Ayotzinapa

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May
08

Exigen avances concretos sobre el paradero de los 43 normalistas

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AUTOR: José Antonio Román 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 8 de mayo de 2017


En el día número de 17 del plantón que realizan frente a la Procuraduría General de la República (PGR), padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos realizaron un "volanteo masivo" en las inmediaciones del Bosque de Chapultepec, y un acto político-cultural en el Hemiciclo a Juárez, para exigir "avances concretos" sobre el paradero de sus hijos.

En el volanteo, que dio inicio en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, los padres, acompañados por decenas de normalistas, señalaron que a más de 31 meses de la desaparición forzada de los 43 jóvenes no se sabe de su paradero, y que durante todo este tiempo la PGR "ha tratado de engañar con que avanza e investiga".

En el volante entregado se destaca que los avances que se han lograron, donde la hipótesis de que los estudiantes fueron muertos e incinerados en el basurero de Cocula fue desechada científicamente, se lograron gracias a la presión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Tanto en el volanteo como en el acto en el Hemiciclo a Juárez, los padres exigieron que la PGR continúe con las líneas de investigación dejadas por el grupo de expertos, entre las cuales están indagar la participación del Ejército Mexicano la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los estudiantes, pues elementos del 27 batallón, con sede en Iguala, estuvieron en varias escenas de los hechos.

Otra de las líneas es la intervención de policías federales y del municipio de Huitzuco, pues existen evidencias de que participaron directamente en la desaparición, además de consolidar las pesquisas sobre el trasiego de droga entre las ciudades de Iguala y Chicago, Estados Unidos, y hacer el análisis de los aparatos de telefonía celular de los detenidos y otros más que pertenecían a los normalistas, y que han demostrado su operación tiempo después de los hechos.

Además, advirtieron que ante el freno de la investigación han decidido elevar el carácter de su protesta y que no levantarán el plantón que mantienen frente a la PGR hasta que haya avances concretos.

En el acto político-cultural del Hemiciclo a Juárez, titulado "Cuatro caminos para la verdad y la justicia", participaron diversos grupos de música y baile.

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May
06

Padres de los 43 cuestionan pesquisa de PGR

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AUTOR: Fernando Camacho 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 6 de mayo de 2017

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos pusieron en duda la voluntad del gobierno mexicano para resolver el caso, e indicaron que si las autoridades realmente quisieran avanzar en este terreno, ya hubieran hecho avances importantes para saber cuál es el paradero de los jóvenes agredidos la noche del 26 de septiembre de 2014.

Durante un foro realizado ayer en el plantón que los familiares de los estudiantes instalaron el pasado 20 de abril frente a la PGR, Felipe de la Cruz, uno de los voceros de los padres, cuestionó la efectividad de las indagatorias y acusó que intentan reivindicar la llamada "verdad histórica", según la cual los normalistas fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula.

"Si hubiera respuesta (de la PGR) ya supiéramos dónde están los jóvenes, hubieran detenido a los policías federales que los llevaron a Huitzuco y supiéramos por qué los teléfonos de los jóvenes seguían funcionando un año después", subrayó.

"En el discurso dicen muchas cosas, pero en la realidad no vemos ningún avance. No podemos creer que a 2 años, 7 meses y días (de la desaparición forzada de los 43), todavía no puedan saber qué pasó.

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May
06

Urge la verdad para Ayotzinapa

Autor // comunicacion

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AUTOR: Miguel Concha 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 6 de mayo de 2017


A un año de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) emitiera su invaluable y contundente informe final del caso Ayotzinapa, es necesario, en el marco de la reciente visita del Mecanismo de Seguimiento creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para monitorear su cumplimiento, y como contexto más amplio del legítimo plantón que se han visto orilladas a realizar las valerosas familias de los jóvenes, hacer un balance sobre la falta de justicia y verdad para las víctimas.

El mensaje del Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa de la CIDH, que, encabezada por la comisionada Esmeralda Arosemena, realizó su segunda visita de trabajo del 19 al 21 de abril, fue claro, aunque algunos medios hayan intentado tergiversarlo: es necesario alcanzar con celeridad avances sustantivos en la búsqueda de verdad y justicia, pues en la medida en que el paradero de los estudiantes -como subrayó la CIDH- no ha sido determinado con pruebas inobjetables, México sigue reprobado en esta investigación.

La preocupación del Mecanismo de Seguimiento está plenamente justificada, pues, sin que haya avances importantes en las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), se cumplieron ya 31 meses desde la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Por ello, las y los integrantes del mecanismo lamentaron la lentitud del gobierno Federal. Postura que es coincidente con la que hemos manifestado diversas organizaciones nacionales e internacionales. Para el mecanismo, el que altas autoridades aún intenten validar ante la opinión pública la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, es inadmisible; pone en duda la buena fé del Estado para con el cumplimiento de la ruta que recomendó el GIEI, y provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares.

En este contexto, la CIDH ha urgido al Estado mexicano a alcanzar avances satisfactorios en cuatro puntos prioritarios. Primero, en examinar debidamente los indicios de involucramiento de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en estos hechos, destacando a la Policía Federal y a la policía de Huitzuco, y profundizando en la participación que tuvieron las autoridades de los distintos niveles de gobierno, incluyendo las de los ámbitos estatal y federal. Segundo, en realizar el análisis de telefonía y determinar la identidad de actores relevantes hoy sólo conocidos por su alias. Tercero, en profundizar con urgencia la línea de investigación sobre la posible conexión de los hechos con el traslado de estupefacientes hacia Estados Unidos, sugerida por el GIEI como posible móvil de los hechos. Y cuarto, en continuar la búsqueda en campo, usando la tecnología que ha mostrado ser útil.

Estos puntos, incluidos en las 20 recomendaciones prioritarias del GIEI, suponen reconocer cabalmente que el alcance geográfico y temporal de los distintos ataques contra los normalistas no hubiera sido posible sin el concurso y coordinación de distintos actores, incluyendo a elementos de las fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales, así como a funcionarios de distintos niveles, y a elementos del crimen organizado.

No se puede seguir eludiendo esta realidad, encapsulándola ficticiamente sólo en la esfera municipal. No se puede tampoco, si se quisiera proponer como salida a este caso emblemático, pretender que las familias de Ayotzinapa acepten la "verdad histórica", según la cual el destino final de todos los normalistas desaparecidos habría sido su incineración en el basurero de Cocula, como sucedió el pasado 17 de marzo, cuando funcionarios del gobierno hicieron en este tenor preguntas abiertas a las familias, en el marco de la Audiencia celebrada en la CIDH sobre este Mecanismo de Seguimiento.

El derecho a la verdad se construye investigando a fondo, con una base sólida de respeto y acompañamiento a las víctimas. Jamás sobre supuestos que se han echado por tierra. La violación al derecho a la verdad y la justicia debe detenerse, empezando por rectificar la investigación interna de la PGR a los funcionarios que han cometido irregularidades en el caso, en el sentido expresado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Como es sabido, esta instancia consideró que a pesar de que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares, se produjo un sospechoso, parcial y lamentable "viraje", cuyo resultado final confirió impunidad a quienes cometieron graves irregularidades en el curso de la investigación.

Lo que además significó un terrible mensaje de convalidación a las peores prácticas de las fiscalías mexicanas, que contradice frontalmente los esfuerzos de renovar las instituciones en este ámbito. La visita del Mecanismo de Seguimiento es un recordatorio de que Ayotzinapa, emblema de la crisis de derechos humanos que se agrava en México, no puede ser olvidado. La forma en que Ayotzinapa se solucione será un poderoso indicativo de la existencia o ausencia de voluntad política para transformar la impunidad estructural de México.

Hasta ahora la injustificable falta de avances significativos es un mal signo para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sus familias y la sociedad, que en su conjunto demanda un alto a la impunidad y a la corrupción. Son comprensibles en este contexto la frustración y desesperación de las incansables familias de los normalistas y organizaciones que las apoyan, quienes tienen también ante sí el reto de seguir protestando y exigiendo justicia. Preservando y cuidando al mismo tiempo el incuestionable capital moral que han acumulado a lo largo de más de dos años. Como lo hizo notar la CIDH, la verdad urge y el tiempo se agota.

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May
05

Suspendida, la investigación administrativa de la SFP contra Tomás Zerón de Lucio

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AUTOR: José Antonio Román 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 5 de mayo de 2017

La investigación administrativa de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, por las irregularidades cometidas en el caso Iguala, está "suspendida", en tanto no se resuelva el amparo interpuesto por los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en contra de la resolución de la visitaduría general de la Procuraduría General de la República (PGR) que lo exonera de delitos graves.

Así lo dieron a conocer Felipe de la Cruz y Vidulfo Rosales, vocero y abogado del Comité de Padres de los 43, luego de realizar una reunión privada de más de dos horas con el subsecretario de la Función Pública, Eber Omar Betanzos.

Frente al edificio de la dependencia, donde también realizaron un mitin, el abogado Rosales precisó que el subsecretario Betanzos les informó la "suspensión" del procedimiento sancionador, debido a que el juzgado tercero de distrito en materia administrativa dictó una suspensión provisional en la que ordena a la SFP detener dicho proceso hasta que se resuelva el amparo 195/2017-3.

Este amparo fue interpuesto por los padres de familia ante la resolución de la visitaduría general de la PGR en la que exoneraba a Zerón de Lucio -actual secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad- de todos los cargos graves, dejándole sólo siete sanciones administrativas.

"Si se resuelve que es nula e inconstitucional la resolución que emitió la visitadora Adriana Campos, quedaría sin efecto este procedimiento y muy probablemente el expediente tendría que ir al Ministerio Público para que éste sea quien abra una carpeta de investigación contra Zerón de Lucio. En caso contrario, el procedimiento seguiría en la Secretaría", informó el abogado y representantes de los padres de familia, al término del encuentro.

Tanto Vidulfo como de la Cruz señalaron que el encuentro fue "muy ríspido", debido a la ausencia de la titular de la SFP y ex procuradora General de la República, Arely Gómez, con quien finalmente acordaron reunirse el próximo jueves 11 de mayo.

Los padres de familia y estudiantes normalistas llegaron a la SFP, sobre avenida de los Insurgentes Sur, a bordo de dos autobuses, pero ya eran esperados por un fuerte operativo policiaco de vigilancia, en torno a la dependencia del gobierno federal. El mitin, que no afecto la circulación vehicular, se realizó sin incidentes.

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May
05

La CEAV aclara indemnizaciones

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AUTOR: Laura Toribio
FUENTE: Excélsior 
FECHA: 5 de mayo de 2017


La CEAV aclara indemnizaciones Luego de que familiares de los miembros del club de fútbol Avispones de Chilpancingo que fueron asesinados en Iguala, Guerrero, acusaran a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de indemnizar a falsos afectados del caso Ayotzinapa, ésta aseguró que sólo han recibido reparación quienes viajaban en el autobús que se vio involucrado en los hechos y quienes cuentan con registro y están vinculados con la averiguación previa.

La comisión detalló que en octubre de 2016 realizó la reparación del daño a familiares de un jugador, familiares del chofer del autobús que falleció, así como a 19 víctimas; 14 lesionadas y 5 no lesionadas que viajaban a bordo del mismo.

Y agregó que a partir del 14 de marzo como parte del proceso de acompañamiento y atención está dando seguimiento al proceso de reparación integral de otras seis víctimas que viajaban en dicho vehículo.
Por su parrte, Melitón Ortega, representante de los papás de 43 normalistas, manifestó que sería ilógico e indignante que se indemnizara a personas que no estuvieron en el ataque.

Dijo que si bien los padres no han tenido una relación directa con familias de los jugadores, comparten el mismo dolor y deben recibir el mismo trato que incluye llegar a la verdad y reparación del daño. Denunció que como víctimas no han recibido nada; al contrario, un trato cruel del gobierno.