De fines de los años sesenta a inicios de los años ochenta del siglo XX el Estado mexicano recurrió a la práctica de la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial como mecanismos ordinarios para garantizar su propia seguridad. Cometió estos crímenes en su actuación contra grupos insurgentes armados y extendió su práctica contra opositores políticos, contra integrantes de movimientos sociales e incluso contra quienes no participaban en actividades políticas.