El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque la tendencia a la opacidad que crecientemente presenta el gobierno federal en distintos ámbitos de su acción, especialmente aquella relacionada con los temas de seguridad, resulta extremadamente preocupante porque se pretende que (argumentando la urgencia del tema) la ciudadanía renuncie a su derechos a la información en un tema cada vez más preocupantemente cruzado por abusos oficiales caracterizados por la impunidad. En este sentido organismos civiles llaman a acotar dicha tendencia.
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Nueve organismos civiles enviaron al Senado una petición con la finalidad de solicitar que la comparecencia del gabinete de seguridad nacional ante la comisión bicameral de seguridad que tendrá verificativo este lunes se lleve a cabo de manera pública “y de cara a la Nación, no privado, dada la importancia y trascendencia de los temas a tratar”. A continuación la carta íntegra de organismos civiles de distintos estados de la República.
Distinguidos Legisladores:
Hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación, que las instancias legislativas que ustedes representan han convocado a una reunión privada para el próximo lunes 08 de los presentes, a los titulares de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y Gobernación y al Procurador General de la República, con el objeto de revisar la estrategia anticrimen y la Iniciativa Mérida. Lo anterior, en la coyuntura de la ejecución de 16 jóvenes y adolescentes en Cd. Juárez y los asesinatos en Torreón, Coah. y en otras ciudades del país.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil que suscribimos el presente documento, consideramos que la reunión a la que hacemos referencia será productiva y positiva bajo las siguientes consideraciones:
PRIMERA: La Seguridad Pública y la Procuración de la Justicia son también derechos universalmente reconocidos, por lo que todo diálogo y acciones legislativas sobre estos temas deben anteponer los Derechos Humanos y la dignidad de la persona humana, aún de los presuntos delincuentes. Lo anterior se establece en la Carta de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en los tratados que México ha ratificado, en la Constitución General de México y en las leyes secundarias en la materia. Debemos recordar que en los países miembros de la ONU, como México, el Estado es el único responsable de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de toda la población, sin distinción de ningún tipo;
SEGUNDA: En aras de la transparencia y de la democracia, este diálogo convocado por Ustedes, que representa una señal positiva ante la gravedad de los acontecimientos, en nuestra opinión, debe ser público y de cara a la Nación, no privado, dada la importancia y trascendencia de los temas a tratar, prioritarios para la opinión pública;
TERCERA: En la revisión de la estrategia gubernamental de combate a la delincuencia organizada y la inseguridad, debe redefinirse seriamente y con objetividad el papel que han jugado las fuerzas armadas, sin menoscabo de su invaluable función constitucional en defensa de la Seguridad Interior y la Seguridad Nacional. Si bien se debe erradicar la corrupción de las autoridades y de las policías civiles mediante los mecanismos de control de confianza, el uso indiscriminado de las tropas ha trastocado el orden público y la paz social, en virtud de que, al no cumplir las funciones para las cuales fueron creadas, sustituyen a los órganos encargados por la ley para la prevención y la investigación de los delitos, en lugar de ser una fuerza de apoyo, provocando con ello la constante suspensión de las garantías individuales sin la declaratoria expresa a que obliga la Constitución, lo que a su vez ha propiciado múltiples y graves violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas y de la población en general, en las localidades donde interactúan;
CUARTA: Con el fin de prevenir e investigar las denuncias y quejas por violación a los derechos humanos que obran en las instancias internacionales, en la CNDH, en los organismos públicos estatales de protección y en las ONG, en contra de las autoridades civiles y militares, proponemos que en esa reunión se trate también la necesidad de frenar de una vez por todas y hasta sus ultimas consecuencias, las prácticas violatorias de los derechos humanos (algunas de ellas clasificadas como delitos de lesa humanidad), como las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada de personas, el allanamiento ilegal de morada, las detenciones arbitrarias, la incomunicación y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes;
QUINTA: Creemos que no puede haber una revisión efectiva de la estrategia anticrimen si no se evalúa objetivamente la posibilidad de abrogar de la Carta Magna la figura del arraigo, tomando como base los principios universales al debido proceso y a la presunción de la inocencia. Dicha medida, aprobada en la legislatura pasada sin un debate abierto, serio e incluyente, contradictoriamente, ha entorpecido la efectiva investigación de los delitos y ha propiciado múltiples violaciones a los derechos humanos, que hoy se mantienen en la impunidad. El arraigo, en ocasiones en cuarteles militares al no existir la reglamentación correspondiente, predispone a la práctica de la tortura para arrancar confesiones, bajo la complicidad de la Representación Social, la Defensoría Pública y el Poder Judicial Federal, simulando la efectiva persecución de los delitos;
SEXTA: En seguimiento a la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en diciembre pasado, que condenó al Estado mexicano a desahogar el caso Rosendo Radilla en la justicia civil, no militar, y cuyo objetivo es evitar la opacidad y la impunidad de los delitos perpetrados por militares en contra de la población civil, proponemos a los legisladores federales que, en el marco de la reunión con los secretarios y el Procurador, se contemplen las reformas de ley necesarias para cumplir con este mandato impuesto por la máxima instancia jurídica continental;
SEPTIMA: Por último, y por ser de naturaleza propia por los temas a tratar en la reunión de referencia, proponemos se incluyan a las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.
Atentamente:
Cáritas Diocesana de Ciudad Juárez, A.C. / CDH Fray Jacobo Daciano, A.C. / Centro Prodh / CADHAC / Comisión Ciudadana de DH del Noroeste, A.C. / Pastoral Obrera de la Diócesis de Ciudad Juárez / Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C. / Red por la Participación Ciudadana, A.C. / Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C.
El día de hoy tenemos alerta roja porque la creciente tendencia del Estado mexicano a encriptar la información de sus acciones y de sus políticas públicas significa un claro retroceso en la transparencia que ya está tocando los límites de la afectación a la libertad de expresión. Llama la atención que el aspecto que busca blindar de una manera más infranqueable, es el relacionado con la actuación del sistema de justicia, lo cual genera sospechas de cuál es la medida en que sus fallas responden a errores o a intencionalidades no declaradas que pueden facilitar el uso faccioso de la justicia.
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• Anuncian que la reunión del gabinete de seguridad con senadores será la otra semana a puerta cerrada.
• Hace unos días se negoció en México acuerdo para regular información que circula en la web.
En medio de una grave crisis de credibilidad visibilizada por la cruel masacre de jóvenes en Cd. Juárez a menos de un mes de que hubiese un cambio de estrategia federal, y en un contexto en el que defensores de DH como Gustavo de la Rosa Hickerson se han tenido que refugiar en El Paso, Texas, mientras que otros como Cipriana Jurado tienen que mantenerse en sus domicilios sin que se hayan implementado medidas de seguridad de ningún tipo, el Estado se justifica para implementar el ocultamiento de información como una política de Estado.
Por una parte ayer se informó que la publicitada reunión de Senadores con el gabinete de Seguridad se daría en secreto, con lo cual sólo un selecto grupo de Senadores podrán conocer las explicaciones del porqué una estrategia que lleva todo el sexenio implementándose sin limitaciones presupuestales a pesar de la crisis económica sólo ha generado una mayor violencia social. El Senador del PRD Carlos Navarrete fue muy claro en su posición: “La información de seguridad nacional no debe ser motivo de debate público ni legislativo, sino de conocimiento de los órganos del Senado. Habrá discreción de los grupos parlamentarios para comentar sólo lo que sea posible”.
Pero este no es más que un episodio de una tendencia cada vez más generalizada en la que se trata de obstaculizar la transparencia no sólo con recursos dilatorios sino que incluso se presentó recurso en contra del IFAI ante la SCJN, misma que pretendería crear un Tribunal que revisará las resoluciones de este organismo público autónomo. Más grave incluso es el hecho de que México está impulsando junto con otros países el Anti-Counterfeiting Trade Agreement que fue negociado en México a finales de enero y que contempla una sobreregulación de internet que permitiría seguir y censurar movimientos críticos hacia los Estados con el pretexto de regular el intercambio de archivos presuntamente ilegales. Reporteros Sin Fronteras ya se ha pronunciado contra este acuerdo que, por cierto, ha sido negociado en un absoluto secreto. Uno de los aspectos que más llaman la atención de este acuerdo es que, según ha trascendido, establecería un nuevo marco legal internacional que podría crear su propio cuerpo de gobierno fuera de las instituciones internacionales existentes como la OMC, la OMPI o la misma ONU. En momentos en que el Estado mexicano está recibiendo las primeras sentencias condenatorias de la Corte IDH, llama la atención su interés por generar espacios internacionales desvinculados de los derechos humanos.
(Boletín de prensa Greenpeace).-Ante el incumplimiento del Acuerdo de Copenhague de lograr reducciones drásticas en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), Greenpeace hizo un llamado a los gobiernos de México y del mundo para que en la próxima cumbre del clima se alcance un tratado justo, ambicioso y obligatorio para alejar al mundo de un cambio climático catastrófico.
La organización ambientalista envío su mensaje a través de Tláloc, dios de la lluvia en la cosmovisión azteca, poniendo entre sus manos una manta de más de 20 metros de largo por 4 de ancho en la que se leía en español e inglés: “¡Ayuda! Tratado obligatorio para salvar el clima, ¡ya!”. Doce activistas se dieron cita en la fuente de Tláloc, porque el régimen de precipitaciones (lluvias) es uno de los fenómenos naturales que se ha visto más modificado el calentamiento global.
“El caos climático no fue resuelto en Copenhague y se requiere retomar el proceso de negociación que le dé al mundo un acuerdo internacional que obligue a los países a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Con el Acuerdo de Copenhague hay sólo una certeza: que la temperatura promedio del planeta aumentará en 3 grados centígrados o más, con efectos devastadores para el medio ambiente y las comunidades más pobres”, señaló Gustavo Ampugnani, coordinador de la campaña de Clima de Greenpeace México”.
Los científicos marcan un umbral crítico de aumento de la temperatura global de dos grados centígrados, más allá del cual puede haber impactos irreversibles y de gran escala sobre el medio ambiente y las personas. Por ejemplo, para México, un incremento de dos grados significa un aumento en el riesgo de sufrir inundaciones en las zonas bajas del Golfo de México como las desembocaduras de los ríos Grijalva, Pánuco y Coatzacoalcos; o la reducción drástica de los manglares y humedales costeros ya afectados severamente por el turismo depredador.
El domingo pasado, 31 de enero, 55 países presentaron ante la CMNUCC sus compromisos y acciones voluntarias para reducir sus emisiones para el año 2020, como estipula el Acuerdo de Copenhague. Sin embargo, la mayoría de los países plasmaron las mismas metas que ya se habían planteado antes de la cumbre del clima que tuvo lugar en diciembre pasado.
“Sumando todos los compromisos de los países industrializados apenas se alcanza entre el 11 y 19 por ciento de reducción, muy lejos del 40 por ciento que deben realizar esos países para alejar al mundo de un cambio climático catastrófico”, remarcó Ampugnani.
En el marco de la organización de la 16° Cumbre del Clima (COP-16) que se celebrará en Cancún a fines de este año, el secretario ejecutivo de la CMNUCC, Yvo de Boer, visitará México en febrero para reunirse con el presidente Felipe Calderón.
“Hacemos un llamado al presidente Calderón, como anfitrión de la COP-16, y a Yvo de Boer, a que hagan todo lo posible para que finalmente se alcance un tratado justo, ambicioso y obligatorio para salvar el clima. En diciembre pasado, el gobierno de Dinamarca perdió su oportunidad y ahora el gobierno de nuestro país debe aprovechar la suya. Esto no sólo sería un logro histórico no sólo para México, sino para el planeta entero”, concluyó Ampugnani.
El día de hoy tenemos alerta roja porque mientras por una parte el Estado mexicano se empeña en destinar numerosos recursos para sostener la acusación en contra de Alberta y Teresa, en un proceso evidentemente viciado contra ambas mujeres indígenas, se muestra absolutamente incapaz para garantizar la seguridad de las y los ciudadanos juarences. La cosa ha llegado a tal grado que ayer mismo se registró un levantón en el fraccionamiento donde ocurrió la masacre. Aparentemente el mismo habría sido realizado por policías, pero la ausencia de información impide determinar si se trató de una detención arbitraria.
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• Organismos civiles lanzan nuevo llamado a la ONU para que tome el control.
• Denuncian levantón de testigos de la masacre en el mismo fraccionamiento.
Diversos actores se manifestaron después de la masacre del sábado pasado y de que el gobierno mexicano respondiera al estupor social con la promesa de una nueva estrategia en Cd. Juárez, aunque apenas a mediados del mes pasado ya se había implementado un nuevo esquema en dicha localidad. Por una parte sectores empresariales y organismos civiles reiteraron su petición de que tomen el control de la ciudad cascos azules de la ONU, argumentando esta necesidad con base en cifras como que existen 10 mil huérfanos por la violencia o que 60 mil familias han tenido que emigrar a El Paso. La petición fue casi de inmediato descartada por la Segob quien señaló que “hay reservas institucionales en el país para hacer frente al problema”. Trascendió que el Gabinete de seguridad estuvo reunido para tratar de definir la nueva estrategia que podría incluir una mayor presencia militar en el Estado.
Por otra parte vecinos del fraccionamiento Villas de Salvarcar levantaron quejas ante la CEDH por la tardanza de la policía en acudir al lugar y porque militares habrían obstaculizado el ingreso de los servicios médicos para los heridos. Reforma reportó hoy que la noche de ayer un comando armado habría ingresado al fraccionamiento citado y se habría llevado a 4 jóvenes que fueron testigos de la matanza. La información es confusa, pues los encapuchados se habrían identificado como agentes ministeriales, pero las autoridades estatales negaron información a los familiares. Según datos extraoficiales, 3 jóvenes ya habrían sido liberados, mientras que uno permanecería detenido por sospechas de haber dado información a los sicarios antes de la masacre.
• El Juez Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro tiene treinta días hábiles a partir de hoy para dictar sentencia.
• La PGR insiste en acusar a las dos mujeres indígenas del secuestro de 6 agentes federales que nunca ocurrió.
El día de ayer se llevó a cabo la audiencia de vista final del proceso instaurado en contra de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, indígenas hñahñús acusadas de secuestrar a seis agentes federales de investigación el 26 de marzo de 2006 en la comunidad de Santiago Mexquititlán, Querétaro, cuando éstos agredían y pretendían extorsionar a algunos de los comerciantes del tianguis. Ellas, junto con Jacinta Francisco Marcial – exonerada en septiembre pasado de las mismas acusaciones – han sido víctimas de las violaciones a sus DH.
El 25 de noviembre pasado, día internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la PGR dio a conocer las conclusiones acusatorias contra Alberta y Teresa, solicitando una pena máxima para ellas que podría alcanzar a más de cuarenta años de prisión. Como ya ha sido señalado por el Centro Prodh, organización que coadyuva en la defensa a cargo del Lic. Leónides Ortiz Castillo, las pruebas con las que la PGR intenta sostener la acusación además de falsas son contradictorias, tal como ya ha sido establecido por el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito que conoció de la apelación y como lo expuso la propia Procuraduría en las conclusiones de no acusación realizadas para Jacinta.
A tres años y medio desde su detención, Alberta y Teresa vieron por primera vez al Juez Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro – Rodolfo Pedraza Longi – quien a partir del día de ayer tendrá un plazo máximo de treinta días hábiles para dictar sentencia. A la audiencia de vista del día de hoy, además de las procesadas, el agente del Ministerio Público Federal y la defensa, asistieron altos funcionaros de la Procuraduría General de la República en la delegación de Querétaro, como ha sido constante en las últimas diligencias del caso.
Con base en la exhibida falsedad de la acusación y en la mala integración de la averiguación previa, el Juez deberá de restarle valor a las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público de la Federación y dictar sentencia absolutoria a favor de Alberta y Teresa. Sin embargo, es importante recordar que el Juez Cuarto ya ha dictado una sentencia condenatoria para Jacinta, Alberta y Teresa, imponiéndoles una pena de 21 años de prisión, resolución que fue revocada en apelación.
Una sentencia que avale las irregularidades cometidas por los entonces agentes federales de investigación, en colusión con el agente del Ministerio Público de la Federación, será un nuevo retroceso en materia de protección de los derechos humanos en México. La vulnerabilidad de las mujeres, los indígenas y de quienes están en estado de marginación económica frente al sistema de justicia en México es una grave problemática que debe de invertirse, en parte, con un poder judicial que esté a la altura de los más altos índices de garantía de los DH.
El día de hoy tenemos alerta roja porque la situación en Ciudad Juárez se está agravando aún más, incluso cuando parecía que eso ya no era posible. En este sentido es fundamental apoyar y difundir las acciones que realiza la sociedad civil juarence, ante las declaraciones oficiales que tras varios “cambios” de estrategia hoy carecen de credibilidad, al grado que algunos legisladores del mismo PAN están planteando la posibilidad de decretar el estado de excepción, ante los graves acontecimientos recientes.
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• Las organizaciones civiles repudian masacre de jóvenes ocurrida en aquella ciudad la noche del 30 de enero.
El sábado 30 de enero de 2010, aproximadamente a las 11 de la noche, un comando paramilitar de 18 personas arribando en 7 camionetas irrumpió en tres domicilios contiguos para realizar una masacre donde se llevaba a cabo una fiesta estudiantil de jóvenes de bachillerato, en la colonia popular Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez. El saldo de la masacre hasta ahora conocido, son 14 personas asesinadas por fusilamiento y 7 heridos de gravedad, algunos de ellos con muerte cerebral. La mayoría de las personas asesinadas son jóvenes estudiantes del CBTIS 128, el Colegio de Bachilleres 9 y la UACH que se encontraban celebrando simultáneamente el triunfo de un equipo de beisbol y un cumpleaños.
Esta masacre es una más de las que han sucedido en la ciudad más violenta del mundo, desde que el día ultimo de marzo del 2008 se inaugura el Operativo Conjunto Chihuahua (ahora renombrado Operación Coordinada Chihuahua). Las masacres de Ciudad Juárez son acciones realizadas por escuadrones de la muerte que operan en la ciudad mientras más de 10,000 elementos del ejército federal y de la Policía Federal Preventiva patrullan toda la ciudad día y noche montando retenes constantemente e incitando a que la ciudadanía entregue sus armas.
La militarización de Ciudad Juárez se lleva a cabo como parte de la declarada “guerra contra el crimen” por el gobierno del presidente más cuestionado en el país en los últimos tiempos, el espurio Felipe Calderón, y se lanza para supuestamente “responder” a una guerra entre carteles antagónicos por controlar la ruta del trafico de drogas hacia los Estados Unidos. Pero lo que padecemos en Ciudad Juárez no es la violencia provocada por enfrentamientos entre bandas del crimen organizado, ni entre las fuerzas federales y las bandas del crimen.
Casi la totalidad de los 2 mil 635 asesinatos del año 2009 y los que van del año 2010 se han dado por ejecuciones a personas desarmadas sin enfrentamientos, en lo que parece ser una estrategia de limpia programada por una fuerza militar superior, en el marco de una campaña de terror. La violencia que se está promoviendo y tolerando por el gobierno, le ha servido a Felipe Calderón de pretexto para seguir militarizando al país sin resultados contrarios al crimen, pero sí restringiendo derechos a la población.
En Ciudad Juárez se confirma una tendencia general que ya conocimos durante las ilegales guerras de contrainsurgencia en Centroamérica. Existe una relación intima entre la militarización de las ciudades y los pueblos y la actuación de escuadrones de la muerte que tienen como fin último amedrentar a la población, así sucedió en El Salvador con los Escuadrones de la Muerte, en Nicaragua con los Contras, en Guatemala con los Kaibiles y en México con un grupo dentro del ejercito mexicano que a la postre se convertiría en Los Zetas y que ha trabajado tanto con las policías federales como con los carteles de la droga, dentro y fuera del ejército. Dichos escuadrones de la muerte fueron promovidos por el Gobierno de Estados Unidos a través de la Escuela de las Américas y la CIA y hoy retoman protagonismo en México a partir del Plan Mérida y la supuesta “guerra contra el crimen”.
Desde la llegada de las fuerzas militares a Ciudad Juárez el promedio de asesinatos diarios aumento de 2 a 5 diarios durante el año 2008 y en el 2009 se elevó a más de 7. Además se desató una verdadera ola de extorsiones al pequeño comercio, donde varios comerciantes del ramo de venta de carros y de centros de diversión señalaron directamente a la PFP como responsables de tales extorsiones. Las violaciones a los Derechos Humanos se generalizaron por parte de las fuerzas militares convirtiendo al estado de Chihuahua en el líder en este tipo de casos en el país. Por si fuera poco, desde la llegada de los soldados al estado han ocurrido una serie de asesinatos a luchadores sociales entre los que destacan, Armando Villarreal Martha, líder campesino, Benjamín Lebarón, líder de la comunidad mormona y directamente en Ciudad Juárez, Manuel Arroyo, investigador del movimiento obrero, Géminis Ochoa, líder de los comerciantes ambulantes y Josefina Reyes, defensora de los Derechos Humanos en el Valle de Juárez.
Cabe señalar que Géminis Ochoa estaba amenazado por la PFP y días antes de su muerte había anunciado una marcha contra los abusos militares, mientras que Josefina Reyes recibió amenazas y constante acoso del ejército por su repudio público a la militarización del Valle. La percepción general de la población es que los soldados no están para detener a los criminales, pues hay suficientes testimonios que aseguran que no intervienen cuando están a escasos metros de donde se realizan las ejecuciones. Así era reportado por los medios de información, hasta que fue asesinado el periodista Armando Rodríguez el Choco, jefe de la nota roja de El Diario. Por ese motivo cuando llegaron los soldados al lugar de la masacre de Villas de Salvarcar fueron repudiados ampliamente por los vecinos. Los soldados y la PFP se dedicaron a hacer lo que siempre hacen en estos casos, acordonar la zona, hostigar a los transeúntes y evitar que los heridos recibieran atención pronta médica. Desde luego los sicarios no fueron perseguidos y la escena del crimen limpiada sin investigación.
Más del 90% de los asesinatos violentos en Ciudad Juárez no son investigados. Después de dos años de asesinatos y masacres en Ciudad Juárez, resulta obvio por los resultados del Operativo Conjunto Chihuahua, ahora Operación Coordinada Juárez, que las fuerzas militares no están para combatir al crimen ni para detener las masacres. La población atemorizada por la militarización de la ciudad no acierta a manifestarse contundentemente contra la política criminal del gobierno federal de Felipe Calderón quien parece ser el único que aprovecha los eventos violentos para mantener una guerra irresponsable y tratar de obtener un poco de legitimidad que no ganó en las urnas.
Por todo lo anterior desde la Asamblea Ciudadana Juarense y el Frente Nacional Contra la Represión en Ciudad Juárez repudiamos la masacre del 30 de enero de 2010 en Villas de Salvarcar, Ciudad Juárez y hacemos responsable a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal de las masacres que ocurren en nuestra ciudad, por negarse a proveer la seguridad necesaria a la población y proteger abiertamente con las fuerzas militares las actividades de los escuadrones de la muerte que operan con total impunidad en nuestra ciudad. Sostenemos que Felipe Calderón es un peligro para México y tiene que salir de la presidencia, pues de lo contrario la vida de cada una y cada uno de los juarenses se encuentra en peligro.
Ciudad Juárez / 31-01-2010 Asamblea Ciudadana Juarense Frente Nacional Contra la Represión
El día de hoy tenemos alerta roja porque tras un fin de semana largo caracterizado nuevamente por los altos niveles de violencia, nos encontramos con un contexto cada vez más agresivo para los derechos de las personas. Mientras en Cd. Juárez un grupo de jóvenes fue acribillado en medio de una fiesta, con la clara intención de generar temor en la ciudadanía, en Oaxaca 4 personas de nacionalidad extranjera fueron hostigados por policías por osar preguntarle a Ulises Ruiz como va el caso Brad Will. Que alguien nos avise si le queda claro para qué sirven los policías.
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Solicita Obama menos recursos para cooperación antinarco.
En contraste aumenta presupuesto contra migración indocumentada.
La cooperación antidrogas entre México y los Estados Unidos vive un momento de inflexión, una vez que la primera etapa de apoyos multianuales fue cubierta con un énfasis en el apoyo de equipo y aeronaves. En el contexto de un presupuesto restringido por el déficit público en los EU –cuando los únicos rubros que no fueron reducidos fueron los de defensa y los de los programas sociales–, se anunció que para este año, se canalizarán a través de esta iniciativa 410 millones de dólares, de los cuales 100 serán para Centroamérica y 310 para México. De la misma manera se ha dicho que los recursos serán canalizados para lo que se ha llamado fortalecimiento institucional, donde se incluiría el objetivo de “impulsar actividades que mejoren los derechos humanos”, según habría dicho en conferencia de prensa el subsecretario de Administración del Departamento de Estado Jacob Lew. Algunos han percibido las nuevas asignaciones como una reducción presupuestal, aunque el gobierno de EU ha afirmado que no es así y que más bien se trata de una nueva etapa.
El recorte no sólo afectará a México, pues también se ha reducido la ayuda económica para el Plan Colombia que recibirá 55 millones de dólares menos que el año pasado, lo cual ha generado movimientos por parte del gobierno de Álvaro Uribe quien ya ha instruido a su ministro de defensa, Gabriel Silva, para que viaje a los EU con la finalidad de presionar para que se mantenga el Plan Colombia. En México desde hace algunos días el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) había ordenado a la PGR divulgar qué tipo de participación tiene en la Iniciativa Mérida. De la misma forma, tras divulgarse que la mayor parte de los recursos empleados en dicha iniciativa han sido canalizados vía empresas de EU –pues es una de las condiciones contenidas en el acuerdo entre los dos países–, legisladores mexicanos se quejaron de que existe poca disposición a la cooperación bilateral en la materia. El periódico El Economista publica un resumen de datos que indica que los narcos van ganando en esta batalla.
En contraste el presupuesto de EU considera una dotación de 4 mil 600 millones de dólares para fortalecer a la patrulla fronteriza y avanzar en la construcción del muro fronterizo, lo cual es leído mayoritariamente como un endurecimiento en la materia.
(Comunicado de prensa, para más detalles clic aquí).- El jueves 28 de enero como alrededor de las 9:00 de la noche, Andrea Caraballo, Guadalupe Rodriguez Lopez, James Wells y Jennifer Lawhorne, nos encontrábamos en el zócalo de Oaxaca comiendo un helado. En ese momento, uno de nosotros reconoció al gobernador que estaba a menos de 3 metros de nosotros. Siendo amigo de Brad Will un periodista estadounidense asesinado en el 2006, uno de nosotros aprovechó del momento en que el gobernador estaba cerca para preguntarle sobre el caso de Brad Will que hasta la fecha no ha tenido solución. No recibimos una respuesta el gobernador siguió su camino y seguimos de paseo con nuestros helados en el zócalo. Cinco minutos después, entre seis y ocho policías, algunos oficiales vestidos de civil y otros uniformados, nos rodearon y nos solicitaron nuestras identificaciones y nos hicieron acompañarles a una patrulla camioneta de la policía municipal. Nos forzaron a subir en la patrulla, preguntábamos porque y adonde nos estaban llevando. Se negaron en todo momento a informados porque nos detenían y adonde nos llevaban. Realmente estábamos muy asustados y preocupados por nuestra seguridad.
Luego de viajar durante media hora llegamos al cuartel de policía en Santa María Coyotepec a las afueras de Oaxaca. Entramos, nos tomaron fotografías y nos hicieron preguntas. Exigimos la presencia de un abogado a lo cual nos fue negado. Pasamos una hora ahí rodeados por policías encapuchados que nos humillaron y amenazaron. Luego nos subieron otra vez a la patrulla y sin decirnos adonde íbamos, salimos del cuartel. Pararon a una media cuadra de la Procuraduría General de Justicia estatal, nos ordenaban dejar nuestras pertenencias en la oscuridad de la calle y cuando negamos hacer eso, nos insistían mientras que nos grabaron con una pequeña cámara de video. Nos llevaron adentro de las oficinas de la PGJ ordenando que dejáramos nuestras pertenencias con ellos y que declaráramos uno a uno aun sin la presencia de nuestro abogado. Nosotros seguimos firmes en que no haríamos nada hasta que nuestro abogado llegara. Luego de esperar mas de una hora nos condujeron a una habitación donde supuestamente nos iban a permitir hablar con nuestro abogado, en ese mostraron nos leyeron donde decía nuestros cargos y para nuestro asombro estábamos acusados de golpes y daños a dos agentes de la policía. En ese documento se ordenaba nuestro arresto y sin hacer la llamada a nuestro abogado nos empujaron y arrastraron torciendo la muñeca de una de las mujeres. Así fuimos llevados a las celdas, siendo en ese momento las 12:30 de la noche.
Recién siendo la 1:30 am pudimos ver al abogado Jesús Alfredo López García a quien reconocimos como nuestro defensor. A partir de ese momento supimos que ahí pasaríamos la noche. Todo el tiempo nos seguían intimidando y preguntando que habíamos echo para estar ahí, nosotros continuábamos diciendo que no hicimos nada para estar presos porque no cometimos ningún delito. Confundidos intentamos dormir en el frío suelo de la celda.
Al día siguiente, viernes 29 de enero, el expediente había crecido y los supuestos hechos habían incrementado, a una de nosotras la llevaron a declarar y conoció que los acusaban de agredir a 2 policías y dañar un equipo de radio de valor $35000.
Nosotros nos reservamos el derecho a no declarar. Alrededor de las 4 de la tarde nuestro abogado nos informo que por desvanecimiento de pruebas nos dejarían libres, sin pagar fianzas y sin cargos pero pasaríamos a disposición de las autoridades de migración. Al llegar a las oficinas de migración ubicadas en el centro de la capital, mostramos nuestros pasaportes y visado por lo cual sin contratiempos quedamos en libertad.
El cónsul de los Estados Unidos, Mark Leyes al enterarse de lo sucedido nos invitó a visitarlo a su oficina el mismo día y nos manifestó que lamenta que nos hallan sucedido este tipo de cosas.
Queremos agradecer al abogado Jesús Alfredo López García, Presidente del Protectorado Mexicano para los Derechos Humanos, a nuestros amigos y familiares por todo su apoyo y cariño manifestado.
Andrea Caraballo, Guadalupe Rodríguez López Jennifer Lawhorne y Jimmy Wells.
El día de hoy tenemos alerta azul porque las declaraciones del ombudsman durante la presentación del informe 2009 de la CNDH deben ser tomadas con prudencia. Por una parte parece importante el interés que ha mostrado en disminuir las violaciones de DH por parte de militares en el contexto de los operativos contra el narcotráfico, sin embargo llama la atención su propuesta de crear una carta de “deberes” que pone el énfasis en la responsabilidad ciudadana, cuando su obligación es dar seguimiento a la obligación del Estado de garantizar los derechos. Habrá que ver el informe para dar más opiniones.
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En la presentación del informe anual 2009, el ombudsman propone crear una Carta de Deberes de las Personas
HRW advierte que el único militar sentenciado por el homicidio de un civil apenas recibió una condena de 9 meses.
Después de que el nuevo titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentara ante legisladores su informe anual 2007, en el que se puede destacar su petición de que se amplíen las facultades de dicho organismo no jurisdiccional, así como la solicitud de que se sancione penalmente a los funcionarios que no atiendan sus recomendaciones, el organismo internacional Human Rigths Watch, a través de su Director Ejecutivo para la División de las Américas José Miguel Vivanco, aprovechó para felicitarle por su nombramiento y reiterarle algunas sugerencias relacionadas con el tema de los abusos militares contra civiles y su juzgamiento en el ámbito de la justicia castrense.
En cuanto al Informe 2009 de la CNDH –que hasta el momento de cierre de esta edición no se había publicado en la página web del organismo– sólo se puede decir lo que refiere el comunicado de prensa oficial y que se reduce a cifras como que la CNDH “ofreció más de 45 mil servicios, atendió 7,703 expedientes de queja y emitió 78 Recomendaciones específicas a más de 100 autoridades e instancias federales y locales”. Igualmente se destacan a las autoridades que no aceptaron las recomendaciones y que fueron “los titulares de los poderes ejecutivos de Guanajuato, Guerrero, Morelos y Oaxaca, y el jefe de Gobierno del Distrito Federal”. En el acto el ombudsman convocó a la realización de unas jornadas por “la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho” de las cuales emanaría una “Carta de Deberes de las Personas, que clarifique los deberes y responsabilidades de todos.” En comunicación con el área de comunicación social de la CNDH se afirmó que el informe es público y se atribuyó su no difusión a cuestiones técnicas. Ofrecieron enviar al Sididh la versión electrónica el día de hoy.
En cuanto a la carta enviada por HRW a la CNDH, el organismo se congratula por las propuestas del ombudsman y señala que están en la línea de las recomendaciones realizadas en el marco del informe de HRW sobre la CNDH, mismo que fue ampliamente descalificado por el anterior titular de la CNDH. Sin embargo, en su punto más relevante, recuerda que la misma CNDH ha documentado ampliamente los abusos por parte del Ejército contra civiles y destaca que “si bien como resultado de algunas de estas recomendaciones la Secretaría de la Defensa Nacional ha llegado a indemnizar a algunas víctimas y familiares, no ha investigado penalmente y sancionado a los responsables de los abusos”. En este sentido señala que una de las fallas más graves de las recomendaciones emitidas por la CNDH ha sido que “ha indicado sistemáticamente que los militares deben investigarse a sí mismos, pese a que los tribunales militares mexicanos carecen de independencia e imparcialidad”.
Advierte que según datos que la misma Secretaría de Gobernación le ha proporcionado “durante los tres años del gobierno del Presidente Calderón los tribunales militares sólo han condenado a un oficial militar por un caso de violación de derechos humanos: un soldado que recibió una pena de 9 meses de prisión por haber disparado en un retén militar contra un civil, quien perdió la vida”. Finalmente felicita a la CNDH por el interés expresado en elaborar un informe sobre abusos militares y recalca el veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del caso Rosendo Radilla que obliga al Estado mexicano a modificar el artículo 57 del Código de Justicia Militar. En este sentido sugiere a la CNDH enviar una propuesta de modificación legislativa que, al menos, permita que las violaciones a DH por militares en contra de civiles sean juzgadas ante la justicia civil.
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El día de hoy tenemos alerta anaranjada porque la tendencia a la opacidad que crecientemente presenta el gobierno federal en distintos ámbitos de su acción, especialmente aquella relacionada con los temas de seguridad, resulta extremadamente preocupante porque se pretende que (argumentando la urgencia del tema) la ciudadanía renuncie a su derechos a la información en un tema cada vez más preocupantemente cruzado por abusos oficiales caracterizados por la impunidad. En este sentido organismos civiles llaman a acotar dicha tendencia.
