- Las peticionarias evidenciaron que el Estado no ha tomado acciones para reconocer el problema y garantizar el acceso a la justicia a las mujeres denunciantes.
- Integrantes de la campaña “Rompiendo el silencio” exigen la libertad inmediata de Verónica Razo, Cristel Piña y Yecenia Armenta, quienes siguen encarceladas injustamente.
México, DF, a 20 de marzo de 2015. Las mujeres y organizaciones integrantes de la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, solicitaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomiende al Estado mexicano priorizar la erradicación de la tortura en todas sus formas y a todos los niveles, en particular la tortura sexual a mujeres.
Durante la audiencia temática se evidenció que el Estado mexicano no ha garantizado el derecho de toda mujer denunciante de tortura a una investigación pronta y efectiva; que ellas son revictimizadas, estigmatizadas y criminalizadas por el propio Estado; que no les ha beneficiado el entramado legislativo supuestamente generado para protegerlas de cualquier forma de violencia y discriminación, omisión que es aún más acentuada cuando los perpetradores de esa violencia son agentes estatales que replican una estrategia sistemática de torturar, incluso sexualmente, para distintos fines.
Además, se hizo manifiesto que el Estado no ha reconocido a cabalidad esta problemática y no cuenta con información desagregada y actualizada respecto a las denuncias presentadas por mujeres sobrevivientes de tortura sexual cometida por agentes estatales.
También destacaron que en el reciente informe del Relator de Tortura, Juan Méndez enfatizó que en México la “tortura es generalizada” y dijo que le preocupa “el especial uso de la violencia sexual como forma de tortura, principalmente respecto a mujeres detenidas”, en donde “la mayoría de estos casos no han sido investigados ni sancionados, o bien han sido calificados como conductas de menor gravedad, y presentan retos particulares para las víctimas, quienes son frecuentemente revictimizadas cuando presentan denuncias o se someten a exámenes médicos”.
Finalmente, las organizaciones peticionarias señalaron una serie de recomendaciones para poner fin al ciclo de tortura e impunidad, que se tomen en cuenta los impactos diferenciados de la tortura sexual en las mujeres y las consecuencias directas e indirectas de esta práctica. La tortura sexual es una forma de discriminación de género que pone en grave riesgo la vida, la integridad y el ejercicio de todos los derechos humanos de las mujeres.
Los casos que conforman la campaña incluyen las denuncias de mujeres de los estados de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Sinaloa y Veracruz en contra de prácticamente todas las corporaciones policiacas y castrenses del Estado. Entre éstos, los que más preocupan a las 19 integrantes de la campaña son Verónica Razo Casales, Cristel Piña Jasso y Yecenia Armenta Graciano quienes fueron torturadas por agentes estatales y actualmente se encuentran encarceladas injustamente.
Información adicional
La campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual” inició en 2014, y fue impulsada por las 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual perpetrada por parte de agentes policiales de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) en San Salvador Atenco, Estado de México.
Casos que acompaña la Campaña
Claudia Medina Tamariz. En agosto de 2012 fue detenida en Veracruz de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de Marina, y luego de 36 horas de tortura física, sexual y psicológica, ella firmó una declaración que le construyeron.
Belinda Garza Melo. En julio de 2007 fue detenida en Torreón, Coahuila, por elementos de la Policía Federal Preventiva, quienes por más de 40 horas la torturaron física, sexual y psicológicamente.
Verónica Razo Casales. El 8 de junio del 2011 fue detenida en el Distrito Federal por la Policía Federal. En la Agencia Federal de Investigación la torturaron física, sexual y psicológicamente por más de 25 horas, y la obligaron a autoinculparse por el delito de secuestro.
Miriam López Vargas. En febrero de 2011 fue injustamente detenida en Ensenada, Baja California por militares. Fue violada y torturada por más de 48 horas para que acusara falsamente a otras personas de diversos delitos y vincularla.
Yecenia Armenta Graciano. En julio de 2012, en Culiacán, Sinaloa, Yecenia fue detenida por Policías Ministeriales, y durante 15 horas fue torturada física, sexual y psicológica para que se declarara responsable del asesinato de su esposo Jesús Alfredo Cuen Ojeda, quien ocho días antes fue privado de la vida en una situación que ella desconoce.
Cristel Fabiola Piña Jasso. En agosto de 2013, en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue detenida por elementos de la Policía Única Estatal, quienes por más de 15 horas la torturaron física, sexual y psicológicamente. Luego fue acusada de formar parte de una banda de extorsionadores.
Inés Fernández y Valentina Rosendo. En 2002 en dos eventos diferentes, Inés y Valentina, mujeres indígenas me’phaa del estado de Guerrero, fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura sexual, cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas.