La SRE debe avanzar en el reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para recibir casos individuales

  • Aceptar la resolución sería una muestra de voluntad política de cambio, en favor de los derechos de las víctimas de desaparición.
  • Con el reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas se fortalece el acceso a la justicia de las víctimas de desaparición.

Con motivo de una decisión judicial sin precedentes, que ordena al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) completar el trámite para aceptar la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) para conocer de denuncias individuales, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda hace un llamado al gobierno mexicano a cumplir con la resolución referida y a abstenerse de impugnarla.

El cumplimiento de esta resolución es una oportunidad única para que el nuevo gobierno refrende su compromiso con la protección de los derechos a la verdad y la justicia de las víctimas de desaparición forzada, y con el cumplimiento del objeto y fin de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Esta acción sería un avance más en la nueva etapa de colaboración con los organismos internacionales de protección de los derechos humanos de la ONU y el Sistema Interamericano, anunciada a partir de la creación de la Comisión Presidencial para acceder a la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa.

Si bien México ratificó desde marzo de 2008 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, es necesario que el Ejecutivo Federal adicionalmente reconozca expresamente la competencia del CED para recibir denuncias individuales. El reconocimiento de esta competencia ha sido una exigencia de miles de víctimas de desaparición y ha sido objeto de recomendaciones por parte de organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Conforme una sentencia emitida por un juez federal, diversas autoridades federales, incluida la SRE, incurrieron en omisiones para completar el trámite de reconocimiento de la competencia del CED, lo cual constituye una violación al derecho de las víctimas de acceder a la justicia ante instancias internacionales en materia de desaparición forzada, y con ello entorpecen los mecanismos de defensa contra violaciones a derechos humanos.

La resolución judicial referida tiene su origen en la demanda de amparo presentada en marzo de 2018 por María Herrera Magdaleno y Juan Carlos Trujillo Herrera, madre y hermano de los jóvenes desaparecidos Raúl, Salvador, Luis Armando y Gustavo de apellidos Trujillo Herrera. Doña María Herrera y Juan Carlos han sido también actores fundamentales en la articulación de diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas a nivel nacional a través de la “Red de Enlaces Nacionales”.

2019-02-21T17:32:19+00:00enero 31st, 2019|