Mujeres de Atenco

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Nov
17

Se debe llegar al fondo de los hechos de Atenco

Autor // comunicacion

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AUTOR: Emir Olivares Alonso
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 17 de noviembre de 2017


Para las víctimas de tortura sexual durante el operativo en San Salvador Atenco, en mayo de 2006, la reparación del daño no se limita a una solución amistosa o una indemnización económica. La única forma posible que vislumbran para "recuperar" 11 años de su vida es que realmente se alcance la verdad sobre lo que sucedió y se haga justicia.

Al comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), cinco de las 11 denunciantes del Estado mexicano ante ese organismo insistieron en la necesidad de que se profundice en la cadena de mando para sancionar no sólo a los que ejecutaron el operativo, sino también a quienes lo diseñaron e implementaron. Asimismo, demandaron que el Estado mexicano brinde garantías de no repetición de hechos similares, pues aseguraron que la violencia sexual contra las luchadoras sociales "es una práctica sistemática" de las autoridades mexicanas.

Exigieron que el Estado reconozca los agravios no sólo contra las 11 mujeres denunciantes ante la Coridh, sino a las más de 240 personas detenidas de manera arbitraria y agredidas por los elementos policiacos durante el operativo. Otra demanda es que, con el apoyo de las autoridades, se ponga en marcha un centro de acompañamiento y documentación independiente que acompañe a las mujeres sobrevivientes de tortura sexual y sus familias en cualquier parte del país, con un enfoque de derechos humanos, integral y donde se atiendan las necesidades médicas y sicológicas, y se les brinde asesoría legal.

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Nov
17

Narran víctimas de Atenco abuso sexual "de horror"

Autor // comunicacion

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AUTOR: Emir Olivares Alonso
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 17 de noviembre de 2017

Las mujeres que denunciaron al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) por la tortura sexual de la que fueron víctimas durante el operativo policiaco en San Salvador Atenco la madrugada del 4 de mayo de 2006 comparecieron ante ese penal internacional en búsqueda de la justicia que tras 11 años no han obtenido.

En el contexto del 120 periodo ordinario de sesiones de esta Corte, cinco de las 11 denunciantes narraron "el horror y las atroces" acciones de los policías en su contra. No fue sencilla su comparecencia. Por momentos guardaban silencio, al borde del llanto por la dureza de recordar aquellos hechos.

Fueron golpeadas, sometidas, humilladas, insultadas. Las agresiones sexuales incluyeron tocamientos y la introducción de dedos en vagina, y en un caso en el ano. Médicos legistas y agentes del Ministerio Público las maltrataron, no les dieron apoyo e incluso fueron socarrones y desestimaron sus denuncias; y las autoridades estatales pusieron en duda sus dichos.

Los jueces de la Corte se mostraron sensibles con los relatos, y no se limitaron a preguntar exclusivamente sobre la denuncia por tortura sexual, sino que ahondaron en el contexto, en cómo se dio el operativo y los procesos judiciales contra las denunciantes, sobre la lucha contra el nuevo aeropuerto internacional de México, y hasta pidieron saber el nombre del entonces gobernador del estado de México.

Los representantes del gobierno mexicano, en principio, se limitaron a preguntar a las comparecientes si conocían los términos de las propuestas del Estado para la solución amistosa, si sabían que se había consignado a 52 servidores públicos o si se enteraron de que un día antes de los hechos se había dado un enfrentamiento entre pobladores y policías. Esto motivó que los jueces llamaran la atención de los funcionarios, pues consideraron que ese tipo de interrogantes no profundizaban con los objetivos de la audiencia.

"Vengan a calentar a esta puta", dijeron varios policías al tener sometida a Bárbara Italia Méndez, recordó. Abusaron de ella: apretaron sus senos, mordieron y chuparon varias partes de su cuerpo e introdujeron sus dedos en su vagina. "Fue el horror". En su búsqueda de justicia, aceptó realizarse un peritaje un año después con la fiscalía de mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR). Fue revictimizante: mientras estaba desnuda en un pequeño cuarto, en el exterior se escuchaba el tumulto de varios policías que hacían chistes sexistas, además, las dos mujeres que le aplicaron las pruebas le tomaron fotografías con sus celulares.

Norma Jiménez fue agredida en el asiento trasero de un autobús por varios policías. Ante los jueces dijo que cuando solicitó a un médico legista que la revisara porque había sido violada, éste le contestó que seguramente ellas mismas se habían infligido las lesiones. Su padre no le habla. "Cree que estoy equivocada por estar denunciando esto aquí". En respuesta, la juez Elizabeth Odio le dijo: "Las mujeres no nos equivocamos cuando denunciamos". Claudia Hernández recordó que los uniformados le arrancaron la ropa y cuando se dieron cuenta de que estaba en su periodo menstrual, gritaron: "Vamos a ensuciar más a esta perra". Y comenzó su tormento. Varias ocasiones pensó en quitarse la vida.

Angélica Patricia Torres vivió el mismo suplicio. Exigió que el Estado aclare públicamente que no mintieron. "En ese tiempo vi un mensaje en la televisión, en el que el gobernador decía que mentíamos...", cuando contaba esto, un juez le pidió decir el nombre del entonces mandatario estatal. "Enrique Peña Nieto", contestó. "Gracias", reviró el juzgador.

En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República condenaron "los hechos de violencia sexual y tortura en contra de 11 víctimas" y expusieron su "disposición y compromiso para atender adecuadamente las medidas de reparación que en su momento pueda ordenar la Corte Interamericana".

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Nov
16

Justificó Robledo uso excesivo de fuerza en Atenco

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AUTOR: Fernando Camacho / Emir Olivares 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 16 de noviembre de 2017

Días después de los operativos en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, el entonces titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), Wilfrido Robledo Madrid, presentó un informe en el que justificó el excesivo uso de la fuerza de las corporaciones policiacas, debido "al grado de amenaza que han llegado a constituir grupos radicales", en referencia al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

Aseveró que la estrategia planeada entre autoridades estatales y federales "permitió desarticular a uno de los grupos de mayor radicalidad". Y se excusó: "Es importante entender que los probables responsables nunca se entregaron pacíficamente; por el contrario, ofrecieron amplia resistencia, recurriendo a métodos violentos (…) lo que explica los niveles de rudeza adoptados para reducirlos y asegurarlos".

Al referirse a las denuncias sobre "los supuestos" abusos sexuales contra varias mujeres detenidas durante el operativo, que hoy son motivo de revisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentó: "No tenemos mayores elementos que lo acrediten".

El documento, con fecha 17 de mayo de 2006, fue entregado en su momento al entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al secretario general de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, y al procurador estatal, Abel Villicaña Estrada. Y cobra relevancia en víspera del análisis del caso en el organismo internacional.

Robledo dio cuenta de la actuación de los efectivos, de la coordinación con la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), de la "radicalidad" con la que los pobladores agredieron a los policías y "secuestraron" a 12 de ellos, así como de la "campaña mediática encabezada por el periódico La Jornada, que de manera sistemática ha desvirtuado los objetivos del operativo".

En el extenso informe no se refiere, en cambio, al hecho de que dos jóvenes perdieron la vida durante la acción policiaca, debido al impacto de cartuchos de gases lacrimógenos.

"Las medidas coativas tomadas hace unos días en San Salvador Atenco, aunque lamentables, están plenamente justificadas jurídica y políticamente, dado el grado de amenaza que han llegado a constituir grupos radicales, quienes por el hecho de oponerse a las autoridades federales en la iniciativa de construcción del aeropuerto de Texcoco, habían logrado convertir a ese municipio en un territorio sin ley ni orden social.

"Esto no puede permitirse, ni se permitirá, aunque en ocasiones tenga que llegarse al uso de la fuerza pública. En el caso de Atenco, fue preferible una acción preventiva donde las acciones se dieron en un ambiente latente de provocación de ciudadanos que han elegido la ilegalidad para defender sus derechos y donde la policía esperaba agresiones similares a las de Tláhuac", en alusión al linchamiento de policías federales en esa demarcación en noviembre de 2004.

Acerca de las denuncias por abusos policiacos, mencionó que desde los primeros reclamos se recabó toda la información "para ubicar a quienes se excedieron en sus atribuciones", además de que se dio conocimiento a la autoridad ministerial competente.

Detalló que en el operativo de la madrugada del 4 de mayo de 2006 participaron mil 815 elementos de la ASE y 700 de la PFP. El objetivo, asentó, era liberar a los policías "secuestrados" y detener en flagrancia a los miembros del FPDT y de otras organizaciones "radicales" que los apoyaban. Fueron aprehendidas más de 200 personas.

Finalmente, habló de una "estrategia concertada" en las acciones del FPDT para involucrar a varios grupos aliados, en particular al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y con ello que el subcomandante Marcos tuviera justificación para "recuperar espacios en los medios de comunicación y en la opinión pública para redimensionar este movimiento".

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Nov
17

Astillero / CIDH: violaciones en Atenco

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AUTOR: Julio Hernández López
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 17 de noviembre de 2017

  • Fepade: #FiscalMilitante
  • Película mafiosa
  • Bono de fraude electoral
  • CIDH: violaciones en Atenco 

 

Siendo solamente uno de los movimientos que desde el poder se están realizando para acomodar el mayor número de piezas en favor de una elección de Estado en 2018, son demasiado indecorosas e indicativas las maniobras instruidas o avaladas desde Los Pinos para hacerse de un fiscal para delitos electorales a modo, dependiente, partidista incluso. Equivalen esas maniobras, en términos políticos, a una virtual confesión de proclividad delictiva en busca de amortiguamientos judiciales o abiertas exoneraciones.

Ya en si, el haber botado a Santiago Nieto Castillo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Asuntos Electorales, dependiente de la Procuraduría General de la República, es toda una declaración de principios criminales: quitarlo, de la manera en que fue quitado, significa en códigos mañosos la sublimación de las complicidades protectoras de quienes se mueven en las cañerías financieras para suministrar fondos a campañas electorales. ¡Odebrecht, oh, Odebrecht, y el 2012 rechinando de limpio! Emilio Lozoya, uno de los buenos muchachos (o Goodfellas, o uno de los nuestros) de la película que aspiraría a dirigir Martin Scorsese, debe estar a salvo, a título demostrativo. Para ello cuenta con la feroz defensa de Javier Coello, llamado el Fiscal de Hierro cuando fue subprocurador federal de asuntos de drogas, y con las maniobras senatoriales a cargo de la Gran Boa constrictora del Senado, don Emilio, organizador de destituciones y postulaciones, siempre mediante ofertas, a las bancadas partidistas, que éstas no pueden rechazar.

Nieto Castillo fue aplastado vergonzosamente para dar ejemplo a eventuales imitadores de mínimas insurrecciones, aunque sean cosméticas. Y el Frente Negociante contra México rápidamente mostró (y cobró) el cobre: de las enhiestas posiciones originales de rechazo a la áspera destitución del mencionado Santiago pasó a los arreglos básicos, de nuevo Acción Nacional, la Revolución Democrática y el Movimiento Ciudadano en los aposentos tan sabidos de lo oscurito. En contra sólo se mantuvieron y mantienen los minoritarios integrantes de la bancada formalmente del Trabajo, pero en realidad Morena, y algunos panistas (cuatro, en la votación en general; varios más en lo particular).

Por lo pronto, ayer se emitieron en forma los bonos de la fundada desconfianza electoral 2018. Fue aprobada la convocatoria para nombrar nuevo fiscal electoral, sin haber resuelto ni hecho justicia en el caso del anterior funcionario, cuyo nombre y apellidos son lo de menos, así como su "declinación" a seguir peleando, pues el Senado lo que debió haber hecho se refiere a las funciones decorosas de un poder, el Legislativo, atropellado por el Ejecutivo.

A la indigna desmemoria de la gran mayoría senatorial se sumó otra maniobra, igualmente delatora: que dicen los del PRI, el Verde y buena parte de los panistas, "rebeldes" o "institucionales" (anayistas), que siempre sí podrá ser fiscal para delitos electorales alguien que haya sido dirigente partidista o candidato u ocupante de algún cargo de representación a nombre de algún partido.

Es decir, un #FiscalMilitante. Digamos, por decir, así como el senador priísta (con licencia) y gran amigo de Los Pinos, Raúl Cervantes Andrade, lo quería ser en la PGR cuando se convirtiera en "autónoma" Fiscalía General de la Nación. Él, Cervantes, todo un #FiscalCamal de Enrique y demás banda (en la política mexicana, Mario Puzo sería un escritor costumbrista, como dicen que Kafka lo habría sido en la vida mexicana en general).

Retirar el "candado" requirente de no tener antecedentes partidistas como directivo, candidato o representante popular en los seis años anteriores al momento en que se designe al nuevo fiscal electoral, hace suponer a los bien enterados y mal pensados (en cuyas filas no se halla, como es evidente, este tecleador sin brújula), que Los Pinos ya tiene candidato negociado, y que las piezas de reparto de este episodio legislativo tianguero son, para una de las partes conjuradas, la mencionada fiscalía para asuntos electorales y para otra, la Fiscalía General de la Nación, el guardaespaldas transexenal que durará nueve años al servicio de quienes hoy lo designen.

En las tandas hay que agregar la fiscalía anticorrupción y otros nombramientos en curso. Hay varias combinaciones gananciales posibles, para que ningún partido o élite partidista amafiada se queje de mal trato. ¡Todos (ellos) ganan! ¡Salud, que México aguanta eso y más! ¡Fraude o suerte: votaremos! En San José, Costa Rica, cinco mujeres mexicanas, a nombre de ellas y seis más, dieron testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de las agresiones en general, y particularmente de tipo sexual, que sufrieron en mayo de 2006, cuando policías federales y del estado de México reprimieron a activistas y ciudadanos en San Salvador Ateneo y Texcoco.

Fueron impactantes los relatos de las violaciones sexuales, de la inexistencia de mecanismos inmediatos de protección física y jurídica a las agredidas, y de la sabida maquinaria de burocracia judicial adversa a las denuncias de mujeres violentadas, sobre todo si, además, son opositoras al gobierno.

El principal responsable histórico de aquellos episodios de salvajismo institucional es Enrique Peña Nieto, quien era gobernador del estado de México (él mismo lo aceptó, en la Ibero, en su campaña odebrechtiana de 2012). Ayer, como ocupante de Los Pinos, encabezó una ceremonia para promulgar un^ ley sobre desapariciones forzadas, e hizo declaraciones muy sentidas, preocupado por tales delitos y su sostenida impunidad.
Estoico, siempre dispuesto al sacrificio, Miguel Angel Mancera ha hecho saber que está puesto para dejar su actual puesto y buscar otro.

Cuasi rimador trágico, ayer declaró: "Estoy listo para todo lo que se pueda presentar, vamos a ver exactamente cuáles son los escenarios, pero estamos listos y de frente hacia el Frente o el escenario que se presente".

¡Hasta el próximo martes!

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Nov
16

Mandos federales y estatales urdieron el plan en Texcoco

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AUTOR: Fernando Camacho y Emir Olivares 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 16 de noviembre de 2017

La cadena de mando del operativo policiaco realizado el 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco incluyó a funcionarios tanto federales como estatales, ya que ambos participaron en la planeación del mismo, la definición de los propósitos que perseguía y los distintos escenarios que podrían ocurrir.

De acuerdo con un documento de la indagatoria realizada en 2007 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso, la noche del 3 de mayo autoridades federales y estatales sostuvieron un encuentro en el municipio de Texcoco con la finalidad de estudiar detalles de las acciones que se realizarían al día siguiente.

Por el gobierno federal asistieron Eduardo Medina Mora, titular de la Secretaría de Seguridad Pública; Miguel Ángel Yunes García, coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública; Ardelio Vargas Fosado, jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva (PFP), y Ramón Pequeño García, delegado estatal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

En cuanto al gobierno del estado de México, participaron Enrique Peña Nieto, entonces gobernador de la entidad; Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno; Wilfrido Robledo Madrid, titular de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), y Héctor Guevara Ramírez, subsecretario de Gobierno del Valle de México Zona Oriente.

El documento de la SCJN también registra que tras evaluar la situación del 3 de mayo, Peña Nieto y Benítez Treviño subrayaron que la intención del operativo del día 4 sería "usar la fuerza pública a fin de desbloquear la carretera Texcoco-Lechería, liberar a los servidores públicos que habían sido retenidos por los civiles inconformes y restablecer el estado de derecho en San Salvador Atenco".

De igual forma, se pretendía "recuperar las patrullas, equipo y armamento de distintas corporaciones policiales que los inconformes habían retenido", así como "presentar ante la autoridad correspondiente a las personas que fueran detenidas en flagrancia".

La investigación de la Suprema Corte encontró que después de que el gobernador mexiquense y su gabinete se retiraron del lugar, se dio una segunda parte de la reunión, en la cual "se definió la estrategia y plan para llevar a cabo" dicho operativo, con base en información del Cisen.

En dicho encuentro estuvieron presentes Ardelio Vargas, Ramón Pequeño y Wilfrido Robledo, además de Héctor Sánchez Gutiérrez, coordinador de las fuerzas federales de apoyo de la PFP.

Más tarde se sumaron Rogelio Cortés Cruz y David Vital Espinosa, director de Operaciones y coordinador de Subdirecciones del Valle de México, de la ASE, respectivamente.

Ahí se realizaron una serie de evaluaciones acerca del "impacto probable que podía generarse si representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se trasladaban a San Salvador Atenco, como lo habían anunciado en un acto de la denominada La otra campaña".