Artículo de Luis Hernández Navarro publicado en La Jornada el 30 de septiembre de 2014.
La policía preventiva municipal de Iguala los cazó como conejos. A pesar de ser estudiantes, los trataron como si pertenecieran a un cártel rival. A los 80 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, que el pasado 26 de septiembre en Iguala organizaron una colecta de recursos para financiar su asistencia a la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre de 1968 en la ciudad de México, los balearon a mansalva. Primero los uniformados, y luego los pistoleros vestidos de civil, les dispararon intermitentemente sin advertencia alguna. A Julio César Fuentes Mondragón, uno de los normalistas, lo torturaron, le arrancaron los ojos y le desollaron el rostro.
El saldo es trágico. En cuatro eventos violentos relacionados entre sí, protagonizados por policías municipales y pistoleros, fueron asesinadas seis personas, tres de ellas normalistas; 20 resultaron heridas, un muchacho está en estado vegetativo y se desconoce el paradero de otros 55, de los cuales al menos 20, fueron subidos a camionetas de la policía municipal.
En un primer momento, los uniformados les dispararon mientras los normalistas se trasportaban a bordo de tres autobuses de la empresa Costa Line. Después, un grupo de pistoleros los rafagueó cuando daban una conferencia de prensa para denunciar el ataque en su contra. Más adelante, en lo que el periodista Sergio Ocampo describió como una agresión hacia todo aquel que pareciera estudiante, balacearon el camión en el que se trasladaban los jugadores del equipo de futbol Avispones.
Ese 26 de septiembre, la presidenta del DIF en Iguala, María de los Ángeles Pineda de Abarca, rindió su informe de actividades. Además de ser la esposa del presidente municipal José Luis Abarca Velázquez, es una de las principales aspirantes a la alcaldía para 2015, y una figura de enorme influencia política.
José Luis Abarca Velázquez pasó de ser un humilde vendedor de sombreros a joyero, dueño de la plaza comercial Galería Tamarindos y un acaudalado comerciante. Su fortuna le permitió sufragar en 2011 una costosa campaña electoral en favor del hoy gobernador Ángel Aguirre Rivero y, un año después, financiar la suya propia, repartiendo generosamente despensas a sus simpatizantes.
Abarca conquistó la candidatura de la alcaldía a golpes de chequera. Después de un efímero jaloneo interno, el Partido de la Revolución Democrática no tuvo empacho alguno en incorporarlo a sus listas, a pesar de su reputación como amigo de algunos de los más importantes malosos de la región. De inmediato se sumó a las filas de Nueva Izquierda.
Iguala es una ciudad clave en el tráfico de drogas. Valle rodeado por nueve montañas en la región norte de Guerrero, es punto de entrada a la Tierra Caliente, donde los cárteles elaboran drogas sintéticas y cultivan mariguana. Allí operan diversas bandas del crimen organizado, hegemoneizadas por Guerreros Unidos, uno de los subgrupos surgidos a raíz de la implosión de los Beltrán Leyva.
La guerra de cárteles por la plaza ha sido salvaje. Guerreros Unidos está enfrentado por el control de las rutas de trasiego de drogas que conectan los estados de México, Guerrero y Morelos con la Familia y Los Rojos, una célula encabezada por Leonor Nava Romero, El Tigre, hermano de Jesús Nava Romero, El Rojo, lugarteniente de Arturo Beltran Leyva, abatido en 2009 en Cuernavaca.
El resultado de esta disputa en Iguala ha sido sangriento. En enero de 2004, un comando armado, que se identificó como policía estatal, asaltó el penal en el municipio, y asesinó a cinco reclusos. Los policías, que se encontraban en una torre del penal, dispararon contra los agresores y mataron a cuatro e hirieron a uno. Entre abril y mayo fueron encontradas 16 osamentas en fosas clandestinas en el asentamiento Ernesto Pineda Vega.
Desde su llegada al ayuntamiento, José Luis Abarca ha sido acusado de corrupción, nepotismo y autoritarismo. El 30 de mayo de 2013, ocho miembros de Unidad Popular de Iguala, organización social opositora al presidente municipal, fueron levantados por un comando. Tres fueron ejecutados. Nicolás Mendoza Villa, uno de los secuestrados, que alcanzó a escapar, acusó directamente al alcalde de los hechos y de haber dado muerte personalmente al dirigente perredista Arturo Hernández Cardona disparándole un escopetazo en la cara y otro en el pecho, tras de espetarle: Qué tanto estás chingando con el abono. Me voy a dar el gusto de matarte.
Infamia sobre infamia, José Luis Abarca declaró que la matanza de normalistas fue provocada porque “al parecer alguien contrató a los ayotzinapos para hacer desmadres”. ¿Quién es ese alguien que, según el alcalde, les pagó para crearle problemas? En una región infestada por el narcotráfico, la acusación es temeraria y provocadora. ¿Acaso por eso le arrancaron la piel de la cara a uno de los estudiantes?
Los normalistas rurales de la Escuela Raúl Isidro Burgos no están a sueldo de nadie. Tienen tras de sí una larga historia de lucha en favor de las mejores causas. El año pasado apoyaron abnegadamente a los pobladores de Tixtla afectados por los huracanes Ingrid y Manuel, abandonados por el gobierno del estado. El 22 de diciembre de 2011, dos de sus compañeros fueron asesinados por la policía estatal, cuando exigían mejoras para su escuela y plazas para trabajar. Los crímenes siguen impunes.
A José Luis Abarca lo protegen personajes muy poderosos en el gobierno y el Congreso del estado. Cuando la regidora de Desarrollo Rural, Sofía Lorena Mendoza, promovió revocación del mandato del alcalde, acusándolo de ser responsable del asesinato de los tres dirigentes de la Unión Popular, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, lo apoyó. Al igual que Abarca, Ortega es parte de Nueva Izquierda. ¿Seguirá el PRD protegiendo a José Luis Abarca?
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