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Gobierno acepta ante CIDH diez acuerdos sobre Ayotzinapa, relanzar búsqueda y reestructurar investigación
Martes,
20
Octubre
2015

Autor // comunicacion

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*Trabajo del GIEI, “símbolo mismo del derecho a la verdad”: presidenta de la Comisión
 
Ciudad de México, 20 de octubre de 2015. Con la presentación de diez compromisos básicos para desarrollar su mandato firmados con el gobierno federal, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los resultados de sus primeros seis meses de trabajo para supervisar el caso de la desaparición forzada y ejecución de los normalistas de Ayotzinapa.
 
Durante la audiencia de oficio desarrollada en el 156 periodo de sesiones de la CIDH –en la que estuvieron presentes también representantes de las víctimas y del Estado mexicano-, el GIEI hizo un resumen de los hallazgos de su investigación y denunció el lanzamiento de una quinta versión de los hechos no contrastada ni presente en los testimonios; pidió que no se vuelva atrás en cuestiones ya esclarecidas y exigió al Estado profundidad y seriedad en sus compromisos para realizar la investigación y la búsqueda.
 
Los representantes de las víctimas señalaron que es fundamental el impulso decidido de la Presidencia de la República para la reestructuración de la investigación y la búsqueda de los jóvenes, y pidieron que se establecieran tiempos para cumplir los compromisos, algunos de los cuales ya se habían pedido con meses de antelación, como la búsqueda con tecnología de punta.
 
Entre los compromisos firmados entre el gobierno mexicano y la CIDH –que son para abrir la investigación, no para acotar el trabajo, aclaró el Grupo- se encuentra sacar la investigación de la SEIDO de forma inmediata, proporcionando toda la información existente al nuevo equipo de investigación; que en el nuevo peritaje sobre la dinámica de fuego en Cocula se establezcan de común acuerdo los objetivos, condiciones, perfiles y peritos, así como el modo en que se realizará el estudio; que se conforme un nuevo equipo de investigación con experiencia y de confianza con la procuradora y con el propio GIEI; integrar el informe del GIEI en la investigación del caso, incluyendo seguir las recomendaciones; y planificar de forma conjunta una ruta de investigación tomando en cuenta las informaciones existentes y las nuevas líneas incluidas en el informe.
 
También se acordó que se establecerá un mecanismo de coordinación periódico, incluyendo la información sobre diligencias a realizar que sean relevantes para el caso y las líneas de investigación acordadas, así como la observancia o participación del GIEI en las cuestiones que estime relevantes y que decrete la PGR, según el marco legal y el papel de coadyuvancia; la evaluación del conjunto de las nuevas diligencias para establecer los nuevos hechos probados; relanzar la búsqueda con las autoridades competentes con una estrategia basada en las líneas señaladas por el GIEI; la formalización de la relación con el nuevo equipo de la PGR estableciendo los acuerdos y la forma de seguimiento de los mismos; la elaboración por parte del GIEI de un documento de trabajo para llevar a cabo la investigación y búsqueda; dar pasos en la atención a las víctimas de acuerdo con el GIEI y los representantes de las víctimas, incluyendo el derecho a la verdad, a la reparación y a la información; y finalmente, mantener la confidencialidad de la información sobre nuevos resultados de la investigación hasta transmitir la información a los familiares.
 
Los representantes de las víctimas denunciaron la falta de acciones concretas para cumplir con el informe del GIEI y los intentos de desprestigio contra el Grupo y otros actores; insistieron en que no se trata de un caso aislado y que se circunscribe en una realidad nacional de macrodelincuencia y corrupción política. También expusieron que se les ha restringido el acceso al expediente, que hay graves irregularidades en las recientes actuaciones de las autoridades para confirmar una teoría del caso insostenible; que no se ha creado la unidad especial para investigar los hechos ni se ha accedido a apartar de la investigación e investigar a funcionarios que han obstruido el esclarecimiento del caso, y que se continúa poniendo a las víctimas en segundo plano.
 
Para los representantes de las familias hay algunos ejes indispensables para cumplir las recomendaciones principales del GIEI, entre ellos: generar un Plan de Investigación, que debería indagar el contexto de macrocriminalidad y corrupción política, que no encapsule el caso de Ayotzinapa como un problema exclusivamente municipal, que investigue la participación de otras fuerzas de seguridad del orden estatal y federal, incluyendo al Ejército mexicano; que se aseguren condiciones de colaboración para el trabajo que realiza el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); que indague si el objetivo del operativo policial fue impedir que los autobuses tomados por los estudiantes salieran de la ciudad de Iguala, dado que estos autobuses podrían estar vinculados con el tráfico trasnacional de drogas; que no pierda tiempo en diligencias sobre cuestiones que ya quedaron esclarecidas en el Informe GIEI y que sólo expresan la persistente intención de estigmatizar a las víctimas; y que se inicie una investigación respecto de aquellos funcionarios que por acciones u omisiones obstruyeron la investigación de los hechos.
 
También indicaron que para el relanzamiento de la búsqueda consideran fundamental el uso de tecnología de punta recomendada por el propio GIEI desde su primer informe de actividades de fecha 19 de marzo de 2015; la georeferenciación de fosas clandestinas, hornos crematorios en la zona y en el estado, así como de otros datos sustanciales de búsqueda; y la concentración de la estrategia de búsqueda en el nuevo Fiscal o encargado del equipo de investigación, de tal forma que se evite la dispersión.
 
Los comisionados pidieron precisiones sobre la postura del Estado ante las huellas de coacción o tortura contra 77% de los detenidos y los funcionarios implicados en ello, el lanzamiento de la quinta versión sobre el caso y las declaraciones del Secretario de la Defensa en el sentido de que no permitirá que el GIEI entreviste a los integrantes del 27 Batallón. Ante la respuesta del Subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación de México, Roberto Campa Cifrián, en el sentido de que tal solicitud no estaba presente en los acuerdos firmados, el GIEI aclaró que es parte de las diligencias y solicitudes pendientes, y que espera una respuesta a través de los canales establecidos y no con declaraciones que abonan a la confusión y la desconfianza en cuanto a su mandato.
 
También fue punto a debate la duración del próximo mandato del GIEI, que el gobierno mexicano pretende que sea de 6 meses mientras que las víctimas piden que sea indefinido. Los representantes y los mismos familiares de las víctimas, quienes intervinieron a través de un video, insistieron en que es fundamental la permanencia de los expertos.
 
La presidenta de la CIDH, Rose-Marie Antoine, señaló que la CIDH espera que se dé al GIEI la posibilidad de entrevistar a los elementos del Ejército, y resaltó la importancia del tema al decir que “el trabajo del GIEI se ha convertido en el símbolo mismo del derecho a la verdad; por eso es importante que se palpe la transparencia del proceso”. 

 

 

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