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Abusaron de ellas al ser trasladadas a Santiaguito

Autor // comunicacion

 

AUTOR: Fernando Camacho y Emir Olivares 
FUENTE: La Jornada 
FECHA 16 de noviembre de 2017

Las 11 mujeres que denunciaron al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por "tortura sexual" fueron agredidas a bordo de tres camiones en el que eran trasladadas al penal de Santiaguito, municipio de Almoloya de Juárez, estado de México.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez documentó que 28 policías custodiaban los tres vehículos, 19 de ellos están bajo proceso y los autos de formal prisión se emitieron entre 2012 y 2016. A dos agentes les concedieron un amparo y para el resto no se ha cumplido la orden de aprehensión.

En el primer camión, número económico 7054, de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), fueron agredidas sexualmente Ana María Velazco, Yolanda Muñoz y Cristina Sánchez. El autobús era resguardado por 10 agentes.

Acerca del segundo, número económico 7035, de la propia ASE, denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual Mariana Selvas y Georgina Rosales. En ese vehículo viajaban ocho uniformados.

El último, era un autobús de transporte de pasajeros, de la línea San Pedro-Santa Clara. En este vehículo fueron violadas Suhelen Gabriela Cuevas, Bárbara Italia Méndez, Claudia Hernández, Norma Aidé Jiménez y Angélica Patricia Torres.

Los detenidos eran custodiados por 10 policías.

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Nov
16

Comparece el Estado ante la CIDH por el caso Atenco

Autor // comunicacion

Milenio logo PRENSA

AUTOR: Alma Paola Wong
FUENTE: Milenio Diario 
FECHA: 16 de noviembre de 2017

Representantes del Estado mexicano y 11 mujeres que acusan a funcionarios policiales de tortura sexual en el caso Atenco se encontrarán hoy en una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en San José, Costa Rica.

Se trata de 11 denunciantes que, tras un desalojo de opositores a la construcción de un aeropuerto en Texcoco, ocurrido el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, aseguran que fueron víctimas de ataques sexuales por parte de los elementos policiacos responsables de los operativos: se trata de Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Mariana Selvas Gómez, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo y Patricia Torres Linares.

Tras considerar ineficaces las investigaciones en nuestro país, las demandantes acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer su caso. En 2011 ese organismo internacional declaró admisible la queja, y en octubre de 2015 aprobó el Informe de Fondo 74/15, en el cual resolvió a favor de las peticionarias, determinando que habían sido víctimas de detención ilegal y arbitraria, tortura física, psicológica y sexual, y falta de acceso a la justicia.

La comisión exhortó al Estado mexicano a realizar una investigación exhaustiva en la que identificara y sancionara los distintos grados de responsabilidad, así como instrumentar las modificaciones estructurales pertinentes para prevenir la repetición de hechos similares.

No obstante, en julio de este año la comisión determinó que el Estado no había avanzado en las recomendaciones, por lo que remitió el caso a la Corte Interamericana, instancia internacional facultada para emitir sentencias vinculatorias.

Por ello, este jueves y viernes el Estado mexicano, que se espera sea representado por Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y cinco de las 11 denunciantes, así como expertos independientes, expondrán sus testimonios y alegatos ante el máximo tribunal de derechos humanos de la región, en espera de una sentencia en 2018.

"El Estado mexicano ha estado a prueba estos 11 años y ha fallado en forma absoluta en hacer justicia en este caso y en reparar a estas mujeres en su lucha, sobre todo por que se reconozca lo que sucedió y se sancioné", advierte Marcela Martino, subdirectora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organismo que junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, acompañarán a las mujeres en su defensa.

La abogada de Cejil señala que además de visibilizar el caso ante la comunidad internacional, su resolución puede servir para contar con medidas concretas para combatir las fallas estructurales del sistema de justicia en México.

"La Corte podrá profundizar sobre cuáles son los parámetros internacionales que tienen que guiar este tipo de investigaciones a escala interna y de conformidad con la gravedad de los hechos que fueron cometidos. Que todas las personas que estuvieron involucradas por acción u omisión o habrían podido detener estas investigaciones y no lo hicieron tienen que ser investigadas. Hasta la fecha no hay ningún agente federal que esté siendo investigado. Todo ello esperamos que la Corte lo pueda investigar", expuso Martino.

Recomendación de CNDH

En octubre de 2001, el entonces presidente Vicente Fox anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco, Estado de México, lo que involucraba la expropiación de poco más de 5 mil hectáreas de tres municipios mexiquenses.

De inmediato surgió el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), ejidatarios encabezados entre otros por Ignacio del Valle, quienes comenzaron a movilizarse para proteger al menos a 4 mil familias que se verían afectadas por el decreto expropiatorio de tierras en San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán.

La presión de las movilizaciones y bloqueos carreteros aumentó. En noviembre, con sus característicos machetes en mano, marcharon hasta el Zócalo de Ciudad de México en demanda de un diálogo con las autoridades federales.

En agosto de 2002, el presidente Fox decidió cancelar la construcción del nuevo aeropuerto, pero las manifestaciones del FPDT continuaron durante años, sobre todo porque se adhirieron a distintos grupos y defendieron diferentes expresiones sociales.

El 3 de mayo de 2006 el FPDT participó en una gresca con policías municipales después de que a un grupo de floricultores no se les permitiera continuar con la venta en el mercado municipal de Texcoco. En protesta, integrantes del frente y habitantes bloquearon la carretera Texcoco-Lechería, donde por momentos se enfrentaron con las fuerzas de seguridad.

La mañana del 4 de mayo, unos 2 mil policías estatales y 700 policías federales, según datos de organizaciones sociales, realizaron un desalojo con violencia e ingresaron a San Salvador Atenco. El saldo fue de más de 200 detenidos y dos muertos. Del lado de los manifestantes también habían ocurrido actos violentos. Hubo una imagen muy comentada a la sazón, en la que un policía era golpeado repetidamente en el piso.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó el delito de violación sexual a por lo menos 26 mujeres detenidas, con el objeto de humillarlas y castigarlas durante su traslado al penal de Santiaguito, mientras que ellas fueron acusadas de ultrajes a la autoridad, ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado, lo que en la mayoría de los casos las llevó a poco más de dos años de prisión.

El 18 de octubre de ese mismo año, la CNDH emitió una recomendación dirigida al gobierno del Estado de México y servidores de la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), por los hechos de violencia ocurridos en Texcoco y Atenco.

"Existen elementos para advertir presuntos actos del tipo penal "violación equiparada", realizada en la persona de las agraviadas por elementos policiacos que las custodiaron a bordo del camión cuando eran trasladadas de San Salvador Atenco, Estado de México, al Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito en Almoloya de Juárez, en razón del contenido de las actas circunstanciadas y demás evidencias que personal de esta comisión nacional recabó, en las que manifestaron que las obligaron a realizar diversos actos de naturaleza sexual bajo amenazas", expuso el organismo.