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#CIDHAudiencias - 43 El número de la impunidad
Wednesday,
05
July
2017

Author // comunicacion

CIDH Lima 01

 

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Rechaza familia Guzmán Cruz solución amistosa por desaparición forzada y pide Informe de Fondo


Lima, Perú, 07 de julio de 2017. Tras perder a cinco miembros de su familia –el padre y cuatro hermanos- por desaparición forzada a manos de elementos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y del Ejército entre 1974 y 1976, Abdallán Guzmán Cruz compareció en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir que el organismo emita un informe de fondo que pueda presionar al Estado mexicano de modo que la investigación avance efectivamente.

José de Jesús Guzmán Jiménez y cuatro de sus hijos, Amafer, Venustiano, Solón y Armando Guzmán Cruz, originarios de la comunidad purhépecha de Tarejero, municipio de Zacapu, Michoacán, fueron desaparecidos en pleno periodo de Guerra Sucia, que dejó un saldo oficial de 480 personas desaparecidas.

Con el acompañamiento de la Fundación Diego Lucero y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Abdallán Guzmán Cruz reiteró ante las y los comisionados que no es que su familia esté contra la reparación del daño, pero lo que les interesa es conocer la verdad, que se haga justicia “y que no vuelvan a repetirse estos crímenes". Guzmán Cruz insistió en que "el Estado tiene toda la información histórica sobre la desaparición de mis hermanos y mi padre", por lo cual no hay pretexto para no encontrar la verdad. Las desapariciones fueron denunciadas desde el primer momento por la familia, quien siguió presentando recursos legales en distintas instancias como la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y la Coordinación General de Investigaciones de la PGR, donde se encuentra ahora, sin que haya resultado alguno a más de cuatro décadas.

Las organizaciones acompañantes puntualizaron que los hechos no han sido controvertidos por el Estado, pero tampoco esclarecidos, por lo que corresponderá a la CIDH establecer lo ocurrido. Resaltaron que a pesar de estar acreditado por instancias estatales que durante la Guerra Sucia se cometieron crímenes de lesa humanidad, en la investigación del caso no está incorporada la perspectiva de sistemática desaparición forzada, además de que han fallecido ya dos de las autoridades de más alto rango identificadas como responsables.

El comisionado Paulo Vanucchi cuestionó si el Ejército mexicano alguna vez ha reconocido la comisión de graves violaciones a derechos humanos en la Guerra Sucia como parte de una política de justicia transicional, a lo que el Estado no pudo responder afirmativamente.

Ante ello, las organizaciones representantes indicaron que “el tema de fondo es una transición fallida donde no hubo justicia transicional. ¿Dónde están los registros de todos los detenidos del Ejército, que la DFS le permitió tener?”. Las abogadas de la familia reiteraron que no hay elementos para creer que una solución amistosa llevaría al esclarecimiento de los hechos.

Abdallán Guzmán Cruz también resaltó que a partir de que el caso fue presentado ante la CIDH, ha sido hostigado e incluso su casa ha sido allanada.

Por su parte, las y los comisionados instaron al Estado a llevar a cabo la investigación y sanción de los responsables, que es lo que busca la familia, pues los representantes estatales enfocaban su atención al tema de la reparación.

La familia y las organizaciones acompañantes solicitaron que en el informe de fondo, la CIDH recomiende al Estado mexicano que tome todas las medidas necesarias para esclarecer, sancionar y reparar los hechos, tomando en cuenta las líneas de investigación y búsqueda que emergen de la documentación detallada oficial de las circunstancias y curso de las desapariciones forzadas, y que las violaciones denunciadas se insertan en el contexto de sistemáticas violaciones a derechos humanos durante la Guerra Sucia. Por otra parte, que establezca que para garantizar la no repetición de los hechos, es necesario transparentar y poner a disposición de la sociedad toda la documentación existente sobre la Guerra Sucia y garantizar una adecuada institucionalidad, capacidad técnica y sistema de controles en la nueva Fiscalía General de la Nación.

 



Ayotzinapa: autoridades reconocen elementos que confirman imposibilidad de la verdad histórica


Lima, Perú, 6 de julio de 2017. En la audiencia de oficio sobre el caso Ayotzinapa, celebrada hoy durante el 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano reconoció dos importantes elementos derivados de las recomendaciones del GIEI y que confirman la imposibilidad de la “verdad histórica”: que sí se investiga el trasiego internacional de drogas en autobuses y que teléfonos celulares de 9 de los 43 desaparecidos mantuvieron actividad después de la medianoche del 26 de septiembre de 2014, cuando supuestamente ya estaban incinerados de acuerdo a la teoría oficial del caso.

Al informar de estas conclusiones de la Procuraduría General de la República (PGR), el fiscal Alfredo Higuera Bernal detalló que o los chips o los aparatos telefónicos –toda vez que se pudieron rastrear algunos IMEI- registraron actividad en días posteriores a la desaparición. Los abogados de los normalistas cuestionaron por qué no se hizo este rastreo desde octubre y noviembre de 2014.

En cuanto al posible trasiego de drogas en autobuses –que podría haber sido parte del móvil del caso al haber tomado inadvertidamente los estudiantes uno de estos vehículos, de acuerdo con el GIEI-, los abogados de las familias indicaron que el llamado quinto autobús sí hizo el recorrido conforme a lo dicho por los normalistas desde el principio del caso.

Los representantes llamaron a que estos relevantes elementos, y otros que se deriven del cronograma entregado por la PGR a las familias y sus representantes en mayo, tengan seguimiento, sean presentados ante tribunales y tengan consecuencias penales, situación que el Estado no he llevado a cabo.

“Se confirma que el quinto autobús llegó prácticamente hasta el Palacio de Justicia y que fue interceptado por la policía. Sin embargo, ante los tribunales el Estado afirma que ese autobús se quedó afuera de la terminal, vandalizado por los estudiantes”, ejemplificaron.

Mario González, en representación de las familias de los normalistas, manifestó que el tiempo le ha dado la razón al GIEI pues el cronograma incluye sus recomendaciones. “El Estado cree que somos necios. Los padres solo aceptaremos pruebas científicas”, insistió. En este tenor, las familias informaron de su cansancio por la injustificable dilación de la justicia y exigieron que dicho cronograma se ajuste a efecto de que en agosto se entreguen resultados. “El tiempo se acaba”, advirtió don Mario González.

Cristina Bautista, madre de un normalista, consideró que, si no fuera por la intervención de la CIDH, el gobierno ya hubiera cerrado el caso. Denunció también que “el gobierno estuvo entretenido en espiarnos y a nuestros representantes y no en encontrar a nuestros hijos”, en referencia a las revelaciones de The New York Times de que el #GobiernoEspía a defensores y periodistas.

Al término, la CIDH refirió haber recibido una comunicación no pública de quienes fueran miembros del GIEI, quienes allegaron información sobre la recepción de mensajes en sus teléfonos similares a los que públicamente se han identificado como portadores de malware. Al respecto, los comisionados y comisionadas externaron su preocupación y requirieron información al Estado sobre el tema.

 

Audiencia pública: Justicia e impunidad en México

Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, México  



 

Desaparición forzada de la familia Guzmán Cruz

 

Antecedentes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de la desaparición forzada de cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz durante la Guerra sucia en México. La primera audiencia sobre el Caso 12.918 – Amafer Guzmán Cruz y otros tendrá lugar el día 7 de julio de 2017 durante el 163 periodo de sesiones de la comisión.

Las cinco víctimas de desaparición forzada –el padre, José de Jesús Guzmán Jiménez, y cuatro de sus hijos, Amafer, Venustiano, Solón y Armando Guzmán Cruz- son originarios de la comunidad purhépecha de Tarejero, municipio de Zacapu, Michoacán.

Las desapariciones de los integrantes de esta familia se dieron entre 1974 y 1976, en pleno periodo de Guerra Sucia, que dejó un saldo oficial de 480 personas desaparecidas[1]. Al momento de su desaparición, Amafer y Venustiano militaban en la organización Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR).

 

 

Momentos y lugares de las desapariciones forzadas

 

1. Amafer Guzmán Cruz

Amafer Guzmán, Rafael Chávez Rosas y Doroteo Santiago Chávez fueron detenidos el 16 de julio de 1974 en Morelia, Michoacán, por elementos de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS). Fueron llevados a la 21 Zona Militar en Michoacán, donde fueron torturados. A las 23 horas del mismo día los trasladaron al Campo Militar número 1 en el Distrito Federal.

La última noticia que se tiene de Amafer es del 20 de julio de 1974, cuando fue elaborada su ficha signaléctica. En ella se lee que el motivo de su detención fue “actividades subversivas”.

 

2. Armando Guzmán Cruz

Armando Guzmán Cruz estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de México y era parte del movimiento estudiantil. El 19 de julio de 1974, fue detenido en su domicilio de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, por miembros de la DFS. Fue trasladado en un automóvil sin placas y desde entonces se desconoce su paradero.

 

3. Jesús Guzmán Jiménez y Solón Adenahuer Guzmán Cruz

El 19 de julio de 1974, elementos de la policía política y el Ejército mexicano se presentaron en el domicilio de los Guzmán Cruz en Tarejero. Ingresaron de manera violenta preguntando por Abdallán y Amafer. Todos los miembros de la familia presentes fueron torturados física y sicológicamente. Al otro día se repitió el episodio. José de Jesús Guzmán y su hijo Solón fueron trasladados al cuartel militar de Zacapu, pero por la madrugada les dejaron libres. Un día después, por tercera vez, las fuerzas policiacas del Estado volvieron a Tarejero y detuvieron a Jesús, quien escapó y regresó a su domicilio.

El 24 de julio, miembros de la DFS, soldados e integrantes de la policía judicial local sitiaron la población y después de repetir las torturas, se llevaron a Jesús Guzmán y Solón Guzmán Cruz. La última noticia que se tuvo de ambos fue el 27 de julio de 1974, cuando se les tomaron sus fichas signalécticas en el Campo Militar número 1, en las que aparecen como estudiantes y campesinos sin seudónimos o antecedentes penales.

 

4.       Venustiano Guzmán Cruz

Venustiano Guzmán Cruz fue testigo de la tortura contra su familia en 1974, cuando solamente contaba con 16 años. Después de la detención y desaparición de su padre, Venustiano se trasladó a Morelia a estudiar la preparatoria; se integró en el MAR y posteriormente en el grupo Vanguardia Armada del Pueblo (VAP).

Venustiano fue detenido en Acapulco, Guerrero, el 4 de febrero de 1976, y conducido a la Base Militar 7 Pie de la Cuesta. Posteriormente fue trasladado al Campo Militar número 1. Ésa es la última pista que se tiene de él.

 

Víctimas relacionadas

En 1971, Alexander Guzmán Cruz, hermano mayor de Amafer, fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco; fue golpeado brutalmente por la policía militar, lo cual provocó daños irreparables en sus facultades mentales.

Abdallán Guzmán Cruz fue detenido en Morelia en noviembre de 1974 y enviado al Campo Militar número 1, donde fue interrogado sobre su familia. Después fue enviado a la prisión de Lecumberri, donde permaneció hasta finales de 1979, cuando el Gobierno federal le otorgó la amnistía.

También José Luis Cruz Espinosa, primo de los hermanos Guzmán Cruz, fue detenido y desaparecido en agosto de 1974.

 

Historia legal

El 25 de julio de 1974, la madre de los Guzmán Cruz, Salud Cruz, denunció la detención ilegal de sus familiares ante la autoridad local en Tarejero; en 1988 se hicieron las primeras investigaciones no penales ante la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; el 15 de agosto de 1991 miembros de la familia Guzmán Cruz presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En el 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 26/2001 al entonces presidente Vicente Fox para que, de acuerdo con las investigaciones que había desarrollado el organismo autónomo, el procurador General de la República nombrara a un fiscal especial para los casos de la desaparición forzada ocurrida en la Guerra Sucia, además de tomar todas las acciones posibles para la investigación, persecución y procuración de justicia y que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) -que sustituyó a la DFS- operase dentro del marco de legalidad y respetando los derechos humanos. En su informe sobre el programa de presuntos desaparecidos, la Comisión determinó la existencia de elementos que sustentan la calidad de detenidos-desaparecidos de los cinco miembros de la familia Guzmán Cruz.

En el año 2001, Vicente Fox creó la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). El 29 de mayo de 2002, ante esa fiscalía se presentó la denuncia por la desaparición de Jesús Guzmán Jiménez y Amafer, Armando, Adenauer y Venustiano Guzmán Cruz. La averiguación previa 24/2002 inició el 15 de agosto de 2002.

Sin embargo, cinco años después de su creación, la Procuraduría General de la República anunció el fin de las actividades de la Femospp. Las averiguaciones se trasladaron a la Coordinación General de Investigaciones de la PGR, con lo que el expediente se convirtió en la investigación SIEDF/CGI/502/2007, que quedó abierta pero inactiva tras diez años de iniciada.

Ante la indiferencia de las autoridades nacionales, el 25 de octubre de 2006 los familiares enviaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que admitiera el caso. Cinco años después, en 2011, la CIDH trasladó la petición inicial al Estado mexicano, el cual, tras solicitar prórrogas, la contestó de forma vaga e incompleta en agosto de 2012.

La Comisión decidió declarar el caso admisible el 12 de julio de 2013.

Durante el proceso ante la CIDH, integrantes de la familia Guzmán Cruz han sido hostigados en varias oportunidades, con mayor intensidad desde noviembre de 2012. En particular, en julio de 2008, noviembre de 2012 y abril de 2015, personas desconocidas habrían ingresado a viviendas de miembros de la familia en actos simulados como robos, sustrayendo información relacionada con la búsqueda de verdad y justicia sobre lo sucedido a sus familiares.

Los peticionarios ante la CIDH somos Abdallán Guzmán Cruz, la Fundación Diego Lucero y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

A 43 años de las desapariciones forzadas de los miembros de la familia Guzmán Cruz y de la primera denuncia de estos crímenes; y a 15 años de la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Especial creada para investigar los delitos de la Guerra Sucia, las instancias competentes no han esclarecido ni el paradero de las víctimas ni los hechos y responsabilidades correspondientes.

 


 

[1] BONILLA, Miguel. “Desaparecidos. Guerra sucia deja 480 víctimas”. El Universal, 16 de agosto de 2015. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/08/16/desaparecidos-guerra-sucia-deja-480-victimas

 

 



 

 

Audiencia temática “Mecanismo especial de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa” en la CIDH

Durante el 163 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se realizará la audiencia de oficio del Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa

Ahí, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, de los ejecutados y de los heridos señalarán que continúan pendientes temas fundamentales de la máxima relevancia y que han sido ya enunciados como urgentes en distintos momentos, como por ejemplo:

 

a) La presentación de nuevas acusaciones contra perpetradores –incluyendo la policía de Huitzuco– que reflejen los hechos esclarecidos por el GIEI, considerando que no se han ejercitado formalmente acciones penales desde diciembre del 2014.

b) La culminación de los trabajos de telefonía, particularmente los de los estudiantes, inconclusos hasta la fecha.

c) El esclarecimiento de la línea de investigación de trasiego internacional de narcóticos. Sobre esta última, preocupa que casi tres años de los hechos aún no culmine la asistencia jurídica internacional con los Estados Unidos.   

 

Además existen otros rezagos, por ejemplo, en las investigaciones sobre heridos y ejecutados: a la fecha aún no se inicia ningún juicio penal por estos hechos, pese a que una víctima continúa en estado vegetativo.  

En cuanto a la atención victimal, se continúa el diálogo formal sobre las medidas de atención pendientes con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), particularmente las que lleven a avanzar en la consolidación de medidas de atención y rehabilitación permanentes.

Consideramos que el Mecanismo Especial de Seguimiento designado por la CIDH continúa realizando un papel central en la supervisión de la implementación de las medidas y las recomendaciones del GIEI, incentivando avances concretos, que puedan ser verificados con el Estado; verificación que de otra manera difícilmente sería informada a detalle. 

 



 


Para más información sobre estos casos

puedes consultar las fichas de caso en

nuestro micrositio Impunidad de Ayer y Hoy

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