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México se compromete públicamente a cumplir la sentencia de la Corte IDH por el caso de los Campesinos Ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera

El día de hoy, en un acto solemne llevado a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora Castro, se comprometió públicamente a acatar y cumplir la sentencia emitida el 26 de noviembre del 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que se condenó al Estado mexicano por violaciones a la libertad personal, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas, defensores de los bosques de la Sierra de Petatlán, en el estado de Guerrero. El caso fue asumido y defendido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

Teodoro Cabrera agradeció a la sociedad civil su presencia en el evento. Asimismo, señaló que continúa sufriendo los estragos de la tortura de la que fue víctima, por lo que pidió que los militares perpetradores sean castigados penalmente. En su demanda de justicia, exigió que el Estado garantice medidas de no repetición, para que nunca más los campesinos y comunidades que defienden sus tierras vuelvan a ser víctimas de tortura. Miguel Olivar Cabrera, hijo de Teodoro, recordó que su padre y Rodolfo Montiel fueron torturados y acusados falsamente y explicó cómo la familia entera ha sufrido las consecuencias económicas y sociales de esta injusticia.

A continuación, Rodolfo Montiel, vía telefónica desde el lugar en el que se encuentra asilado, agradeció al Centro Prodh y a CEJIL su defensa y participación en su lucha. Manifestó su emoción por haber llegado a este día firme en la lucha por la justicia y por la defensa del medio ambiente y recursos naturales. Pidió al gobierno mexicano que haga una declaración pública de su inocencia y, al igual que su compañero Teodoro, exigió justicia y castigo para los militares perpetradores de tortura. Por otra parte, demandó garantías de bienestar y seguridad para todas las familias de los campesinos ecologistas y solicitó la salida de los militares de las comunidades rurales, por considerar peligrosa su permanencia en las mismas. Al preguntar expresamente a las autoridades mexicanas si podría volver a México, el Subsecretario Zamora respondió que es compromiso del Estado mexicano cumplir en todos sus términos con la sentencia, y que en la medida en que se vaya avanzando en el cumplimiento de la sentencia, él podrá regresar; asimismo, señaló que el Estado mexicano debía avanzar en la impartición de justicia. Mientras tanto, Ubalda Cortés de Montiel, esposa de Rodolfo Montiel, quien se encontraba presente en el recinto, exigió al gobierno justicia. Al igual que su esposo, demandó que el Ejército salga de sus comunidades, pues teme por su integridad física y la de sus familiares.

Después de dar voz a las víctimas, se leyó el discurso de la diputada Teresa Inchaustegui, que destacó la urgencia de la reforma al Código de Justicia Militar, recordando que, según la Corte IDH todas las investigaciones de violaciones a derechos humanos perpetuadas por militares deberán ser investigadas por el fuero civil. En este sentido, urgió a las autoridades a adecuar la normativa nacional a los estándares internacionales.

Por su parte, José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh, recordó que la sentencia de la Corte IDH es el primer paso para lograr verdadera justicia. Además de congratularse con el acto de oficialización de cumplimiento de la sentencia, recordó que es responsabilidad de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, garantizar que se modifiquen las condiciones de acceso a la justicia en México, para que quienes defienden los derechos humanos puedan llevar a cabo su labor con seguridad. Señaló que la sentencia de la Corte IDH pone de manifiesto que, con figuras como el arraigo y mecanismos como la coacción, la tortura y el uso indebido del Código de Justicia Militar, en México se continúan violando los derechos humanos. En el caso específico de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, remarcó que las investigaciones judiciales por tortura deberán estar siempre a cargo del fuero civil una vez que estas sean iniciadas.

A su vez, el Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, declaró que el Estado mexicano reconoce y admite su responsabilidad internacional en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en contra de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, quienes durante su detención fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Para finalizar, Felipe Zamora Castro, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, manifestó que este acto demuestra el interés que el gobierno federal tiene de dar cumplimiento cabal a la sentencia de la Corte IDH. En cuanto a las reformas legislativas en materia de justicia militar solicitadas por la Corte IDH, manifestó que el Ejecutivo envió una iniciativa de modificación del Código de Justicia Militar para que los militares sean juzgados en fueros civiles cuando sean acusados de haber cometido tortura, desaparición forzada o violación sexual. Asimismo, puntualizó que la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR, la Procuraduría del estado de Guerrero y los representantes de las víctimas realizarán un protocolo en materia de defensores para que el registro cuente con una actualización permanente.

Ante este acontecimiento, desde el Centro Prodh manifestamos que seguiremos comprometidos con la búsqueda de la justicia junto con Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, lo que significará dar continuidad a las acciones emprendidas por el Estado mexicano. En este sentido, destacamos que el 20 de diciembre del presente año el México tendrá que presentar su primer informe de avances sobre el cumplimiento de la sentencia, por lo que deberá presentar avances puntuales en los ejes de trabajo propuestos.

Por otra parte, expresamos que los poderes Ejecutivo y Legislativo deberán trabajar para concretar la reforma al Código de Justicia Militar ordenada por la Corte IDH, de tal forma que todas  las violaciones a derechos humanos cometidas por militares, sin excepción, sean juzgadas por autoridades civiles. En este último punto, enfatizamos que la propuesta enviada por el Ejecutivo, que pugna porque el fuero civil juzgue únicamente las violaciones a derechos humanos cometidas por militares relativas a la violación sexual, la desaparición forzada y la tortura, es claramente insuficiente, pues bajo ese esquema no se garantiza un sistema imparcial de justicia.

Finalmente, el Centro Prodh reconoce la ardua y larga lucha que Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, así como sus familias y sus comunidades, han llevado a cabo para lograr justicia y sentar precedentes que obliguen a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar el respeto a los derechos humanos. Desde el Centro Prodh, valoramos y celebramos su esperanza y valentía, así como el hecho de que hoy hayan logrado un espacio de expresión de su palabra, de su presencia y de su vida.