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Ene
22

Respaldan académicos y activistas las demandas del Ejército Zapatista

Autor // comunicacion

jornada_logo Periódico: La Jornada

Reportero: Emir Olivares Alonso

Martes, 22 de enero de 2013.

Ante la emergencia nacional que enfrenta México, la voz, presencia y experiencia de los zapatistas son necesarias para continuar en la construcción de otro mundo posible donde existan justicia, democracia, libertad y donde los gobiernos manden obedeciendo, subrayaron académicos y defensores de derechos humanos.

En una misiva dirigida al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a sus bases de apoyo y simpatizantes, así como a la sociedad en su conjunto, diversas personalidades respaldaron la exigencia –realizada hace unos días en un comunicado por el vocero zapatista, subcomandante Marcos– de dar cumplimiento a los acuerdos de San Andrés, reconociendo en ellos una demanda indispensable para la transformación de México.

El documento fue firmado por más de 80 personas, entre ellos: Pablo González Casanova, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Gonzalo Ituarte, ex vicario de la diócesis de San Cristóbal de las Casas; las actrices Ofelia Medina y Julieta Egurrola; José Rosario Marroquín, director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez; Magdalena Gómez, defensora de garantías fundamentales, y por al menos dos decenas de organizaciones sociales.

Los signatarios saludaron la propuesta realizada por el EZLN de vincularse con otros movimientos sociales y celebraron el llamado a fortalecer los espacios propios de los pueblos originarios, como articulación de un sujeto de transformación en el país.

“Tiempos difíciles se vislumbran para México: la entrega de nuestro territorio a las grandes corporaciones se da a pasos agigantados; el modelo de despojo y ocupación rápidamente se expande por el país, manifestándose en megaproyectos que destruyen nuestros pueblos; las contrarreformas estructurales continúan con el proceso de desestructuración del Estado mexicano iniciado hace más de 30 años; la clase trabajadora ha vivido un duro golpe con la reciente reforma laboral”, apuntaron en el texto.

Otras de las dificultades que identificaron son: el incremento de la violencia feminicida; la desaparición, la trata y la negación de los derechos fundamentales que enfrentan las mujeres; el abandono del campo y sus trabajadores; la entrega de los bienes naturales del país al capital trasnacional, facilitada por la clase política que recibe recompensas económicas por ello; que los gobiernos de todos los niveles y partidos continúan empeñando el futuro de los mexicanos mediante la adquisición de deuda; que “los grupos de interés se reconfiguran como élites por medio de un mal llamado ‘Pacto por México’, que no incluye a los mexicanos”, además de que la guerra del pasado gobierno contra el crimen agudiza la militarización y la paramilitarización del territorio nacional.

México se encuentra ante el grave riesgo de dejar de ser una nación libre y soberana. Las mexicanas y los mexicanos estamos perdiendo el derecho a tener derechos, enfatizaron los firmantes. Pese a ello –destacaron–, organizaciones, personas, jóvenes, sindicatos, víctimas de la guerra, trabajadores y pueblos dignos resisten a la embestida neoliberal y salen en defensa y rescate de la nación.

Desde la Proclama por el Rescate de la Nación nos parece indispensable la articulación de movimientos sociales en grandes sectores, su concreción en demandas de transformación nacional y la consolidación de una fuerza social capaz de responder a las necesidades históricas en las que se encuentra nuestro país.

Consideraron que ante las condiciones históricas es indispensable un pacto de los pueblos por el rescate de la nación, que consolide la agenda indispensable que pueda alumbrar a un movimiento rumbo a la transformación de México, y con ello abonar a la construcción de otros mundos posibles.

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Ene
08

Demandan desechar iniciativa de cambios constitucionales sobre derechos humanos

Autor // comunicacion

jornada_logo Periódico: La Jornada

Reportero: Emir Olivares Alonso

Martes, 08 de enero de 2013

Defensores de las garantías fundamentales demandaron a los diputados federales desechar la propuesta de modificación al artículo primero de la Constitución presentada por el legislador Francisco Arroyo Vieyra (PRI), porque "pone en peligro los avances logrados con la reforma de derechos humanos de 2011". 

En un pronunciamiento público difundido a través de diferentes plataformas tecnológicas, más de 120 personalidades relacionadas con la defensa de estas garantías y decenas de organismos civiles calificaron de "regresiva" la iniciativa del priísta.

Los signatarios del documento dirigido a los legisladores detallan que la propuesta de reforma plantea que en caso de existir "contradicción" entre la Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte -que la misma Suprema Corte puso a nivel de la Carta Magna- en materia de derechos humanos, debe prevalecer el texto constitucional.

Personalidades como Miguel Concha, John Ackerman, Gloria Ramírez, Edgar Cortez, Rolando Cordera, Santiago Corcuera, Miguel Sane, Michel Salas, y organismos como la Cátedra Unesco de Derechos Humanos, de la UNAM, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, entre otros, resaltaron que las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 "representan un cambio de enorme relevancia para el sistema de protección y garantía de esos derechos en nuestro país.

"No es una exageración cuando se dice que el nuevo texto del artículo primero implica un ''cambio de paradigma'' sobre el entendimiento de los derechos humanos como límite y obligación al poder público, pues incorpora al texto constitucional una serie de reglas y criterios de interpretación que deberán atender todas las autoridades en sus relaciones con los particulares." Las modificaciones de 2011 alcanzan "una sistematización jurídica de todas aquellas normas que tienen carácter fundamental por tratarse de derechos humanos y que no se encuentran en el texto principal. Ello implica que las garantías reconocidas por la vía de tratados, y que ya forman parte del orden jurídico mexicano, adquieren protección y reconocimiento constitucional".

Para quienes firman el documento la iniciativa del diputado priísta establece una jerarquía legal para la interpretación, "con lo cual retrocede en el avance normativo al dejar de garantizar la protección más amplia para la persona y deja sin sentido el reconocimiento constitucional del principio pro personae y la interpretación conforme a tratados, pues, al establecer que debe prevalecer el texto constitucional, desnaturaliza y nulifica los criterios constitucionales de interpretación".

Asimismo, retrocede en el número y la amplitud de la protección de las garantías fundamentales reconocidas, ya que con dicha reforma sólo existirán para todos fines prácticos los que estén reconocidos en la Constitución; contraviene el principio constitucional de progresividad en la interpretación de las obligaciones de garantizar, promover, proteger y respetar esos derechos, y excluye a la Constitución Mexicana del grupo de cartas magna de avanzada en América.