Artículo de Magdalena Gómez publicado en La Jornada el 21 de octubre del 2014.

Cada día que pasa sin noticias ciertas sobre el destino de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa se incrementa el dolor y la angustia de sus familias, sus compañeros y de todas y todos quienes nos aferramos a la esperanza de que sean rescatados con vida.

Ya está más que claro que las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las desapariciones forzadas realizadas en Iguala en contra de los estudiantes constituyen un crimen de Estado –pues fue operado directamente por agentes de seguridad oficiales, muchos actualmente presos–, agravado con las evidencias de colusión con uno de los cárteles del narco que operan en la entidad y la muy probable participación intelectual directa de su hoy fugado y destituido ex presidente municipal perredista.

A estas alturas está también claro que el gobierno municipal de Iguala no empezó esos vínculos la fatídica noche del pasado 26 de septiembre, por lo que la responsabilidad de los tres niveles de gobierno es evidente (acción u omisión) por más que unos se quieran deslindar de los otros. Responsabilidad que no se cubre con las renuncias; en todo caso empieza por ellas. Un municipio que pudo convertirse en cementerio de fosas no se transforma en ello de la noche a la mañana. Lo más terrible es que no es el único, como tampoco lo es sólo el estado de Guerrero; de ese tamaño es la dimensión de la ­ narcopolítica.

Durante los 25 días transcurridos, este caso ha despertado una genuina conciencia en amplios sectores movilizados en todo el país, especialmente el estudiantil y el magisterial, en torno a la defensa del derecho a la vida y a la educación pública, laica y gratuita, en específico a la permanencia del sistema nacional de normales rurales que viven bajo asedio por su carácter popular y su compromiso social. Por supuesto también se han sumado organizaciones de las más variadas gamas y agendas, de la izquierda social y radical, mientras la cancha de los partidos permanece a la sombra, observando hasta dónde uno de ellos, el Partido de la Revolución Democrática, naufragará, pues los gobernantes involucrados en este conflicto, estatal y municipal, fueron cobijados por sus siglas. En todos ellos están presentes y prevalecen los mezquinos intereses electoreros por la contienda del año próximo.

El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa alcanzó una relevancia internacional inédita, ya que rebasa la labor de los grupos y redes de derechos humanos para incluir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su solicitud de medidas cautelares; la oficina de la Organización de Naciones Unidas en México y varios relatores; los diplomáticos en México del Parlamento Europeo; incluso el gobierno estadunidense se ha pronunciado, seguido del director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas.

Si bien no en todos los casos prevalece el trasfondo humanitario, lo cierto es que al gobierno de Enrique Peña Nieto le resulta urgente ofrecer resultados creíbles sobre la investigación en curso, en cuya dinámica se han mostrado múltiples deficiencias, como han señalado tanto Amnistía Internacional como el muy ejemplar centro de Derechos Humanos Tlachinollan. Sólo tomemos el caso de los análisis de ADN de los cuerpos encontrados en la primera fosa. El gobernador Ángel Aguirre anunció que no eran de los normalistas, el procurador Jesús Murillo lo desmintió para después anunciar que, en efecto, no eran de los estudiantes desaparecidos. Y sin embargo tampoco es creíble, pues el grupo de forenses argentinos cuya intervención fue promovida por los grupos de derechos humanos aún no concluye sus análisis. Los familiares han denunciado que el gobierno está buscando a sus hijos muertos y ellos los esperan vivos. Su grito se pierde en la maraña de rutas de búsqueda donde están operando, y en algunas ellos mismos han participado, cuyos saldos se traducen en el descubrimiento de nuevas fosas en Iguala, en las que también yacen cuerpos no identificados.

Los supuestos resultados oficiales sobre la detención de integrantes del cártel involucrado seguramente les ha dado información que no han comunicado. ¿De qué otra manera se explican las sucesivas reuniones del gabinete de seguridad nacional, cuya realización difunden sin transmitir resultados? La opinión pública nacional e internacional ya se cansó de escuchar las expresiones presidenciales banales de que investigarán tope lo que tope. Por lo pronto el Estado se ha topado con un gran espejo que exhibe la magnitud de su descomposición. Mientras, el movimiento estudiantil se rearticula en todo el país con la exigencia central de que aparezcan con vida los 43 normalistas de Ayotzinapa, demanda que no debe palidecer en ningún momento por más que circulen todo tipo de versiones y de intentos por desplazar el conflicto a temas que a algunos parezcan más ­estratégicos.

El sentido profundo de la fuerza humanitaria contra crímenes de lesa humanidad es irrenunciable, sin él entraríamos como sociedad en los filos de la barbarie.