{"id":972,"date":"2019-11-24T03:24:38","date_gmt":"2019-11-24T09:24:38","guid":{"rendered":"http:\/\/centroprodh.org.mx\/rompiendoelsilencio\/?post_type=avada_portfolio&p=972"},"modified":"2019-12-16T16:41:16","modified_gmt":"2019-12-16T22:41:16","slug":"mujeres-de-atenco","status":"publish","type":"avada_portfolio","link":"http:\/\/centroprodh.org.mx\/rompiendoelsilencio\/portfolio\/mujeres-de-atenco\/","title":{"rendered":"Mujeres de Atenco"},"content":{"rendered":"

Los d\u00edas 3 y 4 de mayo de 2006<\/strong> aproximadamente 700 elementos de la Polic\u00eda Federal Preventiva (PFP)<\/strong> y 1,815 agentes municipales<\/strong> y estatales<\/strong> implementaron un operativo en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de M\u00e9xico<\/strong> y ejercieron una brutal represi\u00f3n contra activistas y personas solidarias con el proceso social del Frente de Pueblos en defensa de la Tierra (FPDT)<\/strong>. El conflicto del segundo d\u00eda surgi\u00f3 por la agresi\u00f3n policial contra un grupo de floristas, pero gener\u00f3 una reacci\u00f3n totalmente desproporcionada por parte del Estado.<\/p>\n

Como consecuencia del uso excesivo de la fuerza murieron dos j\u00f3venes: Francisco Javier Cort\u00e9s Santiago (de 14 a\u00f1os de edad) y el universitario Ollin Alexis Benhumea. Adem\u00e1s, fueron detenidas y torturadas 217 personas, entre integrantes del (FPDT) (que organizaron la resistencia contra el proyecto aeroportuario del Gobierno federal en sus tierras), colectivos solidarios e incluso personas sin militancia alguna atrapadas en medio del operativo.<\/p>\n

Entre los detenidos hubo 47 mujeres, quienes en el interior de los veh\u00edculos utilizados para trasladar a los detenidos a un centro de reclusi\u00f3n, en su mayor\u00eda, sufrieron tortura sexual a manos de los polic\u00edas.<\/p>\n

\u00c9stos aprovecharon la situaci\u00f3n de incomunicaci\u00f3n y vulnerabilidad de las detenidas bajo su custodia para cometer agresiones de naturaleza sexual, golpes y abuso f\u00edsico; as\u00ed como amenazas de muerte y de hacer da\u00f1o a sus familias. 26 de las mujeres reportaron estas agresiones al ingresar al CERESO de \u201cSantiaguito\u201d<\/strong> sin que fueran atendidas debidamente. Los hechos fueron denunciados y la tortura fue documentada por expertos de la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)<\/strong> y del Colectivo contra la tortura y la impunidad<\/strong>.<\/p>\n

Inicialmente s\u00f3lo 21 polic\u00edas estatales fueron consignados por \u201cabuso de autoridad\u201d, un delito menor (no grave) que se comete contra la administraci\u00f3n p\u00fablica; sin embargo, todos fueron absueltos. Un polic\u00eda estatal m\u00e1s fue condenado en mayo de 2008 por el delito no grave de \u201cactos libidinosos\u201d en perjuicio de una de las v\u00edctimas de agresi\u00f3n sexual; no obstante, con posterioridad el agresor tambi\u00e9n fue absuelto. Ante la falta de acceso a la justicia en instancias nacionales, 11 de las mujeres decidieron acudir a la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)<\/strong> para que examinara el caso.<\/p>\n

En el 2013<\/strong>, se lanz\u00f3 una campa\u00f1a en redes sociales titulada “Una foto por las mujeres de Atenco”<\/strong>, en la cual participaron m\u00e1s de 10 pa\u00edses expresando su solidaridad en el contexto de la audiencia ante la CIDH<\/strong> y recab\u00f3 alrededor de 400 fotograf\u00edas<\/strong>. Entre los pa\u00edses que respondieron a esta iniciativa est\u00e1n Alemania, Argentina, Colombia, Congo, Estados Unidos, Espa\u00f1a, Italia Reino Unido y aproximadamente 15 estados de la Rep\u00fablica Mexicana, entre otros.<\/p>\n

En diciembre de 2015<\/strong>, la CIDH<\/strong> adopt\u00f3 el Informe de Fondo<\/strong> que contiene sus conclusiones en el caso y que le dio la raz\u00f3n a las denunciantes al encontrar que sufrieron detenci\u00f3n ilegal y arbitraria, diversos actos de tortura f\u00edsica, psicol\u00f3gica y sexual, falta de debido proceso y denegaci\u00f3n de justicia.<\/p>\n

A pesar de lo anterior y de que el propio Estado reconoci\u00f3 parcialmente los hechos desde 2013, en los nueve meses siguientes a la notificaci\u00f3n del Informe de Fondo<\/strong> el Estado no mostr\u00f3 voluntad de hacer justicia, particularmente al no tomar acciones encaminadas a sancionar las responsabilidades por cadena de mando, la participaci\u00f3n de fuerzas federales en el operativo y las acciones y omisiones de altos funcionarios que hayan contribuido a la falta de esclarecimiento y sanci\u00f3n de los hechos. Por lo que en septiembre de 2016<\/strong>, la CIDH<\/strong> someti\u00f3 el caso a la jurisdicci\u00f3n de la \u00a0CoIDH<\/strong>.<\/p>\n

A m\u00e1s de 11 a\u00f1os de los hechos, no se ha emitido una sentencia condenatoria firme al respecto y los procesos penales en curso se limitan al fuero estatal y se desarrollan a partir de acusaciones en contra de cuatro decenas de agentes de bajo rango, sin abordar otras esferas y niveles de responsabilidad.<\/p>\n

En el a\u00f1o 2014<\/strong> fundaron la campa\u00f1a \u201cRompiendo el Silencio: Todas Juntas contra la Tortura Sexual<\/a>\u201d, que se ha vuelto un espacio de solidaridad para sobrevivientes de esta pr\u00e1ctica.<\/p>\n

El 28 de noviembre de 2018<\/strong>, la Corte Interamericana de Derechos Humanos<\/strong> adopt\u00f3 su sentencia en este caso, en la que declara la responsabilidad del Estado mexicano por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra las once mujeres, incluyendo detenciones arbitrarias; tortura f\u00edsica, psicol\u00f3gica y sexual; y falta de acceso a la justicia. La Corte IDH<\/strong> orden\u00f3 al Estado mexicano investigar y sancionar a todos los responsables de estos hechos a todos los niveles<\/strong>; fortalecer su mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres; y crear un observatorio independiente de las fuerzas policiales a nivel federal y del Estado de M\u00e9xico, as\u00ed como brindar medidas de atenci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n a las mujeres. La sentencia fue notificada a las partes el 21 de diciembre de 2018 y se encuentra en fase de supervisi\u00f3n de cumplimiento.<\/p>\n

A m\u00e1s de trece a\u00f1os de los hechos, est\u00e1n en curso diversos procesos penales en el Estado de M\u00e9xico contra agentes estatales de bajo rango, implicados como autores materiales de una parte de los hechos. Sin embargo, no existen sentencias condenatorias y ning\u00fan funcionario federal o de alto nivel ha sido llamado a rendir cuentas, por lo que la justicia sigue siendo una de las principales deudas pendientes del Estado en este caso paradigm\u00e1tico de represi\u00f3n y tortura.<\/p>\n<\/div>

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<\/i><\/i><\/span>FICHA DEL CASO<\/span><\/a><\/h4><\/div>
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A\u00d1O HECHOS:<\/strong> 2006 (mayo)
\nTEMAS:<\/strong> Seguridad ciudadana \/ Uso excesivo de la fuerza polic\u00eda \/ Tortura sexual \/ Mujeres \/ Violencia de g\u00e9nero \/ SIDH
\nVIOLACIONES IDENTIFICADAS:<\/strong> Uso excesivo de la fuerza p\u00fablica, detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y degradantes, tortura y agresiones sexuales en contra de las mujeres, violaci\u00f3n a las garant\u00edas de seguridad jur\u00eddica.
\nSTATUS:<\/strong> Las mujeres ganaron su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente la Corte IDH supervisa el cumplimiento de su\u00a0sentencia<\/a>\u00a0por el Estado mexicano<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

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