Ayotzinapa

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Ene
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El video escondido de la noche de Iguala

Autor // comunicacion

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MEDIO: Proceso

TIPO: Revista

AUTORÍA: Anabel Hernández

FECHA: 24 de enero de 2016

Desde hace 14 meses la PGR tiene cinco videos de las cámaras de seguridad (controladas por el C-4) de Iguala, correspondientes a la noche del 26 al 27 de septiembre, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. En uno de esos videos se aprecia un grupo de vehículos pasar a toda prisa por el Periférico Poniente de esa ciudad, y en una de las unidades había civiles sometidos por uniformados. El presente trabajo, realizado con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley, hace notar dos cosas: que todo este material videograbado se dejó fuera de la investigación oficial, y que aquella noche trágica el C-4 era manejado por militares.

A las 23:19 horas del 26 de septiembre de 2014, 13 vehículos pasaron velozmente por la avenida Benito Juárez Poniente de Iguala, también conocida como Periférico Poniente, a la altura de la colonia Esmeralda y en dirección a la carretera 51, que va a Ciudad Altamirano, Teloloapan y Cocula. A unas cuadras de ahí, en la calle Juan N. Álvarez, acababa de ocurrir uno de los ataques contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, donde fueron desaparecidos al menos 20 de los 43 normalistas.

El convoy de 13 vehículos -en el cual iba uno similar a las patrullas de la Policía Municipal igualteca y que transportaba en la parte trasera al menos a seis civiles- pasó en sólo 59 segundos frente a la cámara del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) de Iguala.

Pero el video completo, donde se ve el paso del convoy, ha sido ocultado por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEG) y por la Procuraduría General de la República (PGR), instituciones que lo tienen en su poder desde hace más de 14 meses.

Las imágenes obtenidas para este trabajo -realizado con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de ¡a Universidad de California en Berkeley- muestran que en al menos una de las acciones del 26 de septiembre de 2014, en las cuales desaparecieron 43 normalistas, no sólo participaron vehículos con características similares a las de las patrullas de la Policía Municipal de Iguala, sino que se trató de un amplio operativo donde intervinieron otros vehículos; algunos de ellos podrían ser oficiales o llevar funcionarios públicos a bordo.

Vehículos parecidos a los que figuran en el video tomaron parte en las agresiones a los estudiantes, de acuerdo con entrevistas hechas por la reportera a sobrevivientes del ataque y según los testimonios contenidos en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentado en septiembre de 2015.

Hasta ahora la "verdad histórica" de la PGR dice que sólo fueron los policías municipales de Iguala y Cocula quienes sometieron a los estudiantes, los transportaron en sus patrullas y los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos. Pero dicha versión ha sido desmantelada por investigaciones periodísticas publicadas en este semanario, por el GIEI y por estudios científicos.

Y el video ha sido ignorado en las líneas de investigación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) -según la versión pública de los 85 tomos de la averiguación previa de la PGR- pese a que evidencia la manipulación de las cámaras de seguridad del C-4, que esa noche estaban bajo control del Ejército.

** Alteración.

Hasta el 6 de octubre de 2014, cuando la Gendarmería Nacional tomó el control de las instalaciones del C-4 de Iguala, éste era el órgano de coordinación policíaca, militar y de Protección Civil mediante el cual se organizaban todos los operativos de seguridad pública en el municipio y estaba vinculado al número de emergencia 066.

Ahí había radio operadores del Ejército, de las policías estatal y municipal y de Protección Civil, que tenían acceso a los reportes de las llamadas de emergencia y a la información de las cámaras de seguridad; el destacamento de la Policía Federal en Iguala recibía los reportes vía remota en tiempo real.

Según información del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno federal obtenida con base en la Ley Federal de Transparencia, el C-4 de Iguala estaba conectado al SNSP y a la Red Nacional de Telecomunicaciones.

En diciembre de 2014 (Proceso 1989) este semanario reveló que el C-4 de Chilpancingo monitoreó a los estudiantes desde su salida de la Normal de Ayotzinapa a las 17:59 horas, y le reportó al C-4 de Iguala que iban hacia allá.

Los documentos obtenidos indican que el C-4 de Iguala también monitoreó a los estudiantes desde que llegaron a ese municipio y en todo momento recibieron los reportes de los tiroteos en los distintos puntos donde fueron agredidos.

El video obtenido -rotulado de origen como "26-09-2014 11-19-32 p.m. personal de la policía trasladando a algunos detenidos"- es uno de los cinco que registraron las cámaras del C-4 de Iguala relacionados con el ataque a los estudiantes.

Llama la atención que los otros cuatro videos duran, cada uno, de 30 a 50 minutos, pero el que captó uno de los operativos de desaparición apenas dura un minuto.

La mañana del 27 de septiembre de 2014 los videos fueron extraídos directamente del C-4 de Iguala por órdenes del secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Vázquez Vázquez, y entregados al coordinador de la Policía Ministerial del estado. Según el acta de la cadena de custodia -de 1.a cual se obtuvo versión pública-, los videos fueron integrados a la averiguación previa HID/SC/993/2014.

La grabación "26-09=2014 11-19-32 p.m. personal de la policía trasladando a algunos detenidos capto el paso del convoy sobre la avenida Benito Juárez Poniente mientras cruzaba por las colonias Emiliano Zapata, Esmeralda, Bugambilias y Villa de Guadalupe.

Los vehículos venían de la dirección donde se encuentran la calle Juan N. Álvarez y las instalaciones del C-4, ubicadas en la calle Industria Petrolera, e iban hacia la carretera que lleva a Ciudad Altamirano, Teloloapan y Cocula.

El primero y el último vehículos del convoy eran camionetas SUV oscuras. La que encabezaba el grupo llevaba al menos dos tripulantes con ropa similar, como si estuvieran uniformados. No se distingue si había más personas en su interior.

A lo largo de la investigación periodística se obtuvieron testimonios de personas que presenciaron las agresiones y quienes refieren que hubo camionetas oscuras, con hombres de "apariencia militar", en los primeros disparos contra los estudiantes en el centro de Iguala, así como en la persecución después de la medianoche, luego del segundo ataque en la calle Juan N. Álvarez.

Luego de la primera SUV, el video muestra el paso de tres vehículos similares a las patrullas pick up que usaba la policía igualteca. La primera llevaba personas uniformadas en la parte trasera; la segunda, seis civiles sometidos y vigilados por dos o tres uniformados; la tercera también llevaba uniformados en la parte trasera.

En la revisión del video llama la atención que el primero y el tercer vehículos están rotulados y pintados de igual manera, pero el segundo, donde van los civiles, tiene el techo pintado de modo diferente, por lo que podría tratarse de una patrulla clonada.

Después se ve una motocicleta casi pegada a una pick up blanca sin rótulos visibles, del tipo de las que esa noche usó la Policía Ministerial de Guerrero.

Según el testimonio de estudiantes sobrevivientes -contenido en el informe presentado por el GIEI en septiembre de 2015-, mientras huían de la agresión perpetrada por la Policía Federal contra uno de los autobuses, a la altura del Palacio de Justicia, de una pick up blanca de la Policía Ministerial bajaron cuatro sujetos vestidos de civil y los agredieron.

En el video también se distingue el paso de un sedán oscuro con torreta y un escudo en el cofre, que escoltaba una grúa blanca, sin distintivos visibles, la cual remolcaba otro sedán oscuro. Pasa después un sedán negro. Se ve otra motocicleta que va muy cerca de otra SUV oscura. Después del paso del convoy, la calle se ve desierta unos segundos y termina el video.

En sus declaraciones ministeriales ante la SEIDO en diciembre de 2014, el coronel José Rodríguez Pérez reconoció que hubo militares de los Órganos de Búsqueda de Información vestidos de civil, quienes a bordo de motocicletas estuvieron presentes cuando los estudiantes llegaron a las inmediaciones de Iguala y durante al menos uno de los ataques.

Asimismo, testimonios obtenidos por la reportera en entrevistas a estudiantes sobrevivientes y testimonios contenidos en el informe del GIEI presentado en septiembre de 2015 señalan que en diversos momentos de los ataques de esa noche hubo presencia de motocicletas vigilando a los normalistas; un entrevistado refiere que uno de los motociclistas iba armado.

El video obtenido también muestra que desde el C-4 se manipuló la cámara de seguridad y se le hizo apuntar hacia el cielo cuando pasaba una parte del convoy. Luego se cambió la grabación de color a blanco y negro, lo que hace más difícil distinguir las características de los vehículos.

De acuerdo con las declaraciones ministeriales rendidas por militares del 27 Batallón de Infantería ante la PGR, publicadas el 6 de septiembre de 2015 por Proceso (edición 2027), esa noche los militares estuvieron a cargo de las cámaras seguridad, aunque la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero era la responsable del C-4.

Hasta ahora ninguno de los militares responsables de las cámaras esa noche ha declarado ante la PGR y el GIEI insiste en hablar directamente con los soldados que participaron entonces en distintos operativos; el gobierno de Enrique Peña Nieto y el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, se han negado a ello.

** Escondidos o borrados

El 27 de septiembre de 2014 el agente del Ministerio Público Miguel Ángel Cuevas Aparicio, de la FGEG, solicitó a la perito Adriana Salas Domínguez analizar sólo una parte del video.

La limitó a "extraer la secuencia de imágenes donde se observa circular por la avenida a tres vehículos tipo camioneta con luces en su parte superior (torretas) a las 11:19:34 pm", por lo que la perito sólo sacó del video ocho fotografías de dichas unidades y se ignoró el resto de los automotores del convoy.

Esas fotografías fueron usadas por la Fiscalía para incriminar y dirigir desde un inicio toda la investigación contra los policías municipales y el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y se omitió indagar la presencia de las camionetas SUV y las demás unidades.

En los primeros interrogatorios hechos por la FGEG a los 22 policías municipales de Iguala detenidos el 27 de septiembre se les mostraron las fracciones de segundo donde aparecen las tres patrullas municipales, pero nunca les enseñaron la secuencia de un minuto donde pasa todo el convoy.

En la averiguación previa PGR/SEIDO/ UEIDMS/87/2014 consta que la SE1DO, por medio del oficio número 4529, solicitó el 29 de octubre de 2014 a la FGEG "copia de las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la vía pública (C-4) de los días 26 y 27 de septiembre del año 2014 en el municipio de Iguala de la Independencia, respecto a los hechos de los desaparecidos de Ayotzinapa", a fin de contar con información para hacer la investigación.

El 31 de octubre de ese año la Fiscalía le entregó a la SEIDO los cinco videos en un dispositivo USB, pero la PGR nunca hizo una investigación sobre la participación de esos vehículos en los hechos.

En la versión pública del expediente, la PGR incluyó el dictamen de la perito Salas Domínguez sobre los cinco videos, pero ocultó las imágenes. No fue sino hasta el 12 de noviembre de 2014 cuando la SEIDO envió a peritos en informática y video al C-4 de Iguala para revisar los videos del 26 y 27 de septiembre, pero éstos ya habían sido borrados.

El 13 de noviembre de 2014 la SEIDO volvió a pedirle al gobierno guerrerense los videos del C-4 de Iguala de los días 26 y 27 de septiembre. Un día después el director general del Sistema Estatal de Información Policial respondió que la información videográfica de esas fechas no existe, pues el propio sistema borra la información cada siete días. "Sin embargo no omito informarle que la información captada durante los días 26 y 27 de septiembre le fue entregada al agente del ministerio público de la federación", señala la versión pública del oficio.

En ninguna de las declaraciones ministeriales rendidas hasta ahora por los policías municipales de Iguala, de Cocula y de supuestos miembros de Guerreros Unidos detenidos -muchas de ellas obtenidas mediante golpes y tortura- se menciona haber trasladado a normalistas en un operativo como el que se ve en el video obtenido.

Según la "verdad histórica" de la PGR, los policías municipales de Iguala y Cocula transportaron únicamente en patrullas de sus municipios a los 43 estudiantes hasta Loma del Coyote, en Iguala, y supuestamente ahí los entregaron a sicarios de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los subieron a un camión de redilas y una camioneta estaquitas blanca y los llevaron al basurero de Cocula donde, siempre según la versión de la Procuraduría, los quemaron hasta hacerlos cenizas que arrojaron al río San Juan.

De acuerdo con esa versión, los estudiantes fueron trasladados únicamente en patrullas municipales; algunos iban muertos, otros estaban heridos y sangrando. El 27 de septiembre de 2014 la FGEG realizó un peritaje en las 19 patrullas de la Policía Municipal igualteca y en el interior de éstas no se encontraron rastros de sangre ni cabello.

Sólo en una patrulla, la número 2, se encontraron aparentes restos de sangre en la parte externa de una de sus portezuelas y una mochila en el asiento trasero.

Integrantes del GIEI consultados para esta investigación señalaron que el video puede estar manipulado de origen, pues cuenta con dos cronómetros, uno sobre el otro, entre los cuales hay un desfase de un minuto y 27 segundos.

Los cinco videos entregados a la FGEG y a la PGR muestran lo mismo: dos cronómetros superpuestos.
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Ene
25

Caen tres más ligados al caso de los normalistas

Autor // comunicacion

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MEDIO: El Universal

TIPO: Periódico

AUTORÍA: Marcos Muedano

FECHA: 23 de enero de 2016

Las fuerzas federales detuvieron en Iguala, Guerrero, a tres hombres como presuntos responsables de participar en el homicidio de un normalista de Ayotzinapa y la desaparición de 43 más, en septiembre de 2014.

Con estos aseguramientos, el gobierno federal suma 113 detenciones y ha consignado a 131 personas por estar relacionadas con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, en agravio de los estudiantes de la Normal Rural.

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó que dos de los detenidos, ambos hermanos, presuntamente recibieron a los estudiantes por parte de los elementos de Seguridad Publica del municipio, por órdenes del entonces alcalde José Luis Abarca.

Renato Sales Heredia, titular de la CNS, explicó que la tercera persona es investigada por el homicidio de Julio César Mondragón Fontes, quien fue desollado el día del ataque.

"En complemento a las labores en torno a la identificación, localización y detención de los autores materiales e intelectuales, de los hechos suscitados en Iguala, Guerrero, el 26 y el 27 de septiembre de 2014, fuerzas federales capturaron en el municipio de Iguala, Guerrero, a Bernabé Sotelo Salinas, a Cruz Sotelo Salinas y a Mauro Taboada Salgado, presuntamente involucrados en los hechos mencionados, quienes presumiblemente formaban parte de un grupo delictivo que opera en la entidad", explicó el comisionado.

En conferencia de prensa, el comisionado comentó que Bernabé Sotelo también se encargaba de custodiar armamento de la organización criminal Guerreros Unidos.

"Por lo que hace a la detención de Mauro Taboada Salgado sería otro de los directamente relacionados o el principal involucrado en el homicidio de Julio César Mondragón Fontes, acontecido el 26 de septiembre de 2014, según se advierte de la declaración de Gildardo López Astudillo [uno de los líderes del grupo delictivo], quien se encuentra actualmente sujeto a proceso", detalló el funcionario federal.

Sales Heredia refirió que con la aprehensión de estos tres probables responsables "tenemos 113 detenidos y 131 consignados. Existen órdenes de aprehensión por cumplimentar, fundamentalmente la de Felipe Flores [ex secretario de Seguridad Pública de Iguala]. Se seguirá trabajando en la investigación, la averiguación sigue abierta, no se ha terminado en su totalidad", detalló el funcionario.

Al momento de capturar a las tres personas, los elementos de la Policía Federal decomisaron un arma larga, con cargador abastecido de 20 cartuchos útiles y dos armas cortas.

Los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se determinará su situación jurídica.
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Ene
22

Seguirá colaboración con GIEI por Ayotzinapa: Arely Gómez

Autor // comunicacion

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MEDIO: Milenio

TIPO: Periódico

AUTORÍA: Rogelio Agustín

FECHA: 22 de enero de 2016

La procuradora Arely Gómez sostuvo que la PGR mantendrá la coordinación con el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) por el caso Ayotzinapa.

En Chilapa de Álvarez, la titular de la procuraduría afirmó que los trabajos encaminados a esclarecer lo sucedido en la ciudad de Iguala, Guerrero, es un asunto considerado como prioritario.

Destacó que la coordinación con el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se mantiene: "Estamos trabajando con ellos de manera coordinada".

Explicó que el 18 de febrero tiene programada una reunión de trabajo con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos para dar seguimiento a los acuerdos del encuentro del 16 de enero.

Sobre el hallazgo de cuerpos en los cerros de La Muñeca y La Laguna, en Teloloapan, aseguró que ya tiene información del hecho y esperar con el protocolo que está establecido para tratar ese tipo de asuntos.

Precisó que el protocolo a seguir está sustentado en la ley, el cual ha permitido obtener resultados en el rescate de osamentas e identificación de personas desaparecidas.

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Ene
22

Exigen mujeres activistas cese a la campaña contra dos integrantes del GIEI

Autor // comunicacion

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MEDIO: La Jornada

TIPO: Periódico

AUTORÍA: José Antonio Román

FECHA: 22 de enero de 2016


La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos exigió que cese la campaña de desprestigio contra Ángela Buitrago y Claudia Paz, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuvan en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Integrada por las Redes Nacionales de Defensoras de México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, la Iniciativa Mesoamericana también hizo un llamado al gobierno mexicano a rencauzar las energías y esfuerzos en la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido con los normalistas los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. En un pronunciamiento público, solicitaron a todas las instancias del Estado que brinden las garantías necesarias al GIEI para que continúen su labor sin obstáculos....[tc]

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Ene
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Eliminar obstáculos a la labor del GIEI, exigen activistas

Autor // comunicacion

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MEDIO: La Jornada

TIPO: Periódico

AUTORÍA: José Antonio Román

FECHA: 20 de enero de 2016

Más de un cien redes y organizaciones civiles y de derechos humanos, así como activistas y expertos, condenaron la "dolosa campaña de desprestigio" que se ha desatado contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instancia que desde marzo de 2015 coadyuva con el gobierno federal en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En un pronunciamiento, en el que respaldan el trabajo del GIEI, advierten que la "campaña mediática y política" se ha activado conforme se avanza hacia el esclarecimiento de los hechos.

"La existencia de dicha campaña es evidente, si se considera la sincronía de los mensajes, el despliegue de recursos económicos y la reiteración de los señalamientos infundados", dice el pronunciamiento.

Aunque hasta ahora los ataques se han centrado en descalificar a las fiscales Ángela María Buitrago y Claudia Paz y Paz, señalándolas falsamente de ser afines a intereses ilegítimos y presentándolas como responsables de una supuesta manipulación de procesos jurídicos en Colombia y Guatemala, "es claro que los esfuerzos se dirigen a deslegitimar el trabajo del GIEI en su conjunto y así entorpecer el esclarecimiento del caso", señalan.

Además, las organizaciones firmantes sostienen que en esa campaña no puede soslayarse el hecho de que las descalificaciones se han dirigido contra las dos fiscales mujeres, quienes trabajan de manera estrecha con la Procuraduría General de la República (PGR), para lo cual se han incorporando elementos discriminatorios en razón de género.

Destacan que la campaña coincide con otros obstáculos que han entorpecido el trabajo del GIEI, como la reticencia del gobierno federal a permitir que entrevisten a elementos del 27 batallón de infantería, presentes en diversos escenarios de la agresión y desaparición de los jóvenes normalistas los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero.

Por esa condición, los militares podrían aportar datos relevantes para el esclarecimiento pleno de lo ocurrido, siendo un hecho probado que al menos uno de ellos fungió como pasivo testigo presencial de la agresión contra los normalistas.

"El respaldo público al GEEI y la eliminación de los obstáculos que impiden la realización de su mandato son un paso obligado para demostrar que el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta con seriedad la grave crisis de violaciones a derechos humanos de México", señala el pronunciamiento firmado por 14 organizaciones civiles, 78 centros y redes defensoras de derechos humanos, y 20 destacados activistas y expertos en la materia.

Entre las organizaciones firmantes están Article 19, Freedom House, Open Society Justice Initiative, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Instituto para la Seguridad y la Democracia, y Servicios y Asesoría para la Paz.

También firman el documento los principales organismos defensores de garantías del país, como la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro dé Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

Entre los expertos y activistas están Vladimir Chomy, Luis González Placencia, el obispo Raúl Vera, Ximena Andión y Santiago Corcuera Cabezut, éste último actual integrante del Comité contra las Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
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