El caso de Claudia Medina Tamariz— torturada por marinos y presentada como parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación— es un ejemplo de la forma en que el gobierno de Veracruz, a cargo de Javier Duarte Ochoa y el gobierno federal, han desarrollado una estrategia de fabricación de culpables, esto para maquillar los altos índices de inseguridad en la entidad.
Actualmente el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez lleva la defensa del caso, con el objetivo de que se reconozca judicial y públicamente la inocencia de Claudia; se investigue y repare el daño ocasionado a consecuencia de las falsas imputaciones y la tortura sobrevivida.