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Advierten ONG riesgo de "legalizar la impunidad" de las fuerzas armadas

Autor // comunicacion

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AUTOR: José Antonio Román
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 13 de enero de 2017

Organizaciones y centros de derechos humanos advirtieron que de aprobarse la ley de seguridad interior en los términos en que se discute en el Congreso de la Unión, la crisis de violaciones a los derechos humanos que vive el país se agravaría aún más, ya que se estaría prácticamente "legalizando la impunidad" con la que actúan las fuerzas armadas.

Ejecuciones extrajudiciales como la ocurrida en Tla-tlaya, estado de México, donde el Ejército presuntamente usó de manera desproporcionada su fuerza letal y manipuló el lugar de los hechos para encubrir lo ocurrido, se repetirán con mayor frecuencia en el resto del territorio nacional, consideraron.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, puso de ejemplo lo ocurrido también con el indígena Bonfilio Rubio Villegas, ejecutado extrajudicialmente por el Ejército Mexicano en junio de 2009 en Guerrero, y cuyo caso fue presentado hace unos días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de agotarse todas las instancias nacionales para obtener justicia.

En los casos Tlatlaya -donde al menos 15 de los 22 civiles muertos fueron ejecutados por militares, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)- y de Bonfilio Rubio, el Ejército aplicó la fuerza en forma desproporcionada, manipuló la escena de los hechos y sembró evidencias para encubrir sus actos, además de que la justicia civil no los llama a cuentas.

Agregó que en México no hay sentencias en contra de militares que han violado derechos humanos. "Es por eso que prevemos que estos hechos nos alertan de lo que podría pasar si la ley de seguridad interior es aprobada en los términos en que se discute", expresó.

Por su parte, Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en Guerrero, señaló que esa actuación de los militares es ya un patrón de comportamiento, que en esa entidad lo han confirmado con el paso ya de varias décadas, donde tras la violación a los derechos humanos de la población, siembran evidencias para encubrir a los perpetradores.

Aseguró que la situación de impunidad se agravaría con la nueva legislación, pues desde ahora los militares no rinden cuentas a nadie de su actuación y en los hechos están por encima de la autoridad civil. Incluso, aseguró, "los jueces se supeditan a los militares. No hay ya manera de controlarlos".

En tanto, Manuel Olivares, del Centro José María Morelos y Pavón, en Chilapa, Guerrero, rechazó que el malestar de los militares sea porque realizan tareas de seguridad pública; "su enojo es porque no tienen un marco jurídico que les garantice que no serán llamados a cuentas y se garantice su impunidad".

Resaltó que durante el año que recién concluyó, en el estado se han documentado 146 asesinatos, 41 desapariciones y han sido localizados 56 cuerpos en fosas clandestinas.

"Es falso que con la presencia militar en la entidad se tenga mayor seguridad", lamentó.

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Ene
12

Llega a la Comisión Interamericana otro caso de ejecución extrajudicial en Guerrero

Autor // comunicacion

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AUTOR: José Antonio Román 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 13 de enero de 2017

Un nuevo caso de ejecución extrajudicial perpetrado por militares en Guerrero llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En junio de 2009 Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua de 29 años, murió en un ataque de elementos del Ejército a un autobús con civiles en un retén militar en la carretera en Tlapa de Comonfort.

Hace unos meses, con la confirmación de la sentencia absolutoria del único militar procesado por los hechos, y la imposibilidad de tener justicia en México, los familiares de la víctima y representantes de los centros de Derechos Humanos Tlachinollan, José María Morelos y Pavón, Miguel Agustín Pro Juárez y para la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy decidieron presentar el caso ante la CIDH, lo que hicieron el 2 de enero en Washington.

En conferencia de prensa, familiares de la víctima y representantes de dichas organizaciones denunciaron que Guerrero se sigue caracterizando por sus altos índices de violencia y militarización, sobre todo después del lanzamiento de la llamada "guerra contra el narcotráfico".

De acuerdo con información del caso, tras la revisión ilegal en el retén, y cuando el chofer del autobús reinició su marcha sin haber sido plenamente autorizado por los integrantes del Ejército que estaban en el lugar, éstos abrieron fuego indiscriminadamente, de manera innecesaria y desproporcional. Dos proyectiles atravesaron la parte posterior del autobús, a la altura del medallón, e impactaron en cuello y cráneo de Bonfilio Rubio, causándole la muerte.

Según la acusación, los militares tomaron control de la escena del crimen y eso facilitó que manipularan la evidencia, llegando incluso al extremo de que sembraron enervantes para tratar de inculpar al chofer del autobús y justificar lo ocurrido.

La intervención inicial del Ejército en las primeras diligencias propició la impunidad posterior del caso. Las primeras indagatorias recayeron en el Ministerio Público Militar, y la familia Rubio Villegas tuvo que emprender una larga lucha que los llevó incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sacar del fuero militar el expediente, lo cual se logró en 2012.

Sin embargo, no fue posible remontar las enormes deficiencias que ya tenía el expediente por la actuación imparcial y tendenciosa de los órganos del fuero militar, y el juzgado de distrito del orden civil emitió una sentencia que exoneró al único integrante de las fuerzas armadas que fue procesado por los hechos, con lo cual se confirmó la impunidad, señaló Santiago Aguirre, del Centro Pro de Derechos Humanos.