Imprimir
PDF

A dos años de la masacre en Villas de Salvarcar prevalece la falta de garantía a los derechos humanos de las víctimas y de los procesados
Lunes,
30
Enero
2012

logos_juarez

 

29 de enero de 2012

Boletín de Prensa

A dos años de la masacre en Villas de Salvarcar prevalece la falta de garantía a los derechos humanos de las víctimas y de los procesados.

 
  • A dos años de lo acontecido en Villas de Salvarcar, las autoridades responsables y competentes no han aceptado las Recomendaciones 50/2011 y 49/2011 emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos,  prevaleciendo la falta de garantía del derecho del acceso a la justicia, al debido proceso, a la seguridad jurídica, al trato digno y a la debida procuración de justicia, así como el derecho a la integridad y seguridad personal y a la protección a la salud para las víctimas y el imputado Israel Arzate Meléndez en los hechos acontecidos el 30 de enero de 2010 en la colonia Villas de Salvarcar.
  • Organismos Internacionales de Derechos Humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado las graves violaciones cometidas por las autoridades mexicanas en la investigación del multihomicidio de 15 personas en Villas de Salvarcar, donde la retención de 36 horas y la tortura contra Israel Arzate Meléndez pone en manifiesto que militares y policías han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas prevaleciendo la impunidad ante la falta de investigaciones adecuadas.

El próximo lunes 30 de enero de 2012 se conmemora el segundo año del lamentable suceso del multihomicidio de 15 personas, entre ellos jóvenes y mujeres, en la colonia Villas de Salvarcar, siendo un hecho significativo para evidenciar la violación sistemática de los derechos humanos en nuestra ciudad.
 
El 31 de agosto de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió las recomendaciones 49/2011 y 50/2011, mediante las cuales se corroboran las graves violaciones a los derechos humanos que sufrieron las víctimas y el procesado Israel Arzate Meléndez en los hechos de la masacre de Villas de Salvárcar.
 
El 9 de noviembre de 2011, Human Rights Watch en su informe “Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la ‘guerra contra el narcotráfico’ de México” señala que el marco de la lucha contra la delincuencia organizada en México, militares y policías han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y  casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente, siendo la violación de los derechos y garantías de Israel Arzate Meléndez uno de los casos que retoma el organismo internacional para realizar este señalamiento.
El 9 de diciembre de 2011, en el marco de la 63ª Conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional denuncio que la evidencia de tortura sufrida por Israel Arzate, documentada en la recomendación 49/2011 de la CNDH, ha sido ignorada desde el inicio de su detención por representantes del ministerio público y del poder judicial del Estado de Chihuahua. La negativa de admitir como prueba la evidencia de tortura pone en entredicho la obligación de las autoridades judiciales de garantizar un juicio justo al acusado, asegurar que cualquier resolución esté bien fundada y que los verdaderos perpetradores sean llevados ante la justicia.
 
El 30 de enero de 2010, fecha en la que ocurrió la masacre en Villas de Salvárcar, señala la CNDH en su investigación previa a emitir la recomendación antes señalada: que a razón de lo acontecido, elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM) se trasladaron al lugar de los hechos. Asimismo, personal de la Cruz Roja arribó al lugar referido para brindar la atención médica de urgencia. Sin embargo, se señaló en varios medios de comunicación impresos de la Ciudad que elementos de la SEDENA impidieron el paso de las ambulancias al lugar donde ocurrieron los hechos, el cual advierte posibles violaciones a los Derechos Humanos.
 
La CNDH también documentó que a partir de un análisis lógico-jurídico efectuado al conjunto de evidencias que integraron la queja, que servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia y del Poder Judicial del Estado de Chihuahua vulneraron en perjuicio de las personas directamente afectadas por el delito, así como a sus familiares, los Derechos Humanos a la seguridad jurídica, al trato digno y a la debida procuración de justicia, así como el derecho a la integridad y seguridad personal y a la protección a la salud, por acciones y omisiones que trasgreden las garantías que tienen en calidad de victimas y ofendidos del delito. Por ejemplo, el día 20 y 21 de junio de 2011 que se llevó la audiencia intermedia del Juicio contra 4 de los 5 imputados en el hecho, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua informo a los Visitadores de la CNDH que se consideró que por motivos de seguridad de los y las ofendidas deberían presenciar el desarrollo de la audiencia de mérito en una sala cercana habilitada con audio y video, sin embargo cuando los Visitadores acudieron a entrevistarse con los y las ofendidas, observaron que se encontraban en una habitación carente de higiene y de condiciones mínimas, además  ignoraban que la audiencia había comenzado, por lo que externaron su inconformidad a los Visitadores y expusieron que con una semana de anterioridad habían presentado un escrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua solicitando se señalara el lugar adecuado para el procedimiento judicial.
 
El mismo 31 de agosto de 2011, mediante la Recomendación 49/2011, la CNDH acreditó la detención arbitraria, tortura y retención en instalaciones militares de Israel Arzate Meléndez, uno de los imputados del delito por lo acontecido en Villas de Salvarcar, así como por la sustracción ilegal del CERESO cuando ya se encontraba a disposición del Juez: “[E]sta Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que existen elementos suficientes que permiten indicar que V1 [Israel Arzate] fue víctima de tortura, (…) fue obligado a confesar su posible participación en la masacre sucedida en la colonia Villas de Salvárcar (…)”. Además señaló que “La ilegalidad de estas excarcelaciones genera la presunción de la tortura de la que fue objeto (…).”
 
Resulta importante destacar que la CNDH manifestó: “[L]a ausencia de una investigación seria y científica y su sustitución por la tortura, puede provocar que se deje de castigar a personas que han realizado hechos delictivos, lo que puede llevar a una revictimización de los ofendidos y generación de impunidad y, como consecuencia, una vulneración a la debida procuración de justicia.”
 
El caso de Israel Arzate ejemplifica el patrón de violaciones a derechos humanos cometidas tanto por elementos de las Fuerzas Armadas como por las autoridades encargadas de la procuración y administración de la justicia, para quienes el nuevo sistema de justicia penal (acusatorio, oral y adversarial) no ha permitido garantizar efectivamente una defensa adecuada, la equidad procesal y la presunción de inocencia. La falta de eficacia en las investigaciones sobre la masacre de Villas de Salvárcar evidencia que se continúa en la obtención de confesiones mediante la práctica de la detención ilegal y la tortura como un método establecido en la investigación de los delitos en el Estado de Chihuahua. Como también, el involucramiento de militares en la detención arbitraria, la incomunicación y la tortura, confirma que la participación de militares en tareas de investigación y persecución del delito pone en riesgo la vigencia de los derechos humanos.
 
Por ello, manifestamos que mientras prevalezcan estas prácticas se mantiene la falta de garantía al derecho de las victimas a acceder a la justicia en los diversos hechos delictivos que continúan en nuestra ciudad.
 
Ante la emisión de la Recomendación 49/2011 y de la Recomendación 50/2011, manifestamos lo siguiente:
  • Demandamos que el General Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional y el licenciado César Horacio Duarte Jáquez, gobernador del estado de Chihuahua, acepten la Recomendación y le den cumplimiento efectivo.
  • En concordancia con la Recomendación 50/2011, exigimos que se investigue de manera efectiva los hechos acontecidos en Villas de Salvárcar y se atienda de forma integral a las víctimas.
  • Pedimos a la CNDH que se comprometa a dar continuidad al proceso de aceptación e implementación de las Recomendaciones y que vele por la seguridad y la integridad de Israel Arzate y su familia.
  • Hacemos un llamado al Tribunal Colegiado de Circuito para que tomen en cuenta la Recomendación en la resolución del caso dentro de los amparos interpuestos por Israel Arzate.
 
Atentamente
 
Centro Juárez de Apoyo a Migrantes, S.C.
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C.   

Organizaciones y Personas Solidarias:

Casa Amiga, Centro de Crisis A. C.

Programa Compañeros A. C.

Salud y Bienestar Comunitario A. C.

Grupo El Camino

Sin Violencia A. C.

Centro de Estudios y Taller Laboral A. C.

Centro de Estudios “Itziar Lozano” A. C.

Centro Mujeres Tonantzin A. C.

Centro de Derechos Humanos del Migrante A. C.

Red por la Participación Ciudadana A. C.

Mujeres por México en Chihuahua A. C.

Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas

Mtro. Víctor Quintana Silveyra

Centro de Apoyo a la Mujer Trabajadora A. C.