MEDIO: Sinembargo
TIPO: Revista
AUTORÍA: Adrián López Ortiz
FECHA: 19 de febrero del 2015

En Sinaloa se tortura.

Es una realidad brutal, pero no podemos dejar de verla.

Lo atestiguan los cadáveres tirados en los baldíos con el tiro de gracia en la nuca, las dedos sin uñas, los genitales quemados, los miembros magullados. Algunos mutilados cuando todavía estaban vivos. Lo demuestran también los rictus congelados de terror en las caras de los muertos.

Aparecen a diario en los periódicos. No los ven quienes no quieren ver.

Sabemos que los criminales torturan para saldar cuentas o para mandar mensajes. En muchos casos, la exhibición de la crueldad es una estrategia de comunicación.

No podemos hacer mucho con ese tipo específico de tortura. En este estado, los carteles pueden asesinar a diestra y siniestra con una tasa de impunidad que ronda el 90 por ciento. En Sinaloa es muy fácil ser criminal porque difícilmente se recibe un castigo.

Pero la tortura más grave es la que se sabe practican los cuerpos policiales de Sinaloa.

Aquí un caso:

Apenas hace unas semanas se volvió a dar conocer que Yesenia Armenta Graciano, acusada de ser la autora intelectual del asesinato de su esposo, Jesús Alfredo Cuén Ojeda, fue torturada por los policías responsables de su cadena de custodia.

Según el Protocolo de Estambul a Yesenia Armenta se le torturó y provocó traumatismo contuso, suspensión, asfixia, así como tortura sexual, incluida violación.

La tortura fue ratificada con notable valentía por  Alba Lorena Galaviz Ramírez, Jueza Tercero de Distrito, quien concedió a Yesenia Armenta el amparo 545/2011 III, que le permite invalidar las declaraciones ministeriales que firmó para declararse culpable del asesinato de su esposo Jesús Alfredo Cuén Ojeda.

Cabe mencionar que este caso ya había sido ampliamente documentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y seguido de cerca por el Frente Cívico Sinaloense (FCE), una organización civil defensora de derechos humanos en el estado, encabezada por Mercedes “La Meché” Murillo, quien ha puesto el dedo en la llaga: en Sinaloa la policía tortura como procedimiento habitual.

A todo ellos hicieron caso omiso las autoridades locales.

…

Si bien la tortura en sí misma es un hecho grave que refleja la barbarie humana, es todavía más preocupante que las autoridades del estado la toleren. Tanto el Gobernador Mario López Valdez, como el Procurador Marco Antonio Higuera son responsables directos de darle seguimiento al caso para llevar a los torturadores a la cárcel.

No es la primera vez que la Procuraduría de Justicia de Sinaloa es exhibida por las mismas razones. En un caso por demás politizado, meses atrás fue liberado Juan Carlos Cristerna Fitch, acusado de asesinar a Perla Lizeth Vega Medina, profesora de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿El argumento? Un Juez reconoció irregularidades en el expediente y en específico, tortura, para obtener su declaración. “Se raspó con la bufanda”, dijo entonces el Comandante en Jefe de la Policía Ministerial de Sinaloa, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez.

La tortura cobra especial relevancia en el marco de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio con fecha límite para 2016 en todo el país. Sobra decir que Sinaloa está muy lejos del ritmo necesario de la implementación y es uno de los estados más atrasados en este proceso. Es tal el desinterés de las autoridades por implementar este nuevo sistema moderno y transparente que para 2015 el Gobierno del Estado dejó fuera del presupuesto de egresos los recursos necesarios para llevarlo a cabo.

Los hechos son contundentes. El desdén del Gobierno del Estado de Sinaloa por contar con una policía más respetuosa de los derechos humanos, capaz de llevar a cabo detenciones con el debido proceso jurídico, es una actitud que lastima de manera directa la aplicación de justicia.

No hay justicia cuando existe tortura porque aún cuando se detuvieran a los culpables, la obtención de una confesión a través de métodos violentos invalida cualquier declaración como elemento probatorio. Es decir, lejos de ser eficiente, la tortura es un gran obstáculo para el estado de derecho porque constituye en sí misma un delito. Y no se construye legalidad a través de actos delictivos. El fin no justifica los medios.

Al ratificar que se cometió tortura, la CNDH emitió la recomendación 1/2015 de manera directa al Gobernador Mario López Valdez para que se inicien las averiguaciones correspondientes sobre el Grupo Águila 1 de la Unidad Modelo de Investigación de laPolicía Ministerial de Sinaloa.

Además, la CNDH refirió que la negación de la Procuraduría General de Justicia del Estado a la recomendación anterior 2/2013 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por tortura constituyó un acto de indiferencia del Estado.

A pesar de la firmeza de la resolución, los elementos policiacos permanecen en sus cargos con total libertad para seguir aplicando sus poco ortodoxos métodos de interrogación.

…

El caso no debe parar allí.

La Jueza ordenó una investigación en la Policía Ministerial que podría resultar, incluso, con responsabilidades de tipo penal:

“(Debe la PGJE de Sinaloa) iniciar investigación respecto de los actos de tortura infligidos a la quejosa, llevándola a cabo de oficio y de forma inmediata, imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de: determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas a la promovente”.

“Identificar a los responsables, iniciar su procesamiento y, garantizar su sanción, de todas índoles, ya sea de tipo penal, administrativo y/o civil”.

En consonancia, la sociedad sinaloense debe asumir la gravedad del asunto y exigir se sancione a los responsables.

Todos podemos ser víctimas de la arbitrariedad o el abuso que distingue a nuestras policías y cuerpos de justicia. Imagínese usted forzado a firmar una confesión por un delito que no cometió. Imagínese forzado a vivir un juicio de meses y una condena de años. Imagínese forzado a pagar la pena de alguien más.

El caso sinaloense puede servir para ilustrar a nivel nacional como la tortura puede ser sancionada si existe la presión ciudadana suficiente y jueces independientes dispuestos a hacer su trabajo y aplicar la ley sin distingos.

Falta mucho todavía, pero bien haría el Gobernador Mario López Valdez en respetar la división de poderes y dejar a las autoridades hacer su trabajo y; mejor sería que por primera vez viéramos a un Procurador Estatal honrar el cargo que ostenta y detener a los responsables, aunque sean policías.

Bien harían nuestros gobernantes en mandar el mensaje correcto a la sociedad demostrando que la policía que nos protege está acotada por la ley y las instituciones.