Revista DeFonDHo

DeFonDHo es una revista trimestral de difusión de la cultura de derechos humanos editada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Durante su primera época fue una publicación electrónica en la que se analizaban temáticas sobre derechos humanos. En esta nueva época busca ser una herramienta para la difusión de las temáticas y casos que el Centro Prodh impulsa como su aportación al movimiento nacional de derechos humanos. En este espacio electrónico pueden ustedes descargar la versión en PDF de esta revista. Para obtener un ejemplar en físico pueden ustedes acudir a nuestras instalaciones y con gusto se los proporcionaremos.

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deFondho Abril 2017 Número 10

PortadaDeFonDHo10La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, tuvo lugar uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país. El saldo fue brutal: 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje deshabitado con claras muestras de tortura, y al menos 40 personas lesionadas. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.

Después de la conmoción inicial, Ayotzinapa obligó al mundo a ver y aceptar que en México se estaba desarrollando una grave crisis de derechos humanos, que tiene como característica particular una significativa colusión entre actores estatales y no estatales en esquemas de criminalidad organizada. El también llamado “Caso Iguala” se convirtió en un acontecimiento doloroso y paradigmático, en el que el número de víctimas, la flagrante connivencia entre autoridades instituidas y grupos delincuenciales, la inmediata documentación de lo ocurrido por organizaciones de derechos humanos, la arraigada tradición de lucha social en el estado de Guerrero y en la Normal de Ayotzinapa, la pronta internacionalización de algunas aristas de la búsqueda de justicia, la identidad estudiantil de los desaparecidos y, sobre todo, la fuerza organizativa y moral de los padres y las madres de los desaparecidos, hicieron que el impacto en la conciencia pública nacional e internacional fuera inmenso.

En medio del dolor, madres, padres, hermanas, tíos, hijas y abuelos de los normalistas han emprendido una diversidad de iniciativas para mantener viva la búsqueda de los jóvenes y la exigencia de justicia. Una de ellas fue la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (giei), que trabajó más de un año en nuestro país. Si bien el bloqueo al trabajo del giei no permitió que este mecanismo tuviera un desenlace de justicia, verdad y cambio estructural, lo cierto es que los aportes que ha dejado este ejercicio inédito de supervisión internacional han sido de gran relevancia no sólo para hacer que la verdad del caso no fuese enterrada: también marcaron con claridad una ruta que nos puede permitir dar los primeros pasos para salir de la grave crisis que llevó a que sucedieran los eventos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y posteriormente tantos más.

En este número de DeFondho presentamos lo que, desde nuestra perspectiva, son los principales aportes de esta experiencia, tanto al caso como estructurales; también podrán leer, desde la propia voz de integrantes del giei, los problemas de la investigación y los retos para poner a las víctimas en el centro. Y sobre todo, esperamos aportar a un debate en curso sobre la ruptura de los ciclos de impunidad que a todos lastiman.

deFondho Julio 2016 Número 9

DeFonDHo09PORTADAHoy, en todo México, hombres y mujeres organizados recurren a sus conocimientos ancestrales, vuelven al origen de su cohesión, usan de manera alternativa y creativa el derecho y reflexionan en colectivo para enfrentar el despojo territorial que se cierne sobre pueblos y comunidades debido a los megaproyectos y la reforma energética.

En la medida en que este despojo territorial redunda en el rompimiento del tejido comunitario, nos encontramos ante un tema que requiere especial atención y que es, sin duda, otra cara de la crisis de derechos humanos que enfrenta nuestro país. 

La defensa de la tierra y el territorio se ha convertido así en una misión fundamental para pueblos, ejidos y comunidades ante políticas públicas y empresariales que priorizan al extractivismo como fuente de energía y acumulación de capitales a bajo costo.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, tanto en el reconocimiento de los Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (desca) como en el de los Derechos colectivos de los pueblos indígenas (dcpi) aún hay mucho por avanzar, sobre todo en la existencia de mecanismos adecuados para su justiciabilidad.


Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, de forma incipiente, algunas de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sentado precedentes que reconocen los derechos de los pueblos por encima de ambiciosos proyectos empresariales. Sin embargo, la experiencia muestra que en algunas regiones no bastan las resoluciones judiciales, pues a pesar de que pueblos y comunidades obtienen relevantes victorias en los juicios que emprenden, se siguen enfrentando no sólo contra poderosos intereses económicos, sino también contra gobiernos que no cumplen sus obligaciones e incluso contra el crimen organizado, prohijado desde el poder estatal.

Uno de los aprendizajes que ha dejado este contexto es que el desarrollo de estrategias preventivas, antes que reactivas, genera mayores posibilidades de defensa. El fortalecimiento comunitario y la participación activa de las mujeres constituyen dos pilares esenciales en la defensa de la tierra y el territorio, desde esta perspectiva de prevención.

En esta edición de Defondho, que busca mostrar un panorama general sobre los desafíos que enfrenta hoy en día la defensa de los territorios indígenas en México, se destacan el análisis y la experiencia de comunidades y organizaciones que día con día enfrentan la batalla del ejercicio de su autonomía para seguir siendo lo que son y lo que quieren ser.

deFondho Invierno 2015 Número 8

DeFonDHo08PortadaEn los últimos años, la crisis de violencia y graves violaciones a los derechos humanos que vivimos en México se ha caracterizado por un escenario donde las bandas de la delincuencia organizada se disputan los territorios para sus actividades ilícitas. En el relato que se maneja desde la narrativa oficial, hay una “guerra contra el narcotráfico” en la que se oponen, en bandos opuestos y perfectamente distinguibles, el Estado y los grupos criminales.
 
En realidad, lo que muestran casos como Ayotzinapa es que en México la alta impunidad en las violaciones a los derechos humanos se sostiene por la connivencia entre el Estado y los grupos delincuenciales, sobre todo en las zonas donde la línea que debería dividirlos no se distingue y en las que las autoridades formalmente electas “trabajan” para asegurar la operación de los cárteles criminales. Estos circuitos de la macrodelincuencia –que no se explican solamente a nivel municipal, pues resulta indispensable la complicidad a niveles estatal y federal– muestran el profundo vínculo que existe hoy entre la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.
 
Este esquema macrodelincuencial, hoy por hoy, genera miles de víctimas por toda la geografía mexicana. Medios de comunicación, centros de investigación, organizaciones civiles y miles de voces de ciudadanos comunes dan cuenta de la plaga de ejecutados, desaparecidos, torturados, extorsionados y secuestrados que asola regiones cada vez más extensas del país.
 
El Estado, lamentablemente, no está respondiendo a la altura del problema. Las pocas investigaciones conocidas sobre los casos más paradigmáticos no profundizan en estos esquemas y evaden  las responsabilidades oficiales. Como mucho, y usualmente tras un arduo trabajo de denuncia pública, se logra enjuiciar a servidores públicos de rangos inferiores, aun cuando sean evidentes las complicidades a niveles más altos.
 
En este contexto, el Centro Prodh pide y trabaja para que esta perspectiva sea involucrada, tanto en casos específicos como en las discusiones más estructurales que se dan alrededor de las iniciativas sobre la Ley contra la Desaparición Forzada y la relativa a la creación de una Fiscalía General del Estado.
 
Insistimos: no se podrá avanzar hacia la verdad y la justicia para los miles de personas afectadas mientras los ojos estén cerrados ante este círculo criminal.

deFondho Primavera 2015 Número 7

PortadaDeFonDHo07Prim15Hace 26 años, un grupo de jesuitas fundó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) para responder a una realidad donde la dignidad humana era ignorada y mancillada.

Atentos a lo que identificaron como “signos de los tiempos”, los jesuitas reconocieron, con aguda visión, que a finales de la década de los ochenta los derechos humanos emergían como un campo en disputa en el que se abría el espacio para que las mayorías excluidas se apropiaran de las normas y los principios aceptados internacionalmente y los pusieran del lado de las víctimas.

Mucho ha pasado desde entonces. La sociedad civil se ha profesionalizado, diversificado y especializado. El país, por su parte, se encuentra sumergido en una emergencia nacional en la que violaciones graves a los derechos humanos, como en los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, han puesto de manifiesto que existen espacios del Estado que responden a intereses delincuenciales.

La lucha por hacer realidad los derechos humanos para los sectores más vulnerables presenta en la actualidad visos muy similares a los que enfrentó el Prodh en su momento inicial. No podemos lanzar al aire cuentas alegres sobre la transición mexicana y la consolidación de los derechos humanos, mientras 43 familias de Guerrero aún esperan tener noticias de sus hijos desaparecidos a causa de la connivencia entre el Estado y la delincuencia organizada; no podemos celebrar cuando aún está pendiente una explicación completa sobre la masacre de Tlatlaya. Frente a este panorama, el reto para las y los defensores de derechos humanos es acompañar a las víctimas a través de intervenciones serias y profesionales que no sólo logren revertir la impunidad en casos específicos, sino que también develen las causas estructurales de los abusos, con vocación de transformación.

En su caminar, el Centro Prodh ha sido la casa de decenas de personas que han labrado el rostro de la institución. Podemos afirmar que la comunidad de defensores y defensoras que el Prodh ha cultivado siempre ha mantenido una mística particular: la de entender que la nuestra es una vocación entrañable, como decía David Fernández, ex director del Centro, en la medida en que surge de una respuesta desde las más profundas entrañas a la interpelación de los rostros concretos de las víctimas; es una vocación de compasión, antes que de razón.

La nuestra es una tarea que se sitúa en el difícil punto medio entre la denuncia meramente testimonial y el diseño aséptico de políticas públicas. La nuestra es una labor donde las banderas políticas se supeditan al imperativo ético de responder a rostros concretos.

Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh

deFondho Verano 2014 Número 6

Dfondho06El presente número especial de tortura está dedicado a una de las más lacerantes violaciones a los derechos humanos, y en realidad a todas aquellas víctimas que en manos de autoridades han sufrido la tortura.

Estamos hablando de un acto intencionado cometido desde las ventajas del poder. La tortura busca a través del sometimiento anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental, para conseguir a través de sufrimientos físicos, sexuales y psicológicos un fin determinado: una confesión, imponer un castigo ejemplar, brutalidad policial, criminalizar de un delito no cometido, o cualquier otra motivación.

Existe un gran andamiaje jurídico en torno a la prohibición de la tortura. En el derecho internacional de los derechos humanos, es equiparable a la prohibición de la esclavitud o el genocidio. La tortura física, sexual y psicológica es inadmisible bajo cualquier circunstancia, incluso la guerra y la emergencia pública.

Esta prohibición es tan fuerte y aceptada universalmente que se ha convertido en un principio fundamental del derecho internacional consuetudinario. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en jurisprudencia reiterada ha establecido que: […] Existe un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como psicológica, régimen que pertenece hoy día al dominio del iuscogens. La prohibición de la tortura es completa e inderogable, aun en las circunstancias más difíciles […]

En México a pesar de ello, en voz del Dr. Juan Méndez, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, esta acción tan degradante se aplica de forma generalizada, no existe corporación policial alguna que no recurra a la tortura como método de trabajo. Las conclusiones del Relator Especial en su visita a México del 21 de abril al 2 de mayo de 2014 fueron contundentes: “Tengo la obligación de decir al gobierno de México, pero también a la sociedad mexicana, que hay una especie de endemia de la tortura que hay que corregir”.

Más aun, el presente número hace referencia a una especie de tortura que da cuenta de la vulnerabilidad específica y agravada que viven las mujeres frente a las autoridades policiales. Estamos hablando de la tortura sexual, en donde el cuerpo femenino se convierte en campo de batalla y en donde las agresiones sexuales son un instrumento para infligir tormentos físicos y psicológicos, que no se explican de otra manera sino como la violencia de género institucionalizada.

En la actualidad, el Centro Prodh junto con otras organizaciones de la sociedad civil y Amnistía Internacional lanzaron dos campañas: Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual y Stop Tortura, que exigen detener este lacerante flagelo, exigiendo a las autoridades mexicanas que dejen de utilizar la tortura como método de investigación policial y con ello eviten vincular a delitos a personas inocentes.

Torturar no es justicia, torturar es incurrir en la ilegalidad, torturar es atacar la dignidad humana, torturar es sinónimo de impunidad.

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