El Centro Prodh en los Medios

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Jun
20

Serpientes y Escaleras / Un gobierno que espía

Autor // comunicacion

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AUTOR: Salvador García Soto
FUENTE: El Universal
FECHA: 20 de junio de 2017


Las denuncias de espionaje contra el gobierno mexicano no son algo nuevo; históricamente se ha documentado cómo, desde la época del partido de Estado, las escuchas telefónicas, los seguimientos personalizados y hasta la vigilancia y acoso permanente fueron prácticas comunes del régimen priísta contra opositores y disidentes del sistema. Con sus distintas estructuras y denominaciones, la DFS, Inteligencia Militar, policía federal o Cisen, las "policías políticas" y agencias de seguridad siempre espiaron a organizaciones y personajes considerados "peligrosos", "amenazas" o incluso "agentes extranjeros". La práctica se realizó siempre desde las instancias federales, aunque también hay gobiernos estatales que, en su afán de control y vigilancia, impulsaron sus propios "centros de espionaje", algunos ubicados en el Estado de México.

La técnica más recurrente han sido las escuchas telefónicas, que aún hoy se realizan y son motivo de filtraciones constantes de conversaciones entre dirigentes políticos, periodistas y activistas de la sociedad civil. Esa práctica nunca se fue, pero ahora se ha sofisticado con nuevas tecnologías que realizan espionaje ya no basado en líneas domiciliarias, ni en seguimiento de personas con fichas físicas -como las que aún se guardan en un enorme archivo del Cisen con datos, vida y milagros de personajes públicos- sino en el uso de malware que convierten a los teléfonos celulares -que hoy tienen 8 de cada 10 mexicanos- en auténticos espías de la vida privada, personal y profesional de esos mismos personajes.

Eso es lo que ayer denunció el New York Times en un reportaje que afirma que el gobierno mexicano, a través de diversas agencias de seguridad (PGR, Cisen y el Ejército) habría espiado a través de sus celulares a varios dirigentes de Organizaciones No Gubernamentales, defensores de derechos humanos y periodistas a los que se les inoculó en sus aparatos móviles el llamado software malicioso Pegasus, que convierte a los teléfonos móviles en robots espías que lo mismo reportan conversaciones telefónicas que correos, mensajes de texto, chats, videos, fotografías, ubicación y hasta funcionan como cámara y micrófono que transmite, en vivo y directo, cualquier actividad del dueño del teléfono infectado.

Los casos mencionados ayer por el NYT de activistas como Juan Pardinas, del IMCO, Mario Patrón, del Centro Pro, o los periodistas Carmen Aristegui (a quien incluso intentaron espiar a su hijo cuando era menor de edad) Carlos Loret de Mola, Salvador Camarena, Rafael Cabrera y Daniel Lizárraga, autores estos últimos del reportaje de la Casa Blanca de Las Lomas, constituyen una gravísima denuncia en contra de la administración del presidente Enrique Peña Nieto que, en el discurso dice respetar la "libertad de expresión y de crítica", así como el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas, pero en la práctica permite que, según el rotativo estadounidense, sus agencias de seguridad espíen a "personajes incómodos", utilizando la tecnología.

No es la primera acusación de este tipo al gobierno peñista, sin que haya algo más que un deslinde y una recomendación desganada para que los personajes espiados "denuncien ante la PGR para que se puedan realizar las investigaciones correspondientes". Lo mismo que ayer dijo en una carta al editor del NYT el Director de medios Internacionales de la Presidencia de la República, Daniel Millán, fue lo que declararon desde el gobierno el pasado 24 de mayo cuando los dirigentes de 10 organizaciones civiles acusaron a la administración de Peña Nieto de "espionaje contra activistas" y se levantaron de la mesa de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

Fundar, Imco, Artículo 19, Observatorio Nacional Ciudadano, México Evalúa, Social Tics, Cultura Ecológica y Control Ciudadano rompieron con el gobierno peñista por la misma razón que ayer documentó el NYT: espionaje a Alejandro Calvillo de El Poder del Consumidor, y Luis Manuel Encarnación, de Contrapeso. La denuncia la hicieron desde febrero al gobierno mexicano, al que pidieron investigar esos señalamientos, y como no hubo respuesta alguna, decidieron abandonar la iniciativa de Gobierno Abierto y denunciar a México para que fuera desconocido por esa iniciativa global que promueve justamente la transparencia gubernamental.

Esta es la segunda denuncia pública y fundamentada que, en menos de un mes, acusa de espionaje al actual gobierno federal. Si no hay una investigación a fondo y un deslinde de responsabilidades, se estaría validando y reconociendo una práctica violatoria de derechos y garantías constitucionales, además de que se confirmaría que con Peña no sólo retrocedimos en indicadores sociales, en seguridad y violencia, o que volvió el "partido de Estado" en las elecciones; también sigue, más sofisticado e igual de intimidante, el #GobiernoEspía.

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Jun
20

Presentan denuncia ante la PGR; el Presidente debe explicar, exigen

Autor // comunicacion

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AUTOR: Emir Olivares Alonso 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 20 de junio de 2017


Defensores de derechos humanos, activistas y periodistas demandaron al gobierno federal una explicación por los presuntos actos de espionaje en su contra que habrían sido cometidos por instancias gubernamentales, acciones que se dieron a conocer en un informe del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que fue publicado por el periódico estadunidense The New York Times.

Los afectados presentaron ayer una denuncia por estos hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por espionaje y otros delitos, por lo que demandaron una investigación inmediata e independiente. Asimismo, solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dieron aviso a organismos internacionales de defensa de garantías fundamentales.

Posteriormente, citaron a una conferencia de prensa en la que acompañados por organizaciones como Artículo 19, oficina para México y Centroamérica; y R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social TIC, informaron que el informe de la instancia académica canadiense muestra el uso de un malware altamente sofisticado y comercializado por el grupo israelí NSO Group exclusivamente a gobiernos, los cuales en el caso de México se habrían usado para espiar los teléfonos móviles de periodistas, defensores y activistas con un costo de 77 mil dólares (cerca de un millón 400 mil pesos) por cada celular infectado.

Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, leyó un posicionamiento en torno a estos hechos en el que subrayó que la investigación de Citizen Lab muestra evidencias para señalar que instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) "son clientes de NSO y que personas en México han sido objetivos de esta forma de vigilancia".

Se dijo que estos hechos "no son aislados, sino que se trata de una vigilancia sistemática de actores de la sociedad civil que resultan incómodos".

De acuerdo con los reportes, los afectados son: Mario Patrón, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer, director, subdirector y coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), respectivamente; los periodistas Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Salvador Camarena y Daniel Lizárraga (estos dos últimos miembros de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad); inclusive el hijo de Aristegui, Emilio, quien era menor de edad; así como Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano por la Competitividad.

Estas acciones de espionaje se dieron entre 2015 y 2016 y se incrementó en momentos relevantes en la que los afectados realizaban labor en favor de víctimas de violaciones a derechos humanos, reportajes sobre corrupción gubernamental o propuestas para leyes anticorrupción. En la conferencia estuvo John Scott Railton, de Citizen Lab, quien detalló que el malware se inserta en los celulares a través de links enviados por mensajes de texto (sms) y una vez infectado el aparato de comunicación es hackeado y se tiene acceso a toda la información e inclusive a los micrófonos y cámaras.

Carmen Aristegui aseveró que después de estas revelaciones el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, "tiene que dar explicaciones. ¿Qué tiene que decir el jefe del Estado mexicano ante una operación donde los agentes del Estado, lejos de hacer lo que tienen que hacer legalmente, han utilizado nuestros impuestos para cometer ilícitos graves? El Presidente está obligado, no es una cortesía, a darnos explicaciones. Esto es inaceptable, como lo es más todavía que asesinen a periodistas en México y no pase nada. Es inaceptable el espionaje y que hayan asesinado a Javier Valdez, a Miroslava Breach (corresponsales de La Jornada) y a otros que suman más de 100 en los años recientes".