Videos Centro Prodh

Foro Cooperación Militar, Proceso Democrático y Derechos Humanos

Ediciones anteriores

Septiembre 2010
L M X J V S D
« Ago    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Miércoles 1 Septiembre 2010

Alerta roja / PDF Sididh # 226 / 1 de agosto de 2010

alerta_roja

El día de hoy tenemos alerta roja porque en Tabasco aumenta el número de feminicidios; es el segundo lugar después de Juárez. El Estado mexicano es condenable por la falta de acciones de prevención y acceso a la justicia para las víctimas y familiares de las mujeres que fueron asesinadas en esta entidad.

Para descargar la versión PDF de nuestra recopilación diaria favor de hacer click en la siguiente imagen

100901_sididh_226

Miércoles 1 Septiembre 2010

Tabasco: segundo lugar en Feminicidios

  • De enero de 2005 a mayo de 2010 se han registrado 147 asesinatos de mujeres de acuerdo a la relación entre población y número de casos.
  • El Estado no es inocente ante ello: la realidad lo condena por la falta de acciones de prevención y acceso a la justicia para las víctimas y familiares.

El feminicidio es una de las expresiones más contundentes de la violencia en Tabasco y en México. Esta situación en dicho estado, tan delicada y asfixiante, es poco conocida a profundidad. Aparece apenas en la nota roja como noticias desarticuladas y sangrientas. Es por ello que el Centro de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB) presenta a continuación la información arrojada en su investigación sobre los feminicidios de su entidad.

A raíz de la violencia hacia las mujeres en Ciudad Juárez, se comienza hablar del feminicidio en los medios de comunicación y a cobrar importancia debido a los patrones comunes que presentaban las mujeres asesinadas; previamente a su muerte fueron torturadas, violadas y muchas de ellas sufrieron mutilación.

No sólo en Ciudad Juárez las mujeres son víctimas de asesinato. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) reporta que en 2007, de las 21 entidades federativas que han rendido información sobre asesinatos a mujeres, el primer lugar lo ocupa el Estado de México con 161 homicidios, seguido por Michoacán con 86, Veracruz con 66, Guerrero con 60, Baja California con 50, Sinaloa con 47 y Tabasco con 38, entre otros. Es necesario  precisar que Chihuahua no brindó información.

En los casos de feminicidio se encuentra la ineficiencia e indiferencia en la resolución y esclarecimiento de los crímenes. Un ejemplo es el de Rosa Cecilia, quien fue asesinada por su esposo. A casi tres años del crimen, las autoridades aún no lo esclarecen, ni tampoco se ha abierto alguna investigación por homicidio calificado en contra de Ricardo Pérez Alejandro, ex director del DIF de Paraíso. El Estado también ha dado muestras de brindar inmunidad a los asesinos, sobre todo donde están involucrados funcionarios públicos. En el afán por mostrar justicia ante los reclamos de la sociedad, se ha inculpado a personas inocentes, como sucedió en el caso de Ana Monserrat, quien murió quemada también a manos de su esposo.

Es importante subrayar que tanto la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco (PGJE) y PGR, autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, no reconocen el feminicidio y mucho menos lo aplican porque no se han hecho las reformas necesarias a los códigos correspondientes para integrar todo lo relacionado a dicho término, aún cuando existe la Ley General y Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LEAMVLV).

El hecho de que las dependencias de impartición de justicia no consideren aún el término feminicidio, indica que existe una permisividad al agresor por parte del Estado, por un lado, y falta de interés del ejecutivo y legislativo por hacer una adecuación al código penal que lo tipifique como delito, aún cuando los asesinatos están ocurriendo con más saña. Tal es el caso del triple homicidio suscitado en el municipio de Cárdenas en mayo de 2010, donde tres jóvenes fueron torturadas y una de ellas sufrió violación antes de ser asesinada. Otro caso muy grave es el de Edith Valladares, a quien mató el hombre con quien ella se negó  a sostener relaciones sexuales.

De 2005 a 2010 ocurrieron 130 homicidios dolosos de mujeres y 17 homicidios simples. La autoridad actúa muy lento en la impartición de justicia; reconocen que sólo logran resolver el 33% de los casos y que el proceso depende de la forma en cómo se de la integración de los mismos.

De los asesinatos ocurridos en 2008, se pueden ubicar al menos 12 casos con características de feminicidio; 14 en 2009 (entre ellos dos menores) y 7 hasta mayo de 2010. La edad de las mujeres oscila entre 20 y 40 años. Los municipios donde más ocurrieron asesinatos según las estadísticas registradas por CODEHUTAB son: Centro, Cunduacán, Centla y Huimanguillo.

El vacío de las leyes contribuye, en primer lugar, a reforzar el silencio y el olvido en beneficio de los agresores, asesinos y torturadores para seguir cometiendo todo tipo de actos violentos contra las mujeres, ya que no hay castigo para ellos. En segundo, no hay una política integral que  vaya encaminada a erradicar  la  violencia  contra las mujeres.

Ante esta situación,  el Comité de Derechos Humanos de Tabasco propone:

  • Que el Instituto Estatal de la Mujer de Tabasco (IEM) cree un área de investigación o trabajo social que se encargue de realizar diagnósticos sobre las causas estructurales que generan la inequidad de género para elaborar líneas de acción estratégicas encaminadas a disminuir y erradicar   la   violencia de género.
  • Que las Direcciones de Atención a las Mujeres (DAMs) cuenten con un cuerpo de abogadas y abogados suficientes para no sólo reducir el servicio a simples asesorías, y asuman la representación legal de las víctimas ante   la   procuraduría y ante los juzgados.
  • Que el Congreso del estado de Tabasco, a la brevedad, realice las modificaciones a los códigos civil y penal que aseguren a la mujer una vida libre de toda violencia.
  • Que el IEM, con las facultades que le corresponde tome cartas en el asunto y le haga llegar al Congreso, las modificaciones de reformas que se deben de hacer a los códigos para que a la brevedad se garantice el estricto cumplimiento de la LEAMVLV.
  • Que la Procuraduría cree, al menos en las cabeceras municipales de Tabasco, una Agencia especializada de delitos contra la mujer.
  • Que el IEM, el DIF, las DAM’s se articulen con las dependencias encargadas de impartición de justicia para capacitar al personal que atiende a las mujeres que son víctimas de violencia.
  • Que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dé un seguimiento puntual a las detenciones de supuestos agresores para que se castigue a los agresores y no a “chivos expiatorios” y promueva campañas periódicas para que las mujeres presenten su queja cuando la  autoridad  se  niegue a  tomar  su  denuncia  por violencia.
  • Que la CEDH haga público el total de casos en los que las autoridades impartidoras de justicia han entorpecido el proceso de denuncia.

Si el Estado continúa permitiendo esta expresión cruda de la violencia tanto familiar como institucional, estará siendo cómplice de la multiplicación de la violencia y de los asesinatos cometidos contra mujeres en el estado de Tabasco; por lo tanto, lo responsabilizamos de todas las violaciones que se deriven de su falta de interés.

Lunes 30 Agosto 2010

Raúl Hernández libre

El 27 de agosto se recibió la noticia de la liberación del preso de conciencia Raúl Hernández quien llevaba más de dos años encarcelado en el estado de Guerrero, detenido bajo cargos fabricados.

El defensor de derechos humanos fue arrestado injustamente y acusado del asesinato de Alejandro Feliciano García el 1° de enero de 2008 en la comunidad El Camalote, Guerrero. Sin embargo, las declaraciones de los testigos oculares que establecían que Raúl no se encontraba presente cuando ocurrió el asesinato, no se tomaron en cuenta.  Amnistía Internacional hizo campaña por la liberación de Raúl Hernández desde noviembre de 2008, fecha en que fue adoptado como preso de conciencia.

Éste caso ilustra la vulnerabilidad en que se encuentran quienes defienden derechos humanos en México: detenciones indebidas y encarcelamiento por cargos penales falsos, acosos, intimidaciones, amenazas e incluso homicidios.

Martes 31 Agosto 2010

Alerta amarilla / PDF Sididh # 225 / 31 de agosto de 2010

alerta_amarilla

El día de hoy tenemos alerta amarilla porque el caso de Alberta y Teresa, mujeres ñhañhú de Querétaro que fueron acusadas injustamente y encarceladas por el supuesto secuestro de 6 agentes federales de investigación (AFIs) en 2006, compartieron sus testimonios en el evento: “Violar la presunción de inocencia ¿cuánto cuesta? Insumos para un México con Justicia.” Después de narrar su experiencia en la cárcel durante 3 años y 8 meses, y la posterior obtención de libertad, aún no han logrado la reparación del daño ni el respeto a la presunción de su inocencia.

Para descargar la versión PDF de nuestra recopilación diaria favor de hacer click en la siguiente imagen

100831_sididh_225

Martes 31 Agosto 2010

El caso de Alberta y Teresa y la violación a la presunción de inocencia

Liliana Zaragoza/Centro Prodh

El pasado 26 de agosto, en el marco de la presentación editorial de cinco libros del Proyecto Presunción de Inocencia en México de Open Society Justice Iniciative, se llevó a cabo una tarde de páneles bajo el nombre: “Violar la presunción de inocencia ¿cuánto cuesta? Insumos para un México con Justicia”, en la Casa del Risco de la Ciudad de México.

Alberta y Teresa, mujeres ñhañhú de Querétaro, presentaron sus testimonios, acompañadas de Gabriel, esposo de Teresa, y Andrés Díaz, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con la moderación de Carlos Puig, periodista de W Radio.

Los hechos

El representante del Centro Prodh narró cómo el 26 de marzo de 2006, seis agentes federales de investigación (AFIs) llegaron al poblado de Santiago Mezquititlán, Querétaro, al tianguis dominical, en el que estas personas realizaron una serie de hostigamientos, abusos y daños contra el pueblo; no estaban en servicio ni uniformados. Entre los puestos, estaba el que atendía Gabriel -esposo de Teresa y hermano de Alberta- y ellas le ayudaban.

Los habitantes comenzaron a manifestar su molestia y exigir la reparación de los daños puesto que los agentes ocasionaron destrozos y maltrato de mercancías. Por ello, Alberta y Teresa fueron acusadas de secuestro: se dijo que habían retenido, secuestrado y pedido el rescate de seis Agentes Federales de Investigación, quienes por cierto, estaban armados. El Centro Prodh asumió la defensa de las mujeres acusadas y sentenciadas por los hechos: primero de Jacinta y luego de Alberta y Teresa.

En septiembre de 2009, Jacinta obtuvo su libertad. La Procuraduría General de la República mandó conclusiones no acusatorias. Siguió el caso de Alberta y Teresa, quienes permanecían los mismos días en prisión; el Prodh asumió su defensa después de la segunda sentencia del juez Rodolfo Pedraza del IV Distrito del Estado de Querétaro, mismo que es conocido por el Centro por casos de criminalización como el de la señora Conchi, que fue encarcelada por ofrecer agua para beber a migrantes centroamericanos.

Sus días contados desde adentro

Puig preguntó a Alberta y Teresa, a quienes sarcásticamente llamó “las mujeres más peligrosas de México”, cómo fueron esos años de cárcel y cómo se vive adentro. Alberta comentó que cuesta mucho estar en la cárcel, por el pago al abogado, los gastos que se generan dentro y el traslado para que su familia llegara al reclusorio, a 2 horas de su casa.

Teresa habló sobre sus compañeras en el Cereso: las que se mostraron solidarias desde el principio y las que las discriminaron por ser indígenas, cosa que se fue modificando con el tiempo. Hizo hincapié en cómo muchas siguen adentro y están pagando por cosas de las que fueron inculpadas y no cometieron, tal como les sucedió a ellas, como el caso de una mujer también indígena de un pueblo cercano al suyo que tenía a su niña adentro. Teresa ingresó a prisión con 8 meses y medio de embarazo. Permanecieron ahí 3 años y 8 meses.

Sobre estar privadas de su libertad, cuenta que no le podían decir a sus familias que no estaban bien; incluso, cuando las visitaban diputados y otras personas, ella les decía: “como quisiera que ustedes tan sólo un día pasaran aquí para que vieran lo que nosotras sufrimos de estar adentro, porque no es sólo estar ahí sino que es no estar con nuestras familias”, y agregó que varios sólo las iban a ver para ganar posición afuera. El tiempo que ahí pasaron perdieron a varias personas que querían mucho y de las que nunca pudieron despedirse.

Gabriel contó sobre la experiencia de tener a su familia en la cárcel: “Se venía el día de visita y uno se preguntaba: ¿Cómo le haré hoy? ¿Dónde sacaré dinero para visitarlas? ¿Dónde conseguiré un trabajo? Porque tienes que tener uno temporal para poder ir de arriba para abajo. ¿Cómo tocar puertas si nadie te las abre? Eso fue muy difícil.”

Su liberación

La Suprema Corte llevó el caso de estas mujeres a la primera sala. El 28 de abril de 2010 fueron absueltas de todos los cargos y desde ese día gozan de su libertad.

“El regreso ha sido difícil, sobre todo por la adaptación al pueblo, volver a trabajar y pagar lo que debemos mientras estuvimos en la cárcel” dijo Alberta, mientras que Teresa habló sobre las familias: “cuando estábamos allá, les preguntábamos que cuánto gastaban y se quedaban callados porque no querían preocuparnos”; fue aún más complicado para ella por tener a su hija pequeña creciendo a su lado, encerrada.

La reparación del daño

Nula. Así es como denuncia Andrés Díaz a esta cultura de la que carece México. Más en casos en los que hubo un error judicial o proceso penal; en el de Alberta y Teresa, aún no la hay por resultar finalmente absueltas. Afirma que fueron dos sentencias: “no solamente la injusta averiguación previa por parte del Ministerio Público, de la Federación y los AFIs, sino dos sentencias que el juez consideró diciendo: -bueno, sí hay elementos para que haya un delito de secuestro y ellas son responsables-, con lo cual la Suprema Corte en su primera sala tuvo que enmendar la plana.”

El Centro Prodh intentará la reparación mediante el recurso de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado que entró en vigor en 2005 y se ha tenido reformas hasta el 2009. “No sólo se acota a la cuestión monetaria; una reparación debida al daño debe contemplar la investigación y sanción a los responsables que hicieron estas violaciones a los derechos humanos y también que se empape la ley de la presunción de inocencia”, concluyó el abogado.

Lunes 30 Agosto 2010

Alerta amarilla / PDF Sididh # 224 / 30 de agosto de 2010


alerta_amarilla

El día de hoy tenemos alerta amarilla porque los sobrevivientes de las minas de Pasta de Conchos dieron su testimonio y lo comparten a través de un boletín en el que relatan detalladamente la negligencia sistemática del gobierno mexicano en cuanto a las leyes y reglamentos que debieran regular la explotación del carbón. Por otro lado, nos unimos a la celebración por la liberación del defensor de derechos humanos en Guerrero, Raúl Hernández, el pasado 27 de agosto, quien fue encarcelado bajo cargos fabricados y declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional en noviembre de 2008.

100830_sididh_224

Lunes 30 Agosto 2010

Testimonios de los sobrevivientes de las minas de carbón de Pasta de Conchos

El pasado 20 de mayo del presente año, la Organización Familia Pasta de Conchos, entregó un informe complementario sobre Pasta de Conchos en las Oficinas de la OIT, en el que probamos que el siniestro en la Mina 8, no fue un hecho aislado, sino el resultado de la sistemática negligencia del Gobierno Mexicano en la aplicación de las leyes y reglamentos que deben regular la exploración y explotación del carbón.

Ese mismo día, se siniestraba otra mina de carbón, el pocito conocido como Vertical 4, en donde fallece Jesús García Ayala, y es rescatado con vida, Francisco Castillo Zamora –aquí presente-, quien trabajaba con ese mismo patrón desde los 16 años. Se trabajaban turnos de 11 y 12 horas, pagados a destajo. Francisco ganaba 400 pesos diarios. Del pago semanal, se les “descontaban 10 pesos por tonelada” a cada trabajador, para que tuvieran dinero al ser “despedidos”. En la devolución del dinero retenido, se “incluía el aguinaldo”. Es decir, con su propio salario se auto-liquidan y auto-pagan aguinaldo. La mayoría de los trabajadores eran traídos de San Luis Potosí y no estaban capacitados para minería del carbón; vivían en una casa rentada por el mismo patrón, comprometido en proporcionar los alimentos para los trabajadores que venían fuera, pero que para el miércoles ya no los había. Ellos ponían lo que faltaba cuando tenían el dinero o se quedaban dos días sin comer. La persona que les preparaba los alimentos también era pagada por los trabajadores. Trabajan menores de edad, prueba de ello, es el mismo Francisco. Sin baños, ni regaderas, ni agua potable; ni un ingeniero responsable; ni mapas. Ante la llegada de los inspectores de la STPS, los menores de edad eran escondidos en el monte o se les daba el rato libre; removían la fortificación de la mina para aparentar que la estructura estaba acorde con las normas y terminada la inspección, volvían a separarla. Nunca tuvieron acceso a las actas de inspección, emplazamientos o actas de verificación porque se las negó el Delegado del Trabajo de la STPS en Coahuila. No estaban sindicalizados, ni se hizo presente el sindicato en el siniestro.

En la clínica del IMSS de Nueva Rosita, en donde fue internado Francisco, se le diagnostica la ruptura de 7 costillas y lastimado el oído izquierdo. Para evitar “la salida de líquido”, se le manda reposo absoluto. Se le negó la atención al desvío de la columna vertebral y de los hombros, con el argumento de que “eso era de nacimiento”. Fue dado de alta a los 15 días y se le incapacitó por 28. Cada vez que las incapacidades se le terminaban, tenía que ir para “rogar” que no lo mandaran a trabajar porque no podía ni sostenerse de pie. Al agotarse los 51 días de incapacidades, Francisco se presentó con su patrón Jorge García y fue despedido. No fue liquidado conforme a derecho y de los “descuentos a su salario de 10 pesos por cada tonelada” que se les hace y que el pagó en la semana en que se siniestró, el patrón le descontó “los gastos que había hecho por su accidente”. Francisco, de 25 años, salió de la entrevista con el patrón con 1,500 pesos por 9 años de trabajo. Ese mismo día fue dado de baja en el IMSS. Desde esta semana, por gestiones independientes, está siendo nuevamente valorado en los hospitales de especialidades del IMSS, en la Ciudad de México, debido a que además de las 7 costillas rotas, tiene fractura de cráneo y oído interno del lado izquierdo; pérdida de audición en un 50% y escucha de ruidos; desviación de la columna vertebral que le impide agacharse, estar de pie o sentado por mucho tiempo; dolor agudo en el pecho y estómago; desviación en el eje de los hombros (en el siniestro, un golpe en la clavícula izquierda le dejó un hombro más levantado); y el pecho le “truena” cuando gira la cabeza. La próxima semana será valorado en el Hospital de Traumatología del IMSS de Lomas Verdes.

El pasado 30 de julio, como informamos, se inundó el pocito Boker. Fueron rescatados, ese mismo día, 12 de los 14 mineros atrapados. Dos de ellos, José René Pérez Zúñiga –aquí presente- y Marco Antonio Cruz Martínez, fueron ingresados en la clínica del IMSS de Nueva Rosita, Coah. Gracias a la solidaridad y esfuerzo de las cuadrillas de rescate de AHMSA, de otras empresas, de los mineros de la región y de sus propios compañeros de trabajo, el 6 de agosto, luego de una semana, fueron rescatados, Ramón Sánchez Arellano y Plutarco Ruiz Loredo –aquí presente. Lamentablemente, Ramón falleció. Plutarco, fue ingresado al IMSS de Nueva Rosita. Como lo denunciamos en su momento, el pocito el Boker, no tenía planos, ni un ingeniero responsable, ni condiciones de seguridad, ni dotaba a los trabajadores de equipo personal de seguridad, y trabajan menores de edad desde los 13 años. No estaban sindicalizados, ni se hizo presente el sindicato en el siniestro. Los trabajadores nunca vieron a los inspectores de la STPS. Al momento del siniestro, los trabajadores no estaban dados de alta en el IMSS. Horas después del siniestro, el patrón los da de alta como lo permite el sistema, con 3 ó 4 días previos a la fecha de la alta, con un salario en pantalla de 75.53 pesos y en la hoja que les entregan a los sobrevivientes con 110 pesos, cuando ellos ganaban semanalmente entre 1,600 y 1,900 pesos.

En la Clínica del IMSS de Nueva Rosita, donde fue atendido José René, se le determinó únicamente fractura en 5 costillas, el mismo viernes 30 que ingresó. El sábado por la noche “una enfermera” le comunicó que ingresaría a cirugía para ser operado de las costillas. René se negó debido a que sabía que las costillas no se operan. No vuelve a ver a ningún doctor hasta el lunes en que es dado de alta. Sin embargo, debe permanecer un día más porque debe esperar a que “la ambulancia de Barroterán –el poblado más cercano a La Florida donde él vive-, haga un traslado para “aprovechar el viaje”. A pesar de quejarse de dolor en la espalda, se le negó la atención al problema de la columna con el argumento de que “era desgaste natural”. Se le incapacitó por 28 días. Desde esta semana, por gestiones independientes, está siendo nuevamente valorado en los hospitales de especialidades del IMSS, en la Cd de México, y se ha identificado que además de las 5 cotillas rotas, es diabético e hipertenso. La próxima, será atendido en el Hospital de Traumatología del IMSS de Lomas Verdes.

La Clínica del IMSS de Nueva Rosita, donde fue atendido Plutarco después de estar 7 días atrapado en el Pocito Boker, lo da de alta y lo envía al psiquiatra en Monclova “porque reiteradamente habla de lo que le pasó”. Desde que Plutarco ingresó a la Clínica del IMSS, pidió ser pensionado debido a que es la tercera vez que sufre un siniestro en pocitos de carbón –ha sobrevivido a la caída de un cable de acero desde una altura de 80m que al quitarse de dónde estaba afortunadamente sólo le lastimó las manos; sobrevivió también a una explosión de gas de metano. Se le dijo que la única opción que tenía para ser pensionado era convencer al psiquiatra de que había quedado mal de sus facultades. Se le otorga una incapacidad por 28 días, en los cuales quedan incluidos los 7 días que estuvo atrapado en el socavón. El psiquiatra, de la misma manera que hicieron con los sobrevivientes de Pasta de Conchos, le administró sedantes para que estuviera dormido y “se relajara”. Por gestiones independientes,  Plutarco está siendo valorado en los hospitales de especialidades del IMSS, en la Cd de México.

Este es el resultado de la negligencia de la Delegación Federal en Coahuila de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), debido a que sus inspectores mienten en las inspecciones sobre las condiciones de las minas y pocitos de carbón y dejan que las empresas les mientan sin verificar la información otorgada. La PROFEDET de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), porque no da la asesoría a los trabajadores para evitar la afectación de sus derechos, ni personal jurídico que los atienda, lo que permite que se liquiden con 2 mil 500 pesos renunciando a sus derechos. La Secretaría de Economía y la Dirección General de Minas y su delegación en Coahuila que se niegan permanentemente a transparentar la información sobre las concesiones y se niegan a sancionar a quienes violentan sus propias normas y reglamentos. La SEMARNAP que otorga permisos ambientales sin verificar ni sancionar jamás a ninguna empresa por el enorme daño ecológico de la región carbonífera. El Instituto Mexicano del Seguro Social que otorga pensiones de 2,600 pesos a viudas con tres hijos y no sanciona a los patrones quienes permanentemente la defraudan. Las Clínicas del IMSS de la región carbonífera –La Florida, Barroterán, Progreso y Nueva Rosita-, que niegan el derecho a la salud de manera sistemática a los mineros del carbón y sus familias. El Gobierno del Estado de Coahuila, que por medio de PRODEMI compra el carbón a los dueños de los pocitos y lo vende a Comisión Federal de Electricidad obteniendo ganancias que no se sabe a qué se destinan. La CFE que determina con el Gobierno de Coahuila, a empresas mineras del carbón para las carbo-eléctricas, sin importar si son legales, si saquean a la nación con minas clandestinas, sin importarle la muerte y el sufrimiento de los que deberían ser sus trabajadores debido a que nadie más utiliza ese carbón. La H. Cámara de Senadores que tiene Convenios por ratificar ante la OIT desde hace 50 años. La H. Cámara de Diputados, la H. Cámara de Senadores, la STPS y la Secretaria de Energía, que han impulsado y aprobado la iniciativa de algunas empresas mineras del carbón para la venta del gas asociado al carbón. Vender el gas asociado al carbón, no hace más seguras las minas, sino las utilidades de las empresas, las cuales están obligadas por ley a ventilar las minas de carbón. Han aprobado los Reglamentos y se otorgan las concesiones sin que exista ni siquiera una norma de seguridad e higiene para quienes harán ese trabajo; La Comisión Nacional de los Derechos Humanos que tarda más de un año en emitir Recomendaciones de expedientes que ya tiene concluidos. Los sindicatos que son de protección y que ni siquiera conocen los trabajadores y al sindicato minero que en ningún caso documentado, tiene voluntad ni ingerencia para la defensa de los trabajadores.

Durante estos cuatro años y medio desde el siniestro en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, hemos sostenido que nuestro acompañamiento a las familias que deciden rescatar la memoria y la dignidad de su familiar fallecido en las minas de carbón, tiene como único fin, exigir al Estado cumplir con su obligación de tutelar y proteger los derechos de los mineros del carbón y sus familias, precisamente, para que a los mineros del carbón se les garanticen condiciones laborales dignas. La negligencia, la corrupción y las complicidades de Grupo México, empresas y patrones de la región carbonífera con el Gobierno, es la misma en todos los casos. De ello da cuenta el informe que entregamos en mayo pasado a la OIT. Nos complacemos en informar que la OIT ha respondido y dicho que acepta el informe presentado por nuestra organización sobre la situación que guarda la región carbonífera del pasado 20 de mayo del presente año como un nuevo Reclamo contra el Gobierno Mexicano.

La Organización Familia Pasta de Conchos celebra y agradece la valentía de Francisco Castillo, sobreviviente del Pocito Vertical 4, de José René Pérez y Plutarco Ruiz, sobrevivientes del pocito el Boker, por haber tomado la decisión de emplazar al Gobierno Mexicano para que responda por lo que ellos, los mineros siniestrados y que sobreviven a la voracidad de las empresas y la negligencia del Estado, viven de manera cotidiana en las minas y pocitos de carbón en Coahuila.

A una voz, ¡Rescate ya!
Contacto: familiapastadeconchos@gmail.com

Viernes 27 Agosto 2010

Alerta roja / PDF Sididh # 223 / 27 de agosto de 2010

alerta_roja

El día de hoy tenemos alerta roja porque acaba de terminar la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, los Campesinos ecologistas. El boletín que el Centro Prodh emitirá con la información completa sobre lo acontecido durante ayer y hoy, se publicará en la página de inicio de nuestra web.

Para descargar la versión PDF de nuestra recopilación diaria favor de hacer click en la siguiente imagen

100827_sididh_223

Viernes 27 Agosto 2010

La voz de Rodolfo Montiel y los campesinos ecologistas se escucha en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

“¿Qué delito tienen los árboles? ¿Por qué tanto coraje contra quienes los defendemos?
¿No saben en las oficinas que los campesinos les damos de comer?”

Rodolfo Montiel. Audiencia Corte IDH, San José, Costa Rica a 26 de agosto de 2010.

El día de ayer dio inicio la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, conocido como el caso Campesinos Ecologistas en San José, Costa Rica. Esto responde a lo emitido por la Comisión IDH el 24 de junio de 2009, luego de que el gobierno de Felipe Calderón, en representación del Estado mexicano, no acató recomendaciones hechas con anterioridad sobre una investigación para sancionar a los responsables de la tortura y que ésta se llevara a cabo en instancias civiles y no militares. La audiencia concluirá hoy.

Rodolfo y Teodoro, detenidos en mayo de 1999, fueron retenidos y torturados por militares que obtuvieron de ellos confesiones autoinculpatorias por delitos fabricados. El objetivo de la detención era claro: apalear a la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán por su resistencia exitosa a la tala de los bosques. Durante un proceso irregular fueron numerosas las voces que se sumaron a su defensa y se solidarizaron con ellos. El 7 de noviembre de 2001 el ejecutivo federal ordenó su liberación por “razones humanitarias” pero no reconoció la inocencia de ambos ni la existencia de violaciones a sus derechos humanos. El 25 de octubre de 2001, días antes de su liberación, por considerar que en México no existían los recursos idóneos y efectivos para lograr la investigación de la tortura y el acceso a la justicia, el caso fue presentado por la defensa, el Centro Prodh, y otras organizaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia se basó en que hubo violación a diversos derechos humanos consagrados en la Convención Americana.

La representación de las víctimas estuvo encabezada por Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y Alejandra Nuñó, del Centro de Justicia y Derecho Internacional (Cejil); mientras que por la CIDH, Rodrigo Escobar Gil. El Estado mexicano estuvo representado por el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín.

La Comisión IDH inició argumentando las causas por las que considera que el Estado mexicano violó diversos artículos de la Convención Americana. Señaló que el fuero militar ha sido indebidamente extendido en cuanto a las denuncias de tortura por parte de Rodolfo y Teodoro, pues éstas sobrepasan cualquier función de defensa y seguridad que el fuero militar hubiera argumentado. El hecho de que los jueces del fuero militar sean militares en activo torna ilusorio el requisito de imparcialidad.

La Comisión IDH solicitó al Estado que declara violación a los artículos 5, 7, 8 y 25. También reiteró la demanda presentada a la Corte.

Rodolfo Montiel agradeció a Dios y a la Corte por permitirle hablar de viva voz sobre el viacrucis que ha venido viviendo como consecuencia de su lucha a favor de los bosques. Dió detalles de la fundación de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP) y de sus actividades para defender bosques e impedir explotación irracional.

Narró el traslado en helicóptero y cómo estuvo 5 días con militares hasta que le obligaron a “ratificar” declaraciones que no hizo. Pide a la Corte castigo para los torturadores, garantías para él y su familia, desmilitarización de Guerrero y México. El Estado, luego de escucharlo, no tuvo preguntas para Rodolfo.

“Nosotros no estamos en contra de nuestra madre, estamos por la vida, cuidando y preservando los bosques. Entonces, ¿por qué ese ataque a los ecologistas?”, señaló.

La defensa afirmó que el Estado debió de haber absuelto a los ecologistas por principio de presunción de inocencia, sin embargo, éste prefirió usar pruebas ilícitas para condenarlos.

El Estado inició por afirmar que la responsabilidad penal de Rodolfo y Teodoro no está en duda. Igualmente afirmó que el caso no guarda relación alguna con justicia militar, pues denuncias de tortura fueron atendidas por tribunales civiles. El estado negó todas las irregularidades del caso y afirma que los campesinos ecologistas tuvieron defensa adecuada y contacto con familiares. Terminó con sus alegatos pidiendo desestimar todas las solicitudes de reparación del daño.

La audiencia continuó.

Para conocer la información completa sobre la audiencia en la Corte IDH, en unas horas emitiremos un boletín desde el Centro Prodh que aparecerá publicado en nuestra página web.

Jueves 26 Agosto 2010

Alerta roja / PDF Sididh # 222 / 26 de agosto de 2010

alerta_roja

El día de hoy tenemos alerta roja porque el 24 de agosto fueron masacradas 72 personas migrantes sin documentos -58 hombres y 14 mujeres- quienes se dirigían hacia la frontera norte del país. Fueron plagiadas por una célula de la delincuencia organizada; trasladadas a una finca y acribilladas por negarse a ser extorsionadas y reclutadas por parte de los criminales. Hasta la fecha, la respuesta que el gobierno federal ha brindado sobre la temática, se ha limitado a un informe enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que intenta negar la dimensión de la tragedia.

Para descargar la versión PDF de nuestra recopilación diaria favor de hacer click en la siguiente imagen

100824_sididh_222

Jueves 26 Agosto 2010

Masacre de 72 personas migrantes indocumentadas

  • Los efectos de la nociva política migratoria del Estado mexicano y la falta de prevención de las actividades ilícitas cometidas en su agravio.

México, D.F., 25 de agosto de 2010

El día 24 de agosto fueron masacradas 72 personas migrantes sin documentos -58 hombres y 14 mujeres- en un rancho ubicado a las afueras del municipio de San Fernando, Tamaulipas. Según la información consignada en diversos medios de comunicación, a partir del testimonio brindado por uno de los sobrevivientes de origen ecuatoriano, se ha corroborado que 75 personas migrantes indocumentadas de diversos países de Centro y Sudamérica, quienes se dirigían hacia la frontera norte del país, fueron plagiadas por una célula de la delincuencia organizada; trasladadas a una finca y acribilladas por negarse a ser extorsionadas y reclutadas por parte de los criminales.

Por los frecuentes testimonios de las personas migrantes víctimas de secuestro, que desde hace mas de dos años y medio distintas organizaciones de la sociedad civil hemos venido documentando y denunciando, podemos afirmar que la masacre cometida en contra de 58 hombres y 14 mujeres en situación migratoria irregular no es un suceso aislado. Es una muestra clara de cómo se agudiza la violencia ejercida en contra de los y las migrantes por parte de agentes del Estado y particulares. En este y en otros casos, hemos constatado como las acciones de secuestro a personas migrantes se dirigen no sólo a solicitar rescate sino a someterlos a condiciones de explotación laboral y sexual, y para fines ilícitos.

Cabe señalar que el delito de secuestro cometido contra migrantes es un hecho grave que se suma a los abusos perpetrados tanto por servidores públicos, como por miembros de la delincuencia organizada y común. Estas violaciones sistemáticas a los derechos de las personas migrantes son consecuencia de la falta de enfoque de derechos humanos en la política migratoria; la precariedad institucional; la criminalización de facto de la migración en situación irregular; y la corrupción y la impunidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Hasta la fecha, la respuesta que el gobierno federal ha brindado sobre la temática, se ha limitado a un informe enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que intenta negar la dimensión de la tragedia. Sin embargo, esta postura contrasta con las recientes declaraciones del vocero de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Poiré, en el sentido de que el gobierno federal tiene conocimiento del delito de secuestro a migrantes y de los fines para los cuales el crimen organizado utiliza a esta vulnerable población. En relación a estos indignantes hechos que marcarán infamemente en la historia de este país, el mencionado funcionario trata de disminuir la magnitud de la masacre afirmando que es una muestra de que la delincuencia organizada esta siendo golpeada por el gobierno. Una vez más, las vidas de las personas migrantes pasan a segundo término cuando se trata de justificar la ineficacia y negligencia gubernamental.

Ante esta situación, las organizaciones abajo firmantes reprobamos y condenamos aquellas situaciones que violan los derechos humanos de las personas migrantes y atentan contra su vida, su dignidad y su seguridad; en concreto, estos hechos criminales alentados por la negligencia del Estado en los que perdieran la vida 72 personas migrantes. Por lo tanto:

Exigimos al Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, que reconozca la tragedia del secuestro sistemático a personas migrantes y en concordancia con ello, impulse una agenda de trabajo interinstitucional con enfoque de derechos humanos, encaminada a terminar con la problemática.

Demandamos a la titular de la Unidad para la Promoción y Defensa  de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Omeheira López Reyna, atienda la solicitud del Relator para Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Felipe González, de realizar una visita in loco a territorio mexicano, con el objetivo de observar las condiciones del tránsito de las personas migrantes.

Exigimos a la Comisionada, Cecilia Romero Castillo, y al delegado regional de Tamaulipas, Aurelio Gerardo Alamán Bueno, del Instituto Nacional de Migración, que velen por la protección de la víctima y por una justa reparación del daño. Asimismo, que garanticen a todas las víctimas extranjeras el derecho a la notificación consular ;

Exigimos a las autoridades ministeriales que dicten todas las medidas precautorias encaminadas a salvaguardar la vida de la víctima y que procedan con celeridad en la investigación de los hechos; el reconocimiento de los cuerpos; y la persecución y aprehensión de los responsables con la finalidad de garantizar un pronto acceso a la justicia;

Solicitamos al V Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Fernando Batista, que tome conocimiento de los graves hechos sucedidos y salvaguarde los derechos humanos de la víctima;

Manifestamos la urgente necesidad de modificar el enfoque actual de la política migratoria cuya consecuencia es la perpetuación de la violencia, la sistemática generación de víctimas invisibles y, como en este caso, la masacre de 72 persona;

Las organizaciones firmantes y peticionarias ante la CIDH son:

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Casa del Migrante de Saltillo, el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, la Casa del Migrante Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, Dimensión de la Pastoral de la Movilidad Humana, el Servicio Jesuita a Migrantes México, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y el Servicio Jesuita de Jóvenes Voluntarios. Apoya el pronunciamiento el Centro de Derechos Humanos del Migrante.sa de la Corte desde el 16 de diciembre de 1998.

Miércoles 25 Agosto 2010

Alerta roja / PDF Sididh # 221 / 25 de agosto de 2010

alerta_roja

Para descargar la versión PDF de nuestra recopilación diaria favor de hacer click en la siguiente imagen

100825_sididh_221

Martes 24 Agosto 2010

Alerta roja / PDF Sididh # 220 / 24 de agosto de 2010

alerta_roja

Para descargar la versión PDF de nuestra recopilación diaria favor de hacer click en la siguiente imagen

100824_sididh_220

Lunes 23 Agosto 2010

Alerta roja / PDF Sididh # 219 / 23 de agosto de 2010

alerta_roja

Para descargar la versión PDF de nuestra recopilación diaria favor de hacer click en la siguiente imagen

100823_sididh_219

Viernes 20 Agosto 2010

Actualización semanal de 2010-08-20

  • Rueda de prensa de la coordinaora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua (Oaxaca, 10.00 am) (Broadcasting live at http://ustre.am/gEpb) #
  • En Vivo – Rueda de Prensa de la Coordinadora de Pueblos Unidos por la defensa del Agua (Broadcasting live at http://ustre.am/gEpb) #
  • Desde Oaxaca – Rueda de Prensa de la Coordinadora de Pueblos Unidos por la defensa del Agua (Broadcasting live at http://ustre.am/gEpb) #
  • Conferencia de prensa preliminar a la audiencia ante la CIDH del caso Campesinos Ecologistas. (Broadcasting live at http://ustre.am/gEpb) #
  • Rueda de prensa de la Coordinadora de Pueblos Unidos por la Defensa del Agua, Oaxaca (Broadcasting live at http://ustre.am/gEpb) #