Imprimir
PDF

El Estado mexicano es responsable de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres torturadas sexualmente en Atenco
Jueves,
07
Octubre
2010

Dentro del proceso que se desarrolla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la tortura sexual de 11 mujeres, el Estado mexicano ha mostrado continuamente su negativa al reconocimiento de los hechos y de toda responsabilidad en ellos. Al hacerlo exhibe el mismo desdén que lo ha caracterizado en materia de derechos humanos y el escaso compromiso que tiene respecto del cumplimiento de sus obligaciones internacionales en el mismo ámbito.

En abril de 2008 once mujeres denunciantes de tortura sexual, cometida durante los hechos de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, presentaron a la CIDH una petición –acompañadas por el Centro Prodh y Cejil- con el fin de que este órgano declare que el Estado mexicano es responsable de las violaciones a sus derechos humanos, consistentes, entre otras, en privación ilegal de la libertad, tortura y falta de acceso a la justicia.

El 10 de diciembre de 2009 la CIDH trasladó la petición al gobierno mexicano. Le concedió dos meses para presentar sus observaciones. Éste resolvió solicitar una prórroga que le fue concedida, sin embargo tampoco le bastó el nuevo periodo; lo que puso de manifiesto su reticencia a reconocer los hechos y violaciones alegadas en la petición. Finalmente el 23 de julio fueron presentadas las observaciones; en ellas el Estado mexicano presenta su oposición a que sea declarada la admisibilidad del caso. Argumenta que las investigaciones se han conducido de una manera diligente y las denunciantes han tenido diversas vías y recursos legales disponibles, por lo tanto la justicia interamericana no debería conocer el presente caso; solicita, por lo tanto, que sea desechado.

Mediante este informe del Estado mexicano conocemos ahora que ya se absolvió por completo a los pocos policías que eran procesados por su participación en los hechos. Se perpetúa la impunidad cuyos orígenes se remontan a la errónea decisión de la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) que en julio de 2009 declinó la competencia a favor de las instancias del Estado de México, entidad donde los sistemas de procuración y administración de justicia se han caracterizado por su sujeción al Poder Ejecutivo local y por la descalificación de las víctimas de violaciones de derechos humanos argumentado razones de orden público.

La forma en que el Estado mexicano ha procedido en el presente caso agrava las condiciones que obstaculizan el acceso a la justicia en el país, no sólo a las 11 mujeres denunciantes de tortura sino a quienes han sido víctimas de abusos permitidos, y aun impulsados, por las autoridades. Es relevante al respecto que en los pasados días la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya condenado al Estado mexicano por la tortura sexual cometida por militares contra Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Debe recordarse que durante la audiencia ante la Corte la representación del Estado mexicano pidió a los jueces que desestimaran las acusaciones por violación y tortura atribuidos a los soldados.

Durante más de cuatro años el Estado mexicano ha sido ineficiente para procesar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos perpetradas el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco. El 30 de junio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso favorable al resolver la libertad inmediata de los 12 presos detenidos durante la incursión policial a Atenco. Sin embargo el lamentable episodio de violaciones a los derechos humanos en Atenco dista mucho de ser concluido favorablemente al no existir condiciones para que las mujeres agredidas por las fuerzas de seguridad estatales y federales participantes en el operativo encuentren justicia.

Ante la respuesta del Estado mexicano a la CIDH, el Centro Prodh y Cejil han elaborado observaciones al informe estatal instando al organismo internacional para que a la brevedad admita el caso en cuestión. Insistimos, con las mujeres denunciantes, en la necesidad de que se condene internacionalmente al Estado mexicano con el fin de acceder a la justicia integral que hasta hoy ha sido negada y se adopten medidas claras para erradicar en el país la violencia contra las mujeres, en especial la violencia institucional perpetrada por las autoridades.