Comunicados de Prensa

Imprimir
PDF
Ene
25

Sentencian a 3 años 8 meses de cárcel a cuatro ministeriales por Tlatlaya

Autor // comunicacion

jornada logo

 

AUTOR: Israel Dávila 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 24 de enero de 2017

Cuatro policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (hoy Fiscalía General de Justicia) fueron sentenciados a tres años ocho meses de prisión por su responsabilidad en el delito de tortura, cometido en agravio de tres mujeres detenidas tras la matanza de 22 personas en una bodega de San Pedro Limón Tlatlaya, la madrugada del 31 de junio de 2014.

Los agentes ministeriales prefirieron aceptar su culpabilidad para que, de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, se les impusiera la pena mínima por el delito que cometieron, lo que además les dará posibilidad de obtener una libertad anticipada.

Los sentenciados son: Gabriel Pineda Guerrero, Eulalio Hernández Martínez, Isabel Patricio Siles González y Jesús Antonio Vega Vázquez, quienes ya fueron dados de baja por la Fiscalía General de Justicia mexiquense.
Suman siete los imputados
Los agentes ministeriales también deberán pagar una multa -cada uno- por más de 100 mil pesos y 13 mil 980 por concepto de reparación del daño. En total, el Ministerio Público formuló imputación en contra de siete agentes ministeriales por su presunta responsabilidad en el delito de tortura cometido en agravio de tres mujeres detenidas tras lo ocurrido en Tlatlaya.

Los efectivos habrían usado prácticas ilegales para obtener una confesión de las detenidas sobre cómo acontecieron los hechos en la bodega de San Pedro Limón, donde se sabe que militares mataron extrajudicialmente a por lo menos ocho personas cuando éstas ya se habían rendido luego de un enfrentamiento que duró más de 20 minutos.

Los otros tres agentes policiacos prefirieron enfrentar un juicio de carácter normal para demostrar su inocencia. Este lunes se desarrolló la primera audiencia, donde se acordaron las pruebas que aportará cada una de las partes.

Imprimir
PDF
Jun
29

Tlatlaya sumido en la impunidad; PGR debe investigar

Autor // comunicacion

Tlatlaya 2aniv slider 01

 

unnamed

 

 

  • Exigen organizaciones una investigación eficaz y de acuerdo a estándares internacionales
  • La falta de actuación seria provoca que no haya ningún responsable en la cárcel

Ciudad de México, 29 de junio de 2016. A dos años de masacre de Tlatlaya, Estado de México, las organizaciones firmantes denunciamos que la falta de efectividad de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Poder Judicial de la Federación frente a un Ejército renuente a la rendición de cuentas, llevó a la consolidación de la impunidad, como lo habíamos advertido anteriormente. Al día de hoy, ningún responsable de esta grave violación de derechos humanos se encuentra procesado y no se están realizando todas las diligencias necesarias para fincar responsabilidades a todos los niveles.

A pesar de que la PGR ha anunciado que no habrá impunidad y que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó en su Recomendación 51/2014 la ejecución arbitraria de por lo menos de 12 a 15 personas en los hechos, el pasado mes de mayo el Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de los tres elementos del Ejército que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento, dando por probados los hechos pero alegando falta de elementos para resposabilizar en lo individual a los soldados. Esto es producto de una acusación deficiente y falta de investigación por parte de la Procuraduría federal. Una prueba de ello es que a un año de haberse revelado la existencia de la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”, ésta sigue sin ser investigada.

Ahora que el Sexto Tribunal Unitario devolvió la investigación a la PGR, exigimos que esta vez las averiguaciones se conduzcan con eficiencia y de acuerdo a los más altos estándares en la materia, de manera que los responsables de esta grave violación a los derechos humanos, respondan ante la justicia.

Ante este panorama, recordamos que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha externado su profunda preocupación por el hecho de que a casi dos años de la comisión de graves violaciones de derechos humanos en Tlatlaya, el caso sigue sumido en la impunidad y a las víctimas se les sigue negando su derecho a la justicia y la verdad. En su informe de seguimiento al Consejo de Derechos humanos de la ONU sobre las medidas adoptadas por el gobierno de México para implementar las recomendaciones para proteger el derecho a la vida, el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, indicó que “las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad persisten”, y que “la impunidad y la falta de rendición de cuentas en relación a violaciones al derecho a la vida se mantienen como serios desafíos, al igual que la ausencia de reparación para las víctimas”.

Finalmente, denunciamos los intentos de revictimización contra Clara Gómez González, sobreviviente de los hechos y madre de la también víctima menor de edad Erika Gómez. Sin la valentía de Clara, quien rindió testimonio de los hechos, la verdad no habría salido a la luz. El caso Tlatlaya continúa abierto, hasta en tanto no se esclarezcan los hechos y no sean sancionados los responsables.

Información adicional
Al cumplirse un año de la masacre de Tlatlaya, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentó el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, en el que se da cuenta de la existencia de una orden escrita de operación en la que se instruye a los militares “abatir delincuentes en horas de oscuridad”; por dicha orden instancias internacionales como el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaron al Estado mexicano investigar exhaustivamente dicho documento.


Aquí informe completo:
http://www.centroprodh.org.mx/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=198&Itemid=28&lang=es

 

Imprimir
PDF
May
17

Tlatlaya hacia la consumación de la impunidad

Autor // comunicacion

Tlatlaya impunidad2 01

LogosPorTlatlaya
Ciudad de México, a 17 de mayo de 2016. El Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de los tres soldados que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento, en la modalidad de alteración y modificación ilícita de vestigios del hecho delictivo, entre otros. Después de esta decisión, la totalidad de los elementos militares que participaron en los hechos del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya están libres.

Lo anterior, a pesar de que otro órgano de Estado como lo es la CNDH determinó en su Recomendación 51/2014 la existencia de la ejecución arbitraria de por lo menos de 12 a 15 personas, a lo que se suma las propias declaraciones de las tres mujeres sobrevivientes de la masacre, que coinciden contundentemente: si bien existió un enfrentamiento, la mayoría de los civiles se encontraban ya rendidos a disposición del Ejército para después ser privados de la vida.

En la resolución del 13 de mayo de 2016 dictada dentro del expediente 247/2015, el Magistrado Ambriz sostiene que alguien privó ilegalmente de la vida a los civiles; sin embargo, consideró que no podía determinar la probable responsabilidad de los militares procesados, pues se requerían de mayores elementos probatorios.

Dicha decisión judicial evidencia un Poder Judicial de la Federación poco efectivo para el juzgamiento de los casos de graves violaciones a derechos humanos, pero también muestra la responsabilidad de la PGR en la realización de una acusación deficiente y la falta de investigación por su parte; prueba de ello es que la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad” sigue sin ser investigada.

La resolución del Magistrado no es definitiva y puede ser impugnada por las víctimas reconocidas en el expediente, en tal sentido la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), apersonada en el juicio, debe asesorar a las familias sobre la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.

En el mismo sentido, la resolución del Magistrado Ambriz, no se pronuncia por la inocencia o culpabilidad de los elementos militares, sino que su libertad es por insuficiencia probatoria. Esto abre la posibilidad de que la PGR perfeccione su investigación y se evite que el caso permanezca en impunidad.

Para Clara Gómez González, sobreviviente y testigo, la resolución evidencia la falta de acceso a la justicia y abre su preocupación en torno a su seguridad y la de su familia, por lo que exigimos garantías en su proceso de búsqueda de verdad.

Preocupa a las organizaciones firmantes, la intencionalidad de algunos articulistas que han pretendido poner en duda la existencia de los hechos de Tlatlaya e incluso la legitimidad de quienes hemos solicitado justicia en el caso. Reiteramos que la CNDH reconoce la ejecución sumaria, por lo que refrendamos que los hechos deben ser investigados y sancionados.

Todo lo anterior nos confirma que en México la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos y abusos cometidos por los elementos militares está muy lejos de ser una realidad, asimismo es un indicador de la impunidad que prevalece en nuestro país.

Imprimir
PDF
May
20

Tlatlaya, sumido en la impunidad, a las víctimas se les ha negado su derecho a la justicia y verdad

Autor // comunicacion

Tlatlaya ONUDH 01

 


Ubicación: Ginebra
Tema: México

Estamos profundamente preocupados que a casi dos años de la comisión de graves violaciones de derechos humanos en Tlatlaya, Estado de México, que incluyen alegatos de que al menos 12 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, el caso sigue sumido en la impunidad y a las víctimas se les siguen negando sus derechos a la justicia y la verdad. De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en junio de 2014 en una bodega en Tlatlaya, 22 personas fueron privadas de la vida, de las cuales al menos 12 habrían sido ejecutadas extrajudicialmente. Siete militares fueron arrestados en conexión con el caso pero, en octubre de 2015, un juez desestimó los cargos contra cuatro de ellos y la semana pasada, una corte puso en libertad a los otros tres, al considerar que no había evidencia suficiente contra ellos.

Durante su visita a México en octubre del año pasado, el Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein dijo que el caso Tlatlaya sería observado muy de cerca como una prueba del compromiso de las autoridades en la lucha contra la impunidad, luego de que la reforma al Código Militar ubicara a los militares bajo la jurisdicción de los tribunales civiles en casos de crímenes cometidos contra civiles.

Respetamos por completo la independencia del poder judicial y tomamos nota de la declaración hecha por la Procuraduría General de la República en cuanto a que continuará acercando evidencia “a fin de evitar que los delitos cometidos […] en Tlatlaya […] queden impunes”. Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que aseguren una investigación rigurosa, efectiva, imparcial, independiente y rápida en este emblemático caso. También instamos a las autoridades de procuración y administración de justicia a actuar con base en los más altos estándares y normas de derechos humanos en las investigaciones y juicios. Las investigaciones deben ser ampliadas para abarcar a todos aquellos que resulten responsables, incluyendo a altos mandos militares que puedan haber tenido responsabilidad de mando, así como a aquellos que habrían alterado la escena del crimen o hubieran ordenado dicha alteración. También deben ser rigurosamente investigadas otras presuntas violaciones de derechos humanos relacionadas con el caso Tlatlaya, incluyendo la detención arbitraria y la tortura de testigos.

Dada la importancia de la evidencia forense en este caso, apelamos a las autoridades para implementar urgentemente la recomendación hecha por el Alto Comisionado en octubre pasado de establecer una institución forense nacional y autónoma adecuadamente financiada. Esto sin duda reforzaría las investigaciones en este y otros casos. Nuestra Oficina refrenda su compromiso para asistir a las autoridades pertinentes así como para apoyar y acompañar a las víctimas y a sus representantes.

TERMINA

Para más información y peticiones de prensa, favor de contactar a Rupert Colville (+41 22 917 97 67 / rcolville@ohchr.org), Ravina Shamdasani (+41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org) o Cécile Pouilly (+41 22 917 9310 / cpouilly@ohchr.org).

ONU Derechos Humanos, www.ohchr.org: los contenidos multimedia y mensajes clave sobre nuestras declaraciones a medios están disponibles en las canales de medios sociales de la ONU Derechos Humanos. Por favor etiquétanos en los medios adecuados:

Facebook:https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
Twitter: http://twitter.com/UNrightswire

Google+ gplus.to/unitednationshumanrights
YouTube: http://www.youtube.com/UNOHCHR

Storify: http://storify.com/UNrightswire

ONU Derechos Humanos México, www.hchr.org.mx, síguenos en las redes sociales:

Facebook: OnudhMexico

Twitter: @ONUDHmexico

Canal de YouTube: ONUDHMexico

Índice universal de los DD HH: http://uhri.ohchr.org/es/

Traducción no oficial.

Descarga el mensaje en pdf aquí.

 

Imprimir
PDF
Mar
30

Se consolida la impunidad en caso Tlatlaya: Fuero militar absuelve a soldados involucrados y PGR omite investigar la orden de Abatir

Autor // comunicacion

Slider2

 

 

 LogosONGTlatlaya2

* PGR no ha citado a declarar a mandos militares involucrados en la orden de abatir civiles.

Ciudad de México, 29 de marzo de 2016. El caso Tlatlaya se encamina a quedar impune. El Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares que participaron en la masacre de Tlatlaya; el séptimo de los acusados fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó. La sentencia a favor de los militares involucrados sólo pudo ser conocida recientemente por la víctima Clara Gómez González, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso debido a la opacidad que subsiste en el caso.

La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense -dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente. Esta determinación, ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad.

En este sentido, destacan las omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR). Como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos, la PGR ha fragmentado la investigación integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos. Cabe recordar que el 2 de julio de 2015 el Centro Prodh solicitó, en ejercicio de la coadyuvancia a la PGR, que se desahogaran diversas pruebas para investigar la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”; entre estas pruebas, la coadyuvancia solicitó que los mandos militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando. Sin embargo, tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando militar, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas.

La absolución en el fuero militar de los involucrados y las omisiones de PGR en la investigación se suman a decisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que perpetúan la opacidad en el caso. La CNDH negó a la víctima Clara Gómez González el acceso a la versión íntegra del expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014, argumentando que la SEDENA había calificado información del expediente como reservada, en contra de la calificación sobre la publicidad del expediente hecha por el propio Ombudsman anteriormente. Por otro lado, la Comisión tampoco ha informado de los resultados de su revisión de las órdenes militares vigentes en el país y si éstas contienen instrucciones de “abatir delincuentes”, siendo un hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las Fuerzas Armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana.

Pese a que la gravedad de este emblemático caso de violación a los derechos humanos debería tener como respuesta una actuación ejemplar de la justicia, las recientes determinaciones apuntan a que la impunidad podría prevalecer en el caso. Por ello, es fundamental reiterar que diversos procesos continúan abiertos: en la justicia civil federal tres militares están imputados por cargos de homicidio; la PGR aún mantiene abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de abatir; y, adicionalmente, permanece pendiente el cumplimiento  del amparo ganado por Clara Gómez González para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Frente a este panorama, los organismos de derechos humanos nuevamente advertimos sobre el riesgo de que en este caso emblemático termine imponiéndose la impunidad y, en ese sentido, llamamos nuevamente a que la justicia sea exhaustiva. Especialmente, reiteramos la exigencia de que se investigue la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a abatir delincuentes, pues de acuerdo con el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Sr. Christoph Heyns, esta debe ser indagada cabalmente dado que “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”.

 

2Tlatlaya Impunidad 00th 2Tlatlaya Impunidad 01th
2Tlatlaya Impunidad 02th
2Tlatlaya Impunidad 03th