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Tras 11 años, Atenco llega a la Corte
Lunes,
13
Noviembre
2017

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AUTOR: Dennis A. García 
FUENTE: El Universal 
FECHA: 13 de noviembre de 2017

Por el caso de 11 mujeres que denunciaron agresiones sexuales por parte de servidores públicos en los hechos ocurridos en San Salvador Ateneo en mayo del año 2006, el Estado mexicano será sometido a juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co IDH).

Ante un avance mínimo en las recomendaciones que había hecho al Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó el caso en septiembre de 2016 a la Co IDH, que sesionará los días 16 y 17 de noviembre; la sentencia del órgano internacional tendrá carácter vinculatorio.

En la audiencia se podría llegar a analizar la cadena de mando y conocer hasta qué nivel jerárquico hubo una responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos de los civiles, uso de la fuerza desproporcionado, detenciones arbitrarias y las agresiones sexuales que sufrieron las mujeres cuando eran conducidas al penal de Santiaguito, en Almoloya.

Estado, a juicio por el caso Atenco

A 11 años de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, el Estado mexicano será sometido a juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso de 11 mujeres que denunciaron agresiones sexuales por parte de servidores públicos.

Ante un avance mínimo en las recomendaciones que había hecho al Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó el caso en septiembre de 2016 de las 11 víctimas a la Corte IDH que sesionará este jueves y viernes. Se prevé que ahí el gobierno mexicano se presente a la audiencia para desahogar el caso y dar seguimiento a las recomendaciones. La sentencia del órgano internacional tendrá carácter vinculatorio.

Se podría llegar a analizar la cadena de mando y conocer hasta qué nivel jerárquico hubo una responsabilidad por las violaciones a las garantías individuales cometidas a los civiles, uso de la fuerza desproporcionado, detenciones arbitrarias y las agresiones sexuales que sufrieron varias de ellas. Desde 2002, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se opuso durante la administración del ex presidente Vicente Fox a la construcción de un aeropuerto en tierras que serían expropiadas y logró la cancelación del proyecto.

Ese grupo cobró fuerza por la defensa de los predios y para 2006 apoyaron a un equipo de floricultores que serían reubicados por las autoridades municipales días antes de la fiesta de la Santa Cruz. El 2 de mayo, los afectados se reunieron con autoridades municipales y estatales para llegar a un acuerdo y se les permitiera instalarse para vender en la vía pública.

El desalojo. Al día siguiente, pasadas las 07:00 horas, los comerciantes intentaron instalarse; sin embargo, fueron desalojados por las fuerzas de seguridad. Ellos y la sociedad en general se unieron para impedir que los quitaran, eso provocó una confrontación. Un grupo de menos de 100 personas corrieron para resguardarse en una casa, hasta ahí llegaron los policías; por la tarde los elementos estatales sacaron a 80 en calidad de detenidos.

En sus testimonios aseguran que fueron golpeados durante el trayecto hasta llegar al Centro de Prevención y Readaptación Social (Cepreso) Santiaguito, en Almoloya; no sólo eso, varias mujeres fueron abusadas sexualmente por los oficiales.

Otro grupo tomó la carretera federal Lechería-Texcoco para exigir la liberación de todos, pero otro nuevo enfrentamiento se dio, ahora con agentes estatales y federales que intentaron liberar las vías de comunicación. Civiles retuvieron a los policías.

Enrique Peña Nieto era el gobernador del Estado de México; Eduardo Medina Mora, secretario de Seguridad Pública federal; Wilfrido Robledo, comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, y Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno de la entidad. Todos sostuvieron una reunión con un grupo de inconformes para llegar a un acuerdo. La población estaba furiosa por el abuso de las autoridades. Entre los capturados había mujeres; se contabilizan, por sus testimonios, alrededor de 50. De ellas, 31 denunciaron haber sufrido agresiones sexuales.

Además, 11 llevaron su caso hasta la Corte IDH. Se trata de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

En el operativo para liberar la carretera la madrugada del 4 de mayo fueron desplegados alrededor de 2 mil 500 policías estatales y federales. Los testimonios de algunos detenidos advierten que después de ser detenidos fueron subidos a vehículos, todos apilados, para llevarlos al penal. Entre ese tumulto, las mujeres fueron vejadas y amenazadas de muerte. Hubo servidores públicos arrestados, se abrieron indagatorias, pero, no ha transcurrido nada a favor de los civiles; incluso hay 17 policías que siguen su proceso en libertad.

Se reconoció la responsabilidad. En septiembre de 2016, la Procuraduría General de la República señaló que fue el propio gobierno de México el que pidió a la CIDH que remitiera el asunto a la consideración de la Corte Interamericana, "a fin de que sea el órgano judicial el que considere la idoneidad de las medidas de reparación". La procuraduría asegura que, desde marzo de 2013, el Estado reconoció su responsabilidad por el caso Atenco y en su momento notificó oficialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de esa decisión.

Dijo que como resultado de la investigación para sancionar a los responsables y adoptar las medidas de reparación, había 30 personas sujetas a proceso. Mencionó que se había creado un fondo especial de atención para las víctimas y sus familiares que comprende medidas de compensación económica, rehabilitación, apoyos educativos, atención integral a la salud médica, sicológica y la entrega de viviendas. El caso será abordado por la Corte con todos los elementos que tiene de testimonios de las mujeres, así como la posición del Estado.

** "¡Ya no más! significaba ser más golpeada"

Un: "¡Ya no más!" significaba recibir más castigo. La estudiante de entonces 24 años, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, decidió callar y aguantar de todo, incluso ser violada entre la pila de personas que habían sido detenidas en Atenco el 4 de mayo de 2006.

Claudia Hernández Martínez, de 35 años, tiene planes de casarse el próximo año; sin embargo, primero tiene una cita en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en próximos días, donde estarán representantes del Estado mexicano por el caso de 11 mujeres que sufrieron agresiones sexuales durante el operativo en Atenco.

En entrevista con EL UNIVERSAL, relata lo que vivió ese día. Estaba en la zona para documentar sobre los movimientos sociales. Era el tema de su tesis.

Durante y después de su arresto, fue hincada contra la pared para recibir golpes, amenazas de muerte contra su familia y lo peor: agresiones sexuales por parte de policías. Son más de 11 años difíciles.

"Años difíciles". "Han sido años muy difíciles. Iniciamos desde 2006 para demostrar que habíamos sido víctimas de violación a nuestros derechos humanos.

"Fue primero demostrarle al Estado, porque nos había llamado mentirosas o que éramos parte de un movimiento. Hemos tenido que recorrer un largo camino por todas las instituciones de administración de justicia sin obtenerla. Ahora hemos llegado a la Corte Interamericana porque se nos ha negado la justicia. Hemos tenido que repetir las declaraciones e ir con sicólogos. No se ha procesado a ningún responsable del operativo de Atenco", dice.

Ella recuerda que llegó a "Atenco el 4 de mayo, era estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudiaba Ciencia Política y Administración Pública. Lo que me convocó llegar a Atenco fue que mi tesis de trataba de movimientos sociales. Me pareció oportuno ir a documentar lo que estaba ocurriendo; sin embargo, fue un operativo tan amplio. Estaba trabajando en una investigación".

-Cuando la detienen, ¿se acuerda del nombre del policía o qué es lo que le dice?

-No. En realidad cuando vi que eran muchos granaderos que venían en bloques grandes, lanzando gases lacrimógenos, lo que hice fue correr, fue ahí cuando me detuvieron, me agarraron, inmediatamente me pusieron mi blusa sobre la cabeza.

Me empezaron a golpear mucho en la cabeza, después de subieron a una camioneta y me trasladaron al patio de una caso donde tenían a más gente detenida.

Malas palabras y amenazas de muerte. Insistían mucho en que nos iban a hacer lo mismo que le habían hecho. Dijeron que se las íbamos a pagar. Fueron golpes todo el tiempo.

-¿Después del patio, qué pasa?

-Nos tuvieron hincados frente a la pared y en fila. Comenzaron las agresiones físicas y sexuales. Nos levantaron para dar datos generales. Todo el tiempo nos estuvieron filmando. Cuando me meten al patio, vi a un muchacho como de 13 años, que estaba tratando de cambiarse la camisa porque la tenía toda ensangrentada; no obstante, los policías se le fueron encima, lo golpearon y cuando me atreví a decir que no le hicieran nada, me empezaron a golpear. Me destapan la cara y vi que había mujeres policías, me sorprendió mucho que no hicieran nada por defendernos, porque los agentes nos estaban haciendo tocamientos.

A cada pregunta que nos hacían era un golpe o cachetada. Nombre, dirección, que de dónde venía y quiénes eran mis padres. Nos sacaron a la calle, nos sentaron en la banqueta. Continuaron los golpes. Todo fue gritos. Fue terrorífico estar en esa situación. Llegó un camión, nos subieron. Estuve hasta arriba de la gente apilada en el pasillo del camión. Se quejaban de que ya no podían respirar. Decían que ya no más, por favor.

Fue ahí cuando los policías se portaron más agresivos con las mujeres, nos decían que era nuestra culpa lo que estaba sucediendo. Que si hubiéramos estado en casa haciendo tortillas, eso no nos habría ocurrido. Nos arrodillaron debajo de los asientos, metimos las cabezas lo más que se pudo de los asientos. Fue un trayecto de cuatro horas. Sentía calor y frío. Todo el tiempo nos agredían.

-Cuando dice agresiones sexuales, ¿qué le hicieron?

-A mí, desde la detención, me tocaron el cuerpo, los pechos, los glúteos, y dentro del camión fue donde me violaron. Uno no puede hacer mucho por las condiciones. Estar rodeada de policías. Sólo los miraba con coraje y con odio. Quería que ya pasara, que terminara.

En ese momento, como escuchaba a mis compañeras que decían ya no más y las atacaban más, mi mecanismo de defensa fue no decir nada. Aprendí ahí que cuando te quejas, más te golpean. Te bloqueas por el miedo. En ese momento comprendí lo que eran capaces de hacer. Mi objetivo en ese momento fue sobrevivir.

Espera que "se castigue a los responsables. Hablamos de toda la cadena de mando. Se ha intentado procesar a algunos policías que sólo operaron, pero no se está castigando a los que realmente permitieron y fueron responsables del operativo. A mi parecer, como politóloga lo digo, el objetivo del Estado de haber hecho una represión tan brutal fue borrar de la memoria del pueblo mexicano la victoria que significaba Atenco y en su lugar dejar el miedo, el terror sembrado en la comunidad para evitar la protesta social".

** "Abusaron de mí sobre una pila de personas"

Bárbara Italia Méndez Moreno, perteneciente a una fundación para la atención de niños y adolescentes, llegó a San Salvador Atenco para ponerse en contacto con la familia de Javier Cortés Santiago, quien falleció durante el enfrentamiento entre policías estatales y federales. Horas después fue detenida de manera arbitraria y agredida sexualmente por los policías.

La noche del 3 de mayo, Bárbara llegó a San Salvador Atenco, al siguiente día buscaría a los familiares de Javier; sin embargo, no pudo hacerlo por el cerco que había para liberar la carretera.

"Por la mañana comenzó un operativo de gran magnitud en el que participaron varias corporaciones: policías municipal, estatal y federal. Fui arrestada en un domicilio que fue allanado. Rompieron la puerta, nos sometieron a interrogatorios y a golpes", relata a EL UNIVERSAL.

Han pasado 11 años desde que las agresiones sexuales marcaron su vida; fue sometida a torturas físicas y sicológicas desde que la detuvieron en el patio de una casa, hasta llevarla a la prisión de Santiaguito. Más civiles fueron trasladados hacinados en un camión.

Los agentes ingresaron al domicilio donde varios civiles se resguardaron. A todos los hincaron en el patio y los pusieron frente a la pared con las manos en la nunca.

Vinieron los insultos y los golpes, fue parejo. Agredieron a hombres como a mujeres.

"Me tomaron del cabello, me pusieron contra la pared, con las manos en la nuca e hincada. Comenzaron a golpearme con los toletes. Luego fui entregada a la policía estatal para trasladarme a Santiaguito. La parte más terrible fue el sometimiento a tortura física, sicológica y sexual durante el traslado", comenta.

Llegó el interrogatorio. "¿Quién eres?, ¿qué haces aquí?, ¿quiénes son tus familiares?, si no contestaban eran acreedores a más castigo", relata. El momento más difícil para Bárbara y otras mujeres fue la tortura sexual en el autobús.

A ella, de entonces 27 años, le colocaron un suéter en la cabeza y ya no pudo ver nada.

Apenas y podía ver las botas para confirmar que eran policías los agresores sexuales.

Bárbara fue arrastrada hasta el vehículo. "Me pusieron sobre una pila de personas y encima de ellos fue donde los policías me sometieron a toda clase de vejaciones, golpes, sofocamiento y luego la tortura sexual.

"Mientras me pasaba, también ocurría con otras mujeres. Se escuchaba el sufrimiento de las otras jóvenes", afirma.

En pocos días estarán en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para visibilizar lo que sucedió en mayo de 2006, pide, luego de 11 años, que se haga justicia.

"El caso está impune". "El caso está impune, se han abierto algunas averiguaciones hay policías procesados, pero la gran verdad del caso es que al día de hoy no hay ningún agente condenado.

"Nuestra exigencia principal es que se investigue a los responsables materiales e intelectuales de los operativos, que se investigue la cadena de mando", enfatiza la mujer.

Por eso, dice que se podrá demostrar en la Corte Interamericana que lo que han repetido en los 11 años fue verdad y será esa instancia la que lo pueda ratificar.

"Le diría a la sociedad que necesitamos observar mucho más a las autoridades y sobre todo a las corporaciones, para que esto no siga ocurriendo de manera sistemática", asegura.