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Presenta el GIEI las características de la segunda parte de su mandato y los desafíos que ha enfrentado para su ejecución
Viernes,
06
Noviembre
2015

Autor // comunicacion

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A dos meses de la presentación del Informe Ayotzinapa, y ya con un acuerdo firmado para continuar su colaboración técnica con el Estado mexicano, el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer las características del trabajo que realizará en esta nueva etapa, los desafíos que está enfrentando y los avances que en estos dos meses se han dado.

En su presentación resaltó las nuevas líneas de investigación; la importancia de que un nuevo equipo retome la investigación y los puntos de comunicación y relación con las víctimas que es necesario cuidar.

En conferencia de prensa, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos M. Beristain y Francisco Cox dieron a conocer los siguientes puntos:

 

Acuerdo con el Estado y siguiente fase de trabajo

Es de conocimiento público que, con el fin de cumplir el mandato que le fue encomendado, el GIEI y el Estado mexicano firmaron un acuerdo el 19 de octubre de 2015 para pasar a una segunda etapa en la asesoría técnica acordada entre el Estado, los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dicho acuerdo incluye la constitución de un nuevo equipo de investigación de la PGR, la profundización en la misma y el desarrollo de nuevas líneas de búsqueda, así como compromisos en la comunicación con las víctimas.

La necesidad de contar con un nuevo equipo viene tanto de los déficits y las omisiones, como de la necesidad de contar con una nueva mirada en la investigación, como se señaló en el Informe Ayotzinapa.

En los pasados dos meses, el GIEI continuó con su trabajo, solicitando información, analizando el expediente,  realizando entrevistas a nuevos detenidos y las gestiones necesarias para llegar al acuerdo antes mencionado. También tuvo diversas reuniones con la PGR  y otras instancias del Estado para establecer los términos y las reglas de esta nueva fase, incluyendo la relación con el nuevo equipo de investigación y el acompañamiento como coadyuvante.

Este 5 de noviembre, el expediente fue transferido a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de PGR, por lo que el GIEI espera avanzar en el trabajo de investigación en coadyuvancia con el nuevo equipo.

El Grupo también informa que las gestiones para reiniciar la investigación con el nuevo equipo han tenido un retraso ajeno a su voluntad, lo que no ha permitido avanzar con la nueva unidad en el trabajo.

 

Nuevo estudio del basurero de Cocula

Ante la posibilidad, planteada por la PGR, de hacer un nuevo estudio en el basurero de Cocula, el GIEI precisó que no considera necesario dicho análisis para evaluar la dinámica del fuego, pues ya fue evaluada en el estudio solicitado por el Grupo al Dr. José Torero. Dicho análisis muestra la imposibilidad de dicha acción en los tiempos y circunstancias señalados en las declaraciones de varios inculpados.

Sin embargo, dado que la PGR ha decidido realizarlo, los criterios señalados por el GIEI para ello son que los expertos seleccionados tengan el mayor nivel científico y experiencia internacional en investigaciones complejas sobre dinámica de fuego, grandes explosiones o casos de alto impacto, además de que dio un listado de 9 expertos. Aún no se ha hecho el proceso de selección final de los expertos para participar.

El GIEI también hizo propuestas sobre los objetivos del peritaje, la documentación previa que debe ser utilizada, los criterios sobre el tiempo, la organización de la visita, el trabajo de campo y la realización de su informe. Cabe agregar que el GIEI recuerda que el EAAF está realizando un peritaje sobre el fuego en el basurero de Cocula, mismo que deberá ser tenido en cuenta como parte de las evidencias científicas.

 

 

Investigación de los hechos y responsabilidades

El GIEI elaboró un documento sobre algunas actuaciones concretas que considera relevantes en esta etapa. También menciona que desde su primera visita, a inicios de marzo de 2015, y durante toda su estancia en el país, ha hecho solicitudes de información y coadyuvado para el avance de la investigación. Por ello, en esta nueva fase el GIEI enfatiza la necesidad de completar las demandas de pruebas e informaciones solicitadas en los primeros seis meses y que no han sido aún proporcionadas. 

Entre las nuevas líneas de investigación propuestas a la PGR y que se desarrollan en el documento mencionado están:

a) la investigación del 5º autobús como hipótesis del caso, incluyendo asistencia jurídica internacional, identificación plena del autobús y revisión de lo sucedido con los hechos y con la omisión de los mismos;

b) la evaluación de los datos existentes de telefonía tanto de los normalistas como de los inculpados, incluyendo las líneas de búsqueda que puedan surgir de dichas acciones;

c) la realización de nuevas diligencias, peritajes y toma de declaraciones, entre otros;

d) la evaluación de nuevas evidencias científicas, y el procesamiento de las ya recogidas;

e) la investigación sobre manejo y control información del C-4;

f) la toma de declaraciones de otros miembros de fuerzas de seguridad de la zona;

g) agregar a la investigación los informes de inteligencia existentes;

h) la ampliación de la investigación financiera;

i) la evaluación de las denuncias de los detenidos sobre malos tratos y torturas siguiendo los estándares internacionales, mediante el protocolo de Estambul;

j) la realización de una investigación más sistemática sobre los otros desaparecidos en la zona, que permita una evaluación conjunta de los casos y el modus operandi de los perpetradores.

Todas estas líneas de investigación pueden proporcionar elementos clave para la búsqueda.

 

Entrevistas a personal del 27 Batallón

El GIEI tuvo conocimiento de que 10 militares del Batallón 27 de Iguala se presentaron a declarar o ampliar sus declaraciones el 26 de agosto, una semana después de que el Estado respondiera al GIEI que sólo podría realizar un cuestionario para que fuera aplicado por la PGR. No se proporcionó al Grupo ninguna información sobre la realización de estas diligencias.

Posteriormente, el 11 de septiembre, después de la publicación del Informe Ayotzinapa, dos militares ampliaron sus declaraciones ante la PGR. El Grupo evaluará dichas declaraciones y tomará su decisión sobre los pasos a dar para investigar de forma efectiva los hechos siguiendo los estándares de investigación en casos de derechos humanos.

 

Nuevos elementos sobre la búsqueda

El GIEI propone realizar nuevos cateos y evaluar diversos lugares, con base en la información proporcionada por las líneas de investigación propuestas, en la que se consideran trayectos y lugares a los que pudieron ser conducidos los normalistas, más allá de las fosas.

Acerca de las fosas, es necesario hacer un mapa de fosas y utilizar tecnología adecuada. Desde marzo, el GIEI solicitó mapas satelitales y la búsqueda con tecnología LIDAR en posibles fosas y alteraciones en el terreno de Pueblo Viejo y La Parota y otras zonas. Hasta la fecha estas diligencias no se han realizado.

La compilación de toda la información disponible y la participación de organizaciones de víctimas que cuentan con información relevante son claves para tener un plan de investigación efectivo en estas hipótesis de búsqueda. Los recientes hallazgos de Carrizalillo muestran la gravedad de los casos de personas desaparecidas y fosas comunes, así como el ambiente de control y miedo en el que sigue viviendo una parte de la población en el estado de Guerrero.

 

 

Incineradoras públicas o privadas de Guerrero

La información sobre hornos crematorios en la región es considerada clave por el GIEI. Ello es debido a la presencia de restos humanos quemados y/o cremados en la zona del basurero de Cocula y a las bolsas encontradas en el río San Juan. Hasta la fecha solamente se ha obtenido información parcial de crematorios privados y estamos a la espera de que se complete la información sobre este tema.

 

 

Tratamiento de información sobre posibles identificaciones

El GIEI advirtió a la PGR del manejo inadecuado de la información pública sobre la supuesta identificación de Jhosivany de la Cruz a partir de un resto óseo aparecido en el río San Juan y enviado a la Universidad de Innsbruck. El cotejo de ADN muestra que no se trata de una identificación plena, sino con una probabilidad moderada o baja debido a que se trata de un caso abierto, contrariamente a la información difundida públicamente.

A petición de la PGR, el GIEI brindará los criterios que considera imprescindibles en los protocolos de comunicación. Aquí lo primero es que el riesgo de filtraciones no deben ser un criterio de difusión pública; por el contrario, se debe verificar y contrastar rigurosamente la información y una vez que se tiene certidumbre sobre la misma, se le debe dar primero a los familiares y acordar con ellos las condiciones y términos para su posterior difusión pública.

 

 

Valoración médica y segunda opinión del estado de salud de Aldo Gutiérrez

Del 26 al 30 de octubre dos neurólogos, de Cuba y Costa Rica, llegaron a México para hacer una valoración clínica sobre el estado de salud y las posibilidades de atención para Aldo Gutiérrez, normalista gravemente herido en la cabeza por disparos de la policía de Iguala. Dicha visita fue gestionada durante meses por el GIEI, a petición de la familia de  Aldo, para contar con una segunda opinión sobre su estado y las alternativas de tratamiento. El GIEI agradece al equipo médico su trabajo y profesionalismo clínico y humano en la atención con los familiares. Igualmente, agradece al Instituto de Neurología por su disposición a la total colaboración y reconoce la atención del más alto nivel que le otorga a Aldo.

Por parte del Estado, la CEAV ha gestionado la visita. Sin embargo, el GIEI alerta sobre cómo se dio en este caso la comunicación pública. En este caso, la difusión de los resultados preliminares se hizo sin informar a los familiares, ni al GIEI, de que se iba a realizar un documento escrito que fue repartido a diferentes instancias y se difundió públicamente. Esto es particularmente delicado en este caso por el incumplimiento de las reglas establecidas y el enorme impacto de los hechos. El Grupo ha señalado a la CEAV la necesidad de seguir las reglas de la relación con las víctimas para generar la necesaria confianza.

 

Exhumación e inicio de la 2ª autopsia a Julio Cesar Mondragón

El GIEI considera que la realización de la segunda autopsia al cuerpo de Julio César Mondragón, asesinado durante el ataque a los normalistas de Ayotzinapa y cuyo cuerpo apareció con graves señales de tortura, puede proporcionar nuevos elementos sobre el trato sufrido, causa de muerte y los traumatismos perimortem que no fueron evaluados en la primera autopsia y cuyas deficiencias fueron señaladas en el informe del GIEI. El Grupo participa en la diligencia como observador del trabajo forense, colaborando en los acuerdos entre los diferentes peritos de la PGR y los especialistas del EAAF, y en apoyo a la familia. También estará presente la CNDH.

La esperanza de los familiares es encontrar respuestas sobre los hechos vividos, contar con un estudio realizado con las condiciones adecuadas y rescatar el buen nombre de Julio César. Esto forma parte del conjunto de las garantías de investigación en este caso y constituirá nuevas pruebas para la evaluación de estos hechos atroces.

 

Ley de desaparición forzada

El GIEI recibió la versión del 26 de octubre del anteproyecto de ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición de personas. En los próximos días enviará sus comentarios, en los que insistirá en la necesidad de contar con un marco jurídico integral sobre la prevención, búsqueda, investigación, sanción, atención a las víctimas, reparación, derecho a la verdad, acceso a la información y garantías de no repetición.

Es necesario que la ley establezca procedimientos uniformes que eviten la fragmentación de la búsqueda e investigación entre los niveles estatales y federales, y que haya un solo protocolo de búsqueda. Temas como la declaración de ausencia deben estar claramente establecidos y no ser definidos individualmente por las entidades federativas. Además, si la desaparición forzada es un delito de ejecución permanente, los delitos anteriores a la vigencia de la ley deben ser investigados y sancionados conforme a la ley general que se apruebe, siguiendo el criterio de los precedentes judiciales vigentes en México.

Finalmente, el GIEI agradece a los medios de comunicación el interés y la atención al trabajo que llevará a cabo en esta segunda etapa de su mandato.

Información: Cecilia Navarro, en prensa.giei.ayotzi@gmail.com y cel. 555454 0678 o web giei.info.