Ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió su nuevo Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México, dando seguimiento a su anterior Informe Especial en dicho tema. En el nuevo informe, la CNDH da a conocer que van en aumento los secuestros a personas migrantes en territorio mexicano, delito que conlleva la extorsión de las víctimas, así como la violación sexual de mujeres, la tortura, el asesinato y otras violaciones graves de derechos humanos fundamentales.

Mientras en el informe anterior de 2009 se documentaron los secuestros de 9,758 migrantes en seis meses, para el año 2010 la cifra se incrementó a 11,333 víctimas en seis meses (de abril-septiembre 2010), registradas en 214 eventos de secuestro masivo, destacando los estados de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas como focos rojos.  De acuerdo a la CNDH, “Esta cifra refleja que no han sido suficientes los esfuerzos gubernamentales por disminuir los índices del secuestro en perjuicio de la población migrante.” Cabe señalar que la falta de regulación de las empresas de envíos de dinero, como Western Union, propician y agravan el problema del secuestro, pues facilitan en gran manera la transferencia monetaria de las familias de las víctimas a los miembros del crimen organizado.

Para las Casas del Migrante y organizaciones firmantes, estas cifras escalofriantes -un botón de muestra de los casos que documentamos a diario por las rutas migratorias- constituyen un llamado urgente a todas las autoridades y a la propia CNDH, para que tomen las acciones necesarias para poner fin a esta tragedia humanitaria.  En especial, corresponde al Congreso de la Unión dar respuesta a la problemática mediante una Ley de Migración que responda a esta realidad. Máxime que fue precisamente el secuestro y matanza a 72 personas migrantes en Tamaulipas el año pasado el evento que detonó la actual actividad legislativa apresurada en el tema.

Sin embargo, resulta alarmante que lejos de velar por los derechos fundamentales de las personas migrantes, el Senado aprobó el día de ayer en lo general un dictamen de Ley de Migración que aumentará la criminalización y por ende la clandestinidad de la población migrante, sobre todo para aquellas personas que no cuenten con una documentación regular (por ejemplo, las personas que buscan cruzar México rumbo a Estados Unidos).

El dictamen aprobado por el Senado seguiría facultando a la Policía Federal a revisar el estatus migratorio de personas en cualquier lugar del país. Asimismo, bajo la nueva Ley continuarían los altamente criticados “operativos” de verificación migratoria, en los cuales, agentes del Instituto Nacional de Migración son constantemente implicados en actos de violencia y corrupción.

Mientras el Estado mexicano continúe alentando la clandestinidad de las personas migrantes, que sólo buscan la oportunidad de darles a sus familias una vida digna, difícilmente estará en condiciones de exigir a Estados Unidos un trato digno para las personas mexicanas que se encuentran en ese país. Tampoco será capaz de debilitar a los grupos de la delincuencia organizada que lucran con el secuestro de migrantes, con ganancias estimadas de hasta $50 millones de dólares al año mediante la industria del secuestro, según el Informe Especial sobre Secuestros emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitido en el 2009.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado urgente a los legisladores para que modifiquen la iniciativa de Ley de Migración eliminando las disposiciones nocivas mencionadas, para que en vez de criminalizar a las personas transmigrantes, brinden la posibilidad para que ellas regularicen su estatus en el país y dejen de verse obligadas a transitar por las rutas clandestinas en las que son víctimas fáciles del crimen organizado y las autoridades coludidas con éste.