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Ene
11

El Congreso, sin facultad expresa para legislar sobre seguridad interior: ONG

Autor // comunicacion

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AUTOR: José Antonio Román
FUENTE: La Jornada
FECHA: 11 de enero de 2017



Organizaciones de derechos humanos y civiles de todo el país expresaron su preocupación "ante lo que se perfila como una imposición de la ley general de seguridad interior contraria a los derechos humanos y al estado de derecho".

En un pronunciamiento colectivo, criticaron severamente no sólo el formato "excluyente" y la forma "apresurada y opaca" con que pretenden aprobar una ley de estas dimensiones y trascendencia, sino también a los conceptos vertidos sobre el tema por las fracciones del PRI, PAN y PRD.

De entrada, las organizaciones civiles y de derechos humanos destacan que el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior. Además, el artículo 21 constitucional asienta que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una ley de seguridad interior como la que pretende aprobar el Senado.

Apenas en el inicio del debate, ayer mismo los tres partidos mayoritarios y el representante de la Presidencia de la República coincidieron en que aspiran a que, tras esta discusión, se apruebe la ley que diseñe los supuestos en que las fuerzas armadas podrán actuar en lugares que se consideren objeto de una afectación a la seguridad interior.

"Bajo esta lógica, es latente el peligro de que se apruebe una regulación que no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas", señala el pronunciamiento suscrito por más de 100 organizaciones de todo el país.

Advirtieron que esto es especialmente preocupante dada la "impunidad crónica" que prevalece en el país respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó "impunidad institucional castrense".

Destacan que a nadie escapa que, a 10 años de la guerra contra el narcotráfico, el país es hoy más violento, por lo que la efectividad de la militarización en el ámbito de la seguridad no es, como se dijo en el Senado, evidente.

Entre las organizaciones firmantes están el Centro Pro, el Centro Fray Francisco de Vitoria, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fundar, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Instituto de Justicia Procesal Penal y la Red Todos los Derechos para Todos.

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Ene
05

Denuncian ONG actos policiacos contra el derecho a manifestarse

Autor // comunicacion

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AUTOR: José Antonio Román 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 5 de enero de 2017


Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos se manifestaron preocupadas por la criminalización, en el contexto de las protestas por el gasolinazo, que los diferentes niveles de gobierno llevan a cabo contra quienes ejercen su derecho a manifestarse.

Denunciaron que desde los primeros días de estas protestas, en casi todo el territorio nacional se han dado actos de policías de diversas corporaciones que atentan contra la plena garantía de la libertad de expresión.

Por ejemplo, documentaron, se han reportado detenciones, uso de gas lacrimógeno y de equipo antimotines contra manifestantes. Sólo el 2 de enero fueron detenidos seis estudiantes del Instituto Politécnico Nacional durante protestas en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, así como cinco personas en Guadalajara y cinco más después de un bloqueo en la carretera México-Toluca.

En el estado de México se reportó, mediante videos en redes sociales, que en Tultitlán y Coacalco se presentaron detonaciones de armas de fuego durante las protestas.

En un pronunciamiento conjunto, la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Serapaz y la Red TDT, entre otros, pidieron a las autoridades abstenerse de realizar cualquier acción que derive en el uso arbitrario y excesivo de la fuerza pública, privilegiando el diálogo y velar por la seguridad de las personas.

De igual forma, pidieron a los organismos estatales y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que cumplan con su mandato de protección, a efecto de que envíen personal para supervisar y vigilar el desarrollo de las protestas.

Así, las organizaciones agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) también pidieron solicitar, conforme a las facultades legales, medidas precautorias para que las autoridades garanticen y velen por el pleno desarrollo del derecho a la protesta, evitando cualquier acto u omisión que vaya en detrimento de la seguridad, libertad e integridad individual.

En su pronunciamiento, la docena de organizaciones que integran el frente señalaron que en México hay un contexto adverso para el pleno ejercicio de la libertad de expresión y una tendencia creciente de medidas que buscan limitar esta libertad, como iniciativas o leyes que pretenden regular las manifestaciones e incluso permitiendo detenciones arbitrarias, encapsulamientos, utilización de armas letales y, en general, uso excesivo de la fuerza pública.