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Defensores ambientalistas: el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera

Luis Arriaga Valenzuela

Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, cuyo caso está actualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos fueron protagonistas de un movimiento que dio muchos frutos. Se opusieron a la tala de los bosques de Petatlán y Coyuca de Catalán. Con su actividad educativa y de difusión lograron detener las actividades de una empresa de capital estadounidense que actuaba con la complicidad de caciques y autoridades estatales de Guerrero. Ambos ecologistas, fueron galardonados por su activismo a favor del medio ambiente. Su labor es sin duda indispensable ante los efectos graves de la explotación capitalista, empeñada en acumular y lucrar cargando los costos a la naturaleza.

No debe olvidarse sin embargo que su activismo ecológico está vinculado a su condición campesina decir campesino en México es casi siempre sinónimo de ser pobre, ser vulnerado en la propia dignidad, ser despojado de derechos. Los orígenes de esta vulneración se ubican en causas concretas, en decisiones gubernamentales como el abandono del campo en nombre de las ventajas comparativas, es decir, en las políticas que privilegian la migración e importación de alimentos sobre el apoyo a los campesinos para que sean ellos quienes cultiven los alimentos.1

Defensores de DESCA

Su activismo, en las circunstancias concretas, está vinculado a la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En su informe sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en México, la representación de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos señala dificultades específicas que enfrentan quienes participan en la defensa de este tipo de derechos: un contexto marcado por la desigualdad social y económica, caracterizado por las acentuadas asimetrías de los niveles de vida entre las regiones, la privatización de servicios necesarios para garantizar la universalidad de los derechos (claro ejemplo de cómo esta privatización afecta los derechos e impide el acceso a la justicia ha sido la subrogación de guarderías), una dinámica económica que favorece la concentración de la riqueza, la fijación de precios de las materias primas por el mercado internacional, la flexibilización laboral, el debilitamiento del régimen de propiedad colectiva y el enfrentamiento de poderosos intereses económicos –complejos turísticos, intereses inmobiliarios, proyectos de infraestructura (autopistas, presas), compañías transnacionales, minas, etc.– con los derechos de personas que son excluidas y discriminadas. Entre estos colectivos están los campesinos e indígenas, quienes frecuentemente, debido a su propio estilo de vida, habitan las regiones con mayores bienes naturales y, obviamente, las más codiciadas para la explotación.

La violación de diversos derechos ha sido documentada. Sin embargo, en México el gobierno no asume su responsabilidad a cabalidad. El marco jurídico mexicano es deficiente en cuanto al reconocimiento de los DESCA; se niega a las comunidades afectadas por megaproyectos derechos elementales como la participación, previa información, y la consulta. Las autoridades se empeñan en generar conflictos o en presentar las afectaciones como resultado de conflictos entre particulares. Las luchas de quienes defienden los DESCA se caracterizan por las dificultades para lograr su reconocimiento. A esto se suman otras tácticas empleadas para desacreditar las luchas o para causar división: la judicialización de los conflictos, el uso faccioso del sistema de justicia, la desatención que favorece el empleo de recursos cada vez más fuertes que legitiman la intervención de la fuerza pública, el hostigamiento, la persecución y otras tácticas disuasorias como la militarización de vastas regiones, sobre todo de las más aisladas.

Algunos casos recientes

Cito algunos casos que muestran lo ya dicho.

El 24 de agosto de 2009 fueron detenidos por dos personas vestidas de civil con armas largas Francisco Estrada Castro y Luis Gutiérrez Montiel. Se oponen a la instalación de un basurero a la entrada de La Mina (San Antonio la Isla, Estado de México) porque no cumple con las normas ambientales. Cerca del pueblo, según testigos, había efectivos de la policía estatal.

El 30 de septiembre de 2009 fue detenido por funcionarios de la PGR y de la PGJ del estado de Chiapas José Manuel Hernández, durante su detención hubo otros lesionados y uno perdió la vida. Miembros de la OCEZ que han luchado por la defensa de la tierra. Antes de su detención se había realizado un cateo casa por casa, las autoridades no encontraron drogas ni armas.

El 31 de octubre de 2009 fue asesinado Miguel Ángel Pérez del Concejo de Pueblos de Morelos antes de asistir a un encuentro indígena donde se recibiría a una delegación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

El 27 de noviembre de 2009 fue asesinado Mariano Abarca, integrante de una organización opositora a la minera canadiense Blackfire Exploration que opera en Chicomuselo, Chiapas.

El 15 de mayo de 2007 los hijos y hermanos de Ildefonso Zamora, opositor a la tala clandestina, fueron emboscados por cuatro personas cuando se dirigían a Santa Lucía, municipio de Ocuilan, Estado de México. El paso de la carretera les fue cerrado, los obligaron a bajar de su vehículo y les dispararon. Aldo Zamora, de 21 años de edad, perdió la vida en el momento y su hermano Misael Zamora, de 16 años, resultó herido. Al momento, los autores intelectuales siguen impunes.

Nuevos casos suceden a estos, como las dificultades que han enfrentado los opositores a la construcción de la Súper Vía en la ciudad de México o los movimientos articulados en el Foro Ciudadano No a la Destrucción de Hidalgo: la defensa de los bosques en Real del Monte, la oposición al tiradero de Zimapán, la lucha contra el despojo de tierras por la construcción del Arco Norte, etcétera.

Estos casos se suman a la lista de agravios que recorre la historia de México más allá de los cambios de régimen. Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron detenidos arbitrariamente en mayo de 1999. Fueron torturados por militares, enfrentaron un proceso irregular y a la fecha, pese a que el ejecutivo federal pasó a manos del PAN en 2000, no han accedido a la justicia: sus torturadores no han sido procesados, su inocencia no ha sido reconocida, han tenido que abandonar su lugar de origen debido a la inseguridad.

Ante estos hechos retomo lo expresado por Víctor Toledo al referirse a Julián Vergara, ecologista opositor a la tala inmoderada de los bosques de Acapulco, asesinado en octubre de 1992:

¿Cuántos Julianes Vergara habrán sucumbido en su heroica defensa de los bosques, los manantiales, las lagunas y los ríos de México? Yo sueño con el día en que podamos reconstruir esas historias de ignominia y logremos rescatar del gélido silencio a los cientos, quizás miles, de héroes campesinos, tan anónimos como silvestres, que han arriesgado su vida [...] para preservar el habitat y los recursos naturales de la nación y del mundo, es decir, de todos los seres humanos.

Revertir la vulnerabilidad

El juicio del estado mexicano ante la Corte Interamericana, que concluiría el proceso de los campesinos ecologistas (aunque en México sería el comienzo de una lucha porque realmente se cumpla), es vinculante para el gobierno mexicano. No revertirá todas las condiciones que hacen difícil la labor de defensoras y defensores de derechos humanos. Sin embargo permitiría construir las bases para garantizar su actividad.

Aun sin una sentencia de la Corte Interamericana el Estado mexicano está obligado a garantizar la actividad de quienes defienden y promueven los derechos humanos. En el informe sobre defensores de la Comisión Interamericana se afirma que los Estados deben:

Reconocer públicamente que el ejercicio de la protección y promoción de los derechos humanos es una acción legítima y que, al ejercer estas acciones, las defensoras y defensores no están contra las instituciones del Estado sino que, por el contrario, propenden al fortalecimiento del Estado de Derecho y por la ampliación de los derechos y garantías de todas las personas.

Implementar, en forma prioritaria, una política global de protección de los defensores de derechos humanos. Adoptar una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención con el fin de evitar ataques en contra de las defensoras y defensores de los derechos humanos.

[N]o deben tolerar ningún intento de parte de autoridades estatales por poner en duda la legitimidad del trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones. Los funcionarios públicos deben abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a las defensoras y defensores o que sugieran que las organizaciones de derechos humanos actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción o protección de derechos humanos. Los gobiernos deben dar instrucciones precisas a sus funcionarios a este respecto y deben sancionar disciplinariamente a quienes no cumplan con dichas instrucciones.

Ninguna de estas condiciones se ha satisfecho en el país. Se criminaliza la exigencia de derechos, la protesta y la movilización sociales, se judicializan asuntos que deben ser resueltos por vías políticas idóneas. Funcionarios de alto nivel se han empeñado en denostar a defensoras y defensores. Y los casos expuestos son una pequeña muestra de la falta de compromiso gubernamental.

Con el proceso próximo a ventilarse ante la Corte podrían revertirse algunas tendencias, por ejemplo la participación militar en tareas de seguridad pública. Ésta se ha traducido en la militarización de regiones diversas donde la presencia militar ha estado acompañada por violaciones de derechos humanos que por ser tratadas en el fuero militar permanecen en la impunidad. También debe ponerse un alto a la práctica de jueces que dan valor probatorio a las confesiones obtenidas bajo tortura. Por otra parte la sociedad debe estar atenta para presionar al Estado mexicano. Esta participación es imprescindible si se desea alentar e impulsar el respeto a los derechos humanos en el país.

Rodolfo y Teodoro nos colocan hoy en el camino hacia la justicia. Su ecologismo está ubicado en las circunstancias concretas de un país antidemocrático, desigual y afectado por la miseria que provocan quienes despojan a los pobres de sus bienes. Un país que no respeta los derechos humanos. Su caso, abordado en este contexto, es relevante para la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos, de quienes defienden los DESCA, especialmente de quieres aspiran a construir un mundo más habitable y sano para todos y todas.

1Armando Bartra, “Hacer milpa”, en Ciencias 92-93 (2008-2009), página 43.