(Intervención de Luis Arriaga en la presentación del informe anual 2010, La perseverancia del testimonio, del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, en la ciudad de México)
La perseverancia del testimonio (sección sobre América; para México consultar página 80 del archivo)
El capítulo correspondiente a México del informe La perseverancia del testimonio, elaborado por el Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos, refleja de manera fiel lo que el título indica. Defender y promover los derechos humanos, en su amplia gama y de las maneras más diversas, es una actividad en la que muchas mujeres y hombres reafirman su convicción y su deseo de una sociedad en la que sea posible vivir dignamente y sin ningún temor pese a los obstáculos que cotidianamente enfrentan.
Representativo de esta perseverancia es el testimonio de los defensores ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. A más de diez años de haber sido detenidos arbitrariamente y torturados por militares, sujetos a un proceso plagado de irregularidades con jueces sometidos a las órdenes del Ejecutivo, continúan exigiendo justicia. Su lucha ha llegado ahora a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se espera que en breve sea emitida la sentencia del caso contra el Estado mexicano. El esfuerzo continuado hasta hoy por ambos debe contribuir a revertir las condiciones que hacen posible la vulneración de la dignidad de quienes defienden y promueven en las diversas regiones del país los derechos imprescindibles para la consolidación de una sociedad democrática.
Otros testimonios se suman a los que el informe nos presenta sobre México. Diversas circunstancias influyen en la mayor o menor invisibilidad de la actividad realizada por defensoras y defensores pero cuanto hacen adquiere relevancia en el contexto de un Estado que mantiene fuera de sus prioridades lo relativo a los derechos humanos. Con un gobierno empeñado en una estrategia irracional de seguridad pública se corre el riesgo de identificar como enemigos a quienes denuncian, exigen, protestan o disienten. Diversas instancias, las de procuración y administración de justicia entre ellas, contribuyen a generar un clima adverso hacia quienes realizan aportes invaluables en el camino hacia una sociedad justa y digna. Al mismo clima se agrega la participación militar en tareas de seguridad pública. Relevante ha sido al respecto la situación de integrantes del Frente Cívico Sinaloense: Ricardo Murillo, asesinado en 2007, Salomón Monárrez, agredido con arma de fuego en un atentado en 2009 y, en el mismo año, Mercedes Murillo, hermana de Ricardo, hostigada por militares. Esta organización, referente en el estado de Sinaloa, ha sido una de las voces críticas respecto de los abusos cometidos por militares y también sobre la situación de las personas detenidas en las cárceles de la entidad. Sin duda su testimonio verifica el título de este informe.
Que situaciones similares se repitan en otras regiones del mundo llama nuestra atención. La creación de mecanismos e instrumentos para garantizar la vigencia de los derechos humanos aún debe concretarse en la creación de condiciones favorables. No estamos ante situaciones aisladas sino ante diversas condiciones estructurales que constituyen obstáculos. En el caso de México estas condiciones se refieren, en un primer análisis, a partir del trabajo que hemos realizado, a los siguientes elementos:
-
La persistencia de la impunidad, alentada por la falta de un proceso transicional que no ha puesto fin a mecanismos del pasado autoritario ni ha sancionado a responsables de crímenes cometidos en el pasado por el Estado mexicano. Entre las prácticas que persisten, cuya defensa tenaz es inadmisible en un régimen democrático, se encuentra el fuero militar. En agosto de 2009 desde el Ejecutivo se presionó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que el tema fuera debatido. Ahora, a partir de una sentencia de la Corte Interamericana Felipe Calderón ha enviado una iniciativa incompleta y lesiva que sólo contempla la exclusión de tres delitos. Nuestra experiencia nos lleva a rechazar tal iniciativa pues los delitos cometidos por militares contra civiles, entre ellos varios defensores y defensoras, son más extensos: robo, allanamiento de morada, homicidio, detención arbitraria, agresiones, abuso de autoridad…
-
La proclividad gubernamental a judicializar conflictos cuya solución debe buscarse en el ámbito político. Esto ha favorecido la existencia de un ambiente de criminalización de las luchas sociales, cuyo origen generalmente está vinculado a la exigencia de derechos frente a agravios permitidos por las mismas autoridades. En este ámbito se ubica la lucha de colectivos que buscan preservar los bienes naturales frente a la actitud complaciente o cómplice de las autoridades. Se ubica también aquí la oposición de pueblos a megaproyectos sobre los que no han sido consultados y que alteran su modo de vida, su cultura, su historia y sus vínculos sociales.
-
La existencia de graves deficiencias en el sistema de justicia. O más bien la inercia que mantiene a estos sistemas dentro de la lógica autoritaria. Resultan funcionales para lo ya dicho sobre la criminalización como uno de los rasgos sobresalientes en el tratamiento del Estado a las defensoras y defensores de derechos humanos. Hay además prácticas que hacen más grave la situación para defensoras y defensores, entre ellas notablemente la tortura, avalada por los jueces que conceden valor probatorio a las confesiones arrancadas con este método. De esta manera se incentiva la tortura y se garantiza la impunidad para los perpetradores, máxime si se trata de militares.
La situación es más compleja aun. A estos rasgos se suma la irrupción de nuevos actores o de actores que con fuerza renovada presionan para obtener beneficios con la complicidad de las autoridades. Entre estos actores tenemos a la delincuencia organizada que pugna por ocupar su propia posición dentro de la estructura estatal; tenemos también a las empresas trasnacionales, sobre todo a las que realizan actividades que causan daños irreparables a la naturaleza, como las mineras o las inmobiliarias.
Quienes durante años conservaron todos estos bienes deben ahora, sin consulta y sin información previa, luchar arduamente para evitar que sus territorios (cuyos beneficios llegan hasta nosotros) sean devastados. Megaproyectos surgen por doquier y alteran el modo de vida de pueblos a los que se ha obstaculizado la participación.
En conclusión, la falta de un proceso transicional hacia la democracia y la integración en condiciones desfavorables a los dinamismos globales está en el origen de la vulnerabilidad creciente experimentada por las defensoras y los defensores de derechos humanos. Por esta razón su perseverancia constituye hoy una señal que debe ser atendida si en realidad queremos construir una sociedad democrática. Modificar las condiciones estructurales que hacen posible nuestra lamentable situación en materia de derechos humanos es algo que el gobierno debe asumir de manera decidida. Mientras tal tarea no sea realizada habrá que mantener en alto la voz aunque ésta moleste a quienes pretenden ejercer el poder arbitrariamente.