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Síntesis del caso de Daniel Téllez
Lunes,
03
Octubre
2011

Daniel Téllez

El 24 de septiembre de 2006 el joven Félix Daniel Téllez Ortiz entrenaba ciclismo en la autopista México-Querétaro a la altura de San Miguel de los Jagüeyes, en Huehuetoca, cuando fue atropellado por un camión militar que circulaba a exceso de velocidad. El vehículo que zigzagueaba entre los carriles salió al área de acotamiento donde transitaba el ciclista junto con varios compañeros. Al impactarse contra Daniel, el joven fue lanzado a más de 30 metros del lugar del accidente.

Una ambulancia trasladó a Daniel al hospital ISSEMYM de Toluca, ahí permaneció en coma 15 días y fue trasladado al Hospital Central Militar donde permaneció convaleciente durante cuatro meses. Se le diagnosticó paraplejía con sección medular completa a nivel de T5, húmero derecho fracturado, laceraciones faciales en 90% y múltiples lesiones y excoriaciones en el cuerpo;en otras palabras, la víctima perdió de manera total la sensibilidad y la movilidad de la cintura para abajo.

 

Al lugar del accidente llegó personal del ministerio público del fuero común, quien inició las averiguaciones previas CUA/II/5096/06 y HLM/I/2368/06. No obstante, al poco tiempo ambas fueron declinadas a favor del fuero militar; el ministerio público castrense inició la averiguación previa 37ZM/97/06II.

Durante la integración de la indagatoria ante el ministerio público del fuero militar fueron realizados tres peritajes, el primero por peritos castrenses que de manera parcial dictaminaron que fue Félix Daniel quien se introdujo en los carrilles de la autopista y que el vehículo circulaba a 80 kilómetros por hora. Es decir, de víctima paso a convertirse en presunto responsable de los hechos,.aun cuando los testigos civiles han declarado que el camión militar circulaba en zigzag con notorio exceso de velocidad y que fue dicho vehículo el que invadió el acotamiento. En los peritajes se destaca de manera importante que existen señales restrictivas para la circulación de bicicletas a lo largo del acotamiento, las cuales, según testigos y la propia víctima, fueron puestas en el lugar de los hechos después del accidente.

En este caso el afectado sí ha tenido acceso a la averiguación previa del fuero militar, él, al igual que sus padres, en diversas ocasiones ha revisado la averiguación previa y asegura que más de una vez se ha percatado de que desaparecen fojas del expediente y fotografías del lugar de los hechos. Sin embargo el ministerio público militar encargado de la indagatoria ha negado en todo momento que esto haya sucedido.

A pesar de los testimonios de quienes presenciaron el accidente, algunos de los cuales se han sentido intimidados en los interrogatorios, no ha habido una respuesta al reclamo de una indemnización, la Sedena aduce que su reglamento interno no lo permite porque el lesionado no trabaja en esa secretaría.

Los padres de la víctima han buscado diversas vías para que los daños ocasionados a su hijo sean reparados, pues ha quedado imposibilitado para caminar y volver a su antiguo trabajo en el gobierno municipal de Tultitlán. Han hecho llegar solicitudes a la Sedena y al presidente Felipe Calderón, pero no han recibido una respuesta favorable. Iniciaron una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la cual no hay avances. A últimas fechas se han acercado a diputados locales y medios de comunicación para solicitar apoyo en espera de obtener algún resultado.

En junio de 2007 el ministerio público castrense ejercitó la acción penal contra el chofer del camión que atropelló a Daniel, el sargento Sergio Genaro Santiago, quien huyó del lugar de los hechos pero se presentó después a rendir su declaración como probable responsable. En el accidente, además de Félix Daniel, falleció un militar y varios sufrieron lesiones, sin embargo estos últimos han otorgado el perdón al probable responsable. Daniel y su familia han tenido que soportar un largo proceso para que la Sedena cumpla las obligaciones derivadas del siniestro.

El caso de Daniel Téllez muestra cómo la ausencia de controles civiles sobre el Ejército no sólo propicia violaciones a los derechos humanos en el marco de los operativos contra la delincuencia organizada, sino que también las ocasiona en otros ámbitos. El caso de Daniel muestra los riesgos de la presencia del Ejército en las calles y, sobre todo, evidencia que ante la inefectividad de los controles y con el respaldo incondicionado de las autoridades civiles, los efectivos castrenses llegan a extremos inverosímiles cuando se trata de perpetuar la impunidad y mantenerse ajenos a la rendición de cuentas: el que Daniel, pese a las lesiones permanentes que los militares le provocaron, haya pasado de víctima del delito a presunto responsable en una averiguación previa llena de irregularidades, conducida por los propios castrenses.