Supervía

En el 2008, el Gobierno del Distrito Federal decidió construir una carretera de cuota – la llamada Supervía Poniente – para conectar las carreteras de Toluca, al este, y la de Cuernavaca, al sur.  Este proyecto implicaba la expropiación de propiedades en zonas pobladas y la destrucción de áreas decretadas como reservas ecológicas por el mismo Gobierno del Distrito Federal.  Aunado a la destrucción de áreas verdes en una ciudad con niveles peligrosos de contaminación, así como la expropiación de propiedades privadas, la carretera sólo le sería útil a un porcentaje muy pequeño de la población pues tenía tarifas altas y funcionaría como una vía rápida entre las zonas más ricas del área metropolitana.  A pesar de las afirmaciones hechas por el Gobierno del Distrito Federal, no iba a mejorar la movilidad local y sí serviría para aumentar los valores de propiedades en Santa Fe pertenecientes a las mismas constructoras de la carretera.

Fue hasta el año 2010 cuando el gobierno difundió públicamente estos planes. Durante los dos años anteriores no se generó información oficial al respecto y no fueron atendidas las solicitudes de información de ciudadanos interesados. En ese lapso, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprovechó para aprobar diversas reformas diseñadas para cambiar el régimen legal bajo el cual se haría la selección de la empresa constructora de la obra. Así, en un proceso rápido que no contó con los evaluaciones y fundamentos necesarios, se permitió la entrada de capital privado mediante concesiones directas, dejando el proyecto en manos de una empresa creada por un consorcio de otras 3 constructoras inmobiliarias.

Ante estas violaciones a sus derechos a vivienda adecuada, a un medio ambiente saludable y a la consulta, vecinos de la Delegación Magdalena Contreras – que iba a ser de las más afectadas – se organizaron en el Frente Amplio contra la Supervía Poniente e iniciaron la defensa de su territorio con el acompañamiento de diversas organizaciones de derechos humanos, entre las que se encontraba el Centro Prodh. El Frente Amplio se convirtió en un ejemplo de la resistencia de las comunidades urbanas frente a la implementación de megaproyectos de movilidad sin perspectiva de derechos humanos. Los y las integrantes del Frente instalaron un campamento en la colonia La Malinche como símbolo de resistencia, pero finalmente en 2012 fueron desalojados por granaderos con lujo de violencia, y la carretera urbana fue concluida.

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