- Juez con sede en Xalapa criminaliza a Claudia Medina, mujer veracruzana torturada por marinos en agosto de 2012.
- La autoridad ignora las alegaciones de tortura de la sobreviviente; omite las obligaciones que señaló SCJN en torno a la tortura.
México, DF, 23 de octubre. A más de dos años de estar sujeta a una injusta criminalización por parte del Estado mexicano, Claudia Medina Tamariz, torturada por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México en agosto de 2012, no verá en el corto plazo una respuesta favorable al reconocimiento de su inocencia y de la tortura a la que sobrevivió.
La mujer cuyo caso representa para Amnistía Internacional el paradigma de la tortura en México, así retomado en el informe titulado Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México; y quien el 30 de septiembre recibió el apoyo de 343 mil 883 activistas que desde diferentes países instaron a la Procuraduría General de la República a investigar su caso y permitirle acceder a la justicia.
En la sentencia que recayó al juicio de amparo 328/2014 promovido por el Centro Prodh y Claudia Medina en contra de la acusación por delincuencia organizada en la modalidad de utilizar un vehículo robado para cometer otros ilícitos, el juez Decimoséptimo de Distrito con sede en Xalapa, Veracruz, reconoció que hubo una retención prolongada e injustificada por parte de sus aprehensores. Igualmente, señaló que es ilícito el parte informativo de los marinos y dado que es el único señalamiento hacia ella, no puede considerarse responsable del delito de delincuencia organizada.
No obstante ello, concede veracidad a la versión de los marinos sobre los hechos, por lo que directamente convalida la criminalización de Claudia posterior a una serie de graves violaciones a sus derechos humanos, que incluyen el allanamiento de su hogar, la sustracción ilegal del mismo, su posterior incomunicación durante 36 horas, la brutal tortura a la que fue sometida y subsecuente exhibición pública ante medios de comunicación.
El juez federal ignoró las alegaciones de Claudia sobre la tortura psicológica, física y sexual a la que fue sometida durante el periodo de retención en instalaciones castrenses; así como las pruebas aportadas por ella y su defensa, entre las cuales destacan dos dictamenes periciales realizados conforme al Protocolo de Estambul, que demuestran la veracidad de sus palabras y las huellas de tortura. Por lo que en su resolución, da libertad de jurisdicción al Juzgado Cuarto, de reclasificar el delito en contra de Claudia.
Claudia y su defensa son enfáticos en señalar que el Estado mexicano tiene obligaciones ineludibles en torno a la tortura, una epidemia que requiere de respuestas concretas y efectivas por parte de todas las instituciones y a todos los niveles. Observamos con preocupación que las resoluciones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a las obligaciones jurisdiccionales con relación a la tortura, no permearon en uno de los casos emblemáticos en México.
Información adicional del caso
El 7 de agosto de 2012, Claudia Medina Tamariz, veracruzana de 34 años, dedicada al hogar y madre de tres adolescentes, fue detenida en su domicilio de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de Marina, y luego de 36 horas de tortura física, sexual y psicológica —incluidas amenazas hacia su familia, descargas eléctricas, asfixia y vejaciones sexuales— ella firmó una declaración que le construyeron; para luego ser presentada ante los medios de comunicación con una versión falsa sobre su detención y acusada de formar parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Actualmente está en libertad condicional, enfrentando acusaciones falsas. Claudia quiere que los hechos se esclarezcan, para que la justicia y la tranquilidad regresen a su familia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no ha emitido la recomendación en el caso desde hace dos años; y la Procuraduría General de la República (PGR) ha obstaculizado las investigaciones sobre la tortura.
Sobre la campaña
La campaña Rompiendo el silencio: Todas juntas contra la tortura sexual, es una iniciativa impulsada por las 11 mujeres denunciantes de tortura en Atenco: Ana María, Italia, Claudia, Cristina, Edith, Mariana, María Patricia, Norma, Patricia, Gabriela y Yolanda, y por Claudia Medina, Miriam López, Inés Razo, Inés Fernandez y Valentina Rosendo.
La iniciativa fue presentada el pasado 5 de mayo de 2014, con las siguientes organizaciones: Asociadas por lo Justo (JASS), Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Más información de la campaña:centroprodh.org.mx/rompiendoelsilencio/