Mujeres de Atenco

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Jun
12

Proponen exhortar a que el gobierno informe sobre víctimas de Atenco

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AUTOR: José Antonio Román
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 12 de junio de 2017

  • Diputado Martínez Neri presenta un punto de acuerdo
  • Proponen exhortar a que el gobierno informe sobre víctimas de Atenco 

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, presentó un punto de acuerdo para exhortar a diversas instancias del gobierno federal a que informen sobre el estatus del caso de las 11 mujeres de San Salvador Ateneo contra el Estado mexicano sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

El también coordinador del PRD en San Lázaro apremió a adoptar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres, para evitar casos de fuerza policial desmedida y, en caso de ocurrir, que sean realmente sancionados.

Se argumenta, mencionó, que durante los operativos policiales en los municipios de Texcoco y San Salvador Ateneo en mayo de 2006, las mujeres fueron víctimas de diversas formas de violencia durante la detención, traslado e ingreso al lugar donde permanecieron privadas de su libertad.

La CoIDH, dijo, estableció que la detención fue ilegal, arbitraria y no se les informó sobre las razones de su detención, ni los cargos imputados.

El pasado 27 de septiembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió el documento de fondo de este caso, en el cual establece que el Estado incumplió con su obligación de investigar los hechos denunciados con la debida diligencia y en un plazo razonable.

La comisión determinó que hubo afectaciones a la integridad síquica y moral en perjuicio de los familiares de las víctimas, por lo que dispone una reparación integral en favor de las víctimas por las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, incluyendo el aspecto material y moral, y brindar tratamiento médico y sicológico o siquiátrico.

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May
21

Duro golpe a Peña Nieto de las mujeres vejadas en Atenco

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AUTOR: Gloria Leticia Díaz 
FUENTE: Proceso 
FECHA: 21 de mayo de 2017


Las declaraciones emitidas por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y de miembros de su gabinete para descalificar a las víctimas de graves abusos cometidos contra la población durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Ateneo fueron determinantes para evitar que prosperara el litigio seguido por 11 mujeres que denunciaron tortura sexual.

Sin embargo, esa situación -los agravios contra los atenquenses, sobre todo contra las mujeres cuyas garantías individuales fueron conculcadas- es merecedora de "medidas administrativas, disciplinarias o penales", insiste la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que remitió el caso a la Corte Interamericana luego de que el Estado mexicano se negara a atender las recomendaciones formuladas en octubre de 2015.

En el último trimestre de este año, el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizara el discurso político de altos funcionarios como factor de "denegación de justicia" en los casos de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes durante 11 años no han cejado en exigir sanción a los responsables materiales e intelectuales de los tres niveles de gobierno, incluida la cadena de mando.

Desplegadas en su página de internet recientemente, las conclusiones de la CIDH sobre el caso Ateneo hacen señalamientos concretos a Peña Nieto como uno de los diseñadores de la estrategia policiaca contra pobladores y activistas de Ateneo cuando fue gobernador del Estado de México, responsabilidad que será analizada en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo a la CIDH, las 11 demandantes fueron víctimas de abusos y de tortura sexual, entre otros ilícitos, por lo que el Estado mexicano es responsable de violar los derechos a la libertad personal y garantías judiciales; a la integridad personal de ellas y de sus familiares, a la vida privada, la autonomía y dignidad, la igualdad y no discriminación, así como a las garantías judiciales y protección judicial.

Araceli Olivos Portugal, la abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) que representa a las agraviadas, considera inédito que la CIDH haya considerado en el informe que remitió a la Corte las declaraciones públicas de Peña Nieto y altos funcionarios de su gobierno.

"Es un hecho inédito que la CIDH razonara que, con sus declaraciones (Peña Nieto) generara un clima de impunidad en el que prevalece el caso hasta día de hoy.

"Es decir, que fueron las declaraciones (del entonces gobernador las) que marcaron la pauta de no actuación de las autoridades cuyo deber era investigar, así como para desincentivar a las víctimas a ratificar su acusación, pues de las 31 mujeres que denunciaron agresiones sexuales, sólo 11 se mantuvieron firmes", explica la litigante.

Las indagatorias de la CIDH Sin acceso a verdad y justicia, el caso fue ingresado al Sistema Interamericano en 2008, año en que el Comité de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendó a México abrir una investigación en el ámbito federal para sancionar a responsables intelectuales y materiales, así como a la cadena de mando que intervino en los hechos.

En 2013, en una audiencia realizada en Washington, el Estado mexicano impulsó una solución amistosa, que fue rechazada por las agraviadas. En 2015, sin el consentimiento de las mujeres, el Estado creó un fondo para indemnizar a las víctimas que fue repudiado por las 11 mujeres ante la impunidad en la que se mantiene el caso.

El Informe de Fondo 74/15. Caso 12.846 Mariana Selva Gómez y otras fue aprobado el 28 de octubre de 2015 por los comisionados James Cavallaro, relator de México; Tracy Robinson, entonces relatora de la Mujer, y por Pablo Vanucchi, Rosa María Ortiz, Felipe González y Rose Marie Belle Antoine. De esa discusión, se excluyó, por normatividad del órgano interamericano, al mexicano José de Jesús Orozco Henríquez.

El documento, disponible en internet, destaca la participación de Peña Nieto en el diseño del operativo policiaco en el que resultaron violentados los derechos de las agraviadas. El conflicto se originó cuando el gobierno municipal de Texcoco intentó desalojar a vendedores de flores que fueron apoyados por simpatizantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, quienes se manifestaron el 3 de mayo de 2006 en la carretera municipal Los ReyesLechería, a la altura de la entrada de San Salvador Ateneo.

En la acción policiaca para despejar la zona hubo enfrentamientos entre pobladores y policías municipales, estatales y federales. La población retuvo a varios agentes, a quienes les quitaron su equipo y armamento.

"Desde la noche del 3 de mayo de 2006, alrededor de mil 815 policías estatales y 628 policías federales se concentraron en distintos puntos del municipio de Texcoco; intervinieron también elementos del Grupo de Operaciones Especiales. Ese día hubo una reunión en la que participaron distintas autoridades federales y estatales, incluyendo al entonces gobernador del Estado de México, en la que decidió utilizar la fuerza pública a fin de desbloquear la carretera Texcoco-Lechería, liberar a los servidores públicos retenidos, recuperar el equipo, armamento y patrullas retenidas, presentar a las autoridades a quienes fueran detenidos en flagrancia y restablecer el ''estado de derecho''.

"La estrategia se definió en una segunda reunión, que terminó en la madrugada del 4 de mayo de 2006, en la que participaron autoridades federales, estatales y miembros del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva. Dicho operativo sería vigilado vía aérea", se sostiene en la sección de "hechos probados" del Informe de Fondo.
El reportero Alejandro Gutiérrez dio cuenta de que, además de Peña Nieto, participaron en la planeación del operativo de represión Humberto Benítez Treviño, José Manzur Quiroga y Edwin Lino, secretario de Gobierno, subsecretario y secretario particular del entonces gobernador, respectivamente, así como el procurador Abel Villacaña; el jefe de la Agencia de Seguridad del Estado, Wilfrido Robledo Madrid, y el alcalde de Texcoco, Nazario Gutiérrez (Proceso 1541).

Testimonios del oprobio Lo que siguió fue el terror: durante el traslado, los rostros de las mujeres fueron cubiertos con sus ropas. Las golpearon con toletes en sus cuerpos desnudos. Pantaletas y sostenes fueron destrozados por los uniformados, quienes las manosearon, las mordieron y pellizcaron sus senos y nalgas, además de derramar semen en sus cuerpos.

A ello se sumaron amenazas de ejecución y desaparición. Cuando las detenidas ingresaron al penal, los agentes ministeriales y médicos legistas se negaron a admitir sus quejas y a proporcionarles atención ginecológica. Las mujeres tuvieron que emprender una huelga de hambre para ser atendidas.

Todo fue narrado por ellas en sus denuncias penales y confirmado en la Recomendación 38/2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en las pruebas periciales del Comité Contra la Tortura y la Impunidad, citados en el documento elaborado a partir de los alegatos ante la CIDH.

Entre mayo y junio de 2006, como gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto fue prolijo en sus declaraciones públicas para descalificar y censurar a las mujeres que denunciaron abusos sexuales durante los actos de represión en Ateneo.

Al respecto, en su resolución enviada a la Corte Interamericana, la CIDH cita tres declaraciones de Peña Nieto publicadas en medios nacionales.

Consigna el organismo: "En nota de prensa de 12 de mayo de 2006, del periódico Reforma, se indica que el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, declaró que ''el tema de las personas supuestamente violadas, no hay denuncia de por medio, nadie denunció, ninguna de las mujeres denunció ante la autoridad que hubiese sido violada''.

"En la nota de prensa de 17 de mayo de 2006 del periódico Excélsior se indica que el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, tras una reunión con la CNDH, reconoció que la información recibida podría acreditar que se cometieron excesos por parte de algunos elementos policiacos." En otra cita, la CIDH refiere en su Informe de Fondo que el 16 de junio de ese año el diario Reforma publicó una nota fechada en Nueva York en la que Peña Nieto aseguró: "Es conocido que en los manuales de los grupos de insurgencia, de los grupos radicales, lo primero que el manualito (dice) es declararse violadas en el caso de las mujeres". Insistió en negar los hechos y retó a las mujeres a identificar a sus agresores para que fueran sancionados.

Versiones de los funcionarios mexiquenses El Informe de Fondo del caso Ateneo incluye declaraciones relevantes de Benítez Treviño y de Robledo Madrid. En su edición del 17 de mayo El Universal destacó que el primero declaró que el gobierno de Peña Nieto no iniciaría averiguaciones "al no existir ni exámenes ginecológicos ni denuncias penales concretas".

En el caso de Robledo Madrid, el entonces funcionario mexiquense atribuyó los abusos denunciados a "los altos niveles de estrés" de sus policías, y consideró que "si las mujeres, muy dignas, no se dejaron revisar por los doctores, fue porque nadie les había hecho nada", según consignó La Jornada el 27 de junio de 2006 El documento analiza las actuaciones de las instancias de procuración de justicia estatal y federal (en su momento intervino la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer) y cómo se redujo el caso al sometimiento a proceso de 29 policías estatales, 21 médicos legistas y un agente del Ministerio Público, que llevaron sus juicios en libertad y que han ido ganando absoluciones por fallas en las consignaciones, sin que hasta la fecha existas policías federales o mandos estatales procesados.

En este litigio llaman la atención las consideraciones de los comisionados acerca del impacto de las declaraciones mencionadas para mantener en impunidad el caso, y se ocupa de ellas en la sección de "Análisis de derecho".

Al referirse a la falta de exámenes ginecológicos que confirmaran la violencia sexual sufrida por la mujeres, incluso la ausencia de exámenes de ADN a los hallazgos de semen, la CIDH "nota que el Estado no dio una respuesta investigativa inmediata a través de la práctica de certificados médicos integrales y coherentes con el tipo de violencia sexual descrita por las víctimas. Por el contrario, al recibir información sobre denuncias de violencia sexual en el marco de los operativos, altas autoridades del Estado de México emitieron pronunciamientos que descalificaron dichas denuncias".

Retoma el impacto que tuvieron las expresiones de Peña Nieto y sus subalternos en la omisiones de los médicos legistas que "no cumplieron con los estándares" médicos integrales "para recabar la mayor cantidad de prueba posible sobre los actos de violencia y violación sexual narrados por la mayoría de las víctimas desde sus primeras entrevistas con la CNDH y en el marco del certificado de lesiones practicado por esa entidad", y que la decisión de varias víctimas de no denunciar formalmente después de su detención no justificaba la falta de actuación.

Para el organismo de 1a OEA no cabe duda que "estas graves omisiones tuvieron lugar en un contexto en el cual los altos funcionarios del ámbito estatal formularon declaraciones que se encuentran descritas en el presente informe y conforme a las cuales se habría puesto en tela de juicio la posible veracidad de las denuncias de violencia sexual en el marco de los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006".

En el informe se recurre una vez más a las expresiones oficiales de Peña Nieto y sus funcionarios al señalar que "la influencia de los patrones socioculturales discriminatorios puede dar como resultado una descalificación de la credibilidad de la víctima durante el proceso penal en casos de violencia", efecto que tuvieron las palabras de los funcionarios al generar "cuestionamientos a la credibilidad de las víctimas y, más allá de su contenido en sí mismo revictimizante, envió un mensaje de intolerancia a las graves omisiones que se cometieron en las etapas iniciales de la investigación".

Las cinco indicaciones Firmado por la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed, el Informe de Fondo daba cinco indicaciones al Estado mexicano para reparar el daño "tanto en el aspecto material como en el moral"; la atención médica y psicológica o psiquiátrica necesarias, de acuerdo a la víctima; medidas de no repetición, como la capacitación de los cuerpos de seguridad a niveles federal y estatal "en la prohibición absoluta de la tortura y la violencia sexual", y extender la medida a médicos y todo funcionario estatal involucrado en las etapas de una investigación.

En la parte sustancial, la CIDH urge a continuar la investigación con el objetivo de "identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad, incluyendo aquellas derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación de los cuerpos de seguridad, tanto de nivel estatal como federal, así como posibles actos de encubrimiento u omisión", evitando la revictimización.

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May
03

Confían en sentencia de CoIDH por Atenco

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AUTOR: César Martínez 
FUENTE: Reforma 
FECHA: 3 de mayo de 2017


A 11 años de que fueran torturadas sexualmente por agentes del Estado, las mujeres de Atenco confían en que este 2017 su caso tengan avances importantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

"Este segundo semestre será muy decisivo para saber los alcances que tiene nuestro caso y perfilarnos para una sentencia condenatoria contra el Estado, es lo que estamos buscando", comentó en entrevista Italia Méndez, una de las víctimas.

Pese a que considera que la parte jurídica está por llegar a su fin, advirtió que su lucha por evitar más víctimas seguirá adelante.

"Nos vemos más a largo plazo haciendo un trabajo bien dedicado con el tema de denunciar la práctica de Estado de la tortura sexual como una forma diferenciada de torturar a las mujeres".

Para Norma Jiménez, quien tenía 22 años cuando fue violentada por policías en Atenco, las mujeres no deben enfrentar solas casos como el suyo, por lo que considera importante su labor de acompañamiento de otras víctimas de tortura sexual.

Aunque consideró que el camino que han recorrido por 11 años en búsqueda de justicia ha sido igual de difícil y revictimizante que lo que vivieron en mayo de 2006, advirtió algunos triunfos, como la comprobación de que sus dichos no fueron mentiras.

Al respecto, Patricia Torres, otra de las víctimas, recordó que el entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, aseguró en ese 2006 que las denuncias hechas por los hombres y las mujeres de Atenco eran puras mentiras.

"Ahora se ha documentado, se han hecho varios peritajes diciendo que lo que yo dije en su momento fue verdad, a mí me torturaron, me llevaron a una cárcel de máxima seguridad", reiteró.

Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Prodh -organización que junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional acompaña el caso-, confió en que la sentencia de la Corte no tarde más de un año.

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May
04

Abusos contra mujeres en Atenco, aún impunes

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AUTOR: Arturo Morales 
FUENTE: Milenio Estado de México
FECHA: 4 de mayo de 2017

  • FPDT EXIGE JUSTICIA

Miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), celebraron una misa con la cual conmemoraron el 11 aniversario déla represión ejercida por parte de policías Federales y del Estado de México en contra de población y mujeres ocurrida en 2006, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, informó que el Estado mexicano está acusado ante la Corte IDH por torturar sexualmente a 11 mujeres, pero también porque el juicio permanece en impunidad.

Los pobladores exigieron justicia ante las vejaciones y abuso sexual hacia decenas de mujeres y los asesinatos del estudiante de la UNAM, Ollín Alexis Benhumea Ramírezy el adolescente, Francisco Javier Cortés.

La dirigente del FPDT, María Trinidad Ramírez, informó que hasta el momento sigue exento el acto de represión y los autores materiales e intelectuales, como el exprocurador General de República, Eduardo Medina Mora, entre otros funcionarios y exfuncionarios que han sido protegidos.

Recordó que los hechos derivaron de la defensa de vendedores de flores en el jardín municipal de Texcoco por los miembros del Frente de Pueblos.

En la explanada principal de Ateneo, los campesinos del FPDT, escucharon la misa que celebró el párroco del poblado de Nexquipayac, José Castoreña Jaramillo. Pidió perdón por la indiferencia que la Diócesis texcocana tuvo en su momento: "pido perdón por las palabras tan agresivas en su momento del obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, contra el movimiento, por la opulencia y riqueza en la que a veces estamos muchos de nosotros, perdón por la indiferencia de muchos curas ante el dolor del pobre y el movimiento".

Por su lado, el dirigente Ignacio del Valle Medina, añadió que la resistencia sigue vigente y no cederán en su lucha en contra de la construcción del NAICM.

Por su lado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó que las 11 mujeres que resultaron afectadas durante los actos ocurridos en San Salvador Ateneo y Texcoco, llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos de represión en las citadas regiones, el tres y cuatro de mayo de 2006, esperan que su caso siente precedentes para avanzar contra la tortura sexual

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May
04

A 10 años, las mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco siguen exigiendo justicia

Autor // comunicacion

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Ciudad de México, 4 de mayo 2016.- Las 11 mujeres denunciantes de tortura sexual, por los hechos de represión en San Salvador Atenco y Texcoco, del 3 y 4 de mayo de 2006, no cesan su lucha por la verdad, justicia y la erradicación de la tortura sexual en México como técnica para desmovilizar, reprimir o fabricar culpables.

Las mujeres denunciantes esperan que su caso siente un precedente para avanzar hacia un país libre de tortura. En particular, a través de la campaña nacional que fundaron en 2014, las mujeres se han solidarizado con otras sobrevivientes para Romper el Silencio contra el uso de la tortura sexual a mujeres.

Durante esta década, organismos internacionales y relatores se han pronunciado sobre la tortura en México. Recordemos el reciente informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, quien enfatizó que la tortura es una práctica generalizada en el país. En este contexto también se pronunció sobre la tortura sexual:

“Preocupa al Relator Especial el uso de la violencia sexual como forma de tortura, principalmente respecto a mujeres detenidas. La tortura sexual incluye desnudez forzada, insultos y humillaciones verbales, manoseos en los senos y genitales, introducción de objetos en genitales y violación sexual reiterada y por varias personas. La mayoría de estos casos no han sido investigados ni sancionados, o bien han sido calificados como conductas de menor gravedad, y presentan retos particulares para las víctimas, quienes son frecuentemente revictimizadas cuando presentan denuncias o se someten a exámenes médicos”.

Es importante recordar que el caso se mantiene en la impunidad. Si bien un grupo de policías, peritos y ministerios públicos han sido vinculados a proceso penal, las autoridades estatales, han evitado investigar la responsabilidad por cadena de mando.

De la misma forma, resalta que a diez años de ocurridos los hechos, ni el gobierno estatal, ni el federal, han establecido las medidas de carácter legislativo y de políticas públicas que eviten que los hechos de graves violaciones se vuelvan a repetir.

En este contexto, difundimos el siguiente interactivo que sintetiza los 10 años de lucha de las mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco. Haz clic aquí: http://bit.ly/1ru9G7Y


Información adicional: