Mediante la presente comunicación temática, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y Asociadas por lo Justo (JASS) nos dirigimos a los procedimientos especiales y órganos de tratado del sistema de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, así como a las relatorías del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el fin de denunciar la práctica de tortura sexual a mujeres en México.
Las organizaciones firmantes somos impulsoras de la campaña nacional Rompiendo el Silencio: Todas Juntas contra la Tortura Sexual, una iniciativa que surge de un grupo de mujeres sobrevivientes con el objetivo de visibilizar y combatir la tortura sexual a mujeres que son atacadas y/o detenidas por agentes policiales, militares o marinos, comúnmente en el marco de las supuestas políticas de seguridad del Estado, y en donde se evidencia que la tortura se comete por el Estado con diferentes objetivos: de represión, intimidación, humillación, generación de pruebas inculpatorias y otros. La campaña cuenta con la solidaridad de diversos organismos y organizaciones de derechos humanos internacionales y mexicanas.
En esta comunicación, analizamos diversas modalidades y ejemplos de tortura sexual a mujeres en México, abordando las prácticas específicas e impacto diferenciado que tiene este tipo de violencia estatal, incluyendo su uso como expresión de los estereotipos de género, roles sociales y otras formas de discriminación contra la mujer. En particular, incluimos las denuncias de mujeres de los estados de Baja California, Chiapas, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Sinaloa y Veracruz (es decir, entidades de todas las regiones del país), a través de las cuales damos cuenta de la falta de recursos eficaces en México para mujeres denunciantes de tortura sexual y la impunidad casi universal que caracteriza este grave delito, así como algunas de las principales afectaciones físicas, psicológicas y comunitarias de tal violencia impune.
Solicitamos que los mecanismos de derechos humanos destinatarios de la presente comunicación recomienden al Estado mexicano que priorice la erradicación de la tortura en todas sus formas y a todos los niveles, en particular la tortura sexual a mujeres, proporcionando acceso a la justicia ante cualquier denuncia de la misma mediante recursos y procedimientos con perspectiva de género e impidiendo de manera absoluta que las pruebas obtenidas mediante actos de tortura sean usadas para incriminar a las víctimas. En este sentido, cerramos el documento con recomendaciones de acciones para poner fin al ciclo de tortura e impunidad denunciado por las mujeres que han decidido que es hora de “romper el silencio” acerca de la tortura sexual.