres de Atenco y de Alberta y Teresa .
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Sin duda no faltarán las alusiones gubernamentales al Día Internacional de la Mujer; sin embargo, más allá de las declaraciones es necesario señalar que no hay en el Estado mexicano compromiso con los derechos de las mujeres. Persisten en el país la exclusión, la discriminación y las agresiones contra ellas. Tal constatación surge de la participación del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) en el acompañamiento, denuncia y defensa de dos casos que evidencian lo señalado: la falta de compromiso para hacer efectivos los derechos de las mujeres denunciantes de tortura sexual cometida en el Operativo Atenco los días tres y cuatro de mayo de 2006 y la injusta sentencia contra las presas de conciencia Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas de realizar un secuestro que jamás existió.
Mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco
Después de haber sido agredidas física, sexual y psicológicamente por los elementos policiales que participaron en los operativos de 2006, las mujeres no han obtenido justicia integral a pesar de que ya han transcurrido casi cuatro años de los hechos. A la fecha, pese a que la tortura ha sido debidamente documentada y probada, la situación jurídica de las mujeres denunciantes se caracteriza por el hecho de que no se ha procesado a ninguno de los responsables. En 2009 la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) recibió el expediente completo del caso Atenco después de que la Fiscalía especializada en delitos violentos contra las mujeres y trata de personas determinara, lamentablemente, no seguir investigando y declinar su competencia. Hay en el expediente pruebas suficientes sobre la comisión del delito de tortura sexual, se incluye también en el documento los nombres de 34 agentes como probables responsables. Sin embargo el titular de la PGJEM señaló que había la posibilidad de que las víctimas fueran llamadas a comparecer y expresó su convicción de que el expediente no sería consignado por “falta de elementos”. El Centro Prodh ha señalado que esto es inadmisible y constituye una prueba más de la falta de condiciones para el acceso a la justicia en México. Al mismo tiempo que reconocemos la solidaridad de personas de diversas partes del mundo que han enviado cartas (más de diez mil) a las mujeres denunciantes señalamos que el caso continúa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se busca así obligar al Estado mexicano a cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos; algo que no ha hecho debido a la impunidad que lo distingue.
Alberta Alcántara y Teresa González
Alberta y Teresa
El 19 de febrero el juez Rodolfo Pedraza impuso una pena de 21 años de prisión por un delito inexistente a Alberta y Teresa, mujeres indígenas de Santiago Mexquititlán, Querétaro. Se les acusa de haber secuestrado a seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) el 26 de marzo de 2006. Ante la sentencia ambas mujeres presentaron la apelación que será resuelta en los próximos meses por el magistrado Hanz Eduardo López quien ya conoce ampliamente el caso: en 2006 confirmó el auto de formal prisión y en abril de 2009 ordenó la reposición del procedimiento. La sentencia injusta dictada por el juez Pedraza confirma que la vulnerabilidad de las mujeres ante el sistema de justicia es provocada de manera sistemática: se discrimina constantemente a las mujeres por su condición de género, situación que se agrava por la feminización de la pobreza en nuestro país y por la exclusión de las personas en razón de su condición étnica. A esto se agrega el uso faccioso del sistema de justicia para fabricar delitos e instaurar procedimientos irregulares contra quienes, como Teresa y Alberta, defienden digna y legítimamente sus derechos. El Estado al castigar a las dos mujeres abusa de ellas al emplearlas para lastimar a una comunidad indígena que reivindicó sus derechos ante los abusos que pretendían cometer los agentes de la AFI.
* * *
Con base en los dos casos arriba indicados reiteramos nuestras denuncias y exigimos al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Mantenemos claras nuestras exigencias: la realización de una investigación seria, imparcial y eficaz para sancionar a los responsables de tortura sexual, incluyendo los altos mandos y garantizar medidas de no repetición en el caso Atenco y las continuas violaciones a los derechos humanos de Alberta Alcántara y Teresa González, entre ellas el desconocimiento del principio de presunción de inocencia.
El día de hoy tenemos alerta verde porque a pesar de que en más de un campo el Estado ha abdicado a su responsabilidad de garantizar los derechos humanos, generando un clima inaceptable de impunidad y violencia generalizada, la presentación del informe del Centro Prodh es una muestra de la vitalidad del movimiento nacional de derechos humanos que constituye un dique a los abusos y una esperanza de mejoría. En este mismo sentido corre también el crecimiento que tiene en la opinión pública internacional el caso de Alberta y Teresa.
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El Centro Prodh ha publicado su informe Sociedad amenazada. Violencia e impunidad, rostros del México actual. En el estudio, presentado hoy, se aborda el estado que guardan los derechos humanos en México. Ha sido realizado a partir de los casos y temas abordados por el centro en los últimos dos años de actividad. Los temas abordados son: las mujeres indígenas ante el sistema de justicia, la falta de controles civiles sobre el ejército, la importancia de los sistemas universal e interamericano como instancias idóneas para exigir al Estado mexicano el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, las violaciones a DESCA -en concreto las políticas de vivienda y el desalojo forzoso provocado por la realización de megaproyectos- y las formas de acción del estado contra quienes exigen, promueven y defienden los derechos humanos.
Ginebra, 2 de marzo de 2010 – La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifiesta su sería preocupación luego de la sentencia que fue dictada en contra de las Sras. Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, indígenas de la Comunidad hñahñú (otomí), coacusadas por el mismo caso de la Sra. Jacinta Francisco Marcial2, el pasado 19 de febrero de 2010 por el juez cuarto de distrito en el Estado de Querétaro, condenándolas a una pena de 21 años de prisión bajo el cargo de secuestro. El 24 de febrero de 2010, ambas presentaron formalmente una apelación contra esta sentencia.
Según las informaciones recibidas, el juez que emitió la sentencia condenatoria no tuvo en cuenta las “contradicciones sustanciales” en que han incurrido los agentes federales, que han obrado como víctimas y que han asumido, desde la etapa de averiguación previa, el carácter de ofendidos, de investigadores y de testigos. Se ha conocido que dichas contradicciones persistieron e incluso aumentaron durante la etapa de los careos procesales. Se ha informado que las pruebas con las que la PGR ha intentado sostener la acusación contra las Sras. Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio además de ser falsas son contradictorias3, tal como ya ha sido establecido por el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito y como lo expuso la misma Procuraduría en las conclusiones de no acusación presentadas sobre el caso de la coacusada por los mismos cargos, la Sra. Jacinta Francisco Marcial, quien consecuentemente a las conclusiones de la PGR fue liberada en septiembre de 2009.
La apelación presentada por las Sras. Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, deberá ser resuelta en los próximos meses por el Tribunal Unitario de Circuito de Estado de Querétaro.
Se recuerda que las Sras. Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio fueron detenidas el 3 de agosto de 2006 consecuentemente a los hechos que se presentaron el 26 de marzo de 20064, cuando los agentes de la AFI pretendieron decomisar las mercancías de los tianguistas(vendedores en el mercado) de la comunidad hñahñú de Santiago Mexquititlán y causaron destrozos en los productos de que iban a ser vendidos por los mencionados tianguistas en el municipio de Amealco de Bonfil, al sur de Querétaro, caso por el que también estuvo detenida la Sra. Jacinta Francisco Marcial.
La OMCT hace un llamado a las autoridades mexicanas concernientes a que garanticen a las Sras. Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio un proceso en apelación independiente, competente, justo e imparcial que asegure el más elevado respeto al derecho de debido proceso de ambas mujeres
—– 1 Ver: Comunicado de Prensa OMCT: México 041209, emitido el 4 de diciembre de 2009
2 Ver: Comunicados de Prensa OMCT: México 030809, emitido el 3 de agosto de 2009; México 160909, emitido el 16 de septiembre de 2009 y, México 180909, emitido el 18 de septiembre de 2009.
3 Ver precedentes Comunicados de Prensa de la OMCT.
4 El 26 de marzo de 2006, llegaron seis agentes de la AFI, sin uniforme y con actitud amenazante, al tianguis (mercado) de la plaza central de Santiago Mexquititlán y procedieron a agredir a los tianguistas causando destrozos a los productos que estaban allí para ser vendidos. Las personas agredidas exigieron a los policías que mostraran su identificación y la orden judicial que avalaba dicha actuación, ante lo cual los agentes solicitaron la intervención del Ministerio Público Federal y de sus superiores, quienes reconocieron que los policías habían cometido un error y “se comprometieron a responder por los daños ocasionados” y a pagar los daños con dinero en efectivo.
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova presentó ayer, Lunes 1 de marzo, su informe Derechos humanos y condiciones de detención en la estación migratoria siglo XXI, donde tras entrevistar a 304 migrantes en estado de detención administrativa, se realiza el analisis de los datos recolectados para presentar un perfil suficientemente aproximado de las características de la población detenida, de sus vivencias inmediatamente antes y durante la detención, del respeto a sus derechos humanos en la vida interna de la Estación Migratoria, mismos que son consagrados en la legislación nacional e internacional. Para acceder al informe completo se puede hacer clic en este enlace.
2010 * El Sistema de Información Diaria en Derechos Humanos (Sididh) es una publicación electrónica diaria editada por el Área de Comunicación y Análisis del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, distribuida entre sus suscriptores de manera gratuita y como una forma de registrar y fomentar las perspectivas sobre derechos humanos presentes en la información periodística cotidiana.
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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque parece que el Estado mexicano está perdiendo terreno en uno de los campos donde tradicionalmente se había posicionado positivamente en materia de derechos humanos: el internacional. Después de que ayer organismos civiles dieron a conocer los severos cuestionamientos que formuló al Estado mexicano el Comité de DH de la ONU, hoy la agencia CIMAC da a conocer en el texto que reproducimos en nuestra portada que también en el Parlamento Europeo se está criticando a México.
Los días 8 y 9 de marzo se llevó a cabo la sesión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que los expertos que conforman este órgano, cuestionaron al estado mexicano sobre la implementación del contenido del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. La delegación del gobierno mexicano estuvo representada por funcionarios y funcionarias por una amplia delegación que contempló 15 dependencias.
Al respecto la OACNUDH señaló que no obstante que la determinación de la responsabilidad de Alberta y Teresa es una tarea que corresponde exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales, la Representante Adjunta de la Alta Comisionada llamó la atención sobre el caso de Alberta y Teresa debido a que refleja los retos en materia de inequidad y discriminación que las mujeres, y con mayor intensidad las mujeres indígenas, enfrentan en algunas parcelas del sistema de justicia. Al igual que en el caso de Jacinta, Alberta y Teresa han tenido que enfrentar obstáculos institucionales para que les sean reconocidos sus derechos como mujeres indígenas.
Después de haber sido agredidas física, sexual y psicológicamente por los elementos policiales que participaron en los operativos de 2006, las mujeres no han obtenido justicia integral a pesar de que ya han transcurrido casi cuatro años de los hechos.
