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Periódico: El Universal

Reportera: Silvia Otero

Lunes, 21 de enero de 2013.

Hugo Sánchez Ramírez espera limpiar su nombre por completo, después de cinco años de prisión injusta acusado falsamente de secuestro, y luego de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decretaron la libertad de este joven mazahua; el mismo tribunal decidirá el miércoles si procede la anulación del proceso en su contra por portación de arma, lo que sentará un precedente, ya que se pronunciará por la legalidad de las detenciones realizadas bajo el argumento de «actitud sospechosa».

En octubre de 2012 los ministros del máximo tribunal del país ordenáronla liberación de Hugo —quien fue detenido en 2007 y había sido sentenciado a más de 37 años de cárcel por plagio—, lo que cambió la vida de este indígena que desde el primer momento alegó suinocencia,yquealsalírdelacárcel anunció su decisión de estudiar derecho para defender a personas como él, acusadas con falsedad.

Simón Hernández León, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), que tiene a su cargo la defensa, señala que ésta es la última batalla que se emprende en el sistema judicial del país, en la que existe la confianza de que la SCJN también emita una resolución a favor, ya que la detención de su cuente fue violatoria de derechos al basarse en el argumento de los policías de que existía «actitud sospechosa», lo que derivó en la acusación de portación de arma de fuego.

Hugo fue detenido en el Estado de México el 21 de julio de 2007, cuando conducía un taxi colectivo; los policías que realizaron la aprehensión aseguran que conducía de forma «sospechosa» y al acercarse a la unidad un pasajero comenzó a dispararles.
Alo largodel juicio, explica Hernández León, se demostró pericialmente que los disparos que tiene el taxi que conducía Hugo, todos fueron realizados hacia el vehículo y ninguno desde el interior, y que pasajeros detenidos y el acusado resultaron negativos de la prueba de radisonato, es decir, no dispararon.

En este caso, expuso el litigante, además de las periciales, lo que se espera es que la SCJN fije un criterio sobre la ilicitud de que las corporaciones policiacas justifiquen de ahora en adelante las detenciones que realizan, con el argumento de que procedieron por la actitud sospechosa de las personas, ya que es violatorio de derechos.