MEDIO: Proceso

AUTORÍA: Gloria Leticia Díaz

FECHA: 5 de mayo de 2014

 

MÉXICO, D.F. (apro).- Víctimas de abuso sexual por parte de elementos de fuerzas de seguridad del país convocaron a denunciar casos similares como parte de la campaña “Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual”, jornada que arrancó hoy a ocho años de las agresiones sufridas por mujeres en Atenco.

La mujeres agraviadas de Atenco, acompañadas por miembros de organizaciones civiles y el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, entre ellas Italia Méndez Moreno, Norma Jiménez Osorio y Edith Rosales Gutiérrez, además de Valentina Rosendo Cantú, beneficiaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y Claudia Medina Tamariz, violentada sexualmente por efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), denunciaron la persistencia de la tortura sexual como una práctica sistemática encaminada a “fabricar” culpables, así como a desactivar movimientos sociales.

El representante de la OACNUDH destacó que la tortura sexual “no es un error, pues ninguna autoridad se equivoca cuando viola a una mujer (…) No se viola porque se le ‘chispotea’ a alguien, no es un desliz, es una acción compleja”, acusó.

Al señalar que la subregión de México y Centroamérica ocupa segundo lugar en el mundo en niveles de violencia, sólo superada por la región sur de África, Hernández Valencia aseguró que el sometimiento sexual por parte de integrantes de fuerzas de seguridad “no es casual. Supone el colapso total de los sistemas de control, una imposición monumental de sistemas patriarcales”.

Ello revela, abundó, “que se acepte y tolere que se viole a mujeres como una suerte de cuota que se impone a ellas por el hecho de que viven aquí”.

Luego de puntualizar que el tema de los feminicidios se convirtió en un debate mundial hace 20 años, al divulgarse la historia de las “muertas de Ciudad Juárez”, Hernández Valencia resaltó que en México la violencia contra las mujeres “es una epidemia” en la que “se les mata, se les tortura y, cuando sobreviven, no tienen condiciones favorables para obtener justicia”.

Italia Méndez Moreno, una de las víctimas de abuso sexual en la represión de Texcoco y San Salvador Atenco, resaltó que a ocho años de la violencia ejercida por policías federales, estatales y municipales contra 47 mujeres en mayo de 2006, siendo Enrique Peña Nieto gobernador del Estado de México, “nadie ha sido sentenciado por estos actos”

Es más, deploró, “debemos reconocer que desde las instituciones del Estado no hemos obtenido nada, no hay ningún responsable que esté pagando por los daños que nos causaron”.

Valentina Rosendo Cantú, indígena guerrerense que fue violada por efectivos militares en 2002, reconoció que en su caso y en el de Inés Fernández Ortega, también agredida en ese mismo año por soldados, hay dos presuntos responsables detenidos.

Sin dar detalles de las indagatorias, Valentina recordó que el procesamiento de los presuntos agresores pudo lograrse después de 12 años de lucha de las indígenas mepha’á que elevaron sus casos ante la CoIDH.

El tribunal sentenció a México a reparar el daño a las dos indígenas y a reformar el Código de Justicia Militar, el cual permitía a los juzgados castrenses procesar a miembros de las fuerzas armadas acusados de violar derechos humanos de civiles.

Valentina recordó que desde que ella e Inés fueron torturadas sexualmente en 2002, “durante muchos años hemos buscado justicia, y logramos un cambio importante porque no nos quedamos calladas, logramos que nuestra voz no quede en silencio”.

Después de expresar su satisfacción por las recientes modificaciones al Código de Justicia Militar, aprobadas por el Congreso de la Unión en días pasados, Valentina consideró la reforma un logro de las víctimas de abusos militares, quienes insistieron en la búsqueda de justicia y la no repetición de los daños.

Otras dos sentencias, sobre los casos de la desaparición forzada de Rosendo Cantú y las torturas inflingidas a los campesinos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, también condenaron a México a impulsar el acotamiento al fuero miliar.

Sobre ese tema, Javier Hernández Valencia, José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh), y Nancy López, directora del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), recordaron que aún falta la promulgación de las reformas por el presidente Enrique Peña Nieto y que se apliquen correctamente.

No obstante, insistieron en atribuir los cambios legislativos a la lucha de las víctimas.

Hernández Valencia resaltó que el debate sobre los alcances del fuero militar, en casos de violaciones a derechos humanos de civiles, “no fue de carácter técnico o de un intercambio con órganos internacionales de derechos humanos como una cuestión de ajustar el Código de Justicia Militar a los estándares internacionales”.

El representante de ONU apuntó que por desgracia las recientes modificaciones representan “un avance construido sobre la necesidad imperiosa e inclaudicable de víctimas mexicanas, de una lucha que iniciaron hace más de 15 años, de casos que siguen en la impunidad”.

Marroquín Ferrera agregó que las reformas aprobadas son apenas el inicio de “un camino por recorrer, hay que ver cómo es que se aplican en los hechos concretos, pero además estas modificaciones plantean la necesidad de que haya una reforma integral en la Secretaría de la Defensa y en la Marina para determinar dónde tienen que ubicarse y cuál es su papel en una sociedad democrática; por lo pronto lo logrado abre acceso a la justicia a las víctimas de militares y marinos”.

Nancy López alertó que la prueba de la efectividad de las reformas se verá cuando los señalados de cometer abusos sean procesados, porque “hasta ahora los agentes del Ministerio Público federal tienen miedo de iniciar procesos en contra de militares, tienen miedo de la justicia militar y de señalar responsables”.

Pese a ser un avance positivo, acotó, “no se va a traducir en resultados reales hasta que haya procesos en contra de militares que han violado derechos humanos, ese es el gran pendiente y no está cerrado el capítulo; por el contrario, seremos aún más insistentes para que se finquen responsabilidades”.

La abogada de la CMDPDH presentó los casos de Miriam Isaura López y de Verónica Razo, mujeres torturadas sexualmente y quienes se sumaron a la campaña “Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual”.

Miriam Isaura fue detenida en febrero de 2011 en Ensenada, Baja California, por soldados y violada sexualmente en instalaciones de la Segunda Región Militar en Tijuana, para obligarla a declarar en contra de otras personas; más tarde fue arraigada en la Ciudad de México, acusada de posesión de mariguana. Sin embargo, en septiembre de 2011 fue liberada sin cargos.

Verónica Razo fue detenida en junio de 2011 por policías federales acusada de secuestro; fue víctima de violencia sexual, física y psicológica en instalaciones de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y actualmente se encuentra recluida en el Centro Federal de Readaptación Social 4, en Tepic, Nayarit.

En la rueda de prensa también se presentó el caso de Claudia Medina Tamariz, detenida el 7 de agosto de 2012 por elementos de la Marina, quienes allanaron su hogar en Veracruz y abusaron sexualmente de ella para obligarla a firmar declaraciones de las que desconocía su contenido.

Ella y su esposo, así como otras siete personas, fueron presentados ante medios de comunicación como presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Claudia, quien fue presentada 36 horas después de ser detenida, fue acusada de delincuencia organizada en distintas modalidades, de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, actualmente está en libertad condicional enfrentando la acusación de robo de vehículo.

De 33 años, la veracruzana declaró que se unía a la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual” debido a que no se quiere quedar callada, ya que busca justicia y que se sepa qué sucedió con ella.

Edith Rosales y Norma Jiménez explicaron que la campaña que arrancó con el octavo aniversario de la represión en Atenco pretende documentar casos de mujeres agredidas en el país, y que el 25 de noviembre próximo se hará una revisión de cuántos casos se sumaron al proyecto.

Entre las organizaciones impulsan la campaña destacan el Centro Prodh, CMDPDH, Asociadas por lo Justo (JASS Feminist) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.