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Periódico: Reforma

Reportero: Francisco Rivas

Martes, 30 de cotubre de 2012

* AI y el Centro Prodh afirman que Carmelo Castillo es acusado de un delito que no cometió y corre el riesgo de convertirse en preso de conciencia


Puebla,  México. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Amnistía Internacional pidieron al Gobernador Rafael Moreno Valle que a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) evite un acto de injusticia en la Sierra Norte.José Rosario Marroquín, director general del Centro Prodh, explicó que el ex comandante del Municipio de Pahuatlán, Carmelo Castillo Martínez, está preso por un delito que se le imputa, pero que es inexistente.

Al uniformado, dijo, lo acusan del robo de un automóvil propiedad de Abraham Aparicio, identificado como cacique de la comunidad serrana de Atla.Sin embargo, relató, Castillo Martínez solo auxilió en octubre de 2009 a José Ramón Aniceto Gómez y a Pascual Agustín Cruz, entonces recién electos presidente auxiliar de Atla y juez menor de paz, respectivamente.Marroquín agregó que en aquella ocasión Aparicio intentó atropellar a Aniceto Gómez y a Agustín Cruz, por lo que intervino el agente policiaco de Pahuatlán, quien detuvo la unidad y comenzó su arrastre.Apenas días después del incidente las partes llegan a un acuerdo y las autoridades de Atla.

Pero Aparicio los demandó posteriormente por supuesto robo del vehículo y fueron encarcelados en 2010.Castillo Martínez quedó preso por la misma acusación en julio de 2011.»Estamos en el momento jurídico de que el Poder Ejecutivo en Puebla nos demuestre que podemos creer en la confianza de las instituciones», pronunció.

«Por eso enviamos una carta dirigida al Gobernador (Rafael Moreno Valle) y al Procurador General de Justicia (Víctor Carrancá) para que en estos días que están a punto de presentarse las conclusiones del caso del ex comandante Carmelo Castillo Martínez, se emitan de ‘no acusación’ para no cometer una injusticia más», manifestó.Aniceto Gómez y Agustín Cruz son considerados por Amnistía Internacional como presos de conciencia.

Marroquín pidió al Gobierno de Puebla que no permita que el caso de Castillo Martínez llegue a esa misma condición.El Centro Prodh y otras organizaciones ven de fondo el problema por abasto de agua en la localidad serrana de Atla, donde un grupo controló por más de cuatro décadas la administración del pozo.Andrés Díaz, abogado de Castillo Martínez, dijo que en un plazo de 72 horas el Ministerio Público debe presentar las conclusiones y esperan que sean de no acusación.