• Demandamos establecer urgentemente una mesa de diálogo efectivo y se muestren signos de voluntad de solución al conflicto.
  • Rechazamos cualquier acción que criminalice la protesta social y cualquier acto de posible represión contra las/los manifestantes.
  • Exigimos el cumplimiento de la sentencia del Juzgado Primero de Distrito que dicta la suspensión de la construcción de la presa, la recomendación CEDHJ y la Consulta Comunitaria.

Desde el lunes 28 de marzo, comunidades afectadas por la construcción de la presa El Zapotillo, ubicada en el estado Jalisco, junto con el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) tomaron el sitio de construcción de la presa ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y de manifestación. Ésta fue una medida consecuente con el incumplimiento por parte de las autoridades, tanto estatales como federales, de acciones pacíficas y recursos legales ganados por las comunidades, después de haber buscado por más de 5 años canales para el diálogo sin que haya habido respuesta.

En este contexto, la respuesta de las autoridades ante estas demandas en lugar de abrir canales de diálogo ha sido amenazar y judicializar el derecho a la protesta social. Esta política de criminalización a la protesta social atenta contra los derechos de las comunidades. Por lo anterior, organizaciones nacionales e internacionales han manifestado su preocupación por la integridad física y seguridad jurídica de integrantes del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo así como miembros del MAPDER.

Por lo anterior las y los afectados y las organizaciones de derechos humanos, ambientales y en defensa del territorio:

  • Demandamos establecer urgentemente una mesa de diálogo efectivo y se muestren signos de voluntad de solución al conflicto.
  • Rechazamos cualquier acción que criminalice la protesta social y cualquier acto de posible represión contra las y los manifestantes. Rechazamos la actitud de intimidación del gobierno de Jalisco y la CONAGUA que atenta contra los derechos humanos de las comunidades afectadas.
  • Exigimos el cumplimiento de la sentencia del Juzgado Primero de Distrito que dicta la suspensión de la construcción de la presa, la recomendación 35/2009 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y la Consulta Comunitaria y de Buena Fe de Temacapulín, llevada a cabo en enero de este año.
  • Exigimos la cancelación definitiva de la presa El Zapotillo.

“Los ojos del mundo están puestos en Temaca”