Luis Arriaga / El Universal, 26 de agosto de 2010
El Estado mexicano fue demandado en junio de 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la instancia jurisdiccional de este mismo sistema, la Corte Interamericana, a causa de las violaciones a los derechos humanos —garantizados en la Convención Americana— de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Ambos campesinos, que participaron en la defensa exitosa de sus bosques vía la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), fueron detenidos arbitrariamente el 2 de mayo de 1999 por militares del 40º Batallón de Infantería en Pizotla, en Guerrero. Rodolfo y Teodoro fueron torturados física y sicológicamente por los miembros del Ejército en los cinco días que permanecieron en sus manos. A causa de la tortura, se vieron obligados a firmar declaraciones inculpatorias, que fueron la única prueba —pese a su ilegalidad— empleada en el proceso que concluyó con una sentencia por delitos fabricados.
El sistema de justicia, debido a sus deficiencias, fue empleado, en conjunto con la arbitraria acción del Ejército, como instrumento del Estado para actuar contra la OCESP e inhibir su oposición a los intereses políticos y económicos que se beneficiaban de la devastación de los bosques en esa región de Guerrero. La presión nacional e internacional logró la liberación de los ecologistas en 2001, aunque ésta se realizó por razones humanitarias, es decir, sin que cesaran las violaciones a sus derechos humanos.
Dos años y medio transcurrieron desde su detención hasta su liberación. No sólo ellos fueron afectados, sino también la OCESP y sus familiares. Desde entonces las familias de ambos han estado separadas y han sido obligadas a enfrentar las carencias derivadas del injusto encarcelamiento. Después de su liberación, la situación no mejoró: ellos y sus familias fueron forzados a exiliarse de sus comunidades y de su estado.
Esta lucha por acceder plenamente a la justicia, que lleva ya más de 10 años, tendrá un momento destacado con la intervención de Rodolfo Montiel ante la Corte Interamericana. Durante una hora rendirá su testimonio de acuerdo con las preguntas que le formularán las partes: dará cuenta de las graves violaciones de las que fue objeto y de las cuales es responsable directo el Estado mexicano.
Intervendrán también testigos y peritos. No todos estarán presentes, pero sus testimonios han sido ya recibidos y serán considerados por la Corte, que tendrá así elementos para comprender adecuadamente el caso. Los peritos mostrarán las evidencias de tortura y cómo el sistema penal mexicano incentiva su práctica al permitir que se conceda valor probatorio a confesiones obtenidas sin control judicial.
Durante la audiencia que hoy inicia, las partes expondrán sus argumentos: el Estado mexicano, que ha pretendido evadir los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos, intentará negar las violaciones a los derechos de Montiel y Cabrera. Los representantes de las víctimas, el Centro Prodh y Cejil, mostrarán que tales violaciones fueron cometidas y continúan en el presente. Estas últimas son avaladas por instituciones como la Universidad de Harvard, que ha hecho llegar sus razonamientos a la Corte bajo la figura de amicus curiae.
La Corte examinará el caso y en un plazo razonable emitirá una sentencia obligatoria para el Estado mexicano. Es de esperarse que en ésta se ordene juzgar y sancionar a los responsables de la tortura perpetrada contra Rodolfo y Teodoro, reconocer su inocencia y ejecutar las medidas adecuadas para la reparación del daño, entre las cuales se incluye modificar las condiciones que condujeron a la violación de sus derechos.
Está al alcance de la Corte dictar una sentencia que permita, tras 10 años, el acceso a la justicia para Rodolfo y Teodoro. El Estado mexicano deberá mostrar su compromiso mediante la ejecución de la sentencia. De este compromiso dependerá que cesen las afectaciones contra ellos, y dependerá también de ello que transitemos a una sociedad en la que sea posible vivir lo expresado por Rodolfo Montiel: “La justicia sería que no hubiera más problemas de nada, que no siga tanta corrupción. Realmente no sé esto de la Corte Interamericana, pero yo lo que sí creo es que es importante que haya un cambio de verdad […]. Quisiéramos que se hiciera algo para que nadie más tuviera que pasar por esto”.