El Centro Prodh en los Medios

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Feb
12

Nuevo informe de la PGR sobre los 43 omite irregularidades ya reportadas

Autor // comunicacion

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AUTOR: Fernando Camacho Servín 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 12 de febrero de 2017

 

  • Actual visitadora eliminó faltas graves observadas por su antecesor

El informe que la Procuraduría General de la República (PGR) entregó el jueves pasado a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos omitió consignar una serie de irregularidades graves cometidas por el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, que sí estaban incluidas en la investigación hecha por el anterior visitador de la institución, César Chávez Flores.

Así lo demostró un análisis realizado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH), donde se destaca que en la nueva resolución de la PGR sobre el tema no se pide indagar cuál es la trascendencia penal de la actuación de Zerón y otros funcionarios, lo cual hará que sólo reciban una sanción administrativa leve.

En un cuadro comparativo hecho por el ProDH, se puede apreciar que varios temas incluidos en un informe interno que elaboró el ex visitador de la PGR César Chávez Flores -publicado en diciembre de 2016 por el diario The New York Times- no son mencionados en el nuevo documento, elaborado por la actual visitadora, Adriana Campos López, y entregado a los padres de los normalistas el 9 de febrero.

Entre las irregularidades que el informe actual simplemente no consigna está el hecho de que Zerón realizó diligencias en el basurero de Cocula -donde la PGR afirma que los 43 estudiantes fueron asesinados y quemados- sin estar bajo la dirección del Ministerio Público, o que estas acciones vulneraron el derecho a la defensa de Agustín García Reyes, El Chereje, uno de los principales acusados por la agresión contra los jóvenes.

De igual forma, el documento no se pronuncia sobre los indicios de tortura contra García Reyes, la fálta de integración en el expediente de todo el acervo probatorio (especialmente fotos y videos), y omite reportar la actuación policial en el Río San Juan, donde se supone que fueron esparcidas las cenizas dé los 43 normalistas.

Tampoco hay mención alguna de la falta de constancias que acrediten el hallazgo de las cuatro bolsas de plástico donde se encontraron las mencionadas cenizas, la presentación de videos editados por parte de la AIC y la manipulación dolosa de la presencia de funcionarios de Naciones Unidas para sugerir falsamente que habían atestiguado las diligencias en el río San Juan.

Además, el nuevo informe asegura que las detenciones de siete personas -incluido El Chereje- fueron legales, cuando el anterior documento señalaba que habían sido realizadas de manera ilegal y arbitraria.

En lo que concierne a las posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, el informe señala que Tomás Zerón trasladó a García Reyes al basurero de Cocula sin la autorización de un juez.

Dicho punto era señalado en el proyecto del anterior visitador como una violación a la verdad y se pedía investigar la posible trascendencia penal de la falta.

Asimismo, el proyecto de Chávez Flores proponía cesar a Blanca Alicia Bernal, agente del Ministerio Público, por diversas omisiones e irregularidades, y cancelar el certificado del fiscal Jorge García Valentín, quien permitió la salida de El Chereje de los separos. Sin embargo, en el más reciente informe no se pide investigar al respecto, y por ende todo quedaría en responsabilidades administrativas leves.

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Ene
27

Piden ONU y activistas no dar cheque en blanco al Ejército en ley de seguridad

Autor // comunicacion

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AUTOR: Andrea Becerril 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 27 de enero de 2017


  • Resaltan efectos indeseables por combate de militares al narco Piden ONU y activistas no dar cheque en blanco al Ejército en ley de seguridad

 

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Jan Jarab; el constitucionalista Alejandro Madrazo Lajous, y representantes de organizaciones no gubernamentales demandaron a senadores y diputados que dictaminan la ley de seguridad interior "no dar un cheque en blanco" a las fuerzas armadas y tomar en cuenta la experiencia negativa, luego de los 10 años en que los militares han participado en el combate al crimen organizado.

Jarab recalcó que la decisión del gobierno mexicano de utilizar a las fuerzas armadas en el combate a organizaciones criminales tuvo efectos "indeseables no previstos", sobre todo por la violación a los derechos humanos y, por ello, se requiere ahora una discusión responsable sobre el marco jurídico que se dará al Ejército.

Recordó que en 2016 el Alto Comisionado de la ONU recomendó a México promover un enfoque de seguridad ciudadana, con énfasis en la protección de la vida y los derechos humanos.

Si el Estado mexicano insiste en adoptar una legislación sobre seguridad interior se deben considerar 17 puntos, entre ellos, que sea compatible con los tratados internacionales sobre garantías fundamentales, especificar que el llamado a las fuerzas armadas sea el último recurso y se establezca su retiro gradual de las calles, agregó Jarab.

Al participar en la tercera reunión para discutir la ley de seguridad interior, Madrazo Lajous, director del Programa de Política Antidrogas del CIDE, sostuvo que estadísticamente se pudo comprobar que la violencia aumentó en lugar de disminuir en aquellos municipios donde fueron desplegadas las fuerzas armadas, y en 37 por ciento de las acciones en que intervinieron militares hubo "letalidad perfecta", es decir, todos los presuntos delincuentes fueron muertos y no hubo heridos.

Experto en derecho constitucional, resaltó que el Congreso no tiene facultades para legislar una materia autónoma que se llame seguridad interior y advirtió que las dos iniciativas que se analizan, la del diputado del PRI, César Camacho, y la del senador panista, Roberto Gil Zuarth, son demasiado laxas, ya que no regulan la operación de los militares, ni acotan la fuerza pública.

"Se esta dando un cheque en blanco para que quien sea que va a considerar necesaria una acción militar, la realice".

En ambas iniciativas, recalcó, se precisa que los militares actuarán "para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave. O sea, incluso para contener protestas pacíficas".

La iniciativa de Gil Zuarth autoriza incluso llegar hasta a la fuerza letal, o sea "lanzar al Ejército contra manifestaciones políticas", advirtió.

Otro de los ponentes, Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, comentó que en la década en que el Ejército y la Marina han participado en tareas policiacas "aumentaron las violaciones a derechos humanos cometidas por sus elementos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 10 mil 751 quejas y emitió 146 recomendaciones.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, defendieron la actuación del Ejército en el combate a la delincuencia organizada y la urgencia de dotarlos de un marco jurídico para cumplir con ese cometido.