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Gobierno mexicano se compromete ante la CIDH a instaurar diálogo para creación de mecanismo de protección a defensores

icon Mecanismo de protección a defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas (85.5 kB)

icon Intervenciones en la audiencia temática sobre mecanismo de protección a defensoras y periodistas (42.5 kB)

Hoy por la mañana el Estado mexicano reconoció la necesidad de entablar el diálogo con la sociedad civil sobre la creación de un Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en el marco de una audiencia pública celebrada en el 140º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ante la exposición hecha por diversas organizaciones de la sociedad civil mexicana en torno a la necesidad de crear un Mecanismo gubernamental enfocado en la protección de defensores y defensoras de los derechos humanos amenazados y la situación de riesgo así como periodistas, Omeheira López Reyna, Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a nombre de la delegación estatal reconoció la situación que sufren muchos defensores y periodistas en el ejercicio de su labor, así como la falta de implementación eficaz y retos competenciales y presupuestales en casos documentados de medidas cautelares dictadas a favor de estos sectores, y por ende la necesidad de instaurar medidas para responder a la problemática.

Ante la CIDH, las organizaciones peticionarias presentaron la problemática de los actos de hostigamiento, amenazas, agresiones físicas e incluso asesinatos y desapariciones de las que son víctimas tanto las y los defensores de derechos humanos como las y los periodistas por ejercer el derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión. Así mismo, destacaron la falta de implementación efectiva y un seguimiento adecuado a las medidas de protección otorgadas por organismos públicos de derechos humanos y por órganos internacionales como la propia Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante dicho panorama, las organizaciones civiles insistieron en la urgente necesidad de un Mecanismo gubernamental de protección a nivel nacional que cumpla con ciertos requisitos mínimos.

Los requisitos incluyen: un marco normativo adecuado; competencia y capacidad de actuar en las entidades federativas y el Distrito Federal; tener recursos propios y suficientes y la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de los periodistas, tanto en el diseño como en su funcionamiento.

El Presidente de la Comisión Interamericana, Felipe González, destacó que cuando se agrede a las y los defensores y periodistas, esto genera “efectos multiplicadores” de daños a la sociedad entera. Por otra parte expresó que la Comisión considera importante la implementación de un Mecanismo de Protección para posibilitar que el Estado mexicano responda a los casos de riesgo a defensores y periodistas sin que éstos tengan que recurrir al Sistema Interamericano.

Las organizaciones peticionarias expresaron que la eficaz investigación de las agresiones cometidas contra las personas defensoras es un elemento fundamental para su protección. La delegación estatal reconoció este hecho y observó que es fundamental mejorar la efectividad de las investigaciones.

El pasado mes de febrero de 2010, el gobierno mexicano inició un diálogo con la participación de la sociedad civil y de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) donde se comprometió a impulsar “un mecanismo integral de protección, prevención e investigación, pero subsidiario y complementario a la obligación ya existente del Estado de protección de la vida, la seguridad, la libertad e integridad de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos". Sin embargo, desde la reunión del pasado 11 de agosto de 2010, en la que también estuvieron presentes las relatorías sobre libertad de expresión de la CIDH y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en visita oficial a México, no ha habido seguimiento a las mesas de trabajo.

Las organizaciones solicitaron también que la CIDH, a través de su Unidad de Defensores de Derechos Humanos, pudiera brindar asesoría técnica al Estado mexicano en la elaboración e instrumentación del mecanismo de protección.