Imprimir
PDF

No logra el Estado mexicano rebatir ante la Corte IDH las pruebas que evidencian la tortura cometida contra los campesinos ecologistas

El día de ayer el defensor de los bosques Rodolfo Montiel Flores, víctima de detención arbitraria y tortura en 1999 a manos del Ejército por su activismo ambientalista, rindió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su testimonio sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado mexicano en su contra y en contra de su colega y también campesino ecologista, Teodoro Cabrera García. La sala de audiencias se encontraba repleta por el evento.

 

En sus alegatos orales el Estado mexicano pretendió evadir su responsabilidad en las graves violaciones perpetradas contra Montiel y Cabrera.  No obstante, para mitigar el impacto de la eventual sentencia de la Corte, siguió sosteniendo a pesar de los elementos de prueba y testimonios presentados en estos dos días, que el Ejército no incurrió en ningún acto arbitrario o abusivo en contra de los ecologistas en mayo de 1999.  Sin embargo, pretendió ocultar la indebida extensión de la jurisdicción militar en el caso de los ecologistas a lo que a preguntas expresas de los jueces tuvieron que aceptar que no ha dado cumplimiento a los estándares de protección de derechos humanos.

Por su parte, el doctor Christian Tramsen, médico danés con tres décadas de experiencia que realizó una revisión médica a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera durante su encarcelación, rindió su testimonio experto. Detalló las secuelas físicas de tortura encontradas en las víctimas.  Tramsen, experto en medicina forense, explicó cómo él y el médico argentino, internacionalmente reconocido experto forense, doctor Morris Tidball-Binz, viajaron a Iguala, Guerrero, en representación de la organización internacional Médicos por los Derechos Humanos (Physicians for Human Rights), para realizar los exámenes médicos que demostraron que ambas víctimas habían sido sometidas a torturas que les provocaron daños en diversas partes del cuerpo, como las piernas, la región lumbar y los genitales. Explicó que los síntomas encontrados sólo pueden explicarse por haber sufrido actos de tortura como los descritos por las víctimas.

El Estado presentó como única declarante a una perita de la Procuraduría General de la República (PGR),  la doctora Juana Ma. del Carmen Gutiérrez Hernández, quien, ante las preguntas de la Comisión Interamericana y de los representantes de las víctimas (el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), tuvo que admitir que los certificados médicos emitidos diariamente por peritos adscritos a la PGR en los casos de las personas detenidas, no constituyen un examen médico completo ni cumplen con los estándares para la detección de tortura (Protocolo de Estambul).

La misma perita, que basó parte de su testimonio en dos certificados médicos emitidos por el Ejército, al ser preguntada sobre cuáles eran sus fuentes de información acerca de la metodología empleada por los médicos militares en el momento de revisar a las personas detenidas, admitió que no contaba con ninguna.  Aunque señaló reiteradamente que el Protocolo de Estambul es el instrumento idóneo para investigar la existencia de tortura mediante un examen médico,  pretendió descartar el examen realizado por los doctores Tramsen y Tidball-Binz, pese a ser éste último uno de los autores que contribuyeron a la creación del mismo Protocolo y, por lo tanto, uno de los más reconocidos expertos mundiales en la detección de tortura.

En el marco de esta audiencia, por primera vez en más de cinco años, Rodolfo Montiel se ha encontrado con su esposa Ubalda Cortés. Montiel, exiliado del país debido a las amenazas que ha recibido en México, no ha podido estar con su familia a partir de la violencia empleada contra él y sus colegas defensores de los bosques por el Estado mexicano.

El Centro Prodh y Cejil, en congruencia con sus alegatos, mantenemos firme la acusación al Estado mexicano por su actuación represiva, mediante el uso de la fuerza militar y el empleo desviado del sistema de justicia, particularmente la jurisdicción militar, en contra de los campesinos organizados que defendieron legítimamente sus bosques de la devastación permitida por las mismas autoridades gubernamentales. Junto con la Comisión Interamericana –que demandó al Estado ante la Corte– mantenemos que fueron violados los derechos al debido proceso porque la tortura debió ventilarse ante la autoridad civil y no ante la militar, como sucedió y sigue sucediendo en México ante este tipo de casos.

Rodolfo Montiel pidió a la Corte IDH que ordene al Estado mexicano tomar las medidas necesarias para proteger a los defensores ambientalistas.  Igualmente pidió que se establezcan mecanismos de control para garantizar que no continúe la práctica de encarcelar a personas inocentes con base en confesiones arrancadas bajo tortura y, en especial, que el Ejército deje de patrullar y cometer abusos que permanecen impunes contra las comunidades. Con él seguiremos insistiendo para que su exigencia de justicia sea asumida en México.

Las y los jueces de la Corte Interamericana se pronunciarán sobre el caso mediante una sentencia definitiva –y de cumplimiento obligatorio– cuya emisión se espera para fines del presente año- Los representantes confiamos a que el Máximo Tribunal Americano tienen elementos suficientes para condenar al Estado Mexicano y ordenar  una reparación integral del daño a los campesinos ecologistas.