Rodolfo y Teodoro, detenidos en mayo de 1999, fueron retenidos y torturados por militares que obtuvieron de ellos confesiones autoinculpatorias por delitos fabricados. El objetivo de la detención era claro: apalear a la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán por su resistencia exitosa a la tala de los bosques. Durante un proceso irregular fueron numerosas las voces que se sumaron a su defensa y se solidarizaron con ellos. El 7 de noviembre de 2001 el ejecutivo federal ordenó su liberación por razones humanitarias pero no reconoció la inocencia de ambos ni la existencia de violaciones a sus derechos humanos. El 25 de octubre de 2001, días antes de su liberación, por considerar que en México no existían los recursos idóneos y efectivos para lograr la investigación de la tortura y el acceso a la justicia, el caso fue presentado por la defensa, el Centro Prodh, y otras organizaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia se basó en que hubo violación a diversos derechos humanos consagrados en la Convención Americana, entre otros: