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Caso de activistas poblanos revela corrupción de jueces
Viernes,
30
Noviembre
2012

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Periódico: La Jornada

Reportero: Fernando Camacho Servín

Viernes, 30 de noviembre de 2012

La corrupción de las autoridades judiciales del país sigue haciendo posible el encarcelamiento de personas inocentes, no sólo por motivos personales, sino para castigar a quienes defienden los derechos •básicos de la población, como ocurrió con los. activistas indígenas José Ramón Aniceto y Pascual Agustín, afirmaron integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Luego de hacer un breve recuento del caso, Andrés Díaz, coordinador de defensa de dicho cch lectivo, subrayó en rueda de prensa que la fabricación del delito por el cual ambos hombres pasaron casi tres años en la cárcel hubiera sido imposible sin la complicidad de los jueces del municipio de Huauchinango, Puebla.

De igual forma, lamentó que en México no haya mecanismos de reparación del daño paca las víctimas de estos abusos, como lo comprueba el caso de las indígenas otomíes Alberta Alcántara, Teresa González y Jacinta Francisco, encarceladas entre dos y tres años, acusadas de, "secuestrar" a seis policías ministeriales y luego liberadas sin que se reconociera su inocencia ni se les indemnizara.

Araceli Olivos, también abogada de José Ramón y Pascual, enfatizó que desde el inicio era evidente la inexistencia de elementos para sentenciar a ambos indígenas nahuas.

El nivel de descomposición del aparato de justicia es tal, añadió, que por 20 mil o 30 mil pesos un particular puede iniciar un proceso amañado en contra de otro, haciendo a un lado cualquier principio de honestidad o imparcialidad y obligando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a dictaminar.

Por otro lado, la activista explicó que el asunto de fondo no se ha resuelto, porque la comunidad de Ada, en la Sierra Norte de Puebla, sigue sin tener acceso universal y gratuito al agua, pues algunas fuentes de abasto fueron cortadas o contaminadas por el cacique local.

José Ramón y Pascual agradecieron el apoyo del Prodh, así como del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y Amnistía Internacional, y aunque admitieron haber sufrido por su encarcelamiento injusto, anunciaron que no demandarán a quienes los difamaron. "No quiero hacer venganzas. Yo siento en mi corazón que los perdono. Nuestra familia ya sufrió mucho", resumió Pascual Agustín.